Bronca, desilusión, dolor, he sentido al leer la noticia de la liberdad de “Jeringa Barrionuevo”.
Soy hermana de quien desde el 20 de mayo de 1957 hasta el 10 de noviembre de 1978 fuera Ricardo Alberto Frank, quien a partir de esa fecha pasó a ser un “desaparecido”.
Secuestrado en presencia de nuestra madre, junto a su amigo Sergio Martínez, supimos por testimonios de sobrevivientes de su paso por la Escuela de Mecánica de la Armada, donde dejó de llamarse así para pasar a ser un número, vaya a sabercuál para los represores y “los chicos de Trenque Lauquen” por ser de esa ciudad, para sus compañeros de cautiverio.
Luego de permanecer secuestrado varios meses en capucha en ese CCD fue “trasladado”
Esa dolorosa VERDAD, me impulsó a tomar el compromiso de luchar por la JUSTICIA.
Muchos años, donde los distintos gobiernos de turno no daban respuesta, fueron necesarios paraque con la Nulidad de las Leyes llegara a su juzgado y por primera vez en diciembre de 2004 pude presentar mi denuncia.
Estuve en su despacho doctor, en tres oportunidades, y confié. Confié en que los represores, los secuestradores, violadores, desaparecedores, apropiadores de bebés irían a la CARCEL.
Cuando desde Tierra del Fuego se hizo la “movida” para detener a “Jeringa” BARRIONUEVO,torturador devenido en legislador, quien aplicaba a los detenidos desaparecidos el “pentonaval” para ser arrojados desde un avión al mar, varios sobrevivientes dieron su doloroso testimonio para que usted pudiera juzgarlo, encarcelarlo.
Y así fue. Pero hoy, por segunda vez, sale en libertad.
Y me pregunto por qué tengo que transitar por las calles con la posibilidad de encontrarme con quien , quizás, fuera el responsable de empezar a matar con una inyección depentonaval a mi hermano, que con sus jóvenes 21 años, en perfecto estado de salud, con energías, ganas, con proyectos, con su carrera de arquitectura que recién comenzaba, fue arrancado de nuestras vidas.
Porque “traslado” significaba eso, una inyección adormecedora, un avión y el mar como destino final. En ese lugar maldito doctor, usted y yo sabemos que, “Jeringa” no era el apodo de un simple enfermero, era una función más dentro de un siniestro plan.
Hace un par de meses visité la Escuela de Mecánica de la Armada acompañada desobrevivientes, escalón por escalón, hice el recorrido que le hicieron hacer a él, estuve en lo que fue capucha, enla sala de torturas, en el sótano …la sensación que tuve después de transitar estos lugares fue de horror, que una vez más volví a convertir en esperanza de Justicia.
Yo le pregunto doctor, usted, fue a la ESMA?
Sintió como yo, la presencia de los 5.000 seres humanos que ya no están, esos de los que nunca nada se supo, solo por el testimonio de los sobrevivientes?
Sintió como yo, que ellos piden JUSTICIA???
Doctor, en sus manos tiene la oportunidad histórica de administrar Justicia, la responsabilidad que todos los represores y sus cómplices vayan a la CARCEL COMUN Y EFECTIVA.
Nosotros doctor, tenemos el compromiso moral de testimoniar, de recordar, de trabajar la memoria y exigir justicia, es la forma dehonrar a nuestros seres queridos todos los días de nuestras vidas.
Porque no debemos abandonarlos, él, ellos estarán SIEMPRE PRESENTES!!!
En nuestro país hubo un genocidio y es necesario que los responsables sean juzgados y condenados y es necesario también producir verdad porque sólo así, SERA JUSTICIA.
Lidia Beatriz Frank
DNI 11370526
DIPUTADOS TIENE UN PROYECTO PARA DEROGAR LOS INDULTOS DE MENEM
Un consenso contra los indultos
Se trataría después de las elecciones y antes de fin de año.Sintetiza varios proyectos y le da un claro rol a la Justicia.Declara insanablemente nulos los indultos antes de las condenas.
Por Adriana Meyer
“Es un proyecto posible de ser tratado, quizá no antes del 23 (de octubre) pero sí antes de fin de año, porque es algo que viene reclamando la sociedad.” El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, hablaba con Página/12 de la iniciativa parlamentaria para declarar la nulidad de los indultos presidenciales a altos jefes militares de la dictadura. Esta semana la Comisión de Asuntos Constitucionales pudo consensuar un dictamen que sintetiza casi todos los proyectos sobre el tema, que sería firmado el miércoles y estaría en condiciones de ser tratado. El punto de convergencia fue la propuesta del justicialista Gerardo Conte Grand, que sintetiza los proyectos de Patricia Walsh (IU), Araceli Méndez de Ferreyra (Convergencia) y Margarita Stolbizer (UCR). Sus impulsores se preguntan si los tiempos de campaña y el revoltijo del bloque oficialista ayudarán a reactivar el proyecto.
“En la comisión estuvimos de acuerdo, hay que ver qué pasa en el bloque y qué dice el patrón”, comentó Conte Grand a Página/12 en alusión al último espaldarazo político que necesita la iniciativa. El diputado mencionó la adhesión a su proyecto del presidente de la comisión, el romerista Juan Manuel Urtubey, los duhaldistas Juan Carlos Correa, Carlos Martínez, y Rosario Romero, y el kirchnerista Rodolfo Roquel. “Voy a ver si podemos emitir dictamen esta semana”, indicó Urtubey a este diario. Además, el miércoles Conte Grand fue recibido por Camaño. “Sí, habló conmigo y su proyecto es el que más se acerca a la voluntad del resto de los diputados, incluso de otras bancadas”, confirmó el presidente de la Cámara baja. De hecho, en los fundamentos de su iniciativa, Conte Grand remite a las argumentaciones de sus tres colegas porque “recogen la pluma de grandes cabezas de especialistas en derechos humanos, como Carlos Zamorano”.
