TESTIMONIO | ESTREMECEDOR TESTIMONIO DEL ASESINO DEL GENERAL CHILENO CARLOS PRATS
"Prats es un peligro en Argentina, queremos eliminarlo, ¿usted podría?"
La orden vino de los jefes de la DINA y la recibió el agente Michael Townley. El atentado fue en setiembre de 1974. Townley dijo que Pinochet sabía.
SANTIAGO, CHILE
El estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, la Policía secreta de Augusto Pinochet reveló cómo organizó y ejecutó el atentado en Buenos Aires contra el general chileno Carlos Prats. Dijo que colocó la bomba en su automóvil y que al artefacto estuvo allí tres o cuatro días hasta que pudo activar el explosivo que mató al militar y a su esposa. Y remarcó que el dictador supo sobre esa operación terrorista.
Al comparecer en Estados Unidos ante el juez chileno Alejandro Solís, el agente pinochetista dijo que usó un sistema con walkie talkies para detonar la poderosa bomba que desintegró el automóvil una noche del 30 de setiembre de 1974 en el barrio porteño de Palermo.
El testimonio fue realizado en en febrero pasado, frente también al fiscal adjunto de ese país, Steven Pelak y su contenido fue revelado ayer por el diario La Nación de Chile.
Según el diario Townley utilizó un sistema similar al que el terrorismo ultraislámico usó en el atentado de España del 11 de marzo de 2000 para detonar las bombas en los trenes, pero en lugar de teléfonos celulares inexistentes en ese momento, lo hizo con intercomunicadores.
"En Argentina las radios portátiles estaban de moda. Usan dos cristales: uno para transmitir y uno para recibir. Así es que los invertí. De esa forma, transmití en la frecuencia originalmente receptora, y recibí en la frecuencia transmisora. Usé además piezas de dos walkie talkies que entré a Argentina escondidos desde Chile. Entonces, para detonar la bomba activé la batería que encendió el detonador eléctrico.
¿Me entiende? Hice una llamada de un transmisor a otro y el impulso electrónico activó la detonación", contó sin perder detalle.
En la declaración Townley precisó que nunca recibió una orden directa de Pinochet para el atentado. Pero reveló que cuando, unos días después del asesinato de Prats, le preguntó al jefe de la DINA, el general Manuel Contreras, si el dictador supo del hecho, le respondió lacónico: "El sabe quién ejecutó la misión".
Una de la partes destacadas de la declaración del norteamericano, es cuando relata, también sin perder detalles, la conversación que sostuvo con sus jefes de la Policía secreta para decidir el ataque terrorista en Buenos Aires.
Fue durante una cena que calificó de "amistosa", en Santiago de Chile. Participaron de ella el entonces mayor Pedro Espinoza, segundo de la DINA y el coronel Raúl Iturriaga Neumann, jefe del aparato exterior. Allí le pidieron matar a Prats.
"¿Sabe? el general Prats es un peligro en Argentina y quisiéramos eliminarlo. Pero no hallamos todavía cómo, ¿usted podría?, ¿qué le parece?", le dijo Espinoza, entre sonrisas, medias palabras, "gestos y guiños".
"Bueno, mire, ...ummmm... creo que puedo hacerlo, pero tienen que ayudarme con los datos, su dirección, sus señas y, muy importante, si maneja un auto, porque entonces puedo instalar una bomba", le respondió Townley según su propio relato.
La Nación sostiene que en el testimonio, el ex agente le informó a Solís que dentro de la DINA operaba una estructura especial dedicada a este tipo de actos terroristas. "Había una Unidad de Operaciones Especiales, de la cual yo era parte", dijo.
"Un día encontré la puerta del garaje (de Prats, en Palermo) abierta y entré, pero me tuve que esconder en un sótano por varias horas, porque el conserje cumplía muy bien su vigilancia. Cuando pude subir, busqué el auto, me acosté en el suelo, y amarré con una cuerda la bomba por debajo. Pero recién pude salir del garaje en la madrugada del día siguiente, esperando la oportunidad", relató el agente conocido como el "tío Kenny" en la DINA.
Townley declaró que Prats anduvo trayendo la bomba bajo su automóvil Fiat "por lo menos unos tres o cuatro días. Estuve unos días tratando de ubicar al general manejando el auto, pero no pude, hasta que por fin lo encontré la noche del 30 de setiembre de 1974. Lo vi acercarse a la entrada del garaje. El detonador permanecía amarrado en medio del explosivo de C4 y TNT. Entonces lo detoné. No vi que con el general fuera al guien más en el auto". Estaba sí, la esposa, Sofía Cuthbert, quien también murió en el ataque.
