Informe de la Comisión Bicameral (Tucumán 1974-1983)
Informe de la Comisión Bicameral Investigadorea de las violaciones de los Derechos Humanos en la Provincia de Tucumán (1974-1983)
Informe Político Informe de la Comisión Bicameral - Tucumán 1974-1983 (Anexo I)
I. Antecedentes relacionados con la creación de la Comisión Bicameral
Por un proyecto de ley enviado por el señor Gobernador de la Provincia, don Fernando Pedro Riera, a la Honorable Legislatura propiciando la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de las violaciones de los derechos humanos, nace la ley 5.599. En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañaba a dicho proyecto de ley, se decía lo siguiente:
“Es deber inexcusable del Gobierno popular y democrático, posibilitar la investigación, y en su caso, el castigo de los responsables y culpables, de los excesos cometidos so pretexto de la represión del terrorismo y la subversión. Todos los sectores políticos y el pueblo lo reclaman, y el Gobierno, surgido de la voluntad soberana del pueblo, debe ser sensible a tales reclamos de justicia, posibilitando que sean los representantes del pueblo, los que tengan a su cargo reunir todos los elementos, para que la Justicia, como órgano natural del Estado, determine los casos de delitos y violación a los derechos humanos, cometidos al margen de la ley y que deben ser reprochados por ésta y por el pueblo todo, que espera salgan a la luz todos los excesos cometidos y aparezcan los desaparecidos cuyas ausencias angustian a familiares y amigos.
“Es decisión del Poder Ejecutivo, materializar esta voluntad de investigar, a efectos del esclarecimiento de los hechos que constituyeron gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro pasado inmediato en la Provincia.
“No es una posición antojadiza o arbitraria del Poder Ejecutivo, ni mucho menos la guía de un espíritu que desnaturalizaría los propósitos del proyecto; no sigue un propósito revanchista, ni de odios, ni de persecuciones, sino el alto sentido cristiano de que la justicia cobre en mayor magnitud y establezca su señorío en uno de los temas más oscuros de los últimos tiempos de en el país.
“Dios ilumina nuestros actos y esperamos que así lo comprenda la ciudadanía.
“Para ello, y a efectos de garantizar el interés civil de toda la población, en satisfacer el esclarecimiento de los trágicos episodios en que desaparecieron gran cantidad de personas, se considera apropiado constituir una comisión bicameral, formada por diputados y senadores, directos representantes del pueblo de la Provincia, quienes se constituirán en un complemento del accionar judicial, por cuanto serán sus funciones, las de recepcionar denuncias y pruebas e investigar todo cuanto sea necesario, que pudiera estar relacionado con la comisión de delitos y/o a la desaparición de personas.
“Por ello, se le otorgan amplias facultades de investigación, a la vez que se hace obligatorio para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, dependencias y organismos autárquicos el de facilitar datos, documentos y acceso a lugares que la comisión bicameral crea necesario investigar y examinar”.
En su parte final, el mensaje del señor Gobernador manifiesta: “Por todo ello, y por resultar adecuado a su finalidad, se solicita a la comisión bicameral que una vez realizadas las investigaciones, se informe detalladamente a los efectos de ilustrar a la opinión pública”.
La creación de esta Comisión Bicameral recoge el espíritu que está contenido en parecida disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dando así cumplimiento a compromisos previamente contraídos con la ciudadanía. Esta Comisión Nacional Investigadora, integrada por personalidades políticas, religiosas, culturales, etc., y también por legisladores, está taxativamente mencionada en el proyecto de ley enviado a las Cámaras por el Poder Ejecutivo Provincial.
Celosa esta Comisión Bicameral en dar estricto cumplimiento a lo solicitado en el mensaje transcripto y al espíritu puesto de manifiesto en las distintas exposiciones de los Legisladores, de las que reproducimos algunos párrafos por cuanto los debates en su totalidad obran en el anexo correspondiente de este informe, elaboramos un pormenorizado documento con el objeto de señalar, ilustrar e informar a la opinión pública, de los orígenes y demás circunstancias motivantes de los hechos investigados.
Si este informe se hubiera constreñido a una relación estadística y meramente enumerativa de las causas investigadas, acciones realizadas, expedientes formados y elevados a la Justicia, no hubiéramos cumplido con la misión dolorosa, pero irrenunciable, que nos fuera encomendada.
A lo largo de este informe, y acatando lo determinado por la ley 5.599, no hemos emitido juicio alguno que no fuera de competencia de esta Comisión, dejando para la Justicia la calificación y el juzgamiento, conforme a derecho de las causas que le hemos remitido.
Los señores Legisladores de ambas Cámaras, en las distintas sesiones en que se trató la creación de esta Comisión, coincidieron en condenar los crímenes que pesarán “in aeternum” en la historia de nuestra patria.
Cierto es que algunos de los señores legisladores no coincidieron, por razones estrictamente jurídicas, en la creación de esta Comisión, pero también es cierto que ninguno dejó de condenar ni cuestionó la necesidad de que la verdad, respecto a las violaciones de los derechos humanos, saliera a la luz pública. En ese sentido, señor presidente, es válido afirmar taxativamente y con el mayor énfasis, que nos animó a todos el mismo espíritu.
Es así como en las citadas sesiones, los señores Legisladores vertieron los siguientes conceptos:
“... que no se debía esperar de la Comisión Bicameral, ningún accionar altisonante; que su cometido debía cumplirse de manera callada, serena, reflexiva, pero firme, tendiendo a encontrar el punto de normalidad perdido, porque no es normal que en la Argentina quien conozca un delito, tenga miedo de denunciarlo y que un Juez, con pruebas y testimonios en la mano, tuviera miedo de investigar la existencia de hechos punibles”. En otros términos, así manifestó el señor presidente del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, doctor Miguel Enrique Nazur.
Por su parte, el señor Presidente de la bancada Radical de esa misma Cámara, Manuel Vicente Martínez, en una parte de su exposición, expresó: “... No soy un hombre de derecho, pero quizás incursione al decir que nos introducimos en lo humano, en lo más sagrado de la humanidad, que es el principio ético, que es la esencia misma de la vida. A mi despacho han concurrido hombres y mujeres a quienes he recibido en audiencia, y me han manifestado que han requerido el apoyo y el ofrecimiento de garantías, porque la actual justicia no les merece confianza y no tienen los medios ni instituciones en el ámbito de la Provincia, para poder radicar sus denuncias. Esto es muy delicado señor Presidente: lo único que he atinado a decirles, es que concurran a la comisión federal que ha creado el Poder Ejecutivo, pero me dijeron que carecen de medios. Entonces, les recomendé que en lo más íntimo de
II. Antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos en nuestro país
El desgarrador proceso de violencia que los argentinos hemos sufrido en el pasado inmediato, con sus secuelas de luto, dolor y sufrimiento, ha logrado, sin embargo, y como un efecto inevitable, que los argentinos tomemos conciencia de la gravedad del fenómeno de la violencia, provenga de donde proviniere, y de la necesidad de desterrarla para siempre, alcanzando una definitiva pacificación nacional.
Para lograr este objetivo, es necesario profundizar y desentrañar las causas y el proceso de desarrollo de la violencia en nuestro país.
Resulta sensato y necesario, señor Presidente, convenir en que la violencia irracional de los años ’70, está lejos de haber surgido de un proceso de generación espontánea. Por el contrario, si recorremos las páginas de nuestra historia, veremos que en su decurrir la violencia estado siempre presente.
En homenaje a la verdad, debemos afirmar aquí que la sociedad argentina viene soportando, desde muy lejos, cruentos episodios que la sacuden con fuerza inusitada, de forma tal, que nos permite sostener que dicha violencia tiene profundas raíces históricas y siempre estuvo íntimamente ligada a los conflictos económicos, sociales y políticos del país.
Así, en apretada síntesis, está planteada desde el injusto fusilamiento de Manuel Dorrego y el arrepentimiento atormentado de Juan Lavalle, al descubrirse instrumento de intereses oscuros. Las dos décadas de violencia del gobierno de Rosas, provocada tanto por él como por sus adversarios. El asesinato de Facundo Quiroga, en Barranca Yaco, el hombre que había desbaratado el concienzudo intento unitario.
También están las batallas de Caseros, Cepeda y Pavón, como expresiones de un propósito claro de dirimir supremacías político-económicas. El resultado de esa puja expresado en políticas de gobierno, harán eclosión en la rebelión de los pueblos del interior ahogados por el hambre, con legiones de gauchos harapientos, siguiendo los perdidos planes de los últimos caudillos federales. También será terrible la respuesta del Gobierno Central al despachar el Ejército de Línea.
¡Qué trágica similitud entre los cadáveres calcinados y mutilados que dejaba en espantosa exhibición la tristemente célebre Triple A y la cabeza de Angel Peñalosa, El Chacho, clavada en una pica, allá en Olta, pudriéndose lentamente al sol para escarmiento de los eventuales revoltosos. También aquí, en Tucumán, la población contempló horrorizada durante varios días, en la Plaza Independencia, la exhibición de la cabeza de don Marco Avellaneda, asesinado por el general Manuel Oribe.
La despiadadada caza del indio durante la Campaña del Desierto, que exterminó las tribus que habitaban la pampa, cuyos frutos reclamaba el ascendente comercio exterior. Junto con el indio, va desapareciendo el gaucho, de cuyas penurias agónicas, nos da cuenta el Martín Fierro.
Más tarde vendrá el Proyecto del ’80. La opulencia de las vacas gordas y de las mieses doradas, de las febriles corridas en la “city” porteña. Vendrá la época de las mansiones señoriales a lo largo de la Avenida Alvear y el nacimiento del Barrio Norte. Todo esto constituye el reverso de la patética descripción del Bialet Massé sobre la situación de los trabajadores argentinos a comienzos de siglo.
Por ello, la ilustración iluminista de la generación de políticos e intelectuales que gobernaban el país con exquisita erudición, no sería suficiente para apagar el ansia de participación popular bloqueada por el elitismo liberal de la oligarquía. Vendrían así, las insurrecciones de 1890, 1893 y 1905, respaldadas por sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, levantamientos que constituyeron masivas protestas sociales, así como el “Grito de Alcorta” y las protestas y huelgas obreras, ahogadas en sangre y con cárceles.
Por un período históricamente breve, se encenderá la luz de la esperanza con las figuras de dos excelsos valores, quienes, sin discusión alguna, fueron extraordinarios políticos, a los que la nacionalidad tanto les debe: nos referimos a don Leandro N. Alem y a don Hipólito Yrigoyen, ambos maestros del civismo y ardientes servidores de la patria.
Refiriéndose a las largas luchas ciudadanas, por arrancarle al régimen elecciones libres y la real vigencia de la democracia, decía uno de estos dos adalides, don Leandro N. Alem, en 1892, escribiendo desde la prisión: “Fieles a nuestro credo de redención nacional, libres de vinculaciones con los autos de este régimen oprobioso, unidos todos al pie de nuestra bandera, resueltos estamos a llevar adelante nuestra campaña salvadora, hasta ver triunfante la Constitución, la libertad y la honradez política y administrativa”.
En 1912, más de tres décadas de denodadas luchas cívicas lideradas por el radicalismo, desembocan en la conquista del sufragio universal y secreto, arrancado a la élite gobernante. Esto permitirá el triunfo electoral y el acceso al poder de Yrigoyen en 1916, abriendo paso a “... la nueva época que se caracterizará por una renovación de todos los valores éticos y constructivos”, según dirá el presidente Yrigoyen, en su mensaje al Congreso en 1917.
Recogiendo las mejores tradiciones de justicia y libertad del pueblo argentino e interpretando lo más hondo del espíritu nacional, se inaugura un auténtico programa de reformas que darán vida a aquella célebre frase de Yrigoyen: “Cosas han muerto que nunca más han de resucitar y cosas han resucitado que habrán de vivir eternas”. En ese sentido, recordamos especialmente la Reforma Universitaria de 1918, acontecimiento de profundas consecuencias políticas y sociales, en la vida del país y en Latinoamérica.
Tras la avalancha de votos que en el año 1918, selló la segunda presidencia de don Hipólito Yrigoyen, la minoría oligárquica que había manejado el país como una gran estancia de su exclusiva propiedad, comprendió que le quedaba vedado el camino de la legalidad para acceder al gobierno y, desde entonces, el golpe de estado habría de convertirse en su principal recurso para recuperar el poder y consolidar sus privilegios.
Años después, otro gran líder, Juan Domingo Perón, haría alusión al derrocamiento de Yrigoyen y el papel que le cupo a las minorías del privilegio en tal hecho, con las siguientes palabras: “Estas fuerzas que se oponen a nuestra política de justicia social, han representado dentro del país la eterna oligarquía económica que ha manejado a la oligarquía política ... Yrigoyen tenía razón y atacó incansablemente esta oligarquía. Y fue la reacción de esta oligarquía la que volteó a Yrigoyen”. También el general Perón diría: “Es recién ahora que se empieza a hacer justicia con Yrigoyen y a mí me toca enfrentar a los mismos enemigos que él tuvo, especialmente a la oligarquía. Yrigoyen fue insobornable, incapaz de venderse a nadie”.
En 1930, resuena “La Hora de las Espadas”, abriendo paso a la ignominia de la “década infame”. Florecen las rebeliones y con ellas, vendrán más fusilamientos y cárceles para los opositores.
La dictadura conservadora tiene la mano dura: se instala la ley marcial y se restablece la pena de muerte, abolida por el Congreso en 1921. Y no se la restaura en vano porque hay fusilamientos.
El “orden” debe restaurarse en el terreno laboral mediante severas medidas. Los sindicatos son disueltos y sus dirigentes detenidos. Y si son extranjeros, se los deporta.
Uriburu crea la Sección Especial, que adquiere rápidamente una reputación siniestra, persiguiendo a la oposición.
La dirige el “entusiasta revolucionario” y primer torturador, Leopoldo Lugones (h), quien implanta la “picana” eléctrica.
En realidad, esa feroz represión es solamente el medio de que se vale la oligarquía para la revancha social.
El clima de “restauración” llega a tal punto en el campo social, que una federación patronal –poco representativa en verdad– pide al Departamento de Trabajo del Ministerio del Interior, en abril de 1931, que se anule la ley del descanso dominical.
Este nefasto lapso de nuestra historia se cierra con el golpe militar de 1943, pero éste allanará el camino al segundo gran gobierno popular de este siglo. La obra transformadora realizada en la década justicialista (traducida en sustanciales transformaciones políticas, económicas y sociales), fue el resultado de la confluencia de las grandes mayorías nacionales –trabajadores, empresariado nacional, sectores importantes de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia, sectores medios, etc. –, en torno a dicho programa de reformas que modificó sustancialmente el perfil de la sociedad argentina y del país, provocando la reacción de la oligarquía afectada por el proceso redistributivo generado en ese entonces.
Un nuevo estilo político se inaugura en la Argentina, expresado en conceptos por su inspirador, el general Perón.
En una oportunidad manifestó: “La libertad que anhela el país no es la libertad para hacer el fraude. Tampoco la libertad para vender la patria ni enajenar sus destinos. Deseamos libertad tanto para el pobre como para el rico y que nadie pretenda explotar el trabajo de otros hombres. El país ha luchado veinte años para conseguir la libertad política y está dispuesto a luchar otros veinte para conseguir la libertad económica”.
También le pertenecen los siguientes conceptos “Los trabajadores del campo y las ciudades, han de unirse para vencer a la oligarquía. La tierra debe ser del que la trabaja y no del que la explota. Ello lo hará la reforma agraria iniciada. El obrero industrial y comercial, como el obrero campesino, deben obtener todas las mejoras posibles... O cae la oligarquía o caemos nosotros.
Ese es el dilema.”
De su libro “Proyecto Nacional – Testamento Político”, extraemos los siguientes conceptos: “He dicho una vez que la comunidad a la que aspiramos, es aquella donde la libertad, la justicia y la responsabilidad, son fundamentos de una alegría de ser, basada en la certeza de la propia dignidad. En tal oportunidad el individuo posee realmente algo que ofrecer e integrar al bien general, y no sólo su presencia muda y temerosa. Nosotros creemos en la comunidad, pero en la base de esa convicción se conserva un profundo respeto por la individualidad y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre representa, por el solo hecho de su existencia”.
Llegamos así al año 1955, en el que habrá más sangre derramándose en el suelo argentino. El criminal bombardeo a la población civil el día 16 de junio de ese año, causó innumerables muertos entre desprevenidos transeúntes. Tras el golpe militar de Septiembre de ese mismo año, se desata una verdadera ola de revanchas y persecuciones, con fusilamientos ilegales en 1956 y con la masacre de inocentes ciudadanos en los basurales de León Suárez. Las mayorías políticas serán condenadas a un largo período de proscripción, las organizaciones sindicales intervenidas militarmente, restringidas las garantías y libertades individuales y muchos dirigentes políticos y gremiales encarcelados.
El período 1955-1973, requiere una especial atención. La proscripción del movimiento mayoritario genera una crisis política acumulativa, derivada de la infructuosa búsqueda de una “salida política” basada en la exclusión de las mayorías. Dicha crisis habrá de agudizarse debido a la recurrencia de políticas económicas y sociales recesivas que comprimen los ingresos de los trabajadores y limitan la expansión del mercado interno.
Este problema, señor Presidente, habrá de convertirse en las décadas siguientes en un verdadero cuello de botella para el crecimiento económico y en fuente de graves tensiones sociales, que mucho tienen que ver con la inestabilidad política del país y la alternancia de gobiernos civiles y militares.
En efecto, la adopción de políticas recesivas y frenadoras del crecimiento, lograban equilibrar transitoriamente el déficit de pago al exterior por la vía de comprimir el salario real, la demanda interna y, por ende, la producción industrial y las importaciones con ese destino, mientras se estimulaba, por otra parte, las exportaciones del sector agrario.
Como este tipo de política generaba una gran resistencia por parte de los sectores afectados, particularmente el sindical, necesitaban de un marco político autoritario otorgado por los gobiernos de facto. La reacción de la férrea organización sindical, herencia del justicialismo, y de los sectores medios y empresarios vinculados al mercado interno, terminaba provocando el reflujo de estas políticas y el retorno al marco constitucional, logrando, en consecuencia, restituir los derechos y libertades conculcados y un avance en la recomposición del ingreso de los sectores más castigados.
La pendularidad permanente (causa de la inestabilidad política-institucional), el freno al crecimiento económico y la aguda efervescencia social, son los elementos claves para interpretar la crisis estructural de la sociedad argentins en el período a que hemos hecho mención.
Esta gran inestabilidad va de la mano con la pérdida de credibilidad en los débiles intentos democráticos que se contradicen en lo esencial: no garantizan el gobierno de las mayorías ni el mantenimiento de las conquistas heredadas.
La expresión más palpable de esta situación, señor Presidente, la sufre el gobierno del doctor Arturo Illia, acosado por la oligarquía y muy especialmente por los lesionados intereses de las multinacionales.
La reacción del golpismo de turno tuvo mucho que ver con los avances registrados en este período constitucional: crecimiento del producto bruto interno de la economía; disminución de la tasa de desempleo, de la deuda externa de entonces, etc., como así también, la adopción de importantes decisiones políticas como la Ley de Medicamentos, la anulación de los contratos petroleros, y la ratificación del principio de la “No Intervención y Autodeterminación de los Pueblos”, todo esto en el marco de un país sin presos políticos ni gremiales, y con un respeto irrestricto por la libertad y los derechos humanos.
El golpe que lleva a Onganía al poder agudiza la crisis en dos planos principales: se institucionaliza la presencia militar en la vida política, impulsada por las ideas “pentagonianas” de la “Seguridad Nacional” y las “Fronteras Ideológicas” y, por otro lado, comienzan a aplicarse políticas económicas monetaristas que provocan una fuerte concentración de ingresos en las multinacionales y sectores oligárquicos financieros.
Autoritarismo, soberbia, elitismo, descontento popular y represión conformarán una mezcla explosiva. Los movimientos estudiantiles son duramente reprimidos y de allí gana celebridad la tristemente denominada “la noche de los bastones largos”, cuando por primera vez en nuestra historia, la policía invade los claustros universitarios. Obreros y estudiantes generan puebladas. Luego habrá guerrilla, muertos, presos, torturados. Forzado en su debilidad, el régimen cederá –no sin protagonizar la masacre de Trelew– un repliegue electoral mientras preparaba fría y minuciosamente su retorno, especulando con las contradicciones y estimulando las debilidades que mostraba el gobierno constitucional tras la muerte del presidente Perón.
Llegamos así, señores legisladores, a los umbrales de la tragedia, a los asoladores años del proceso, a la noche más larga, más oscura y más sangrienta de toda nuestra historia.
Toda doctrina o sistema doctrinario tiene sus dogmas. El desarrollo económico desequilibrado a lo largo de este siglo, con la aparición de las multinacionales, ha creado el dogma de la “Seguridad Nacional” y la indiscutible ansia de libertad fue la cobertura hipócritamente utilizada para justificar los crímenes.
Ciertamente, el hombre tiene la obligación impuesta a él por Dios, de ser libre y cuidar la libertad en su expresión más legítima: la del espíritu, aunque esta obligación le resulte gravosa y le exija ingentes sacrificios.
Pero el hombre tiene, además, la obligación de respetar y conservar la libertad de otros hombres, de todos los hombres, y no únicamente la suya.
Existen demasiados amantes de la propia libertad en este mundo, que juzgan que la libertad ajena estorba a la suya y, cometiendo la blasfemia de creerse “intérpretes” de Dios, llegan hasta los delitos más abominables: la falsedad, la delación, la tortura, el asesinato selectivo o en masa. La hora de la falsa libertad debe terminar para entrar a una nueva era: la de la Libertad salvada en asociación con la Verdad, que a su vez no puede ser salvada en la indiferencia hacia aquella. “Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres”, dice Cristo.
Señores legisladores: ¡Qué contradictoria realidad de nuestro mundo en este siglo!. La economía, que se mueve en el mundo de la materia, proclama y defiende la libertad que vive y se mueve en el mundo del espíritu y de la metafísica. Las intenciones de esta proclamación y defensa, están cargadas de injusticias y de trampas en todas partes y aquí también.
Mientras la economía goza de libertad muy grande, casi sin límites, el pensamiento, la palabra, el espíritu y sus creaciones son vigilados, cercados, ahogados y, muchas veces, suprimidos.