Conte Grand advirtió que había sectores dentro del peronismo que tenían muchos reparos jurídicos respecto de las consecuencias de declarar la nulidad de los decretos que indultaron a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en los respectivos procesos judiciales. “La nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en sí misma era aceptable porque es el Legislativo que revisa un acto propio”, recordó. ¿Cuál es la forma menos objetable jurídicamente que encontró el legislador? Su proyecto tiene tan sólo dos artículos. El primero establece que “la facultad de indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, que consagra el artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional como atribución del Poder Ejecutivo, no puede ejercerse, bajo pena de nulidad insanable del acto que la disponga, cuando no mediase una condena del beneficiario de dichas medidas o se tratase de delitos de lesa humanidad, tipificados en los tratados a los que se refiere el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”. Es decir que la facultad presidencial de indultar debe limitarse a condenados porque el indulto es un perdón de la pena, y si se perdona antes de una condena se está impidiendo el proceso judicial y el acto es nulo.
El segundo artículo determina que “toda impugnación de dichos actos en sede judicial debe ser resuelta considerando lo dispuesto en el artículo anterior, resultando siempre indeclinable para el tribunal interviniente el pronunciamiento sobre la validez o invalidez de los indultos o conmutaciones de penas, aunque hayan sido dictadas mediante decretos de fecha anterior a la vigencia de esta ley”. Esta es la manera de soslayar planteos sobre un hipotético avasallamiento de la Justicia, porque es ella la que debe revisar el fondo de cada caso y determinar la validez de los indultos. Pero así, ¿no perderá efecto la futura norma? Según Conte Grand, “en última instancia todos los planteos terminan igual en la Justicia”.
El miércoles pasado, Walsh participó de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la cual se consensuó el dictamen y expresóque sentía “satisfacción” por ello. Aunque fue ella quien impulsó numerosas sesiones especiales en las que el tema no pudo ser tratado por los pocos diputados presentes, en alguna oportunidad expresó que “nadie tiene la patente exclusiva para avanzar en esto”. El diputado de Autodeterminación y Libertad Luis Zamora también tiene un proyecto sobre la nulidad de los indultos que incluye la creación de tribunales populares. No fue tenido en cuenta en la comisión a la hora de elaborar el dictamen que está a punto de ser firmado.
Con los tres decretos de indulto dictados por Carlos Menem al inicio de su primer mandato fueron beneficiados 46 represores de alto rango, 38 con los dos primeros y 8 con el último en el cual aparecen los nombres de los condenados durante el Juicio a las Juntas.
Lunes, 19 de Septiembre de 2005
Pagina12
EXIGEN NULIDAD DEL INDULTO CONTRA MARTINEZ DE HOZ
(AW). La Justicia solicitó hoy que sea declarado inconstitucional y se deje “sin efecto” el indulto que con el que el Gobierno de Carlos Menem benefició al economista preferido de la dictadura, el nefasto José Alfredo Martínez de Hoz.
(Agencia Rodolfo Walsh, 1/06/06). El fiscal federal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, solicitó al juez Norberto Oyarbide que declararan "inconstitucionales y de ningún efecto" a los decretos de indulto que beneficiaron al ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz y al ex ministro del Interior Albano Harguindeguy.
Garrido pidió al juez que anulara los decretos 2745/90 y 1002/89, que dejaron a salvo a Martínez de Hoz y Harguindeguy, en una causa vinculada al secuestro de dos empresarios.
Fuentes judiciales citadas por la agencia estatal Télam,indicaron que Garrido hizo ese pedido en el marco de una causa en la que se investiga el secuestro de dos empresarios que habrían sido privados de su libertad por una operación comercial de venta de algodón a Hong Kong y para obligarlos a hacer otras transacciones.
Según relató el fiscal en un extenso escrito, "el 5 de noviembre de 1976, por Decreto PEN N° 2840, se arrestó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a Federico y Miguel Ernesto Gutheim", en virtud de la "primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden públicos y preservar los permanentes intereses de la República".
La detención duró cinco meses y dos días, pues "el 6 de abril de 1977, mediante decreto 949, se dejó sin efecto el arresto a disposición del PEN de los Gutheim. Los considerandos del decreto rezan «que han desaparecido las causas que determinaron las medidas adoptadas por Decreto 2840/76»", sostiene el escrito de Garrido.
"El arresto originario fue realizado por fuerzas del Ejército que se presentaron en el domicilio de los nombrados... el grupo del Ejército actuó sin una orden escrita e incluso demostró una particular discrecionalidad para aprehender personas, llevándose a Gutheim hijo por su condición de tal", añade.
De acuerdo con el fiscal, el verdadero móvil de la detención fue presionar a los detenidos para que negociaran con representantes de empresas extranjeras a raíz de la frustración de un negocio de exportación.
Harguindeguy y el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla estuvieron detenidos en 1988 por esta causa, no así Martínez de Hoz; pero en octubre de 1989, el gobierno de Menem dictó los decretos por los cuales fueron indultados los tres, con lo cual quedaron sobreseídos.
El fiscal Garrido, al pedir la nulidad de los indultos, citó jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos e incluso de la propia Corte Suprema argentina.