Townley operó el detonador sentado en un automóvil Citroen, lo suficientemente cerca como para que la señal llegara a la bomba. Lo acompañaba su esposa Mariana Callejas.
La Nación recordó, en base al testimonio de Townley a la jueza argentina María Servini de Cubría, que fue Callejas la primera en activar el mecanismo para la explosión, pero no lo logró. Entonces lo hizo él.
Asimismo, recordó que tras el atentado volvió a Chile, le pagaron 5 mil dólares y dio cuenta de la operación terrorista "en una reunión donde había varios oficiales superiores. Me acuerdo que estaban (Manuel) Contreras, (Pedro) Espinoza, (Osvaldo) Iturriaga y un coronel Rosas. Todos estaban muy contentos".
"Cumplida la misión, al regreso me entregaron 5 mil dólares, lo que no esperaba. Pero este dinero lo destiné principalmente a comprar equipos". Townley confirmó que la DINA había intentado eliminar a Prats antes. "Le pagó 20 mil dólares anteriormente a un grupo croata en Argentina, pero con ellos no pasó nada. Sé que nunca pudieron cobrárselos de vuelta".
Según Townley, el argumento que Espinoza le dio para matar a Prats "era el temor de que el general liderara en contra del régimen un levantamiento, una rebelión extendida, militar o lo que fuera, la que podría comenzar en algún lugar del sur de Chile". Aquella noche en que le pidieron matarlo, le dijeron que Prats todavía tenía "mucha ascendencia dentro de la oficialidad".
Townley vive en libertad en EE.UU. con una falsa identidad que le dio la Justicia como testigo reservado.
Zelmar Michelini
Montevideo esquina Buenos Aires Julio 2004
Por Jorge Elías
Lo usaron, dice: “Yo nunca maté a nadie ni torturé a nadie”. Empero, Agustín Efraín Silvera, presunto agente de la Policía Federal Argentina retirado después de siete años de servicio, admite que estuvo implicado, o complicado, en un crimen horrendo, brutal, espantoso. Propio de una era en la cual la vida valía poco. O nada. Como nada, o poco, valían las certezas sobre los autores y las causas. Como poco, o nada, valía la libertad. Nada, o poco, valía todo, en realidad.
“Yo me encargué de Michelini con otra gente –dice el tal Silvera–. Todo lo que tenía que hacer era seguirlo y averiguar dónde iba y a qué hora, y esas cosas. El senador comía casi siempre en un restaurante de la calle Maipú que era de unos uruguayos. Salía del hotel donde vivía, iba al restaurante, almorzaba, a veces volvía al hotel y otras veces iba directamente del restaurante, en taxi o en auto particular, al diario donde trabajaba, La Opinión. CH tenía gente en La Opinión, entre los elementos de seguridad del diario, y ellos le informaban quiénes venían a hablar con el senador y esas cosas. Creo que CH tenía gente también a otro nivel en ese diario, pues hasta sabía cosas que decía Michelini en la redacción y datos así que solamente podían venir de gente de adentro.”
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Muertos por la represión
CELS
ADVERTENCIA
Este folleto integra una serie que ha comenzado a publicar el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, de Buenos Aires, con el objeto de dar a conocer a la opinión pública algunos de los aspectos del sistema represivo aplicado por el Gobierno de las Fuerzas Armadas desde el 24 de marzo de 1976.
A través de dichos trabajos se exponen hechos, expresiones y testimonios que permiten diseñar un cuadro preciso de la doctrina y los métodos elegidos para esa acción punitiva, que alcanzó a vastos sectores de la población.
El análisis efectuado procura también desentrañar los objetivos políticos y socio-económicos y las motivaciones ideológicas que han movido al empleo de los procedimientos que se describen en estos folletos, y cuya extrema gravedad tiene pocos parangones en la historia contemporánea.
Se deduce de este examen la existencia de un sistema normativo paralelo de carácter secreto, aplicado por unidades regulares, subordinadas a las máximas jerarquías militares. Dicha circunstancia se agrava por la absoluta ilegitimidad del poder del cual emanan, surgido de la usurpación mediante la fuerza de facultades que corresponden a los representantes del pueblo, de conformidad con las cláusulas constitucionales.
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