La materia, los apetitos materiales, la codicia del poder, el abuso del poder sin jerarquía ninguna, explotan y oprimen a los débiles y dependientes. Con cuanta razón decía San Agustín: “Todo reino o sistema político donde no se administra la justicia, se convierte en cueva de ladrones”.
Por eso, el espíritu es aplastado y ahogado. Y si esto sucede entre nosotros, con dolor, debemos reconocerlo, es una señal evidente de la decadencia de nuestra nacionalidad.
Cuando el 24 de marzo de 1976 se dio el golpe militar, los que lo engendraron lo hacen absolutamente persuadidos de que su rol mesiánico, no consistiría solamente en poner fin a los que ellos consideraban un mal gobierno.
No se trataba de un golpe militar más, sino de un ambicioso intento para cambiar nuestra sociedad, de acuerdo con un plan prolijamente elaborado desde el momento mismo de la asunción del gobierno popular y constitucional de 1973, tal como lo reconociera públicamente, tiempo después, el doctor José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo de dicho plan.
Debemos recordar que la sedición militar se efectuó pocos meses antes de la convocatoria a elecciones generales, donde la ciudadanía iba a tener oportunidad de elegir libremente las propuestas que considerara más aptas para el país.
La selección del nombre de “reorganización nacional” para designar el proceso abierto a partir del otoño de 1976, no obedeció precisamente a un capricho semántico. Los mentores ideológicos del golpe militar diagnosticaron en el país “un tremendo vacío de poder”, capaz de “sumirnos en la disolución y la anarquía” (proclama del 24-03-76), situación análoga a la vivida por el país en la segunda mitad del siglo pasado, cuando se emprendió la etapa de la organización nacional.
De esta manera, los militares y civiles protagonistas del golpe, se asumían como los impulsores de una nueva etapa de organización nacional, que al igual que la de un siglo antes se emprendía con vencedores y vencidos, con réprobos y elegidos.
El diagnóstico militar daba cuenta de las profundas “distorsiones”, operadas en la vida nacional a partir de 1945, que mostraban la dificultad histórica del país para funcionar en base a una democracia participativa.
Atribuían a estas supuestas “distorsiones” el movimiento pendular a que nos hemos referido anteriormente, el cual se traducía, según su interpretación, en graves riesgos para la seguridad nacional, además de comprimir el desarrollo de nuestras potencialidades.
Se trataba, en consecuencia, de modificar completamente el funcionamiento de nuestra sociedad, para que en virtud de esos cambios, se evitara la repetición de esa anomalía estructural. El “populismo” a erradicar estaba íntimamente ligado al ordenamiento económico que le daba sustento. Se establecía así, una estrecha interrelación entre las “reformas” económicas y las políticas, conviretiéndose de hecho el plan económico de Martínez de Hoz, en el corazón de la estrategia militar.
En su esencia, este plan implicaba la reconversión del perfil socioeconómico argentino. Si en el modelo industrial de post-guerra que se dio en el país, se articuló una alianza objetiva de intereses entre los trabajadores y el empresariado nacional en torno al mercado interno, en el nuevo modelo restringía ese mercado y la hegemonía política se trasladaba a la vieja oligarquía agroexportadora en sociedad con el capital multinacional, especialmente el financiero.
Desaparecía la industria nacional, mediana y pequeña, y el dinamismo económico se asentaba en el sector energético (petróleo y gas especialmente), exportación de alimentos y sector financiero, es decir, se desprotegió la economía nacional a favor de intereses oligárquicos y foráneos. Esa minoría, única beneficiaria real de esa política económica, pasó a ser bautizada por el ingenio popular como la “patria financiera”.
Si la política económica de post-guerra significó transferencia de ingresos desde la oligarquía hacia la comunidad, a través del Estado, el plan Martínez de Hoz implicó precisamente lo contrario, representando una verdadera revancha histórica.
Uno de los resultados más funestos de esa política económica está expresado en la fabulosa deuda externa que quedó como herencia de ese plan; cada argentino que nace hoy, llega al mundo debiendo a los bancos extranjeros más de 1.600 dólares, deuda que en su mayor parte no se sabe qué origen o destino tuvo y que nos condena a una injusta sangría de recursos en concepto de intereses y amortización, lo que significa hambre y desempleo para el pueblo argentino en otra flagrante violación masiva de los derechos humanos. La deuda externa compromete el destino de los argentinos por varias generaciones.
La naturaleza y magnitud de los cambios operados se tradujeron en la necesidad de montar un vasto plan represivo, sin antecedentes en nuestra historia.
Esta “necesidad” se basaba en la certidumbre de que las “reformas” a aplicar, serían tenazmente resistidas por los sectores afectados, como realmente sucedió, pero en el marco ya de un debilitamiento profundo de las organizaciones políticas, sociales y gremiales del pueblo argentino.
Así, con el pretexto de combatir a los grupos terroristas que operaban en el país, se implementó un programa de exterminio físico de opositores reales y potenciales, que nada tenían que ver con la subversión, de carácter orgánico y sistemnático.
En el plano de la represión individual fueron secuestradas y desaparecidas millares de personas y otros tantos fueron muertos en supuestos y poco probables “enfrentamientos”, o bien estuvieron encarcelados, sin causa ni juicio, sufriendo vejámenes y torturas. Las cesantías arbitrarias, el exilio, la pérdida de derechos, etc., también forman parte de los atropellos perpretados contra el pueblo.
En el plano de la organización política de la sociedad, y consecuente con el espíritu totalitario que conllevaba el proyecto regresivo encarnado por el Proceso, se disuelve el Congreso Nacional, las Legislaturas Provinciales, los Consejos Municipales, etc.
Se removió a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las provincias, adoptándose igual actitud con gran número de jueces, designando en su lugar a abogados de absoluta confianza.
Se llegó a la ignominia de obligar a los integrantes del Poder Judicial, a jurar respetar los Estatutos y Actas Liminares del Proceso de Reorganización Nacional, anteponiendo estas arbitrarias disposiciones por sobre la Constitución Nacional.
Se suspendieron, sin límite, las actividades de los partidos políticos e incluso la realización de cualquier tipo de actividad política, salvo las que se efectuaron a favor del proceso por pequeñas agrupaciones políticas, repudiadas en las anteriores elecciones y que constituían la apoyatura civil del gobierno de ipso.
Se labraron arbitrarias e inconstitucionales Actas Institucionales, con la prohibición de ejercer sus derechos cívicos a reputados ciudadanos, despojándoseles de sus bienes, en reedición procesista de las primitivas y execrables “Capiti diminutio” del milenario Derecho Romano. Se llegó, incluso, a revertir “la cosa juzgada”, principio básico del Derecho Universal.
En el plano de las organizaciones gremiales y sociales, se disolvió la C.G.T.; se intervino militarmente a los sindicatos y a sus obras sociales, al igual que las federaciones de segundo grado. Se intentó vanamente promover el paralelismo en las organizaciones sindicales e intermedias en general y la desafiliación compulsiva de los trabajadores; se prohibió y reprimió severamente el derecho de huelga (ley 21.400) y millares de dirigentes sindicales y delegados de fábrica fueron encarcelados, secuestrados y/o desaparecidos.
El movimiento obrero organizado resultó el blanco principal de esta ofensiva represiva, ya que constituyó históricamente un indoblegable bastión para la aplicación de políticas sociales y económicas regresivas, como lo demuestra el hecho de que un altísimo porcentaje –casi el 40%– de los desaparecidos, encarcelados, torturado
III. La violación a los derechos humanos en la provincia de Tucumán
Resulta indispensable realizar un somero análisis de la evolución socioeconómica de Tucumán, a fin de poder apreciar cuáles fueron las causa primordiales que hicieron de esta provincia, un escenario donde encontraron un clima propicio y permanente, las tensiones sociales, que derivaron en conflictos políticos, dando lugar a que la violencia –no aceptada por el pueblo–, se agudizará aquí con especial énfasis, hasta desembocar en los hechos cuya investigación nos ocupa.
Debemos recordar que cerrados los circuitos ancestrales de articulación con el mundo andino (Bolivia, norte de Chile y Perú), y arruinada su economía artesanal como consecuencia del libre cambio, Tucumán se acomodó al nuevo esquema económico que se desarrolló en el país a fines del siglo pasado, como proveedor de azúcares para el incipiente mercado interno. La instalación del ferrocarril, en 1876, le permitió acceder a los mercados nacionales de consumo e importar equipo de alta tecnología para modernizar las plantas de producción de los ingenios. De la simbiosis entre la avanzada tecnología industrial –importada entonces de Europa– y la mano de obra servil y abundante de la hacienda colonial, surgió el primer desfasaje estructural de la provincia, común a todas las economías periféricas y subdesarrolladas.
La actividad económica de la provincia, giró a partir de ahí, en torno a la transformación industrial de la caña de azúcar, inicialmente favorecida por las ventajas comparativas de la economía provincial (bajo costo de materia prima, mano de obra intensiva y barata), pero tempranamente sometida a tensiones derivadas del desbalance entre la oferta y la demanda final del producto elaborado, que hizo estallar ya entre 1896 y 1899, la primer gran crisis de superproducción que culminó con el cierre de 7 de los 18 ingenios existentes en ese entonces en la provincia.
A partir de allí, y complicada posteriormente la simplicidad del esquema productivo inicial, por la aparición de fenómenos tales como la ampliación de las fronteras agrarias (incorporación de numerosos productores cañeros) y sindicalización de los trabajadores (que rompieron con el esquema laboral del servilismo), todo ello sumado a la pérdida de algunas de las ventajas comparativas iniciales, comienzan a impulsar a la economía azucarera tucumana, a una creciente crisis de carácter estructural.
Esta crisis agudizó los conflictos de intereses entre los agentes socioeconómicos involucrados, agudizada por el fenómeno irreversible de la avasalladora competitividad de las economías agroindustriales azucareras de Salta y Jujuy.
Los ingenios del norte comienzan a disputarle con éxito, al azúcar tucumano, crecientes fracciones de la demanda final, achicada además, por la competencia de la fructosa. En consecuencia, comenzó a vivirse el crudo problema del sobredimensionamiento de la capacidad industrial de la provincia.
Frente a esta amenaza (puesta ya en toda su evidencia a principio de los años ’60), Tucumán no pudo construir una estrategia superadora de esta crisis irreversible, limitándose la provincia a la presión política sobre el Estado Nacional, con vistas a lograr subsidios para su economía (vía regulación de precios remunerativos, inmovilización de azúcares excedentes, etc.). Tal estrategia tuvo algún éxito con gobiernos constitucionales, pero fue impotente ante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien en 1966 decretó el cierre simultáneo de once ingenios, con verdadero desprecio por sus desvastadores efectos sociales. Las consecuencias traumáticas de esa medida en la sociedad tucumana, hace que aún hoy, a dos décadas de aquellos sucesos, perduren como un fantasma.
La verdadera dimensión de este drama, se patetiza en el éxodo masivo de trabajadores que arrastra a más de 200.000 habitantes de la provincia, entre ellos la mano de obra más calificada y especializada de la industria azucarera, masa humana que va a engrosar las aledañas villas miseria de la Capital Federal. Por contrapartida, este cierre masivo de ingenios despobló decenas de pueblos y villas del interior tucumano, las que quedaron convertidas en verdaderos “pueblos fantasmas”. Esta deshumanizada medida tomada por el general Onganía, produce la quiebra de la industria metalúrgica local, a la par que una severa restricción de la actividad comercial y otros efectos multiplicadores.
Este desastre económico y social, produjo una terrible y angustiante miseria y un grave desconcierto y se constituyó en el nervio de la agitación política que se precipitó en Tucumán durante las dos últimas décadas.
Ese fenómeno alcanzó su pico máximo durante los años de la llamada “Revolución Argentina” (1966-73), cuando crecientes sectores y segmentos sociales, fueron exteriorizando sus protestas mediante metodologías cada vez más violentas, como ocurrió durante los levantamientos y puebladas de 1970, 1971 y 1972 con el saldo de centenares de detenidos, decenas de heridos y varios muertos y con importantes sectores de la ciudad capital, tomados por los manifestantes y retenidos en su poder durante varios días.
Los protagonistas centrales de estas protestas, fueron los obreros y los estudiantes, aunque es justo reconocer que contaban con la adhesión y simpatía casi unánime de la población.
Por otro lado, la severa represión de estas protestas, lejos de aplacarlas, constituía un factor de indignación colectiva y de provocación de nuevos disturbios.
Este fue el marco político–social en la primera parte de la década del ’70 y que coincidió con la aparición del accionar guerrillero tanto del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) como de la organización Montoneros. Sin embargo, este fenómeno no debe de ninguna manera ser esgrimido como justificación de la feroz acción represiva desatada en toda la provincia, principalmente a partir de marzo del ’76.
La prestigiosa publicación norteamericana “Newsweek” ha hecho recientemente, trascendentales revelaciones sobre los sucesos de la época que estamos investigando, al dar a conocer informes y mapas secretos firmados por los principales jefes militares del país en el año 1975: el general Videla (entonces Comandante en Jefe del Ejército); el general Viola (Jefe del estado Mayor del Ejército) y el coronel Carlos A. Martínez (Sub-jefe de Inteligencia del Ejército).
El diario La Razón, de la Capital Federal, en su edición del 29 de abril último, en su página 10, transcribe el aludido artículo de la revista norteamericana y reproduce fotocopias de los documentos y mapas a que hicimos referencia.
De dicha documentación, recogemos los siguientes datos: “...Indica que en el país había no más de 600 guerrilleros del ERP, uno de los dos principales grupos extremistas, el mejor organizado y el más aguerrido. Indica, además, que en Tucumán, donde el general Videla anunció que se libraba una guerra importante a la cual se enviaban grandes contingentes de tropa, había entre 120 y 180 guerrilleros del ERP...”.
Sr. Presidente:
El irresponsable proceder de los elementos terroristas, totalmente desvinculados del real problema social y popular del pueblo tucumano, servirá de motivo para montar un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles, que eran totalmente ajenas al pernicioso accionar de la guerrilla.
Recordamos, asimismo, que ya en 1975 (según consta en los medios de prensa locales y nacionales), cuando fue sustituido en la comandancia de la 5ª Brigada de Infantería por el general Antonio Domingo Bussi, el entonces general Acdel Vilas, afirmó que la guerrilla ya había sido derrotada en Tucumán.
Sin embargo, el número de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha.
La militarización creciente de la sociedad tucumana, aumentó cuando la policía local pasó a depender directamente de la autoridad militar de la provincia, incrementándose la escalada represiva con el accionar conjunto de las fuerzas militares, policiales y de seguridad.
Igualmente, de los testimonios y denuncias recibidas, surgen las siguientes características comunes, en los llamados “procedimientos antisubversivos”.
1) 9 de cada 10 personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública, por personas armadas, las que siempre actuaban en una superioridad numérica de 15 –aproximadamente– contra 1.
2) Los secuestradores, a veces uniformados, otras de civil, generalmente ocultaban sus rostros para asegurar su impunidad.
3) Operaban con gran despliegue de vehículos, sin chapas y patentes o con las mismas adulteradas y siempre en un marco de absoluto desparpajo, llegando muchas veces a interrumpir el tráfico en varias cuadras a la redonda.
4) En la gran mayoría de los casos estas acciones se desarrollaron en horas de la noche, como habría de reconocerlo en una oportunidad el general Vilas: “Los mayores éxitos los conseguimos entre las dos y las cinco de la mañana, la hora en que el subversivo duerme... Yo respaldo incluso los excesos de mis hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”. (“Excelsior”; México, 1975). Como puede observarse, este “subversivo” era una persona con una identidad propia, con un domicilio real y conocido y que de noche descansaba junto a su familia.
La represión contra el pueblo tucumano se fue desarrollando escalonadamente. Todavía en los inicios del último gobierno constitucional, en septiembre de 1973, el jefe de policía de ese entonces, comisario Héctor García Rey, desató un verdadero raid persecutorio nocturno, con asaltos de domicilio, rapiñas y numerosas detenciones sin orden judicial.
La oportuna intervención de la Honorable Legislatura, la indignada reacción ciudadana y la decisión del gobierno provincial, determinaron la remoción de este funcionario, quien se marchó a Córdoba a ejercer idéntico cargo, no sin antes resistir la medida oficial “por haber sido designado por López Rega”, según el mismo lo expresó.
Luego de la muerte de Perón, comenzaron a actuar en la provincia, grupos irregulares que cometieron numerosos atentados con explosivos de alto poder, de procedencia policial o militar, ya que en algunos casos, se han encontrado hasta los precintos.
Comienza así a institucionalizarse las agresiones, secuestros y asesinatos, siendo sus víctimas personalidades políticas, profesionales de reconocida actuación, dirigentes estudiantiles, líderes obreros, intelectuales, periodistas y sacerdotes.
Se atacaron con cargas explosivas, instituciones como la Universidad Nacional de Tucumán, Honorable Legislatura, sede de partidos políticos (radical, comunista y socialista), Colegio de Abogados, etc.
Un sector particularmente afectado por el terror intimidatorio fue el de los abogados, circunstancia que no obedece a un hecho fortuito. Por el contrario, se trataba en realidad de utilizar todos los medios de la violencia y el terror físico y sicológico con el objetivo de limitar el accionar de aquellos letrados que se dempeñaban como defensores de presos políticos o colaboraban en apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, se trataba también, de amedrentar a los profesionales que eventualmente pudieran ser requeridos para la defensa de las víctimas de la acción represiva.
Se generó así la indefensión de la civilidad como sistema, la falta de auxilio como horma, en suma, se libró al arbitrio de las circunstancias, situaciones que por su naturaleza y por esencia, requerían urgente atención profesional que no podías ser brindada.
No se trataba de cobardía de un sector de la sociedad que no acudía en auxilio de otro que tanto lo necesitaba; era el terror que invadía a éste y muchos otros segmentos de la familia argentina, que lo imposibilitaba física e intelectualmente a dar aquello para lo cual había demorado una vida en prepararse, privándolo de ejercitar el derecho de defensa, a veces, lastimeramente requerido.
Se le negaba a la comunidad, que había contribuido a la formación profesional del abogado, recibir sus servicios como auxiliar de la Justicia, impidiéndole de este modo, no sólo el ejercicio de tan alto ministerios, sino también de su consecuencia y resultado que no es otro que el imperio del derecho y la Justicia.
Al incalificable atentado contra el Colegio de Abogados, al que ya hemos hecho referencia, se unen los perpetrados contra los estudios y domicilios de los doctores Arturo Ponsati, Muguel Seleme, Gerardo Maxud, Napoleón Torres Bougeau, José María Martinelli, Julio César Rodríguez Anido, Carlos Zamorano, Juan Roberto Robles, Carlos San Juan, etc. En el lapso que estamos analizando se produjeron los asesinatos de los abogados de Rafael Fagalde y Ángel Pisarello.
Estimamos justo y honorable referirnos muy especialmente al doctor Ángel Pissarello –asesinado en 1976– ya que fue un heroico y auténtico luchador por las libertades democráticas y que pagó con su vida y un cruento martirologio, su consecuencia con esa lucha. Extraemos de una carta, escrita por él pocos días antes de su secuestro, este párrafo: “Vicisitudes diarias, las amenazas constantes, no me arredran.
Defenderé con mi vida la bandera de las libertades esenciales del individuo y de la mano de don Hipólito Irigoyen, seguiré luchando para que esa realidad en esta porción de tierra que me toca defender, que los hombres y los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”.
Entre los abogados desaparecidos, debemos registrar a los doctores Víctor Noé, Elda Calabró, Juan del Gesso y Dardo Molina. Es de destacar que la mayoría de estos sucesos, se llevaron a cabo cuando el general Bussi ejercía la comandancia de la 5ª. Brigada y la Gobernación de la Provincia, es decir, contaba con la suma del poder público.
Cabe recordar al respecto, que el “Tribunal Permanente de los Pueblos”, citó el Boletín del Consejo de Europa del día 31 de enero de 1980, que decía que en nuestro país, para esa fecha, habían sido asesinados 27 abogados, que 76 figuraban como desaparecidos, que 109 estaban en prisión y que 200 estaban exiliados.
Los profesionales de la medicina, no escaparon al contexto de las atrocidades que se cometieron en aquella época.
En efecto, la intranquilidad y el desasosiego, fueron las notas identificatorias del quehacer profesional de los médicos. Atentados, intimidaciones, amenazas, se sucedieron sin solución de continuidad, en contra de muchos de ellos que no encontraron jamás la protección y/o seguridad que les posibilitaran el ejercicio de su apostolado, conforme a su esencia.
Entre los médicos desaparecidos, debemos señalar a los doctores Carlos Román Apaza, Rubén Lindor Tártalo, Máximo E. Jaroslavsky y Graciela Bustamante de Argañaraz. En ese lapso, fue asesinado el doctor Maddalena y murió en presidio el doctor Villavicencio, que era un exiliado boliviano. Los doctores Emilio Jarma y Forti, se exiliaron, contándose como desaparecida la esposa de este último.
Este clima de inseguridad y terror, situación provocada y a la que le dio asidero el terrorismo, constituyó el pretexto esperado para la intervención represiva, situación que se extiende luego deliberadamente al resto del país, allanándose así las Fuerzas Armadas, el camino para el golpe militar.
Es así que a Tucumán le correspondió el triste y doloroso papel de convertirse en campo de experimentación de aberrantes técnicas represivas, aplicadas por algunos jefes militares y policiales.
Este proceso se vio facilitado por la profunda debilidad política del gobierno nacional, como consecuencia de la honda crisis desatada luego de la muerte del general Perón, que dio lugar al creciente copamiento del Poder Ejecutivo, por sectores irrepresentativos y que preconizaron políticas que facilitaron el avance golpista.
Por otra parte, el gobierno –en lugar de esgrimir su verdadero capital político, convocando al pueblo en apoyo a su programa original de transformaciones sociales en el marco de la Constitución y llamando a las Fuerzas Armadas a sumarse a ese plan– optó por una política llena de vacilaciones que se caracterizó por las continuas concesiones a las cúpulas militares que lo rodeaban, al tiempo que dejaba impunes hechos delictivos de violencia, que habría sido preciso investigar en su momento.
Que esta experiencia, trágica por sus consecuencias –el golpe y el genocidio– sea un llamado de atención para quienes entendemos que la democracia, la libertad y la justicia, constituyen los pilares del sistema de vida que han elegido los argentinos.
En este marco, merece especial mención, la furia represiva que se desató luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, contra las autoridades constitucionales de la provincia. Cárceles, torturas, asesinatos, desapariciones, persecuciones y vejámenes de toda clase, fueron moneda corriente en el trato que dispensó la dictadura a esos funcionarios del gobierno justicialista.
Existe una larga lista de los componentes de los poderes que regían en Tucumán. Algunos fueron sometidos a procesos irregulares sin permitírseles ejercer el derecho de defensa adecuada; otros recibieron tratos degradantes e inhumanos, sufriendo largos períodos de cárcel; los hubo torturados y vejados. Muchos fueron liberados meses después sin que s
IV. Consideraciones Generales
Los tristes récords de la barbarie aquí implementada, han traído hacia nosotros los ojos de la humanidad, hasta convertirnos en el espejo brutal de la perversión donde se miraron, azoradas primero y espantadas después, las naciones civilizadas.
En el año 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que había llegado ex profeso a nuestro país, concluyó sus investigaciones manifestando: “... que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos...”.
Casi repentinamente, la expresión derechos humanos, comenzó a ocupar espacios cada vez mayores en la prensa y se dibujaba casi como un susurro en los labios del aún temeroso ciudadano común.
En su expresión más conocida y actual, la violación de los derechos humanos, designa todo lo que los argentinos vimos en algún momento de auge de la brutalidad terrorista, incorporado a lo cotidiano y que el citado informe de la OEA enumeró escrupulosamente.
Comprende las siguientes enunciaciones:
DERECHO A LA VIDA (muertes ilegales, desaparecidos)
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (detenciones indiscriminadas y arbitrarias, limitación del derecho de opción, prolongada permanencia de asilados en embajadas.
DERECHO A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL (torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes).
DERECHO A LA JUSTICIA Y PROCESO REGULAR
DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN, EXPRESIÓN E INFORMACIÓN.
SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Y POLÍTICOS
RESTRICCIONES A ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y AL ACCIONAR DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
Sin embargo, la tremenda vigencia que ha cobrado esa llaga viva, que constituye el drama de los millares de argentinos desaparecidos, ha centrado la problemática de los derechos humanos en ese punto. El mundo entero ha adoptado la palabra “desaparecidos”, sin ser traducida a ningún idioma. Se la usa directamente en su versión castellana.
Compartiendo las palabras de Ernesto Sábato, decimos: “La desaparición forzosa de personas, no es una violación más a los derechos humanos, sino una suma de violaciones (a la vida, a la integridad física y psíquica, a la legal defensa, al contacto con los familiares, etc.); por la magnitud de la tragedia que esto conlleva, la desaparición forzada de personas se encuentra en la tenebrosa categoría de crímenes contra la humanidad (lesa humanidad)”.
La tragedia que vivió nuestra patria, ha opacado las tristes memorias de las eras hitlerianas, mussolinianas y stalinianas.
Pese a que nada está más lejos del ánimo de esta Comisión Bicameral, que desconocer la tremenda y terrible dimensión de la tragedia de los desaparecidos, que ha merecido el principal esfuerzo de nuestras investigaciones, resulta importante señalar el extenso campo de acción que abarca la lucha por la defensa de los derechos humanos, avanzando en su visión más restringida, a la que realmente debe estar referida.
En efecto, en un país como el nuestro, donde hace medio siglo padecemos la recurrencia crónica de golpes militares, donde el autoritarismo bloquea la participación creadora del pueblo y le cercena continuamente la posibilidad de expresarse, un país donde pese a estar dotado de una naturaleza de abundancia, que nos ha convertido en pródigos productores de alimentos, mueren de hambre miles de niños y estadísticamente observamos que el consumo de proteínas por habitante, cae de manera alarmante.
Un país que alguna vez atrajo la mirada de la humanidad por la pujanza de sus indicadores económicos, hoy ve caer incesantemente su producto bruto, su ingreso per cápita y ve desmantelarse su capacidad industrial, laboriosa y sacrificadamente construida por varias generaciones.
Un país que se ufana y jacta de tener 30 universidades estatales, según recientes estadísticas, posee también 5.000.000 de analfabetos potenciales, de los cuales 1.000.000 son analfabetos absolutos, mientras la deserción escolar llega a niveles tales, que de cada cien niños que comienzan la escuela primaria, sólo terminan 50 y de éstos apenas 15 completan el ciclo secundario.
Un país donde en el año 1971, tenía posibilidad de acceder a la universidad uno de cada 25 niños que ingresaban a la escuela primaria, llega a 1981 donde sólo uno sobre 250 tendrá esa oportunidad.
Un país donde se había erradicado enfermedades endémicas hace ya varias décadas, hoy las ve resurgir. Es el caso de la tuberculosis, la lepra, la sífilis, el paludismo, las parasitosis endémicas (éstas, son casi 3.000.000 de afectados). Todo este cuadro, haría de decir al doctor René Favaloro, Asesor en Materia de Salud Pública del Ministerio de Planeamiento en 1977, que “... las carencias en materia de salud son aterradoras”.
La Argentina es un país despoblado, donde la crisis económica bloquea su crecimiento demográfico, desalentando el matrimonio y donde el hambre ya golpea las puertas de los hogares, por la caída de sus salarios a niveles alarmantes; donde los jóvenes deambulan desesperados buscando trabajo (ocupándose a veces, por sumas miserables que los mantienen en una profunda indigencia); donde crece la delincuencia en todos los terrenos.
Recurrimos nuevamente a ese extraordinario Documento de Puebla que ya hemos citado y de sus parágrafos 31, 32, 33, 35, 37, 38 y 39, extraemos los siguientes profundos conceptos:
“La situación de extrema pobreza generalizada; adquiere en la vida real, rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela:
·Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos muchas veces explotados, de nuestras ciudades, fruto de pobreza y desorganización moral familiar;
·Rostros de jóvenes desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados sobre todo, en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de capacitación y ocupación;
·Rostros de campesinos que, como grupo social, viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan;
·Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de desarrollo, que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos.
·Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de las riquezas de otros sectores sociales;
·Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no producen”.
Nuestro país ha sido víctima de un renovado auge de doctrinas de fuerte contenido elitista y antipopulares que se han tenido que asentar en modelos autoritarios, para podernos imponer recetas económicas de profundo contenido antihumano, que hacen de las personas simples cifras estadísticas, en aras de un eficientismo traducido en procesos de concentración de la riqueza y el capital, impidiendo el desarrollo del aparato productivo.
Estas filosofías sustentadas en la supremacía coactiva de las ultraminorías para cercenar legítimas conquistas de los pueblos y que a la vez le niegan a éstos, el protagonismo histórico que les asegura la democracia. Estas, así planteadas, son filosofías e ideologías violatorias de los derechos humanos.
¿Acaso una sociedad indiferente al hambre, la miseria, a la mortalidad infantil, el analfabetismo, al atraso cultural y sanitario, a la actividad de los mercaderes del vicio (de la droga, la prostitución, la pornografía, etc.), no conduce inevitablemente a la violencia y al atropello de los derechos humanos más elementales?
Los obispos argentinos, en 1983, en un documento titulado “Dios, el Hombre y la Conciencia”, afirmaban: “no hay Paz sin Verdad; hay falsa Paz si se la funda sobre la falsedad y la mentira. Tampoco la hay sin justicia, pues la injusticia genera indefectiblemente la violencia”.
A estas palabras podríamos agregar la sentencia de Paulo VI en la Encíclica Populorum Progressio: “Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al Cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana”.
Señores legisladores: el saldo que nos dejó el “proceso”, habla a las claras de la injusticia de un régimen que violó los derechos humanos en su globalidad. Se conculcaron las Libertades Públicas y los Derechos Constitucionales, aniquilando todo vestigio de democracia.
Cuánta verdad existe en las palabras claras y firmes de Esteban Echeverría, cuando decía: “No hay libertad donde el hombre pueda ser vejado e insultado por los sicarios del poder arbitrario...” “... no hay libertad donde al hombre se le puede turbar en su hogar, arrancarlo del seno de su familia y desterrarlo fuera de su Patria...” “... no hay libertad donde su seguridad, su vida y sus bienes están a merced del capricho del mandatario...”.
Nunca la violencia puede responderse con más violencia, so riesgo de caer en una espiral incontrolada, tal como se ha verificado en nuestro caso. Hemos dicho ya, que estos flagelos reconocen como causa, la injusticia y la marginilidad y afirmamos que el único modo de combatirlos, es ejercitando nuestros derechos a través de la Justicia.
Traemos a colación, en este sentido, el ejemplo de Italia, donde dentro del más puro concepto legal no sólo se derrotó a las Brigadas Rojas, sino que sus líderes encarcelados han abjurado de sus exóticas y peregrinas ideas y colaboraron para erradicarlas.
Cuando se produjo el secuestro de Aldo Moro, el señor general Della Chiesa, a la sazón jefe de la policía italiana, no permitió la tortura de los detenidos y dijo entonces aquella célebre frase: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura”.
España es otro ejemplo. A la violencia de la ETA no se responde con el terrorismo del Estado, sino con la fuerza de la ley.
La Justicia puede sancionar pero cumple también una función purificadora. ¿Cómo es posible identificar la conducta de los equivocados con la conducta de la nacionalidad que decían representar?. La Patria no tortura, la Patria no asesina y en su nombre nadie debe torturar ni asesinar. Es mucho más lamentable y peligroso que refugiarse en los montes para cometer delitos, refugiarse en las instituciones que son pilares de la nacionalidad.
Por otro lado, mucho debemos agradecer la intervención y la solidaridad internacional , notable factor de moderación y freno cuando el horror de la masacre logró filtrar el silencio blindado de los primeros años de la dictadura y la opinión pública pudo acceder al conocimiento de los estremecedores hechos que estaban ocurriendo en nuestra Patria.
Así como hoy expresamos nuestro reconocimiento a la preocupación de muchos gobiernos del mundo por la suerte corrida por las víctimas del atropello, así también no podemos dejar de mencionar la actitud negativa adoptada por la Unión Soviética y países de su esfera de influencia, que bloquearon repetidamente en las Naciones Unidas la iniciativa de los organismos internacionales de derechos humanos, tendientes a obtener una condena a las violaciones de la dignidad del hombre por parte de la dictadura argentina.
La Unión Soviética, en sus programas de radiodifusión destinados a América Latina, omitió sistemáticamente toda mención a la tragedia en que estábamos sumidos.
Con respecto a la Iglesia, su Santidad Juan Pablo II, en varias ocasiones resaltó el drama de los desaparecidos en la Argentina y se solidarizó públicamente con el dolor de los familiares de aquellos. Igual actitud tuvo el órgano periodístico oficial de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, en reiteradas ocasiones, llegó incluso a descalificare duramente en una oportunidad a uno de los más connotados personeros de la barbarie. En nuestro país hubo sacerdotes que concurrieron en defensa de las víctimas del genocidio y en asistencia de sus familiares.
Si bien es cierto que entre los miembros de la jerarquía eclesiástica hubo quienes tuvieron valientes posiciones de denuncia permanente y oposición a las violaciones de los derechos humanos, también hubo quienes apartándose de la Doctrina de Cristo, guardaron silencio para con las aberraciones del régimen.
Hubo obispos como los monseñores Novak, Angelelli, De León, De Nevares, Zaspe y Hessayne, entre otros, dignos pastores de su pueblo que se hicieron eco de la Parábola del Viñador: “Seremos sarmientos fecundos si nuestra inserción en la vid es firme y probada”. Los que no se inserten a la vid conforme la parábola, que la Historia y Dios los juzguen.
No podemos terminar esta breve reflexión sobre la Iglesia sin hacer alusión a su propia cuota de sangre en ese período, ya que nadie ignora que suman varias decenas los sacerdotes, monjas, seminaristas y laicos inmolados por el terror represivo.
El asesinato de monseñor Angelelli, Obispo de La Rioja, de monseñor León, Obispo de San Nicolás, que nos llenaron de especial espanto y repulsión, obliga a un reconocimiento ciudadano por su constante accionar contra los crímenes de la represión, a la que enfrentaron llevando como única arma su axioma: “Un oído puesto en el Evangelio y otro en el Pueblo”.
Otro sacerdote, el reverendo Carlos Muría, integrante también de ese noble pueblo riojano, 3 horas antes de ser secuestrado, dijo en el sermón de la misa que oficiaba en esos momentos: “Podrán hacer callar la voz del Obispo y podrán hacer callar la voz de Carlos Muría, pero no podrán acallar el Evangelio, que es la Voz de Jesús”.
Debemos recordar especialmente dos sucesos que causaron honda conmoción en la opinión pública nacional e internacional: el crimen de los seis seminaristas y dos sacerdotes palotinos, y el secuestro y desaparición de dos monjas francesas.
Aquí, en Tucumán, el sacerdote Isidoro de Bassols, a la sazón párroco de la iglesia Del Sagrado Corazón, acogió y protegió a un numeroso grupo de padres, madres y familiares de las víctimas de la represión y cuando en vísperas de la Navidad de 1978, integrantes de ese grupo fueron detenidos para que no pudiesen concurrir a una misa por sus seres desaparecidos, el mismo cura en persona los asistió en la Brigada Femenina de la Policía, donde fueron alojados durante tres días.
La Asamblea Nacional de Francia, en 1789, al declamar sobre “Los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, expresaba: “... la ignorancia, el olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos”.
Pero antes, mucho antes de la Revolución Francesa, allá en los orígenes mismos de la Humanidad, Dios, Supremo Legislador, custodiaba celosamente la obra de su creación, haciendo al Hombre a Su imagen y semejanza, reclamando luego por la voz de los profetas contra la malversación de los valores, contra la inconducta fraterna, contra la explotación.
Por eso, señores legisladores, los que han sometido a nuestra sociedad a los horrores brutales de la violencia, de las torturas y de la muerte misma, cualquiera sea su signo ideológico, han atentado contra Dios, Nuestro Creador. Ignoraban las palabras de Cristo: “No temáis a los que matan el cuerpo y en seguida no pueden hacer nada más”.
Frente a esa pesadilla espantosa, cabe preguntarnos: ¿por dónde entró tanto odio en los corazones?; ¿cómo anidó en los hombres el odio irracional, el sadismo, la técnica infernal de la tortura física y mental?. Tal vez sólo los mayores felones de la historia universal, puedan explicarse si es necesario para la “paz” y la “seguridad” de la Patria, entregar a una aterrorizada madre el cadáver masacrado de su hijo de 17 años, con los testículos colocados en la boca, como ocurrió aquí en Tucumán.
También tendríamos que preguntarnos si para imponernos una filosofía extraña a nuestro sentir y a nuestro ser, se justificaba cualesquiera de los crímenes y aberraciones que se cometieron.
Este es un tiempo de valoración y nadie sostiene ni podrá sostener que el terrorismo ofrece una respuesta a los grandes temas nacionales o que la metodología de la lucha era legítima, pero sí vamos a afirmar que tenemos una Constitución y que en defensa de la Ley Suprema no admitimos jamás que nadie la use como escudo o razón para incurrir en actos delictivos, porque estos cercenan o aniquilan el espíritu de su contenido.
AL terrorismo, cualquiera fuera su signo, de derecha o de izquierda, al igual que el ejemplo que hemos mencionado: de Italia y España, debemos abatirlo hasta sus últimas consecuencias dentro de lo que nos norma la ley, porque de lo contrario caeremos en lo que ellos quieren, o sea, que se usen sus propias y aberrantes metodologías.
Al retorno a la democracia nos encontramos con un país destruido y asolado humana y materialmente, al que es preciso reconstruir perentoriamente con el esfuerzo de todos. Pero sabemos que ninguna Nación se reconstruye sobre el odio, el rencor y, menos, la venganza.
Por eso, señores legisladores, creemos que lo vital y urgente es la reconciliación de esta sociedad, que ostenta hondas heridas en su tejido social, a las que es preciso curar adecuadamente para cerrarlas –mediante la Verdad y la Justicia– y que el tiempo las deje cicatrizar.
Lo que no podemos hacer, aunque quisiéramos, es hablar de reconciliación cuando las heridas aún permanecen abiertas. Y no podemos cerrar definitivamente este capítulo trágico de la violencia, mientras sigan resonando en la conciencia de la Nación los ecos de las voces de los desaparecidos que reclaman justicia, la de los niños que claman por ver a sus padres, las de esas madres que unieron sus dolores y soledades en un esfuerzo abnegado y silencioso y que también tienen sus propias víctimas.
Mientras no se acallen las letanías de las cárceles ilegales, donde sólo Dios sabe qué tormentos soportaron sus prisioneros; mientras perdure el resonar de las puertas derribadas en los nocturnos operativos perpetrados por los encapuchados, personeros de la muerte, que ocultaban cobardemente sus rostros para profanar la paz de los hogares.
Tenemos, entonces, que resolver necesidades mediatas e inmediatas. Las inmediatas ya están en manos de la Justicia, la que ha recibido así el desafío de la historia de llegar al meollo del asunto en cada una de las causas que le hemos entregado y dictar lo que a derecho corresponda, reparando así el daño causado.
Por eso, señores legisladores, es necesario que sigamos bregando por una justicia independiente de los poderes de turno. Ello será el mejor reaseguro para la democracia. ¿Cómo avanzar en ese camino?. Designando jueces que sean garantía de probidad, capacidad y de respeto de sus conciudadanos. No interesa ni debe interesar su bandería política porque si goza del respeto de la ciudadanía, es porque ha hecho méritos para acceder a la magistratura.
Las necesidades mediata, radican en unir los esfuerzos de todos los argentinos para construir una sociedad justa, igualitaria y pluralista, con un hondo contenido de justicia social.
Removiendo las causa de las injusticias, del atraso, de la dependencia, habremos eliminado los focos de cultivo donde generalmente se desarrolla el germen de la violencia.
Todo lo pasado habrá sido en vano si no avanzamos con obras y hechos para erradicar las ideologías que se basan en el empleo de la violencia y que son las únicas beneficiarias en toda situación de caos, por lo que siempre tienden a crearlo con prédicas confucionistas y hechos anónimos y aberrantes.
Señores legisladores: anhelamos un país donde exista el más amplio pluralismo ideológico y político, donde cada cual pueda expresar libremente sus ideas y luchar, siempre en el marco estricto de la legalidad, para hacer realidad el modelo de Nación que desea.
Previo a finalizar este informe, corresponde rendir un justiciero homenaje a ese grupo de mujeres pertinaces y fuertes, que ya están en la contemplación y admiración de todos los observadores del mundo y que llevan el nombre de “Madres de Plaza de Mayo”.
Esas heroicas mujeres, son el símbolo vivo de la resistencia a la atroz dictadura y de una lucha decidida por la Vida y por la Libertad.
En este sencillo homenaje que rendimos a estas madres, sintetizamos el que se merecen todas las organizaciones que con verdadero coraje civil y sólo llevado en sus manos las leyes y la Constitución de la Nación, bregaron y lucharon en desigual porfía en defensa de los derechos humanos.
Señores legisladores: La Comisión Bicameral ha tenido por mandato, la delicada misión de bucear en una historia infernal e incomprensible. El horror, el miedo y la vergüenza llegaron a debilitar las luces de la razón y a someter los brazos de nuestra voluntad. Que la Justicia cuarteada por la Ley, ponga en senderos de paz tan amargos frutos de nuestro pasado. Pero la Paz ha de ser fruto de la Justicia. Nunca el olvido engendró hijos sanos y robustos, porque el olvido no está en el orden de la Verdad, es más bien un subterfugio de la mentira.
Honorable Legislatura:
Que los altos Tribunales de la Justicia se hagan merecedores de aquella seguridad y ecuanimidad de la sentencia del Apocalipsis: “...cuando el mar entregue los muertos que había en él y la muerte y el infierno nos entreguen a los muertos que tenían adentro y se dé a cada uno la sentencia según sus obras, recién quedarán fuera los perros y los hechiceros, los deshonestos y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira”.
Y de esa manera, señores, se salve la prosapia de San Martín y la descendencia de los hombres de sangre generosa, porque sólo así será posible y permanente el reinado de la vida.
Fdo.:
Dr. ALEJANDRO SANGENIS Diputado Provincial Presidente Comisión Bicameral Dr. CARLOS MESCHWUITZ Senador Provincial Vice-Presidente Comisión Bicameral ARTURO SASSI Diputado Provincial Secretario Comisión Bicameral Dr. ARMANDO BAUNALY Senador Provincial Comisión Bicameral.
Metodología Represiva
Informe de la Comisión Bicameral - Tucumán 1974-1983 (Anexo I)
Introducción
Se ha dicho que el accionar represivo obedeció a un plan científicamente elaborado, ejecutado en forma sistemática y aplicado en base a una maquinaria operativa que funcionó con un elevado nivel de eficacia.
La asombrosa similitud, la reiteración de características comunes, etcétera, que surgen de los hechos contenidos en las distintas denuncias recibidas por esta comisión, demuestran la existencia de una depurada metodología represiva, de la cual puede deducirse la existencia de un conjunto de normas, paralelo a los conocidos, de carácter reservado y secreto, que regló las acciones contenidas en dicha metodología.
Podemos afirmar en consecuencia, que el sistema represivo montado apuntaba a un objeto básico: la difusión del terror en forma masiva para así paralizar cualquier intento opositor, y una metodología inherente al mismo que se diferenció de otras conocidas por la introducción de una característica represiva inédita: el secuestro o detención ilegal de la víctima, como aspecto central de un sistema represivo que funcionó al margen de los mecanismos y procedimientos legales y constitucionales.
De este elemento central de la metodología represiva (el secuestro), se desprende el resto: posterior desaparición de la víctima (por lo general, en forma permanente; a veces, temporaria); su traslado a centros de reclusión ignotos y clandestinos; la participación de unidades represivas conformada por elementos que ocultan su identidad; marginación de toda instancia de intervención de la Justicia; abandono de la víctima en manos de sus captores quienes no cuentan con traba legal de ningún tipo para accionar sobre la misma; aplicación de tormentos en forma discrecional y sin más límites que la propia necesidad de los interrogadores, con el objeto, generalmente, de extraerle “información”; negativa de cualquier organismo del Estado a reconocer la detención, incertidumbre y terror de la familia del secuestrado y confusión deliberada en la opinión pública.
Toda esta metodología del terror, se asienta en un tríptico que la define y le otorga su propio perfil: SECRETO, CLANDESTINIDAD e IMPUNIDAD.
SECRETO: En el ejercicio y utilización del aparato de fuerza del Estado en sus distintos niveles y estamentos. Tanto la recopilación de los datos de inteligencia, como la planificación operativa y posteriormente su ejecución, están rodeados de un estricto secreto, lo que garantiza a la vez la eficiencia, como también la agudización del clima de terror colectivo.
CLANDESTINIDAD: Por cuanto resultaba imprescindible evitar cuidadosamente la determinación de la identidad de los autores del hecho y el destino final de la víctima.
IMPUNIDAD: La que no solamente constituye el objetivo final de los autores del hecho, sino también la condición necesaria para la continuidad del accionar represivo. La impunidad garantiza el secreto y la clandestinidad.
Se irá renovando así, incesantemente, el ciclo que alimenta a la metodología descripta: secuestro – reclusión clandestina – tortura – delación de nombres por parte de la víctima – nuevos secuestros. Ese será el mecanismo infernal del terror, que nos proponemos analizar.
1. El secuestro
El secuestro de las personas, que previamente han sido “fichadas” por los servicios de inteligencia como vinculadas a la subversión, al activismo de izquierda o la disidencia al régimen, conlleva enormes “ventajas” para el sistema represivo, desde el punto de vista de la celeridad y eficacia en la eliminación de opositores. Veamos algunas de ellas:
Permite la aplicación de la tortura en forma ilimitada sobre el secuestrado, sin que éste pueda luego realizar algún tipo de denuncias.
Quiebra cualquier resistencia en la víctima, dada la combinación de la tortura física y la coacción sicológica en el detenido, que se sabe absolutamente inerme y desvalido en manos de sus secuestradores.
Evita toda participación de la Justicia en salvaguarda de la integridad del detenido.
Allana el camino para asesinar con impunidad, aplicando la pena de muerte a discreción, especialmente en el caso de personalidades políticas, gremiales, etcétera, que suscitarían la oposición de la opinión pública.
Permite y facilita la instauración del clima de terror colectivo buscado, aún en sectores objetivamente desvinculados de las víctimas, ya que lo que la población observa es un despliegue de violencia abrumador –que siempre cumple su cometido–. Por otro lado, el secuestro desaparece virtualmente de la faz de la tierra, lo que agudiza el clima de misterio que envuelve a los operativos.
Finalmente, diremos que el secuestro era el modo más eficaz para lograr el aislamiento total de la víctima. La falta de comunicación con el mundo –a veces ni siquiera existirá el contacto con la luz solar– constituye una característica central de la metodología represiva ensayada por el terrorismo de Estado.
En razón del ocultamiento, resultaba imposible establecer el paradero ante la falta de información –y a veces el rechazo agresivo a tal pedido– por parte de los organismos pertinentes del Estado. En síntesis, tras el secuestro, las víctimas quedan aisladas de la sociedad.
Una vez consumado el secuestro, y ya instalada la víctima del mismo en el centro de reclusión clandestino correspondiente, se abrirán para aquella tres posibilidades: su mantenimiento durante un cierto período como desaparecido, para luego ser reconocido como detenido y por tanto, “legalizado”. O su secuestro durante un cierto período de tiempo y posterior liberación. Finalmente, la alternativa más trágica, que es el de convertirse definitivamente en detenidos–desaparecidos, como ocurrió la inmensa mayoría de las veces.
1.1 Mecánica Operativa del Secuestro
1.1.1 Característica de los grupos operativos
Los secuestros son ejecutados por grupos operativos (o grupos de tareas, según la jerga represiva) que actúan con movimientos rápidos, enérgicos, y decididos y con gran despliegue de violencia, que elimina cualquier intento de resistencia por parte de la víctima. El número de personas intervinientes es variable, pero siempre cuidando de mantener una superioridad abrumadora en lo numérico. Si bien el número que surge de las denuncias habla de una cantidad que va de 4 a 20 hombres, la generalidad de los secuestros se realizan por grupos promedio de 12 o 15 personas. Igualmente, es común a todos los operativos que los secuestradores se cubrieran el rostro o lo desfiguraran para preservar la identidad del mismo. Para ello recurrían de ordinario a elementos grotescos que sin duda aumentaban el patetismo de la escena. Así es frecuente el uso de bigotes o barbas postizas, de pelucas, la colocación de medias de mujer para desfigurar los rostros, aunque también los había que se los pintaban para ocultar su fisonomía. Pero el medio más frecuente para ocultar la identidad de los miembros de las patotas de secuestradores, está dado por un siniestro elemento, que ha quedado como el rasgo más distintivo de esta época y como resumen del terror y el medi de los tucumanos: se trata de la capucha.
Por otro lado, el grupo operativo se desdobla en dos funciones. Una parte de ellos está encargada de irrumpir en el domicilio o lugar de secuestro, y la otra parte realiza la cobertura y tarea de apoyo desde las inmediaciones. Es muy frecuente que el primer grupo esté vestido de civil, aunque a menudo combinan sus ropas con prendas militares: borceguíes, chalecos antibala, pantalón de fajina, etcétera.
“Al escuchar los fuertes golpes que aplicaban en la puerta, la dicente fue a atender y al preguntar quién era, se le respondió que la policía y que era mejor que abriera pronto, pues de lo contrario, derribarían la puerta. Al abrir ésta, penetró en la vivienda un grupo de hombres fuertemente armados, vestidos de civil y con sus rostros desfigurados por barbas o bigotes postizos e, incluso, pelucas...” (Legajo 78-A-84. Francisco Próspero Rosales, su desaparición. 39 años, comerciante, fecha: 29/11/75).
“... en las primeras horas del día 19 de agosto de 1976, golpearon la puerta de su casa. Cuando preguntó quién era le respondieron “la policía” (...). Cuando preguntó quién era le respondieron “la policía” (...). Cuando abre, entran violentamente individuos enmascarados con medias de mujer, que les desfiguraba el rostro, y llevaban en sus manos ametralladoras...”. (Leg. 43-L-84. Desaparición de Ricardo Ramón Jacobe, sopletero eléctrico).
Otro caso de ocultamiento de los rostros, en la denuncia correspondiente al Leg. 310-N-84, desaparición de Félix Valero (50 años, comerciante, fecha 30-11-75):
“... El grupo incursor, compuesto por más o menos 8 hombres, vestía ropas civiles y varios de ellos intentaban tapar sus rostros con bufandas u otras prendas similares. Inclusive, uno se había echado el cabello hacia adelante, para así disimular sus facciones...”.
“Ocurría todo con tanta rapidez que no pudo mirarles detenidamente las caras, aunque recuerda que se las cubrían con una especie de careta. Tiene la impresión de que era un alambre recubierto con una tela como de mosquitero o medias de mujer...” (f.2).
En cuanto al uso de la “capucha” transcribimos el siguiente testimonio:
Del Leg. 323. Desaparición de Luis Reyes Ríos (obrero), surge el siguiente testimonio:
“... Que el día 28 de noviembre de 1976 y siendo las 2 horas de la madrugada un grupo de personas compuesto por 14 individuos, se presentaron en su domicilio, los que estaban vestidos de civil y con ropa preferentemente negra, encapuchados, portando armas cortas y largas de grueso calibre. Lo hicieron volteando a patadas la puerta de entrada en su casa e irrumpiendo en forma violenta a su domicilio, estando ya adentro uno de los incursores se presentó ante el compareciente diciendo: “yo soy de coordinación federal”, cuando el compareciente le pidió que se identificara, éste se negó a hacerlo diciéndole “yo soy de coordinación federal y se acabó y no te llevo a vos...”; uno de sus hijos que para esa fecha contaba escasos 16 años de edad, les dijo “mátenme a mi si quieren, pero a mi padre no lo van a llevar”. Acto seguido, el incursor que al parecer llevaba la voz de mando y comandaba el grupo, preguntó por Luis Reyes Ríos, hermano del compareciente y hoy desaparecido (...) a lo que el exponente dijo que estaba durmiendo porque recién venía de trabajar en CONASA, en el acopio de bolsas de azúcar en La Florida (...) en forma violenta entraon a la habitación (...) y empezaron a golpearlo en forma salvaje a lo que éste les pidió que no lo sigan haciendo pues él no sabía nada que justificara tal proceder. Acto seguido procedieron a vendarle los ojos y atare las manos a la espalda y el que comandaba el grupo le dijo; “vos vas a boleta...”.
Existen casos en que los procedimientos son perpretados por fuerzas uniformadas, por ejemplo del Ejército, y en un número muy superior al habitual, 40 hombres (Legajo 296-A-84). Esto habla a las claras de la conexión entre el sistema represivo regular y el clandestino.
1.1.2 Preparativos
del secuestro
Previo a concretar el secuestro, los grupos procedían a ocupar y controlar las inmediaciones del lugar del hecho. Es común la ocupación de la manzana donde se encuentra ubicado el inmueble a ser allanado, maniobra efectuada con gran despliegue de vehículos y equipos de comunicación.
“... Un grupo de más de 10 personas, todas vistiendo uniformes del Ejército, es decir, con ropas de combate, cascos y usaban armas largas (...) Esos militares actuaban a plena luz del día, sin apuros, como si se tratara de un procedimiento legal (...) para realizar el procedimiento, rodearon la manzana con vehículos militares y soldados apostados como centinelas...” (Legajo 240-R-84. Desaparición de Rodríguez, José Manuel, empleado, 32 años, el 10/09/76).
Otro ejemplo del despliegue de efectivos en oportunidad de estos operativos nos lo ofrece el caso de la familia Rondoletto (Legajo 274-R-84).
Parte integrante, también, de los preparativos, puede considerarse el seguimiento previo de las víctimas y la observación de sus movimientos, de las características de la casa, etcétera. Así leemos en la causa 326-S-84:
“... a una cuadra de la casa de sus padres (secuestrados luego), vivía H....... C......., que sabe por comentarios que se desempeñaba en el Servicio de Inteligencia del Ejército...”.
Esta persona, H....... C......., tiene una serie de actitudes y encuentros poco comunes, y sospechosos, con la compareciente y su familia, que le hacen presumir su participación en los hechos (ver fs. 3, 4, 5 del Legajo cit.).
Zonas francas: En muchos casos, la operación se realizaba con la abierta complicidad de las policías de la jurisdicción, como surge del siguiente legajo:
“... el 19 de mayo de 1976, siendo las 1,30 de la madrugada, llegaron al domicilio de mi hijo varias personas del sexo masculino, con uniformes verdes y otros de azul, el rostro cubiero y portando armas de grueso calibre, violentaron la puerta, rompiendo la cerradura y se llevaron a mi hijo (...) Este hecho ocurrió a escasos 50 metros de la comisaría El Manantial. Cuando mi hija fue a comunicar lo sucedido con mi hijo, instantes posteriores al procedimiento, no le quisieron tomar declaración y anotaron en un papel diciendo que ya tomarían las medidas del caso...” (Leg. 96-G-84. Manuel Antonio Gianfrancisco, 29 años, plomero).
Igualmente, Leg. 104-J-84, López de Jait, Elsa Raquel; 27 años, ama de casa; fecha: 9 de Julio de 1976). Secuestrada de su vivienda, en zona de alta concentración de edificios militares, y a una cuadra del comando y servicio de informaciones del Ejército; domicilio: Laprida 1132.
Igualmente, el ciudadano Juan Andrés Molina (Leg. 429-M-84) fue secuestrado, desaparecido posteriormente, de la puerta de una comisaría.
Apagón de luces: Era habitual, asimismo, el corte de energía eléctrica en la zona (Leg. 125-S-84; 378-Ch-84 y 101-P-84).
1.1.3 Momento elegido para el operativo Secuestro.
La hora elegida para concretar el operativo es preferentemente la de la madrugada, especialmente cuando el mismo se realiza en el domicilio de la víctima (ver capítulo correspondiente). Las razones son simples: a esa hora el futuro secuestrado está descansado en su hogar y se verá bruscamente sobresaltado y rodeado por el grupo agresor;esto facilita la eficacia de la operación. El efecto atemorizador también se ve potenciado en su faz más siniestra al realizarse al amparo de las sombras de la noche.
La hora puede variar según se hubiera realizado en el lugar de trabajo de la víctima o en la vía pública, concretándose a veces a plena luz del día.
1.1.4 Aplicación de la violencia en los operativos de secuestro
Un ingrediente siempre presente en estos operativos es el despliegue abrumador de violencia que acompaña a todo su desarrollo, cruelmente descargado sobre el objetivo.
La aparente irracionalidad en la descarga de la fuerza física no lo es tal en realidad, sino que persigue finalidades muy concretas. En primer lugar, mediante su aplicación se logra paralizar a la víctima –ya en estado de absoluta indefensión por la desfavorable proporción numérica ante sus agresores– facilitando la rapidez y la eficiencia operativa:
“... siendo más o menos las 3 de la mañana, u grupo de personas, alrededor de 30, irrumpieron en su casa, volteando la puerta de entrada, que se encontraba trabada por un pasador y que el compareciente, asustado por el ruido que produjeron, se levantó y se dio con que en la casa se encontraban ese grupo de personas, todas vistiendo de civil, portando armas largas y potentes linternas, con las que lo encandilaron, e inmediatamente, empezaron a aplicarle trompadas y patadas y al mismo tiempo le tiraron una frazada encima de la cara y el cuerpo, para que no pudiera reconocerlos a los incursores. Luego de eso, le pusieron esposas en la mano, en posición hacia delante y le vendaron los ojos, con vendas especiales que llevaban (...) Antes de vendarle los ojos, uno de los individuos se dirigió a otro que aparentemente comandaba el grupo, el que por su forma de pararse, parecía ser un militar o un policía de alta jerarquía, y que además parecía ser muy culto, luego, procedieron a romper los muebles, camas, colchones, etcétera, revolviendo todo (...) Luego de eso, lo sacaron a empujones y lo llevaron varias cuadras a pie, por el barrio hasta donde se encontraban unos automóviles en donde lo introdujeron en uno de ellos y lo tiraron en el piso del asiento trasero, y los que iban atrás comenzaron a pisarlo en forma despiadada...” (Leg. 231-N-84. Núñez, Carlos M. Secuestro y posterior liberación).
En la causa transcripta vuelve a reiterarse el copamiento de la zona por parte de los efectivos intervinientes en el secuestro, lo que opera como acción intimidatoria sobre el vecindario, evitando así la aparición de potenciales testigos, otros de los objetivos buscados a través de la violencia inherente al operativo.
Los secuestradores saben asimismo, que tendrán un eventual escollo en la familia de la persona buscada, dado que el impulso natural de ésta es evitar desesperadamente que se consume el secuestro del ser querido que va a ser arrancado del hogar. Por ello, resulta también habitual el atropello físico contra los familiares.
“... El día 29 de mayo de 1976, como lo hacían todas las noches desde el fallecimiento de su esposo, la denunciante con su hijo Luis Adolfo, el menor de todos, y con quien vivía, rezaron un rosario y se acostaron a dormir, en la misma habitación, haciéndose compañía. Ya dormidos, fueron despertados opr un ruido muy fuerte, que provenía de la puerta del comedor que da a la calle, se levanta la dicente y enciende la luz y se encuentra con un militar uniformado, con sus ropas de combate color verde, un sobretodo militar y su correspondiente gorra, y más de veinte personas, entre las cuales pudo reconocer a algunos con uniformes de policía de la provincia, otros con uniformes de la Policía Federal, de civil y soldados uniformados que trataban de disimular con su cara pintada. Sorprendida y asustada, preguntó qué querían, y ese militar le dijo a su hijo: “levántate, Luis Adolfo”. Su hijo, sorprendido y angustiado, preguntó: “qué es lo quieren conmigo”, y el militar respondió: “hacerte algunas preguntas”. El militar dio a los otros la orden que lo lleven así como estaba, y como hacía mucho frío y su hijo vestía un pijama liviano y estaba descalzo, se interpuso y no dejó que lo saquen así a la calle, entonces le permitieron que se vista. En ese ínterin entró al dormitorio el empleado policial a quien la denunciante conocía de vista y que se trata del señor Roberto Albornoz, el que llevaba en sus manos un objeto contundente, no sabe precisar si era un garrote o un arma larga. El asunto es que cuando quieren sacarlo por la fuerza a su hijo, la dicente se opone y uno del grupo, con una linterna que llevaba en sus manos, la golpeaba violentamente a la altura del pecho y la tiraba sobre la cama, sin respetarla como madre, ni que estuviera vestida con el camisón de dormir. A todo esto los otros integrantes de ese grupo numeroso, comenzaron a revisar la casa (...) (llevándose) libros (...) y también hurtaron todo el dinero que había en la casa, unos setenta mil pesos ley 18.188, todas las joyas, que eran bastantes, porque eran seis pares de aros de oro, cuatro anillos de oro, dos de ellos muy valiosos, le rompieron la heladera y comieron cuanto encontraron, en fin, actuaron como bandidos, ya que todo lo de valor que encontraban a mano, se lo hurtaron. Cuando su hijo terminó de vestirse, el militar se dirigió a los integrantes del grupo y uno de ellos dijo: “Todo listo, mi Capitán González Nallas” (se refiere, seguramente, al Capitán Arturo Félix González Naya –Nota de la C.C.D.H. –), y éste ordenó que se lleven al muchacho. La exponente como madre se aferraba a su hijo y el militar la empujaba hacia el interior de la habitación, tratando de cerrarle la puerta, pero la dicente consiguió abrirla y salió por atrás de ellos, observando que la puerta de calle estaba totalmente destrozada y que se alejaban varios vehículos, Luego supo por versiones de los vecinos (...) que un gran número de policías y militares habían rodeado la manzana utilizando carros de asalto, camionetas y automóviles”. (Leg. 38-H-84. Holmquist, Luis Adolfo. Desaparición, 20 años, estudiante).
Igualmente, citamos la denuncia correspondiente al legajo 378-CH-84 (Chaparro, Santos Aurelio. Su propia detención y apremios ilegales):
“... Siendo las 9 de la noche, llegan a su casa un grupo de 6 personas, (...) El compareciente se encontraba cenando con su familia, estaban a cara descubierta y portaban armas cortas y largas; todos tenían una tonada como si fueran del Litoral. Uno de ellos preguntó por el nombre del compareciente (...) y cuando éste se levantó y les dijo yo soy Chaparro, sacaron una toalla del baño y le ataron la cabeza. A su hijo lo hicieron tirar boca abajo y a su padre, que para entonces tenía 75 años, también lo tiran boca abajo y le pegan un culatazo en la cabeza...”.
En el Leg. 225, Desaparición de Gustavo Raúl Santillán (22 años, estudiante secuestrado el 11/06/76), leemos:
“... escuché los gritos de mi esposo que decía no me maten, no me peguen, todo ello por repetidas veces; también otra voz decía: “átenlo, átenlo”. Estos gritos en demanda de auxilio eran tan desgarradores, que todos nosotros, mi madre, mi hermano y yo, nos angustiamos tanto que procuramos salir hacia el portón (...) entonces vino el hombre que ya estaba en el garage, un hombre de más o menos 40 años, moreno, que vestía una remera turquesa y botines negros, media caña, éste parecía el jefe del grupo, ya que los demás se callaban cuando él hablaba y diciendo: “qué tanto joder, vayan adentro”, dándome un puntapié con todas sus fuerzas, tanto que me levantó en vilo; luego, como mi hermano se encontraba junto a mí, también le pegó en la cara (mi hermano tiene 16 años); después de esto a empujones nos llevó a la cocina donde se encontraba mi madre con mi huja en brazos y otro, sin considerar que se encontraba con una criatura de un año en brazos, le dio un empujón y la tiró al piso junto con la nena; mi hermano frente a ese atropello, le dijo al que empujó a mi madre: “despacio con mi mamá”, y éste respondió apuntándole con la ametralladora: “callate mocoso, que te voy a matar” (...) Nos encerraron a continuación en mi dormitorio, con la intimidación de que apagáramos la luz y no la prendiéramos nuevamente y que no saliéramos de la pieza, a todo esto ya no escuchábamos la voz de mi esposo, no pudiendo precisar en consecuencia si lo habían amordazado o estaba inconsciente por los golpes, ya que como digo, gritaba: “no me peguen, no me maten”...”.
Muchas veces, el ensañamiento contra el secuestrado y su familia, llega a extremos como la destrucción de la vivienda –generalmente provocando incendios– sobre la que se realizó el procedimiento.
“... El día 3 de enero de 1976, un grupo compuesto por aproximadamente 5 o 6 personas, golpearon la puerta de su casa, que por ese entonces estaba ubicada en el ingenio Santa Rosa (...) Tomaron al secuestrado, le pusieron una venda en los ojos, le ataron las manos para atrás y posteriormente le pusieron una inyección, la cual destilaba un profundo olor a alcohol. Luego de eso le preguntaron si tenía querosén en la casa, la dicente negó. Dicho esto, los incursores se fueron y al cabo de poco tiempo, casi a los 5 o 10 minutos, volvieron nuevamente. Cuando la exponente sintió el ruido de los autos que llegaban, salió corriendo con su hija hasta la casa de un vecino. Cuando se encontraba en la casa de esos vecinos vio que ese grupo de gente rociaba su casa con algún líquido inflamable, que podía ser querosén o nafta y acto seguido le prendieron fuego, quedando totalmente destruida. Hace notar que su vivienda era un galpón de 9 metros de ancho por 15 metros de largo y que estaba construido en las paredes por bloque de cemento y el techo de paja. Y encima chapas de zinc, el piso era de tierra, la casa quedó totalmente destruida, como así también muebles, enseres, y ropas de todos los habitantes. En resumen, perdieron todo...”. (Leg. 244-M-84. Desaparición de Jiménez, Juan Ángel y Barraza, René Argentino).
En la casa número 359-V-84:
“Demás está decir, que todo este operativo lo hicieron tanto en mi casa, como en la de mi hermano, con violencia inusitada, procediendo a destrozar todo lo que encontraban a su paso...”.
Testimonios similares se encuentran asentados en los legajos correspondientes a los números 170-P-84 y 27-M-84. Otros casos de descomunal violencia los tenemos en los legajos siguientes:
Causa 237-A-84. René Armando Castellanos Alderete. Su secuestro y desaparición:
“... que el día 28 de mayo de 1976, siendo aproximadamente las 04.00 horas de la madrugada, un grupo de gente compuesto por cuatro personas más o menos, violentaron la puerta de su casa entrando dentro de la misma; la exponente, junto con su marido y su hijo, al sentir semejante ruido, se levantaron y vieron un grupo de cuatro personas, vistiendo uniforme verde-oliva, gorras y botas, portando armas largas, que se encontraban dentro de la casa, los mismos iban a cara descubierta, pero su cara pintada con una sustancia negra, aparentemente carbón, para que no se los reconociera, tenían una tonada media santiagueña y medios roncos para conversar, los que le preguntaron a su hijo si él era René Armando Castellanos, cuando éste les dijo que sí, lo agarraron a golpes de puños y culatazos, lo sacaron de la casa, con las manos atadas y los ojos vendados y lo introdujeron en un auto, que los estaba esperando en la puerta con el motor en marcha. El vehículo era un auto de color blanco, mediano, no sabe el número de chapa patente, sólo sabe que a su hijo lo introdujeron en el baúl del auto y se fueron raudamente con rumbo desconocido.,.”.
En la causa 159-R-84, Reyes Alcario Romero. Su secuestro y desasparición, se expresa:
“... que el día 20 de Julio de 1977, a las 03,00 horas de la madrugada, recuerda que su marido despertó repentinamente y la llamó a su esposa (la compareciente) quien por entonces se encontraba embarazada de seis meses, diciéndole “no te asustes que estamos rodeados por la policía”, a lo que la dicente contestó “que no le tenía miedo a nada”. Ocurrió entonces que patearon la puerta abriéndose violentamente e ingresaron a su hogar alrededor de un grupo de 15 personas, todas con uniforme verde-oliva, con cascos, a cara descubierta, y todos fuertemente armados con ametralladoras, presumiendo la exponente que se trataba de tropas del Ejército por la manera con que se encontraban vestidos (...) a su esposo que recién apenas se había sentado en el costado de la cama, lo tomaron de un brazo, así como estaba vestido, con pantalón corto, camiseta y descalzo y lo tiraron contra la otra cama, boca abajo, donde le vendaron los ojos, con una tela blanca que le cubría boca y nariz, maniatándole las manos y los pies. Mientras esto ocurría la exponente era salvajemente golpeada, le dieron una patada en la boca, lo que le produjo la rotura de dos dientes, lo mismo que en la zona de los riñones y como estaba embarazada le pegaron en el vientre, diciéndole: “te vamos a hacer parir a tu hijo a patadas”, recuerda también que dos de sus hijitas, una de ellas de tres años y la otra de dos, se aferraban a su padre de las piernas, a lo que los raptores las trataban de separar pegándoles e inclusive la tiraron a una de ellas contra una de las camas, la dicente entonces le rogaba a los secuestradores que no le peguen más a sus chicos, a lo que éstos le contestaban “que se calle la boca, porque sino la iban a matar”. (...) por último lo cargaron a su esposo entre dos, uno de la cabeza y otro de los pies, cerraron la puerta de la casa diciéndole “que lo llevaban a él y que no lo espere más” ...”.
Efectos traumáticos de la violencia en los familiares
Los familiares de la persona secuestrada resultaron particularmente afectados por la brutalidad del terrorismo de Estado. No solamente debían soportar el doloroso espectáculo de presenciar los golpes, vejámenes al ser querido que les era arrancado bárbaramente en lo que constituía el comienzo de un calvario lastimoso recabando información sistemáticamente negada, sino que también –como hemos visto– se convirtían en destinatarios de la furiosa actitud de las patotas.
“... fue interrogada acerca de dónde se encontraba su esposo, golpeándola salvajemente. Que también estaban sus cinco hijos, de corta edad, teniendo el mayor 11 años en aquella época y el menor 1 año y 3 meses de edad. Que el primero sufrió una crisis de nervios al ver la violencia con que actuaban esas fuerzas...” (Leg. 309. Desaparición de Luis Pastor Armella, albañil, 36 años, fecha: 15/10/76).
Ello podía ocurrir en forma prolongada o repetida, como está denunciado en la causa siguiente:
“...Después de esto y durante muchos meses, soldados del Ejército llegaban imprevistamente a su domicilio, en cualquier momento del día o de la noche, los hacían poner contra la pared mientras revisaban y destrozaban todo lo que había en la casa hasta dejarla prácticamente a la miseria...”. (Leg. 146-S-84. Desaparición de José Jacinto Sión, obrero, 34 años, fecha: 15/07/75).
Otro caso de hondo contenido dramático es el correspondiente a la desaparición de la doctora Elda Leonor Calabró, conocida profesionalmente del medio, secuestrada el 15/06/76, cuando circulaba en automóvil en compañía de su madre y su hermano:
“... conducía el automóvil marca Dodge Coronado, patente N° T-040323, en compañía de mi hermana, Elda, y de mi madre Antonia Di Marco de Calabró, fallecida el 21/05/77, la que no pudo soportar la desaparición de su hijja y tras una penosa enfermedad de 90 días, causada por la pena, deja de existir por una trombosis cerebral...” (Leg. 1-C-84).
Casos de persecución sistemática y cruel
Otros casos de hondo contenido dramático, donde se demuestra una actitud de persecución sistemática y extrema, tales como los casos de:
Causa 160-Y-84. Yánez, Tirso Luis, de la denuncia desglosamos:
“... hecho ocurrido el 5 de abril de 1975. Pero antes de esta fecha ocurrieron dos circunstancias en su domicilio particular, directamente ligadas, según entiende, a la detención y posterior desaparición de su hijo”. No recuerda fecha exacta pero ocurrió en el mes de diciembre de 1974, por motivos que ignora, pero coincidentes con otros atentados, le colocaron dos bombas de alto poder explosivo, la primera no reventó y la segunda, como a los 15 días le destrozó todo el frente de la casa: a esa fecha su hijo que trabajaba en un taller metalúrgico, estaba viviendo en Concepción por intermedio de (...) que es de nombre (...) y que vive en la calle (...) se enteró dos días después, que el día 4 de abril de 1975, como a las 22,00 horas, más o menos, se hace presente en el domicilio de la familia (...) que en ese entonces era en calle (...) un grupo de la Policía Federal y militares, buscando a su hijo, como allí no vivía, llevaron detenido hasta la Jefatura, el joven de 16 años de edad (...) que ahora vive en Buenos Aires, luego de ser interrogado y atemorizado, consiguieron que les diera la dirección de la ciudad de Concepción, con él se fueron hasta allí, donde llegaron como a las tres y media de la mañana del día siguiente, sabe por una vecina de la calle (...) que esos efectivos prácticamente destrozaron la puerta de la casa de su hijo, donde procedieron a la detención del mismo”.
Otro claro caso es la causa 61-E-84. Librería To-Be, de Pedro Estrella, donde dice:
“... que viene a poner en conocimiento de esta Comisión Bicameral, un atentado cometido el día 15 de agosto de 1974, a horas 04,00, en el local de calle Chacabuco 67, de esta ciudad, donde para esa fecha funcionaba una librería denominada “To-Be” que era propiedad de su padre Pedro Estrella, donde explotó una bomba de alto poder que destruyó prácticamente todo el local y las mercaderías (...) luego de la explosión de esa poderosa bomba una amenaza por escrito, dirigida por correspondencia a su padre a su domicilio de calle (...), de esta ciudad, en donde le daban un plazo para desaparecer de Tucumán, en 8 días, bajo pena de hacerlos desaparecer a todos, es decir de darles muerte a todos, y ese anónimo estaba identificado con las siglas de la Triple A. Por miedo y a consecuencia de la amenaza, porque realmente sintieron miedo por sus vidas debieron emigrar de Tucumán, radicándose el dicente en la República de Bolivia y su padre con su madre, en la ciudad de Buenos Aires. (...) Nunca más los amenazaron en esta ciudad, lógicamente porque no estaban, pero su padre sí, en Buenos Aires fue nuevamente amenazado de muerte, por la Triple A...”.
Otro caso patético de persecución sistemática es la causa 57-E-84. Espeche, Enrique Ernesto. Su secuestro y desaparición, donde entre otras cosas expone:
“... Que en la madrugada del 28 de mayo de 1977, siendo aproximadamente las 3 o 4 horas, un grupo de numerosos hombres, vestidos de civil, fuertemente armados y sus rostros cubiertos por capuchas, ingresaron por los fondos de la casa de un vecino, que comunica con el inmueble de la calle (...) en donde tiene instalado un negocio. Que en el momento de producirse los hechos nadie vivía en el inmueble, razón por la cual el grupo incursor salió del mismo y al ser informados por algunos vecinos que prácticamente al frente vivían familiares del matrimonio (...) se dirigieron a esta última. Una vez frente a la casa, mientras golpeaban la puerta, gritaban “Abran la puerta, es la policía”. Ante ello, un hijo de la compareciente, de nombre (...) que junto a su esposa, un hijito de un año de edad y sus abuelos paternos habitaban el inmueble, les permitió el acceso a él, siendo inmediatamente reducidos (...) En realidad, tal como surgió de inmediato ante las preguntas que formulaban los incursores, a quien buscaban era a su hermano, de nombre (...) mediante golpes procuraron hacer decir a (...) dónde se hallaba su referido hermano, pero aquél respondió obstinadamente que lo ignoraba. Fue así que los desconocidos decidieron marcharse llevándose con ellos a (...) al que obligaron a ascender a uno de los vehículos en que se desplazaban. De inmediato se dirigieron al domicilio donde habitaban sus padres en el domicilio de la calle (...) al llegar al mismo (...) les pidió por favor que le permitieran ser él quien despertara a sus padres, a fin de disminuir algo la indudable alarma que sentirían ante lo que estaba ocurriendo. Fue así que llamó a sus padres, a través de una ventana que daba al dormitorio de los mismos, avisándoles que: “la policía anda buscando a (...)”, ante ello el marido de la compareciente abrió la puerta de calle y permitió el acceso del grupo incursor a la casa. Inmediatamente empezaron a golpearlo mientras preguntaban por el paradero de su hijo. En un comienzo su marido intentó guardar silencio, pero al ver que los agresores remontaban sus armas al parecer dispuestos a darle muerte, indicó a su hijo (...) que les dijese dónde se encontraba su otro hijo a quien buscaban, (...) Entonces subieron nuevamente a uno de los autos y éste, obedeciendo la orden de su padre, los condujo al domicilio de (...), allí descendió y fue a la casa donde se encontraba su hermano preparando una tésis para acceder al doctorado de Física. Fue así que el mencionado hermano abrió la puerta de calle permitiendo el acceso al inmueble al grupo que andaba en su búsqueda (...) de inmediato lo redujeron y lo obligaron a subir a uno de los vehículos partiendo con rumbo desconocido”.
Causa 231-N-Núñez, Carlos Moisés.
“... Cuando llegaron se despidieron y el compareciente se dirigió s tomar el ómnibus de la línea 8 y fue hasta su casa, en el barrio Esteban Echeverría, calle Emilio Castelar N° 2521. Cuando llegó, se dio con que su casa de madera ya no estaba en el lote, había sólo cenizas, unos vecinos se acercaron y le contaron que le habían prendido fuego a la casa, los que detuvieron al compareciente”.
Asimismo, nos remitiremos a la causa 244-M-84, que ya fuera citada anteriormente.
1.1.5 Vehículos empleados
1.1.5.1 Vehículos particulares
Aquí encontramos nuevamente otro símbolo de esa etapa funesta: los Ford Falcon, sin chapa patente, o con ésta adulterada. En el legajo 392-CH-84, se habla de “dos vehículos: un Ford Falcon color verde y un Renault 12...”.
También en el legajo 418-J-85:
“... fue obligado a subir a un vehículo al que no pudo individualizar, pero supone que por su amplitud y ruido, podría haber sido un Ford Falcon...”.
En otra denuncia recibida por esta Comisión, se transcribe lo siguiente:
“... Fue introducido en un vehículo, esto lo sabe por un vecino que pudo ver, y también le contó que había tres autos: un Ford Falcon color blanco, los otros color negro...” (Leg. 298-T-84. Desaparición de Manuel Asencio Tajan, 23 años, jornalero y dirigente gremial azucarero; fecha: 24 de marzo de 1976).
Igualmente, extraemos del Leg. 340-V-84: “... se encontraban tres automóviles sin chapas patentes...”. Generalmente se usaba vehículos grandes, para facilitar los movimientos de los secuestradores y el traslado del prisionero; resulta evidente que el automóvil que más se ajustaba a las características requeridas para concretar los procedimientos resultaba ser el Ford Falcon, razón por la que era el más utilizado.
En el caso correspondiente a la desaparición del ciudadano Ismael Daris (26 años, estudiante de Ciencias Económicas) testigos de su secuestro alcanzaron a observar el número de la chapa patente, la cual –según ha investigado esta Comisión– no resulta registrada en nuestra provincia. (Leg. 127-A-84).
“... frente al número 557 de calle 9 de Julio se detuvo un automóvil Opel, chapa patente C617395, color verde limón, del que descendieron 5 personas, aprehendieron a su hijo y a la fuerza lo introdujeron en el coche...”.
También el número de uno de los vehículos intervinientes pudo ser identificado en la causa correspondiente al Leg. 200-A-84, siendo éste dato registrado en la denuncia que los familiares de la víctima asentaron en la comisaría policial correspondiente a Villa Luján, sin que tuvieran novedad alguna al respecto.
1.1.5.2 Vehículos oficiales
Así como en ocasión de analizar las características correspondientes a los grupos operativos, veíamos que si bien lo usual era la clandestinidad (ropas civiles, capuchas, etcétera) a veces estaban uniformados y a cara descubierta, como si se tratara de un operativo regular y legal, algo similar puede señalarse respecto a los vehículos utilizados en el operativo secuestro, demostrando una vez más la estrecha interconexión entre el aparato de represión regular y el otro, paralelo y clandestino. Veamos así, la causa del Leg. 342:
“... observando lo sucedido en la calle y constatando que en ella esperaban dos vehículos: una camioneta color verde, que pertenecía a Bienestar Social, y un Falcon verde olivo, sin chapa y con un hombre en cada uno de los vehículos, pudiendo ver que de esta manera mi hijo era introducido en el Falcon estando aún desmayado (por los golpes recibidos)...”
En el caso siguiente, se trata de un vehículo perteneciente a la Policía de la Provincia:
“... en las primeras horas del día 1-12-75 (su nuera) fue hasta su casa y le contó que siendo la hora 1.30, más o menos, llamaron a la puerta de su casa varias personas, todas con uniforme azul, de los mismos que usa la policía y preguntaron por Pedro Epifanio Correa; que al responder su hijo “soy yo”, le ordenaron que se vista y salga hacia fuera; así lo hizo y entonces le vendaron los ojos, le colocaron esposas en las muñecas y le hicieron subir en un carro de asalto policial”. (Leg. 351 y 363-C-84. Desaparición de Correa, Pedro Epifanio, en V. Carmela, 33 años).
En la misma causa, la esposa de Correa, abunda en más datos:
“... introdujeron a su marido en uno de los autos que esperaban y que eran los característicos que usa la policía, con la insignia correspondiente en la puerta, y la luz sirena colocada en el techo...”.
Aquí pareciera haber una confusión respecto a las características del vehículo policial, comparando los testimonios de ambos comparantes, aunque debe señalarse que quien presenció el hecho fue la esposa de la víctima quien comunicó a su suegro la novedad inmediata. Pero de lo que no caben dudas es de que se trató de un vehículo perteneciente a la policía.
La causa 309, asimismo, habla de “.... cinco individuos vistiendo uniformes verdes del Ejército, que se movilizaban en un jeep y en un camión...”; mientras la 205-C-84, hace mención a “... personas vestidas de civil, que dijeron pertenecer a la Policía Federal...”, y que introdujeron al prisionero “... en un camión, donde se encontraban otras personas en idéntica situación”.
Evidencias similares se encuentran en la declaración prestada ante esta Comisión por la madre del desaparecido Raúl Ricardo Ruiz; 24 años, técnico mecánico (leg. 13-L-84), secuestrado en la localidad de Cebil Pozo el 11 de noviembre de 1975 por un grupo de alrededor de 10 personas...”.
“... vestidas de civil, pero fuertemente armadas. Lo hicieron en vehículos policiales, según lo manifestado por vecinos del lugar...”.
En el Leg. 101-P-84, vuelve a estar presente una camioneta del Ministerio de Bienestar Social, aunque esta vez es “.... de color verde con franja blanca”.
El Leg. 293-R-84, parece prácticamente sintetizar todo lo descrito hasta aquí, referido a la tipología de la mecánica del secuestro y posterior desaparición de personas. Dicha carpeta se refiere al ciudadano José Zenón Ruiz, 26 años, agente de la Dirección General de Institutos Penales, arrancado de su domicilio en las circunstancias siguientes:
“El 28 de julio de 1975, siendo las horas 3.00 de la madrugada, aproximadamente, hasta su domicilio de calle Italia 3435, de San Miguel de Tucumán, llegó una comisión policial al mando del comisario inspector Roberto Albornoz, integrada por unos 15 efectivos vestidos de civil y armadas con armas cortas y largas, derribaron la puerta del inmueble e ingresaron de inmediato, procediendo a encañonar a la deponente y a su cónyuge, identificado que fue Zenón Ruiz, lo sacaron vestido en su ropa de cama, introduciéndolo en una camioneta de color beige, cubierta ya su cabeza con una capucha. Al querer intervenir a favor de su marido, la declarante recibió sendas cachetadas propinadas por dos de los incursores. No obstante ello alcanzó a decirle al mencionado Albornoz: “mire que se lleva usted detenido a mi marido”, a lo que él respondió dirigiéndose a sus subordinados “hagan entrar a esa mujer o procedan como deben hacerlo”; ante ello fue obligada a ingresar a la vivienda mientras le apuntaban a ella y a uno de sus hijitos... (al marchar la camioneta del lugar) pudo advertir la declarante que se desplazaban en dos camionetas (una de ellas con una leyenda en la puerta que decía “Agua y Energía” y un automóvil”.
1.1.5.3 Utilización de vehículos de las víctimas
También solían usar los vehículos y automóviles sustraídos a las víctimas para realizar sus operativos.
En la causa 163-M-84, el compareciente –secuestrado que recuperó su libertad– dice que una vez que se curó de sus males (del cautiverio) se puso en la tarea de localizar el vehículo (un Chevy modelo 72):
“Realizó numerosas diligencias hasta que confidencialmente le llegó la información de que su automóvil era utilizado por personal militar. Un día se cruza de frente con su automóvil, lo reconoce en el acto, pese a que había sido pintado de azul y en él se movilizaban dos militares uniformados, lo siguió en otro coche discretamente y lo vio entrar en la unidad militar de calle Laprida casi esquina Italia (...) Trató de recurrir a dependencias oficiales y averiguar qué es lo que tenía que hacer y así pasaron varios días hasta que en el diario La Gaceta se publicó que en la zona de Cebil Redondo habían colocado explosivos en un coche Chevy donde había perdido la vida dos personas. Por curiosidad concurrió y descubrió que se trataba de su automóvil que había estado en uso de los militares...”.
En el Leg. 268-B-84 Villalba, Bernardo Samuel. Secuestro y Desaparición, en un párrafo de su denuncia la compareciente expresa:
“... ante su respuestas afirmativa, lo maniataron, vendaron los ojos y lo introdujeron en un automóvil Ford Falcon color verde malva, techo negor, modelo 1976, tipo Futura, chapa patente C639447, motor N° D.P.T.A. 23783, carrocería K.A. 16 P.T. 16595, de propiedad del desaparecido. (...) nunca más tuvieron noticia alguna del automóvil en cuestión...”. A fs.2 figura agregada fotocopia de la denuncia radicada el 22 de abril de 1977, por ante la comisaría de Banda del Río Salí”.
En el Leg. 436-M-85, Mitrovich de Torres Correa y otro,. Secuestro y Desaparición, hay un hecho similar que la denunciante expresa:
“... al ocurrir lo antes indicado, parecería que los captores se llevaron un automóvil de propiedad de la señora ... (...) el cual según lo manifestado en el formulario precedentemente referido, le fue devuelto con posterioridad por autoridades militares”.
En el Leg. 274-R-84, Rondoletto, María Cenador de y otros. Secuestro y desaparición, la denunciante amplía el tema en una parte que dice:
“... el auto de su padre era un Ami 8, tipo Citröen, chapa patente N° T043154 y el de su hermano era un Citröen 3CV, patente N° T037164 (...) le expresó a la compareciente que él mismo condujo el auto de Jorge hasta la Jefatura de Policía de Tucumán (...) al entregarlo pidió una constancia de la entrega del vehículo, pero en la policía se negaron terminantemente a dársela...”.
En el Leg. 78-A-84, Rosales, Francisco Próspero. Secuestro y Desaparición, la denunciante en un párrafo expresa:
“... en la oportunidad los incursores se llevaron una camioneta tipo pick-up marca Chevrolet modelo CS 10734/7/70, motor N° A231-33447. Jamás volví a tener noticias de ese veh+iculo”.
En el Leg. 56-O-84; Ponce, Humberto Rubén. Secuestro y desaparición, el denunciante inserta un párrafo que dice:
“... se marcharon llevándose con ellos al ahora desaparecido y pequeñas cosas como dinero y ropas y además el auto de la esposa de la compareciente (...) el grupo manifestó que era del Ejército”.
1.2 Duración de los Operativos
El desarrollo de los operativos era el trámite rápido y sus secuencias vertiginosas, condición ésta básica, como ya vimos, para asegurar el cumplimiento del objetivo: llevarse consigo a la víctima del allanamiento.
La superioridad numérica, la violencia, el despliegue ilimitado a los ojos del detenido, de una fuerza incontrastable por su dimensión y contundencia, etcétera, tenían como complemento necesario la rapidez de las acciones, sin perder nunca la iniciativa. Los efectivos copan la zona, rodean la casa o lugar del secuestro , irrumpen con energía inusitada y una actitud francamente agresiva, propinan golpes a todo aquél que intenta reaccionar, individualizan a la persona buscada, la reducen y la llevan hasta el vehículo operativo golpeándolo continuamente. Toda esta operación se realiza en un lapso que generalmente dura alrededor de 15 minutos.
Un factor imprevisto de demora de los plazos estará dado, generalmente por la ausencia de la víctima, lo que algunas veces suele suceder. En este caso, se inquirirá coactivamente sobre su paradero continuando el operativo en el lugar en que se crean encontrar a la persona buscada, o en caso de ello resultar imposible, había ocasiones en que optaban por esperarla, montando una “ratonera” en el lugar.
Un ejemplo típico de esta situación, acompañado por una larga permanencia en el lugar del secuestro –en este caso el domicilio– está planteado con referencia a la desaparición de María Teresa Sánchez, maestra diferencial, ocurrida el 2 de noviembre de 1976. (Leg. 88-S-84):
Los hechos que se describen a continuación, se desarrollan en el hogar de María Teresa, ubicado en calle San Martín 1326, de esta Capital, donde residía con su familia:
“A horas 2.30 de la madrugada, golpearon la puerta de su casa por el lado del garage. “Abra la puerta, señora, es la policía” (...) penetrando un grupo de 5 o 6 personas con pantalones de fajina, algunos azules, otros verdosos, y camisas comunes de color oscuro, calzados con zapatillas, todos con pañuelos que le cubrían la mitad del rostro. Ordenaron entonces a su esposo que se tirara boca abajo, en un sillón y le ordenaron a la dicente que se encerrara en el baño, mientras tanto le preguntaban a su esposo por su hija, mencionando el nombre de su apodo “Mori”, a lo que su esposo le contestó que no estaba en casa y que les había avisado que esa noche no iba a ir. Luego le preguntaron lo mismo a la dicente; preguntaron si era posible que estuviera en la casa de una amiga de su hija, que vivía a la vuelta, lo que también le extrañó a la que habla, ya que también la mencionaron por su nombre (...) Luego de esto los encerraron a la declarante y a su esposo en su propia habitación, bajo llave, mientras que un grupo se dirigió a las habitaciones de atrás y otros subían a los techos de la casa. Continúa su relato diciendo que el grupo se quedó en la casa toda la noche: en el comedor algunos, y otros en el consultorio de su hijo. Al día siguiente la despertaron a la doméstica y le pidieron que les hiciera el mate cocido (...) Que alrededor de las 10 de la mañana llegó a su casa su otra hija casada, que vivía a la vuelta, abriéndole la puerta los policías, haciéndola entrar y encerrándola en una de las habitaciones que estaban vacías; pero poco tiempo después pidió encarecidamente que la dejaran volver a su hogar, ya que había dejado el horno prendido y su pequeño hijo que nadie lo cuidara (...) Luego, a eso de las 11 de la mañana, llegó su otro hijo, haciéndolo entrar de igual manera e introduciéndolo en la habitación en la que estaban la que narra y su esposo; lo mismo ocurrió cuando llegó su hijo mayor de su comercio, encerrándolo en la misma habitación. A las 13.30 horas llegó su hija Mori de la escuela y el grupo la sorprendió; en ese momento pegó un grito que inclusive lo escucharon los vecinos (...) el grupo de secuestradores permaneció en su casa hasta las 7 de la tarde, hora en que se retiraron”.
1.3 Lugares donde se realiza el Operativo Secuestro 1.3.1 Secuestro en el domicilio de la víctima La inmensa mayoría de los secuestros son ejecutados en las viviendas de las personas buscadas. Casi la totalidad de los testimonios transcriptos hasta ahora pueden clasificarse dentro de esa categoría (92% aproximadamente).
Resulta evidente que este “modus operandi” de los grupos terroristas que actuaron en la represión era el que mejor resultados les ofrecía, en cuanto a seguridad, eficacia y rapidez.
Por otro lado, el hecho de que el 92% de los secuestros hayan sido perpretados en el domicilio de las víctimas, con ostentación y despliegue abrumador de efectivos, violencia y medios militares frente a individuos indefensos, siempre con presencia de testigos, utilizando medios y estructuras institucionales, etcétera, pulveriza una de las principales falacias utilizadas por los apólogos de la doctrina de seguridad nacional y por las usinas propagandísticas del terrorismo de estado, en el sentido de que se libró una guerra, en la que se cometieron excesos, inevitables en toda contienda armada, de lo que resultaría que las desapariciones son parte de excesos.
Lejos de eso, la desigualdad grotesca de estos supuestos “combates” como los que estamos transcribiendo, tornan una negra humorada dicha caracterización de “guerra”, siempre acompañada de adjetivos grandilocuentes por la propaganda del régimen: “guerra heroica contra la subversión”, “guerra triunfante”, “guerra en defensa de los valores occidentales y cristianos”, etcétera.
Ni hubo guerra, ni se trata de meros excesos, ni mucho menos de hechos aislados. Estamos en presencia de una acción represiva, planificada con cruel racionalidad, con el objeto de difundir el terror y frente a violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
De esta manera, la comprobación categórica de que un grado incomparable de secuestros se perpetraron en el domicilio del desaparecido, constituye una de las pruebas más fehacientes –como ya dijimos– de la falsedad de los slogans represivos repetidos durante años.
Analizaremos a continuación algunas de las variantes que podían presentarse en los operativos realizados en los domicilios de las víctimas, cada una de ellas compendios parciales del horror represivo.
Utilización de los familiares para ubicar a las víctimas
Cuando los captores irrumpían en el domicilio, encontrándose ausente la persona buscada, no vacilaban en coaccionar –castigando duramente– a los familiares para que les informaran sobre el paradero de la misma, e inclusive con el mismo familiar acudían al sitio donde presuntamente podría encontrarse la víctima.
Veamos la declaración efectuada por la madre de la ciudadana María Carmen Jaramillo Galindo (27 años, profesora de historia) desaparecida el 8 de enero de 1976 en Villa Marcos Paz, Yerba Buena (Leg. 41-G-84)
“... (su marido) oía que por la puerta del fondo lo llamaban por su nombre de pila, al decir “Don Manolo, abra la puerta”, repetidas veces. Por supuesto que su marido no abrió y que por el contrario comenzó a dar gritos de auxilio, cuando derribaron la puerta del fondo y entraron cuatro personas (...) Le preguntaron por su hija Carmen a lo que su esposo contestó que ésta se encontraba en la casa de su otra hija casada ya que el marido de ésta se encontraba en Santa Fe. Fue entonces que lo obligaron a acompañarlos a la casa de su otra hija a buscar a Carmen; así como se encontraba con pijamas lo llevaron a su esposo subiéndolo a un vehículo, que luego se enterará que eran cuatro autos los que participaron en el operativo. Llegados entonces a la casa de su hija Teresa y luego de que identificara al que estaba al mando, se comunicó por radio a los otros vehículos, diciéndoles que ese era el lugar, hecho lo cual la unidad anterior que lo llevaba a su marido siguió viaje, dando numerosas vueltas antes de devolverlo a su hogar...”.
En el caso del secuestro de Nemesio Barrionuevo (36 años, empleado ferroviario), desaparecido desde el 17/3/76, en su domicilio de Tafí Viejo, los captores obligaron a su hermano a acompañarlos utilizando para ello como rehenes a la esposa e hijos de éste (Leg. 312-B-84).
“... un grupo compuesto por muchas personas que se movilizaban en 3 vehículos particulares, se presentaron en su domicilio a la 1.50 aproximadamente de la madrugada, golpearon la puerta y de pronto se dio con que una persona lo encandilaba con una linterna muy potente y otro le ponía una ametralladora en el pecho, pudo advertir que todos, menos uno, estaban con la cara cubierta y eran muy violentos. Vestían todos de uniforme policial. Al ingresar a la vivienda, le preguntó si él era Humberto Barrionuevo, el compareciente le contestó que no, que Humberto era su hermano, en ese momento su esposa quiso prender la luz del velador, y uno de los incursores le dio un culatazo en el pecho, que la despidió contra el suelo. El que comandaba el grupo le dijo que lo llevara al domicilio de su hermano y que si no lo hacía o lo confundía, mataría a su esposa y a su hijo de dos años de edad, motivo por el cual dejarían a dos personas en la casa. Ante tal cuestionamiento el compareciente tuvo que acceder y lo introdujeron en un automóvil Torino, en donde había un negro corpulento que lo golpeó brutalmente, en verdad, todo el trayecto fue objeto de fuertes golpes, en el vehículo tirado en el piso correspondiente al asiento trasero, en donde también fue salvajemente golpeado, tan es así que le produjeron tres heridas en la cabeza (...) a cada rato le decían que lo iban a matar (...) El secuestro de su hermano les llevó 10 minutos, nuevamente volvieron al auto y arrancaron. En un momento determinado el que estaba a cara descubierta dijo: “y con éste qué hacemos”, a lo que el negro que le apuntaba dijo “lo matamos”, a lo que el otro contestó: “ya no nos sirve para nada, así que lo largamos” (...) Luego lo dejaron, entró a rogar por su hermano; en ese instante sintió un tiroteo y luego supo por versiones de vecinos que habían sacado a otro muchacho, por lo que estima debe ser el mismo grupo que sacó a su hermano y al compareciente. A consecuencia de lo acontecido, su esposa quedó con una depresión nerviosa, motivo por el cual la tuvo internada en un sanatorio neurosiquiátrico y el suegro de su hermano quedó postrado, más muerto que vivo...”.
Conocimiento en detalle de características personales de la víctima
Resulta llamativo en algunos casos el conocimiento detallado de que hacían gala los incursores en relación a la persona cuya aprehensión procuraban:
“... fueron despertados por luces de linterna que los enfocaban en el interior de la casa (...) como si conocieran la casa, y en especial, la cama donde dormía Manuel Fortunato, se fueron directamente hacia allí y llamándolo por su apodo de “Negro Correa”, le ordenaron levantarse...”.
No cabe duda de que en este caso actuaban guiados o asesorados por alguien que conocía cercanamente a la víctima. (Leg. 215. Desaparición de Manuel Fortunato Correa, 25 años, jornalero, domiciliado en el ex ingenio San José).
“... irrumpieron en su domicilio unos 10 hombres vestidos de civil, fuertemente armados y encapuchados. Una vez dentro del inmueble, uno de los incursores se dirigió hasta la cama donde dormían sus dos hijos y señalando a Rubén, les dijo a sus compañeros: “ése es”. De inmediato lo hicieron levantar y sin darle tiempo para que se vista, lo esposaron y descalzo, en paños menores, se lo llevaron...”. (Rubén Ignacio Zapata, 32 años, obrero, desaparecido desde el 25-11-75 en El Manantial, Departamento Lules. Leg. 214-V-84).
En el Leg. 283-V-84 (Vizcarra, Manuel Tomás y María Santos Madrid de) leemos:
“... que con fecha 20 de octubre de 1976 un grupo de personas –muchos– se presentaron en el domicilio de... (...) y luego de echar abajo la puerta (...) no le permitieron prender las luces y fueron encandilados con una linterna muy potente, no obstante (...) pudo ver que la mayoría portaba armas cortas y largas y que la mayoría del grupo calzaba botas tipo militar (...) todos estaban a cara descubierta menos uno que usaba capucha, y que era el que aparentemente comandaba el grupo (...) éste (el de la capucha) fijó su vista en un cuadro familiar y dijo “ésta es Chicha”, y así fue enumerando a cada uno de los miembros de la familia por sus nombres o apelativos, lo que evidenciaba la certeza de ser alguien que los conocía (...) su hermano, hoy liberado, cuenta que luego de un recorrido en el vehículo en que eran transportados, fueron dejados en un lugar que él pudo reconocer como “el ingenio Nueva Baviera” (para esa fecha base militar) (...) su hermano fue enviado a la cárcel de Villa Urquiza, luego es trasladado a la cárcel de Sierra Chica, Olavaria, provincia de Buenos Aires, donde finalmente con fecha 24 de diciembre de 1977 es dejado en libertad”.
1.3.2 Secuestros en lugares de trabajo o estudio
Transcribimos el testimonio de la esposa de Manuel Antonio Trátalo, obrero azucarero, desaparecido a los 21 años, el 13-05-76 (Leg. 178-T-84):
“... en esa época su marido se desempeñaba en el ingenio San Juan, perteneciente entonces a CONASA, donde cumplía horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ese día, su marido salió de la casa rumbo al trabajo como a las siete menos veinte (...) y como a las 7 y 10 o 15 minutos, un obrero llamado....., fue hasta su domicilio y le avisó “ya lo llevaron a su marido”, porque en esa época habían desaparecido varias personas de la zona y obreros del ingenio, sacados de sus casas por grupos de civiles o militares uniformados y todos vivían con el temor de ser visitados en hora de la noche y ser detenidos también. Cuando ......... dijo así, inmediatamente se levantó con su hijito de 9 meses de edad, corrió a la casa de su suegra y después al ingenio, donde muchos obreros le contaron lo siguiente: que más o menos a las siete menos diez de la mañana, cuando todos entraban al trabajo, advirtieron la presencia de varios automóviles desconocidos y un grupo de personas vestidas de civil, con ropas de obreros y portando armas de guerra. Todos los obreros que entraban a la fábrica se encolumnaban para marcar la tarjeta en el reloj, los miraban con temor porque sospechaban que estaba allí para detener a alguien; que entre esas personas estaba su marido quien después de marcar su tarjeta siguió caminando hasta su puesto de trabajo (...) pasando frente a ese grupo de personas sin que lo hablaran, por lo que evidentemente no lo conocían, pero cuando ya seguía caminando hacia su lugar de trabajo lo llamaron por su apellido. Que su marido se detuvo y se dio vuelta, entonces lo tomaron por los brazos para llevarlo y al parecer, se resistió, entonces con una de las armas le aplicaron un violento golpe en la cabeza produciéndole una herida que sangró en el acto, a tal punto que quedaron en el piso manchas de sangre; que a la rastra lo metieron en un automóvil y se alejaron del lugar. Que mientras realizaban este procedimiento a todos los empleados y obreros que llegaban a trabajar los hicieron poner manos arriba, apuntándolos con las armas. Cerca de veinte personas presenciaron lo sucedido, entre ellas una empleada administrativa que, según le dijeron al contemplar la escena se desmayó (...) Como el ingenio tenía personal de vigilancia en todos los portones, (...) resulta evidente que los entonces responsables de la fábrica azucarera y los del servicio de vigilancia les permitieron la entrada y que estacionen allí los coches, permaneciendo en el lugar más de veinte minutos...”.
Igualmente mencionamos el caso del desaparecido Pedro Benicio Silva, secuestrado el 17 de noviembre de 1976 de su lugar de trabajo, en una oficina de asesoramiento laboral, en calle Ayacucho 517 de esta Capital. En relación a este caso, mencionamos asimismo que en nuestro poder obra una denuncia formulada por el suboficial principal (R) del Ejército ........, quien vincula la desaparición de Silva –ex empleado del ingenio Lules– con maniobras dolosas cometidas por esa empresa durante el período en que está comprendida la fecha de secuestro del causante, período igualmente (menciona el citado denunciante suboficial Pérez) en que el ingenio subvenciono el mantenimiento de un destacamento del Ejército en su predio, que sirvió “de pantalla para ilegales procedimientos”. (Leg. 221-D-84).
El día 10 de agosto de 1976, fue secuestrado en la zona de Santa Lucía por efectivos militares, el ciudadano Juan de Dios Gómez, en momentos en que se encontraba cumpliendo con su trabajo en el negocio en que estaba empleado. Esta es la versión de tales hechos, relatados por su madre:
“... su hijo se encontraba trabajando en la despensa conocida en la zona como “La Despensa”, que es propiedad de un señor Lobo (no sabe el nombre), y del señor Mario Graneros. A dicho negocio se va a ensillar caballos y queda ubicada como a dos kilómetros de la Villa de Santa Lucía, para el lado del cerro. Siendo aproximadamente las 18hs. llegó una patrulla militar, compuesta por cuatro personas comandada por el Teniente Flores (del cual no conoce el nombre); tomaron a su hijo a golpes, le vendaron los ojos, le ataron las manos a la espalda y lo introdujeron en una camioneta color azul de la policía y lo llevaron con rumbo desconocido. Que este hecho le contó uno de los vecinos de nombre Miguel Cativa... que vio los hechos que cuenta”. (Leg. 260-G-84).
El 13 de julio de 1976, a las 17 horas, fue detenido ilegalmente en la finca citrícola en que trabajaba el ciudadano Salvador Leocadio Navarro, en la localidad de Villa Carmela, Yerba Buena, recuperando la libertad un mes después.
“... en momentos en que se encontraba trabajando (...) llegaron al lugar unos 4 o 5 vehículos (automóviles y un camión) de los que descendieron alrededor de 6 hombres vestidos de civil y fuertemente armados (...) El grupo armado hizo bajar del camión a una chica a quien conoce con el nombre de Liliana únicamente, la cual lo señaló diciendo: “ése es”. Agrega en este momento que meses antes (un año más o menos) algunos militantes de la Juventud Peronista le habían pedido que les guardara una caja o bolsito de material plástico cuyo contenido el deponente desconocía y que una de las personas que le pidieron eso, era Liliana. De inmediato los desconocidos le propinaron algunos golpes al igual que a Sosa, además de colocarle el caño de sus armas en la cabeza (...) (luego de lo cual) lo obligaron a subir a un automóvil de color rojo, y partieron con rumbo desconocido...” (Leg. 229-N-84). “... Aclara el compareciente que tardó tiempo luego de su liberación, en volver a la vida normal, y le quedaron como secuelas del cautiverio problemas de reuma, piorrea y desnutrición”.
El desaparecido Humberto Alfredo González (Leg. 200-A-84) fue secuestrado el 20 de setiembre de 1976 de una imprenta de su propiedad, sita en Córdoba y San Miguel, en pleno mediodía, por un grupo de alrededor de 10 personas, algunos con uniformes de la policía provincial.
De Simoca, a la salida de la Escuela donde enseñaba –en la localidad de La Rinconada– fue secuestrado el 8-2-75, para nunca más aparecer, el maestro y estudiante universitario Pedro Antonio Medina, 24 años de edad a esa fecha, por dos coches patrulleros de la policía provincial en presencia...
“... de numerosas personas que circulaban por la ruta (que une La Rinconada con Simoca) y de personas que estaban en las inmediaciones de la entrada a Simoca...” (Leg. 230-M-84)
Raúl Alberto Cabrera fue secuestrado del ingenio Bella Vista el 3-8-75 por un grupo de personas de civil a las 4.30 horas, quienes se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal, significando ello el comienzo de un cautiverio de alrededor de 45 días al cabo de los cuales recuperó su libertad, tras ser reconocido como detenido, sufriendo una larga lista de apremios ilegales.
Secuestros en sus lugares de trabajo
Causa 370-E-84. Espinosa, Juan Carlos. Secuestro y desaparición.
El único dato que obra en nuestro poder es que el mencionado Espinosa, para el día 17 de julio de 1976 se encontraba trabajando como recepcionista en el Hotel Claridge, de calle Maipú al 500 de esta ciudad, y fue secuestrado de su lugar de trabajo a las dos de la madrugada, desconociéndose otro dato. Con tal motivo se envió oficio al hotel, contestando éstos que eran nuevos dueños, así que lamentablemente desconocían el hecho mencionado.
Causa 17-B-84. Bejas, María Cristina. Su secuestro y posterior desaparición.
Expresa entre otras cosas:
“... desaparición de su hija ocurrida el 13 de abril de 1977, la que se desempeñaba como sicóloga. Para esa fecha en el Colegio General Belgrano, se debía desarrollar una conferencia auspiciada por el “Movimiento Familiar Cristiano”. En la puerta de acceso al colegio, ubicado en calle Chacabuco entre Piedras y General Paz, un desconocido de civil que desde hacía rato merodeaba por el lugar, la tomó sorpresivamente de atrás, tapándole la boca y obligándola a subir a un automóvil Peugeot de color naranja, chapa patente de Buenos Aires, no sabe el número, que estando estacionado en las proximidades se acercó de inmediato al lugar del hecho. Esto les fue informado por un joven vecino del lugar que presenció lo acontecido. En base a ello se dirigió a la Jefatura de Policía y al guardia que estaba sobre calle Santa Fe le dijeron que iban a denunciar lo acontecido. En ese momento, el hermano de la causante observó que en la playa existente en el interior del local policial estaba estacionado un automóvil de idénticas características al utilizado en el secuestro, lo que hizo notar al guardia, respondiendo éste que no podía ser, por cuanto dicho vehículo se hallaba desde hacía una semana sin distribuidor. En este estado informan los denunciantes que desde hacía días venían recibiendo llamadas telefónicas anónimas, en las cuales les manifestaban que era mejor que María Cristina se marchase de la provincia, ya que sería detenida de un momento a otro...”.
Un caso patético es el de la causa 126-P-84. Carreras, Juan Francisco. Secuestro y desaparición.
1.3.3 Secuestros en la vía pública
El 30 de mayo de 1976, cuando salía de su casa luego de almorzar para concurrir a ver un partido de fútbol, fue secuestrado en plena vía pública el joven Enrique Raúl Fernández, estudiante, de sólo 18 años de edad, según testimonios obrantes en el Leg. 37-P-84. Transcribimos la denuncia de su madre:
“... Sabe la denunciante por versiones del Sr. Roberto A. Caram, que a esa fecha vivía en calle Lamadrid al 1.100 (...) quien dice haber presenciado, cuando un automóvil Ford Falcon color celeste, sin chapa patente, que apareció de contramano por calle Alberdi y entró por su mano, en calle Lamadrid y cuando llegaron a donde iba caminando su hijo, descendieron dos personas y lo tomaron por sorpresa, introduciéndolo en el interior del coche; dice Caram que su hijo gritó de dolor e inmediatamente el coche se alejó velozmente por calle Lamadrid. También sabe (por otro testigo) ... que atrás del coche Ford Falcon celeste iba otro de la misma marca, color blanco, haciendo sonar insistentemente la bocina, como pidiendo paso...”.
Similares circunstancias rodearon el secuestro de Adriana Cecilia Mitrovich de Torres Correa, estudiante de 25 años, secuestrada en el trayecto que media entre la casa de un compañero de estudios y la suya, sin que existan noticias sobre su paradero, salvo las aportadas por Juan Martín que afirma haber compartido con ella una celda en el campo de concentración ubicado en la compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga.
Vale la pena aquí detenernos un instante para efectuar una breve digresión. Como viene surgiendo hasta aquí del detalle de causas que se van enunciando, así como del análisis del conjunto de denuncias que se han formalizado por ante esta Comisión Bicameral, no puede dejar de destacarse un importante hecho, común a la casi totalidad de los casos.
Nos estamos refiriendo a la existencia de testigos presenciales de los hechos, en el momento y oportunidad de consumarse el secuestro de los ciudadanos y su posterior asesinato o desaparición.
Nuestra Comisión ha tenido especial cuidado en la alusión de estas personas en preservar su integridad, o en evitar exponerlos a cualquier tipo de represalias, siendo esa la razón, salvo cuando existió indicación en contrario, por lo cual se omite su identidad y se ha dejado en blanco el espacio correspondiente a sus nombres.
En algunos casos, el desparpajo y la ostentación de los captores los ha llevado a accionar con verdadero desprecio por esta circunstancia, obrando a la vista de todos.
En otros casos, es evidente la cautela y el afán de no dejar huellas, pese a lo cual, por el sólo hecho de que una abrumadora proporción de las detenciones se realizara en el domicilio de las víctimas, está siempre presente el testimonio de los vecinos.
Proseguimos a continuación con el hilodel análisis.
Al día siguiente de la desaparición de Adriana, se produjo la de su esposo, Ricardo Torres Correa, de 29 años, estudiante, empleado de la U.N.T., secuestrado también en la vía pública el 29 de abril de 1977 junto a la doctora Graciela Bustamante de Argañaráz, de 25 años, médico, casada y madre de un niño de corta edad, de cuyos legajos (67-M-84) surge el siguiente testimonio:
“El día 29 de abril, aproximadamente a las 12 hs., al hacer abandono de sus tareas como médico del Hospital del Niño Jesús, después de firmar el libro de salidas, fue buscado por un amigo (Ricardo Torres Correa) para informarle que su esposa, Adriana Mitrovich de Torres Correa, había sido secuestrada la noche anterior. Ascendió al auto de su amigo y en las proximidades del Hospital fueron interceptados por un grupo de personas que, a estar a la versión de circunstanciales testigos, fueron obligados a seguirlos”.
En la denuncia de desaparición de Adriana Mitrovich de Torres Correa y Ricardo Guillermo Torres Correa (Leg. 437-M-85) ratificada ante nuestra Comisión, se agrega que la visita de Ricardo a la Dra. de Argañaraz, se relaciona con la hijita de aquél que se encontraba enferma.
El día 5 de enero de 1977, salieron de su domicilio rumbo a la fábrica Confecciones del Tucumán S.A., donde trabajaban Eduardo Nicanor Giménez –dirigente gremial de la misma– y su esposa María Cristina Araoz, desapareciendo ambos en el trayecto (Leg. 3-G-84).
En el caso del Dr. Máximo Eduardo Jaroslavsky, 37 años, prestigioso médico residente en nuestro medio, el mismo fue secuestrado en circunstancias que aún no se conocen, cuando se retiró de la clínica cardiológico, de la que era copropietario, para visitar a sus pacientes, desapareciendo conjuntamente con su automóvil Citröen Ami 8 Club. Estos hechos se produjeron después de las 21 hs. del 19 de noviembre de 1975. Según el testimonio de la madre de la víctima, Blanca Gerchunoff de Jaroslavsky, incluido en el Leg. 365-J-84, correspondiente a la denuncia asentada en esta comisión Bicameral, existen indicios de la permanencia de Máximo Eduardo en poder de las FF.AA.
“... este señor (Alberto Pawli) que se desempeñaba en 1975 como funcionario del Ministerio de Bienestar Social en la Provincia de Río Negro (...) fue detenido y conducido en esa situación a Bahía Blanca. En el transcurso del vuelo, tuvo oportunidad de conversar con el General Acdel Vilas, y éste le preguntó si conocía al Dr. Jaroslavsky, a lo que Pawli le contestó que no, que él conocía al padre y al hermano del Dr. Máximo Jaroslavsky, a lo que Vilas acotó: “a ese, al Dr. Máximo Jaroslavsky, lo tenemos nosotros...” (Fs. 25/26).
Un patético ejemplo de la soltura e impunidad con que efectuaban su trabajo las patotas de secuestradores que conformaban los llamados grupos de tareas, lo constituye el secuestro –y posterior desaparición– del ciudadano Felipe Arturo Urueña, conocido dirigente gremial ferroviario. Urueña fue detenido ilegalmente por personal de civil en pleno centro de esta ciudad, en la intersección de calles 25 de Mayo y Córdoba, en la vereda del Correo Central, en una hora de intensa actividad y a plena luz del día (9.30hs.) del 28 de enero de 1977, siendo aprehendido, como dice el recurso de corpus corpus interpuesto a su favor por su madre en 1979.
“... por grupos de personas que prima facie actuaban en ejercicio de alguna forma de autoridad y que ejercían en el momento del secuestro una fuerza material irresistible”. (Folio 5, Leg. 65-U-84).
Habiendo sido allí detenido, fue conducido a continuación:
“... hacia un carro de asalto de la Policía de Tucumán, en la vereda de la confitería “Ciervo de Oro”, ubicada en calle San Martín 453 de esta ciudad, según manifestaciones de personas que se encontraban allí presentes quienes transmitieron estos detalles con posterioridad a sus familiares...” (F.1, Leg. cit.)
También en pleno centro –a la salida de la Facultad de Derecho (Santiago y Muñecas) – desapareció la joven Luisa Ana Ibáñez, estudiante de Derecho, 29 años, el 27-11-77.
“... en la esquina de Santiago y Muñecas, a hs. 21.30 aproximadamente, fueron interceptados por un vehículo del cual descendieron un grupo de personas de civil, a cara descubierta, portando armas cortas y largas (...) uno de los que descendió del vehículo que era un Ford Falcon sin chapa, color naranja, le dijo al compañero de su hija que se fuera de inmediato y le dio un empujón (...) vieron que Luisa era introducida en forma abrupta dentro del vehículo y partieron con rumbo desconocido...”. (Leg. 433-1-85).
En cuanto al secuestro y desaparición posterior de José Edgardo Córdoba, estudiante, 24 años, hecho ocurrido el 4-11-75,
“... el día del secuestro, su hijo José Edgardo sale de trabajar del colegio José Manuel de Estrada y tenía que regresar al domicilio a almorzar pero no lo hizo (...) tratando de recomponer el itinerario que realizaba todos los días, se enteraron por unos operarios de la firma Cincotta que funcionaba en calles Catamarca y San Juan, que más o menos a esa hora habían detenido la marcha tres automotores del 1ue descendieron varios individuos vestidos de civil, quienes procedieron a la detención de un muchacho joven y se lo llevaron...”. (Leg. 238-C-84).
1.3.4 Otros lugares de secuestro
Hemos aclarado ya que el 92% de los secuestros se produjo en el domicilio de las víctimas, y nos hemos referido también a los casos de secuestros practicados en los lugares de trabajo o estudio y a los efectuados en la vía pública. Nos referiremos ahora a situaciones que si bien no poseen la misma relevancia en relación al número de secuestros realizados, son altamente ilustrativas de las dimensiones del accionar del terrorismo de estado y la saña persecutoria del régimen. Como resulta propio a un régimen totalitario y represivo, la persecución a los ciudadanos llegó a todos los niveles.
En Hospitales
(Leg. 101-P-84). Se refiere al secuestro y posterior desaparición de los hermanos José Fernando y Carlos Bautista Poli, de 30 y 28 años de edad, respectivamente, ambos técnicos mecánicos automotrices y operarios del ingenio Santa Rosa.
Según nos relató su hermana, la sucesión de los hechos es la siguiente:
“...Aquel día, en un operativo a cargo de fuerzas militares y policiales encapuchadas, intentaron secuestrar a mis hermanos Carlos y José Poli de su domicilio. Al resistírseles, Carlos fue herido de bala...”.
El siguiente párrafo de su testimonio merece especial mención:
“... (un testigo presencial) dice: lo único que vi fue cuando José Poli sacó corriendo con un sifón a uno de los encapuchados que portaba una ametralladora, tras lo cual quedó frustrado el operativo”.
Y prosigue:
“Al día siguiente, mi hermano José manifestó a mi madre que el comisario Moreno (de ese entonces) fue quien hirió a Carlos, y que se movilizaban en una camioneta del Ministerio de Bienestar Social color verde con una franja blanca (...) Mi hermano Carlos fue trasladado al Hospital Padilla y luego de ser intervenido quirúrgicamente fue alojado en el segundo piso y al día siguiente lo trasladaron a la planta baja. Fue precisamente el 20 de enero cuando se produjo el secuestro de mis hermanos para lo cual cortaron el suministro de energía eléctrica, teléfono, y efectuaron disparos. Los autores del operativo en el Hospital Padilla fueron encapuchados y vestidos de militares (...) Posteriormente llegaron a mi domicilio Policía y Ejército, con el propósito de averiguar quién se responsabilizaba de mis hermanos. (...) Habiendo hecho innumerables gestiones por saber el paradero de mis hermanos y sin tener el más mínimo dato, encaro este pedido de esclarecimiento por esta nueva vía democrática en la cual deposito toda mi confianza, considerando que es la única que tendrá la firmeza de sostener la defensa para todos y en especial para los que sufrimos la impotencia de no poder hacernos escuchar...”:
También del Hospital Padilla fue secuestrado el 17/9/76, a las 10 de la mañana, mientras realizaba una práctica médica en dicho nosocomio, el estudiante Hernán Eugenio González, de 20 años de edad, por 4 individuos fuertemente armados, vestidos de civil, que se identificaron como pertenecientes a la Policía Federal. Fue visto posteriormente por un testigo en el campo de detención secreto ubicado en la Compañía de Arsenales”. (Leg. 185-G-84).
Pese a estar rodeados de distintas circunstancias (el compareciente decidió presentarse a las autoridades militares el 27 de marzo de 1976, eligiendo para esos fines hacerlo en el Hospital Militar) también fue secuestrado de un nosocomio el ex intendente Carlos María Torres, detenido ilegalmente durante varios días.
“... Que en vista de esa situación el día 27 de marzo de 1976, a las 17 hs. se presentó espontáneamente en el Hospital Militar conjuntamente con Carlos Arístides González. En ese lugar los atendió un capitán médico, que cree se llamaba Antolín Dulac, o Dalac, no recuerda bien, el que les dijo que ya habían hablado en la Jefatura, para que lo vengan a buscar al exponente. El mismo les aclaró que su decisión era presentarse ante autoridades del Ejército y no de la Policía, a lo que el otro contestó que había procedido conforme a las instrucciones que para estos caos había recibido de la superioridad. Esperaron un rato, y cuando entró un automóvil, que cree era un Chevy, vino una persona, le vendó los ojos, le ataron las manos hacia la espalda y le hicieron subir en un vehículo y le llevaron a un local que no puede precisar cuál era, por las circunstancias de estar con los ojos vendados, pero que le parece eran dependencias policiales. En ese lugar, que no sabe si era la Jefatura de Policía o la Brigada de Investigaciones, pero que seguro era una repartición policial, fue salvajemente torturado y picaneado, por lo menos dos veces durante el día y preferentemente de noche... (...) Que de ese lugar fue sacado también vendado y atado cubiertos el rostro y parte del cuerpo por una bolsa y trasladado a otro lugar que luego supo, era el Departamento de Educación Física. (Deduce este hecho por una serie de razones que se detallan en la declaración)”. (Leg. 276-T-84).
En lugares de esparcimiento
El 17 de julio de 1976, un grupo de encapuchados que se movilizaban en automóviles sin identificación, irrumpieron violentamente en la Peña Alto La Lechuza, a las 2 de la madrugada. Allí fueron secuestrados seis estudiantes oriundos de la provincia de Jujuy.
“... Se encontraban los nombrados festejando el cumpleaños de Hugo Antonio Narváez, se presentaron seis personas encapuchadas portando armas de fuegos, quienes amenazándoles hicieron que mi hijo José Gerardo Jarma, Hugo Antonio Narváez, Rubén Canseco y Rubén Molina, se acercaran a ellos obligándolos a salir fuera de la peña, llevándolos en dos autos, uno de marca Ford y el otro Torino, ambos sin chapas...”.
Este procedimiento fue relatado por testigos oculares que se encontraban en la Peña al momento de ocurrir el hecho. Antes que se presentaran los encapuchados en la peña, allanaron previamente el departamento donde vivían los jóvenes, pero solamente estaban estudiando Osvaldo Jayat, Gerardo Herrera y Víctor Léeme, a quienes los obligaron mediante amenazas a decir dónde se encontraban los otros, llevándoles luego a un paraje llamado El Manantial donde los abandonaron.
Todos estos datos están contenidos en el Leg. 376-C-84, por la desaparición de José Manuel Cabrera, de 23 años de edad, estudiante de abogacía, y Leg. 347-J-84, Juan Gerardo Jarma, 21 años, estudiante de la Facultad de Medicina.
En el caso de los hermanos Juan Eugenio y Francisco Armando Aranda (Leg. 59-A-84), su secuestro se produjo mientras asistían a la fiesta del casamiento de un pariente cercano.
Otros casos
En un capítulo especial nos referimos al secuestro y posterior desaparición de jóvenes que se encontraban haciendo el servicio militar, y que desaparecieron en los lugares donde lo cumplían.
También se produjeron secuestro en comisarías. El cabo de policía Juan Carlos Castro, fue secuestrado de la Comisaría de la Reducción por un grupo de policías uniformados. (Leg. 226-C-84).
El ciudadano Juan Andrés Molina fue secuestrado en la puerta de la Comisaría 9a.
El policía de la provincia Wenceslao Quinteros, de 38 años, fue secuestrado en horas de la mañana en la sucursal Ciudadela del Banco de la Nación. (Leg. 425-Q-84). Hacemos alusión en un capítulo especial a este caso, dado las particulares circunstancias que reviste.
El joven Víctor Hugo González Toledo, de 23 años de edad al momento de su detención, fue secuestrado por un grupo de policías con uniformes el 25 de mayo de 1977, de la escuela nocturna a que asistía.
“... Mientras concurría al homenaje de la fecha patria, en el establecimiento escolar de la escuela Lidoro Quinteros, a la que asistía regularmente como alumno cursante de séptimo grado y siendo aproximadamente las 15 hs. se presentó un grupo de personas desconocidas, presuntos policías y lo llevaron detenido junto a otro compañero de la escuela llamado Luna, que residía en El Palomar quien apareció a los tres días con los ojos vendados detrás de Atlético, pero a mi hijo desgraciadamente no me lo entregaron y sé que es inocente, “lo juro”, puesto que él jamás estuvo vinculado a nada que fuera política. En mi calidad de madre desesperada de mi hijo único les suplico que hagan todo lo posible para cuanto antes suceda que me entreguen a mi hijo”. (Leg. 120-T-84).
La señorita María Celestina González Gallo, de 23 años de edad en ese momento, maestra normal y estudiante de Filosofía y Letras, fue secuestrada el 23 de noviembre de 1976, de la sede de un Juzgado de Paz por cuatro hombres vestidos de civil. Se trata del Juzgado de Paz de Los Pereyra, departamento Cruz Alta. Volvemos sobre el caso más adelante.
2. Saqueo de las casas durante el operativo. El botín de guerra
El pillaje y la rapiña cometidos contra las víctimas de la represión por parte de quienes participaron de la misma, es uno de los aspectos más repugnantes del terrorismo de estado. La reiteración sistemática del pillaje hace pensar en una verdadera organización clandestina montada para repartirse los bienes mal habidos durante los procedimientos, y la institución sui generis de “premios” para los brutales integrantes de los grupos de tareas. Puede verse a lo largo de los casi cinco centenares de denuncias recibidas por nuestra Comisión que el saqueo se convirtió en verdadera obsesión por parte de los represores, alucinados por la sed de rapiña de objetos de valor. Hacemos mención a que han trascendido a lo largo y ancho del país toda clase de denuncias sobre este punto, lo que nos hace pensar que el botín de guerra formó parte principal de la metodología represiva que estamos describiendo, y que se derivaba del código de disposiciones secretas que regían el aparato represivo durante estos años. Recuérdese que según han denunciado prisioneros sobrevivientes del campo de concentración de la ESMA, los integrantes del grupo de tareas que funcionaba en el interior de ésta habían montado verdaderas empresas para comercializar el producido de los saqueos.
En el Leg. 170-P-84 está asentada la denuncia por secuestro y posterior desaparición de Bernardo Puita Cáceres, boliviano nacionalizado argentino, hecho ocurrido el 17 de mayo de 1978; su compañera declara que tras ocupar los uniformados la vivienda (habla de uniformes verde oliva, botas y birrtes), golpear salvajemente a su marido, atarlo y trasladarlo al camión del Ejército que esperaba afuera:
“... volvieron y se dedicaron a romper las cosas de la casa (...) y luego se llevaron muchas de sus pertenencias, entre ellas las camas, ropas del secuestrado, la compareciente y los chicos, los documentos de identidad de todos, una cocinita a kerosén, una lámpara de gas, etc.”.
En la denuncia referida al secuestro y cautiverio de Rubén Bernardo Aráoz, liberado posteriormente, se menciona la pérdida durante el operativo de allanamiento a su domicilio, de un reloj pulsera, anillos, cadenas de oro, joyas de plata y cubiertos. (Leg. 296-A-84)
En la denuncia referida a la desaparición del matrimonio Julio Vicente Décima, técnico electricista, 28 años, y su esposa Lidia Flora Salazar Décima, de 26 años, empleada, hecho ocurrido el 5 de marzo de 1975:
“... esas personas estaban vestidas con ropa azul –igual a la que usa la Policía Federal o de la Provincia, no sabe exactamente– a cara descubierta, portando armas largas, sin ninguna tonada en especial, parecían tucumanos y luego de eso le causaron destrozos en la casa, le vaciaron la cartera y también la mesa de luz; levantaron los colchones de las camas, aparentemente buscando algo, le robaron un tocadiscos, una caja de cubiertos “nuevos”, un bolso vacío, juego de sábanas, ropas del hijo, para ese entonces de 4 meses de edad, una máquina de fotografía y ropas y zapatos del secuestrado, etc.”. (Leg. 180-S-84 Fecha: 5/3/75).
En el Leg. 159-R-84:
“... Que alrededor de las cinco de la mañana, volvieron presuntamente las mismas personas en dos vehículos, uno de marca que no alcanzó a reconocer y el otro un Rastrojero, cargaron de su casa en la camioneta: la bicicleta de su marido, otra de la dicente, una garrafa de gas, seis sillas”. (Fecha: 20/7/77);
y como la exponente dejara su casa al cuidado de un vecino, debiendo ausentarse tras el allanamiento:
“... y volviendo a los tres días, que fue cuando el vecino le contó, con lágrimas en los ojos, que un grupo de gente con uniforme policial había vuelto por su hogar, según le contaron eran altos, rubios, de gran contextura física, impidieron a los vecinos presenciar lo que ocurría. Fue así que cargaron en la camioneta en que habían llegado: 1) las cuatro camas; 2) una cocina de gas, marca Perpetua, la que habían comprado en “Castillo”; 3) una guardarropa; 4)una heladera chica a kerosén; 5) un televisor blanco y negro, en este momento no recuerda qué marca; 6) una radio de mesa, eléctrica y a pilas; 7( una mesa de madera con revestimiento de fórmica; 8) 24 chapas de zinc; 9) un triciclo de niño; 10) la documentación de los niños y la suya; 11) la ropa de cama. También le contaron los vecinos que este grupo le prendió fuego a lo que consideraban no servía”.
En el Leg. que lleva los número 133 y 134-S-84:
“... también manifiesta que los incursores saquearon totalmente su casa, llevándose varias cosas de valor, entre ellas tres relojes pulseras, un reloj de oro, un anillo de compromiso, de su marido, y la poca plata que tenían en ese momento”.
En el operativo se secuestro –para nunca más aparecer– de Agustín Sánchez, dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza y su esposa Honoria Soria de Sánchez, ocurrido el 3 de setiembre de 1976:
“... al día siguiente, había personas en los techos y otras adentro (de la casa), de donde procedieron a saquearla, llevándose el televisor, el carrillo de una máquina de coser y prácticamente todos los elementos de la cocina, herramientas, y dejaron preparadas cajas, con intenciones de volver nuevamente”.
El señor Miguel Rubén López, ex Jefe de Compras del Departamento de Materiales y Construcciones, quien denuncia su detención ilegal producida el 23 de abril de 1976, tuvo que soportar asimismo el saqueo de su vivienda mientras se encontraba detenido, siendo despojado de todas sus pertenencias.
“... como ser, muebles en general y ropas personales suyas y de su esposa, sus documentos personales, joyas de valor, etcétera”. (Leg. 324-L-84).
Tal como surge de anteriores causas, muchas veces acontecía que los individuos participantes en los operativos, por alguna razón no podían concretar el saqueo durante el operativo, retornando después a realzarlo. Volvemos a encontrarnos con esta figura en la causa correspondiente al Leg. 140-P-84:
“... Días más tarde, hallándose ausente la declarante, por lo que ignora fecha, hora, etc., entraron a su casa y la desvalijaron dejándole únicamente los muebles grandes...”.
Al conocido periodista Maurice Jeger, francés nacionalizado argentino, 36 años, desaparecido desde el 7 de julio de 1975, tras ser secuestrado de su domicilio a altas horas de la noche le saquearon y desvalijaron toda su casa –calle General Paz 1031– llevándose hasta los muebles”. (Leg. 40-J-84).
A la familia Argañaraz (Leg. 21-A-84), de Simoca, le fue robado un tractor Fiat 500, de reciente adquisición.
El robo de los automóviles de las víctimas era moneda corriente, evidentemente por tratarse de un bien mueble susceptible de ser negociado ilegalmente. En el Leg. 268-B-84, denuncia del secuestro y posterior desaparición del ex diputado nacional Bernardo Samuel Villalba, vemos:
“... su hijo fue a abrir la puerta de calle (...) acto seguido le vendaron los ojos y le ataron las manos y fue introducido en el automóvil Ford Falcon color verde malva –con techo negro, modelo 1976, Chapa patente C639447– que era propiedad de su marido (...) luego de abandonar a su hijo, los captores se llevaron el vehículo y no supieron nunca más de él...”.
El ciudadano Ernesto Néstor Juárez, 26 años, vendedor, desapareció el día 19 de setiembre de 1978 en la esquina de Alem y La Plata, junto con su automóvil, luego de ser interceptado por un grupo numeroso de individuos que se desplazaban en un Ford Spring color verde, patente de la provincia de Córdoba y un Fiat 125 o 128 color bordó.
También, como ya está mencionado, el médico Máximo Eduardo Jaroslavsky, desapareció junto con su auto, un Citröen Ami 8 Club, patente T049347.
No pocas veces lograron quedarse con los inmuebles de las familias vejadas o desaparecidas. En el caso de la familia MASAGUER, luego de soportar el atropello de un brutal allanamiento en busca de su hijo Juan Masaguer, dirigente de la Facultad de Medicina en 1975, fueron virtualmente desalojados de la casa, debiendo huir la familia de la provincia para salvar sus vidas. Dicha casa fue utilizada como base de asentamiento por efectivos militares y posteriormente ocupada como casa-vivienda por funcionarios policiales de la provincia. Es de justicia mencionar que a través de esta Comisión la familia de Masaguer, luego de trabajosas gestiones realizadas haciendo uso del estado de derecho, ha conseguido recuperar su casa, encontrándose éste en un estado avanzado de deterioro.
Otro ejemplo de brutal ensañamiento y saqueo descarado e inmoral lo consttuye el perpetrado en perjuicio de la familia Rondoletto, caso que alcanzó notoriedad internacional. Allí, junto a los integrantes del clan (véase Familias Desaparecidas) desaparecieron dos automóviles, un Citröen Ami 8 y un Citröen 3CV y la casa, que quedó abandonada, junto a una imprenta, propiedad de la familia y contigua a la casa vivienda, fueron sometidas a un prolijo vaciamiento:
“... a lo largo de los días subsiguientes, se produjo el saqueo de la casa de debajo de sus padres (...) Tres meses después de los hechos, personas que se identificaron como pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército procedieron a llevarse el auto de su hermano Jorge (en reparación en un taller) (...) El mismo mecánico se encargó de conducir el automóvil hasta la Jefatura de Policía, negándose los policías a extender cualquier tipo de constancia de la entrega, y que por pedirla... (el mecánico) fue interrogado durante casi cuatro horas en la dependencia policial”.
(...)
“Los saqueos se produjeron a lo largo de algún tiempo (...) y la casa se convirtió en una verdadera madriguera de malvivientes (...) En otra oportunidad, el señor Bermejo (suegro de uno de los hijos del matrimonio Rondoletto, N.C.) fue avisado por teléfono en forma anónima que la casa estaba siendo robada (se refiere a la de dicho hijo, que vivía en un departamento ubicado en los altos del inmueble, N.C.) inmediatamente se presentó (...) en momentos en que dentro de la vivienda se encontraban varios policías, los que le dijeron que se encontraban “haciendo un inventario”, pero que en ese momento se retiraban. Al día siguiente se repitió la misma operación y con las mismas personas, por lo que el señor Bermejo decidió seguirlos en compañía de otra persona. Vieron que en una camioneta se llevaban muchos objetos chicos, como ser regalos que su hermano había recibido en ocasión del casamiento con Azucena Bermejo, además de sábanas, y otros enseres. Tras un corto recorrido, al parecer, los incursores se dieron cuenta de que eran seguidos y los interpelaron, revólver en mano de que no los siguieran más o si no les iba a costar muy caro”.
Del LEG. 16-P-84, denuncia del secuestro de Rolando Coronel y de Marta Coronel, padre e hija respectivamente, interpuesta por el señor Ramón Edgardo Ponce:
“... en la última semana de mayo de 1977, un grupo de personas vestidas de civil, irrumpieron en el domicilio de las víctimas, con gran despliegue de armas con el propósito aparente de detener a la señorita Coronel, militante de la Juventud Peronista e integrante de comisiones de ayuda a los presos políticos. Ante la resistencia opuesta por el padre a tal procedimiento, se marcharon llevándose también a este último. Que una vez realizado el procedimiento, se llevaron gran cantidad de ropas...”.
3. Traslado a campos clandestinos de detención Aplicación de torturas
La negación de la condición humana al enemigo es un elemento subyacente siempre en nuestra provincia,
“... la subversión es una enfermedad que contamina el cuerpo social del país y corroe sus entrañas...”. (Contralmirante Guzzeti, “La Opinión”, 3/10/76)
es decir, una especie de virus. Era común escuchar las arengas de los generales Vilas o Arrechea caracterizando a los subversivos de “ratas”, de “cucarachas”, etc. Tamaño enemigo debe ser combatido por todos los medios:
“... los delincuentes subversivos serán buscados y si alguno se queda y se entrega, será enviado a la justicia, y si no, lo mataremos.” (General Bussi, “La Opinión”, 3/1/76).
Dado que “los delincuentes subversivos no pueden vivir con nosotros”. La reiterativa, masiva y saturante repetición de slogans alertando sobre este taimado, vil y pérfido enemigo subversivo, dará pie a los jerarcas del régimen para afirmaciones como ésta:
“... (en el futuro) habrá una cuota de detenidos que no podrán ser sometidos a la justicia, ni puestos en libertad, aunque (afirmó) serán casos excepcionales” (Videla, “Clarín”, 31/8/79).
Como vemos, hay aquí ya una clara insinuación de lo que eufemísticamente denominaban “el combate a la guerrilla por métodos no convencionales”, que nunca se aclaran bien cuáles son. Por el contrario, las operaciones antisubversivas deben ser secretas, enigmáticas, misteriosas; como diría el coronel Sánchez de Bustamante:
“... en este tipo de lucha el secreto que debe envolver a las operaciones especiales hace que no deba divulgarse a quién se ha capturado y a quién se debe capturar, debe existir así una nube de silencio que lo rodee, todo esto no es compatible con la libertad de prensa.” (“La Capital”, Rosario, 14/6/80).
Entonces sí cobran más sentido las denuncias que se vierten en este informe, a modo de conclusión de la tarea investigadora desarrollada por esta comisión bicameral; entonces sí cobran más sentido las palabras del general Camps; y entonces sí, finalmente, cobran más sentido y se hacen más comprensibles las infrahumanas escenas que a continuación se detallan.
Transcribimos a continuación párrafos de la denuncia contenida en el Leg. 340-V-84, desaparición de Aída Inés Villegas (psicóloga, 25 años, secuestrada de su hogar el 2 de noviembre de 1976):
“Un grupo de alrededor de ocho personas, que portaban armas cortas y largas, entraron en mi domicilio, desplegándose rápidamente (...) Uno de ellos se dirigió a la habitación donde dormía mi abuela, despertándola mientras le apuntaba con un arma, dos o tres se dirigieron hacia la cocina donde se encontraba la empleada lavando los platos, a la que preguntan por Aída y a la que obligan a subir las escaleras que conducen a la terraza sin dejar de apuntarle con sus armas, bajándola luego de recibir una orden proveniente del interior de la casa, que expresó: “¡Ya está!”.
(...)
“Mientras tanto, al levantarse mi abuela, les pide explicaciones sobre lo que considera un atropello a mi domicilio y como respuesta recibe una amenaza de muerte instándola a permanecer callada y quieta (...) Mi hermana Aída se encontraba durmiendo la siesta en la pieza que da a la calle, por lo que al ser encontrada, los hombres se dirigieron a la misma. Por el ruido que sienten desde la habitación donde encierran al resto de las personas que se encontraban en la casa, suponen que en estos momentos estarían golpeando a Aída. Al cabo de media hora, uno de los hombres abre la puerta de la pieza en que se encontraban encerradas, sacando a una de ellas, a una amiga de la casa, y la llevan para ser interrogada. Nos dijo que sentía cómo se quejaba Aída (...) Uno de ellos saca a mi abuelita de la pieza en que estaba encerrada, diciéndole que revisara la habitación de Aída. Es entonces cuando al entrar pude ver que mi hermana es sacada por la puerta que conducía al zaguán, por varios hombres quienes la sostenían. Aída se da vueltas estirando los brazos. Es allí donde pude ver que es sacada en ropa interior y su cara mostraba señas de haber sido maltratada, estando amordazada (...) sacándola rápidamente hacia fuera. Luego de esto se retiran, ordenándonos que no debíamos usar el teléfono, por el lapso de una hora, como así también no debíamos salir de la casa por ese mismo tiempo, por lo que dejan la puerta con llave dejándola a la misma por el lado de afuera. Al decir de testigos oculares que vieron el procedimiento constataron que la víctima era sacada con ropas interiores, amordazada y con la cara ensangrentada e introducida en uno de los autos que esperaban afuera, sin patente. La habitación donde se encontraba durmiendo Aída quedó en un total desorden: colchones dados vuelta, frazadas en el piso, libros y papeles desparramados por todas partes. Es entonces cuando advierto al revisar la pieza, que el cable del velador estaba enchufado cortado al ras de la lámpara y prolijamente separados los polos del extremo que quedaba cortado, por lo que es evidente que mi hermana había recibido descargas eléctricas, como así también debieron haberla golpeado demasiado, dado la sangre que había en el piso de la habitación. A partir de ese momento hasta la fecha no se pudo establecer oficialmente su paradero...” (Véase en el Anexo IV “Testimonios”, el relato de Juan Martín, donde asegura haberla visto con vida en los campos de concentración Jefatura de Policía e Ingenio Nueva Baviera.) (Leg. 340-V-84).
Como vemos, esta infortunada joven soportó la aplicación de torturas aún antes de su traslado al campo de detención, al improvisar los represores una suerte de picana eléctrica con los cables de la lámpara, torturándola en su propia habitación por espacio de media hora.
Veamos ahora la aplicación de torturas en el campo de concentración, esta vez referido al secuestro del señor Rosario Argañaraz, agricultor, secuestrado de su casa en Buena Vista, Depto. De Simoca, el 8 de enero de 1977. (Leg. 21-A-84).
“... siendo aproximadamente las 3 de la mañana ingresaron imprevistamente a la casa (...) derribando la puerta de acceso a ella, alrededor de 20 individuos fuertemente armados. Uno de ellos vestía ropa de civil, dos uniforme policial, y los restantes uniformes verde oliva como los del Ejército. En ese momento se encontraban dentro de la casa: su padre, la esposa de Antonio Roberto (hijo de la víctima y declarante), el compareciente Miguel Alberto (también hijo), un hermano más chico llamado Juan Carlos y otra hermana de nombre Ana Tránsito. De entre los recién llegados, Miguel Alberto sólo pudo reconocer a uno de los que vestía uniforme policial, cuyo nombre es Víctor Gerardo Romano (...) Una vez en la vivienda lo s individuos ataron las manos del padre y de Miguel Alberto, les vendaron los ojos y los obligaron a ascender a un camión celular (...) De inmediato se pusieron en marcha y luego de viajar con rumbo desconocido unos 90 minutos, fueron bajados del vehículo e ingresaron e un inmueble con piso de mosaicos. Allí el padre fue preguntado acerca del origen del dinero con que habían comprado un tractor que poseían. Pese a que el padre les respondió que provenía de la venta de la plantación de caña que tenían, fue golpeado repetidamente. A todo esto, el hijo también detenido –Miguel Alberto– permanecía, siempre maniatado y con los ojos vendados, en un costado de la misma habitación. Acto seguido, se padre fue atado a una cama y “picaneado”, manteniendo siempre su declaración de que el tractor era fruto del trabajo de la familia (los captores querían que confesaran que les había sido dado por el ex senador Dardo Molina, también desaparecido)...”.
Obsérvese hasta aquí: padre e hijo son maniatados, vendados y golpeados. Posteriormente –ya en la casa usada como centro de torturas– el padre es sometido a sesiones de picana eléctrica. La tortura es múltiple: el dolor físico del padre (la “picana” produce intensísimas electro convulsiones, siendo aplicada por lo general en los lugares de mayor sensibilidad: genitales, planta de los pies, cabeza, ojos, encías, paladar, oídos) y la tortura sicológica en el hijo que debe presenciar impotente la aplicación de tormentos a su progenitor, sucediéndole lo mismo a éste, que se sabe torturado delante de su hijo. Prosigue:
“... finalmente, cuando ya amanecía, son subidos a una camioneta –padre e hijo– y llevados nuevamente a Buena Vista (Un kilómetro antes de la casa de ellos) (...) los bajan del automotor y los hacen marchar un largo rato –ya sin vendas pero siempre maniatados– (...) Agrega el declarante que cuando le quitaron las vendas vio que entre sus captores estaba el ya citado Víctor Gerardo Romano y además otro policía al que llamaban “el turco”, y un hombre bastante gordo, vestido de civil, al que llamaban “Quechu”, y era, al parecer, quien dirigía el operativo. A todo esto, el policía Romano al pasar por la casa de Miguel Alberto, se había apoderado de una escopeta de calibre 16mm., de dos caños. Durante este procedimiento, el grupo de captores estaba integrado, además de los ya mencionados, por más de 20 soldados que se desplazaban en unos 6 camiones del Ejército (...) Los hacen subir nuevamente a la camioneta y parten hacia el domicilio de un tío de los comparecientes, Benigno Argañaraz, al que también detienen y llevan junto a su hermano y sobrino, respectivamente, rumbo a la casa distante unos 90 minutos (...) A todo esto, el compareciente Antonio Roberto Argañaraz, ausente de la casa durante el primer operativo, llega a la casa alrededor de las 12 del mediodía, y al encontrarse con las novedades precedentemente señaladas sale rumbo a Simoca, a denunciar lo ocurrido en la Comisaría y buscar a un abogado que lo asesore e intervenga en el asunto, pero al que entrevistó le dijo que lamentablemente no podía intervenir en el caso. Al regresar a su casa, y a eso ya de las 21.30 horas, arriban al domicilio unos 8 o 9 hombres, que lo encandilaron con reflectores y lo sacan de la casa con las manos atadas y los ojos vendados y lo introducen a un vehículos, mientras algunos de ellos volvían al interior del inmueble. En la oportunidad, reconoció la voz de Romano y escuchó además que nombraban a “Quechu”, “Mikilo”, “Turco” y “Loco”, este último apodo de Romano. En dicha requisa desaparecieron unos anillos de casamiento del deponente, un reloj del mismo, otro de su esposa, una radio a pila, y lo de mayor importancia, al marcharse lo hicieron llevándose un tractor Fiat 500, cañero, perteneciente a su padre, del que no volvieron a tener noticias hasta el presente (...) Es llevado entonces al lugar donde permanece detenido su padre y hermano y de inmediato comenzaron a castigarlo para que hablara sobre el dinero de la compra del tractor (...) Alternativamente se suceden los castigos al declarante y a su padre para que modificaran su declaración, cosa que no lograron pese a que algunas veces perdían el sentido merced a la golpiza que les propinaban...”.
Miguel Alberto, Antonio Roberto, su tío Benigno Argañaraz y un vecino, también secuestrado es esos sucesos, Celso Isaías Zelaya (fue brutalmente golpeado, habiendo perdido el sentidos al menos una decena de veces durante el interrogatorio) fueron liberados progresivamente por los captores. Rosario Argañaraz no volvió a aparecer jamás, y la última noticia que se tuvo de él es el relato del señor Zelaya, que durante su cautiverio cree haber escuchado la voz de aquel quejándose débilmente por el dolor.
Una última palabra, referida a este caso: en la edición del matutino local La Gaceta del 30 de junio de 1979, pág. 8, aparece una noticia cuya copia adjuntamos en este informe, donde se da cuenta de la detención de dos sujetos que se dedicaban a extorsionar parejas en el parque 9 de Julio, resultando ser uno de éstos el ya mencionado policía Víctor Gerardo Romano, “dado de baja –dice el diario– hace dos años”:
Del Leg. 379-I-84, denuncia por privación ilegítima de la libertad y torturas en forma reiterada, en perjuicio de la ciudadana Gloria del Valle Iñiguez, 26 años de edad: a fines de diciembre de 1975, se produce su primer secuestro junto a su esposo (un camión del Ejército con 15 soldados), vendada y maniatada:
“... finamente llegan a un lugar donde los hacen descender, siendo sometida a un interrogatorio sobre cosas que la compareciente desconocía totalmente, golpes de por medio. Asimismo, es un momento dado fue sentada en una silla metálica, a la que electrificaron, siendo posteriormente liberada”.
En los carnavales de 1976 se produce su segundo secuestro, mientras se encontraba con sus familiares asistiendo a un baile, por insistencia de sus familiares, dado el estado depresivo en que había caído a raíz de la experiencia anterior. Tanto en éste, como en el anterior caso, la deponente reponsabiliza de su detención a Víctor Sánchez alias “Pecho y Tabla”.
“... estando sentada en el baile, en un momento dado hizo su aparición Sánchez, quien se dirigió hacia su mesa, seguido por efectivos policiales pertenecientes a la Brigada de Investigaciones y la sacaron a ella y una hermana menor que se encontraba en Tucumán de visita, diciendo: “¡abran paso que son extremistas!” (Como su esposo intentó intervenir) ... al tomar conocimiento que era su marido le dijeron “vos también vení con nosotros”, haciéndolos subir a un automóvil; las mujeres en el asiento trasero y su marido en el baúl del vehículo, siendo trasladados hasta la Brigada, sita entonces en Avenida Sarmiento esquina Muñecas de esta ciudad. Apenas llegada al lugar, la dicente es salvajemente golpeada, no ocurriendo lo mismo con su hermana a quien únicamente le aplicaron una cachetada para que dejase de llorar (...) fueron liberadas a la noche del día siguiente”.
Tiempo después, en mayo de 1976, es secuestrada por tercera vez en horas de la madrugada, por individuos que cubrían tanto sus rostros como sus cuerpos con bolsas de arpillera y capuchas, no permitiendo que se supiese si estaban uniformados o de civil. Fue sucesivamente trasladada de campo en campo (de concentración clandestinos), sin poder determinar dónde estaban por encontrarse vendada, salvo en uno, en que la tuvieron en el primer piso al que se llegaba subiendo por una estrecha escalera, próximo a una arteria o avenida de mucho movimiento, por lo que deduce podría tratarse de la Escuela Universitaria de Educación Física.
Posteriormente es trasladada a otro lugar, más alejado de calles o rutas, donde habían numerosos hombres y mujeres, reconociendo tanto en este lugar como en el anterior la voz de Víctor Sánchez, de quien explica su afán persecutorio diciendo que lo conoce de muy chica siendo permanentemente acosada por él. Agrega que este último lugar está en condiciones de identificar como el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Volvemos sobre este caso en el anexo II, destinado específicamente a campos de concentración.
Sobre estos campos de exterminio, tortura y muerte, debemos decir –sin perjuicio de lo ya desarrollado más anteriormente– que cumplían un doble objetivo:
A) Era el complemento fundamental del mecanismo represivo, desde los cuales los servicios de Inteligencia del régimen obtenían los datos necesarios para completar el ciclo ya descrito de secuestro–tortura–delación ... etc, utilizando para ello el inhumano recurso del “interrogatorio”.
El interrogatorio podía realizarse en lugares de tránsito o en los campos mismos.
En lugares de tránsito (recordemos el ejemplo de la familia Argañaraz): aplicación de golpes, colgamiento, picana eléctrica, etc.
En los campos: aplicación de métodos más refinados. Veamos qué nos dice un liberado de uno de esos centros infernales, el de Arsenales (Leg. 151-F-84).
“... Entre las torturas que practicaban describiré algunas:
1) La picana eléctrica aplicada a las regiones más sensibles del organismo: mucosa nasal, lengua, oído, órganos genitales y párpados.
2) La cama eléctrica (recordar la silla eléctrica del caso Iñiguez): lo acostaban en un elástico metálico y aplicaban la corriente que lo hacía saltar, produciéndose a veces desmayos y muertes por paros cardíacos.
3) El arrastre: después de estropearlos con golpes de puño y látigo, los cautivos, vendados los ojos y esposados las manos hacia atrás y en los pies era arrastrados por un tractor en un suelo desparejo lleno de piedras y espinas.
4) El enterramiento: cavaban un hoyo de acuerdo al tamaño de la víctima, lo llenaban de recortes de ladrillos, lo introducían en el mismo y lo tapaban de tierra apisonada, todo el cuerpo con excepción de la cabeza y ahí los tienen varios días.
5) El submarino: introducían a la víctima en cilindros de más o menos 1 metro de alto con agua hasta las 2/3 de la altura (introducían) la cabeza, cuando ya se ahogaban los subían un poco y luego repetían la operación. Aquí también murieron varios.
6) El colgamiento: las víctimas eran colgadas de los brazos con alambres. La piel se recogía totalmente dejando al descubierto las superficies musculares.”.
Estos interrogatorios se realizaban sin límites de tiempo ni en la aplicación de la violencia.
B) El régimen de los campos, sus métodos, el tratamiento a los prisioneros, apuntaba a un objetivo muy concreto: la desintegración de la persona en todos sus aspectos:
a) pérdida de identidad: asignación de números a los detenidos.
b) aislamiento: no podían hablar, vendas en los ojos, manos y pies esposados, imposibilidad de cualquier contacto con el mundo exterior, incluida la luz (Leg. 10.23 bis), pérdida de noción del tiempo.
c) cosificación: sensaciones de ridícula impotencia, falta de higiene, castigos constantes, los seres humanos tratados como bultos o cosas.
d) constantes tormentos, con el telón de fondo de la muerte; sentir la muerte de otros prisioneros, esperar resignadamente la propia.
e) humillación permanente: se estipulaban cinco minutos para defecar, en medio del campo con espinas, siendo obligados a latigazos a arrastrarse sobre las mismas a modo de “higienización”.
Del Leg. 45-D-84, secuestro y posterior desaparición de Ángel Díaz; secuestro y posterior recuperación de la libertad de Werlino Díaz, ambos hermanos:
“...El secuestro se realiza en la vivienda que ocupaban los nombrado en el Barrio “El Cuadro” de Bella Vista, el día 23/8/75, por un grupo al mando del Teniente Barceló (jefe del destacamento militar de Bella Vista). El Teniente Barceló golpeó a Ángel con el taco de su bota en el rostro provocándole una herida en la frente al resistirse a ser introducido en el automóvil en que lo llevaron. En ese momento llega Werlino Díaz y encuentra su casa ocupada por el grupo Militar que estaba destrozando la misma (colchones, tiran los comestibles al suelo, roban objetos de valor, etc.).”
“El teniente Barceló se ensaña con él, lo trompea y zafa el hombro derecho con un golpe del fusil, luego de castigarlo le mojan el cuerpo con el contenido de tres sifones de sida y una jarra de agua y uno de ellos con un toma corriente de un cable que el dicente tenía como chispero, le pelan las puntas y comienzan a aplicarle corriente, esto lo hacía saltar de dolor y parecía que se le querían salir los ojos. El dicente les pedía por favor que lo mataran y un subteniente dijo ‘basta ya’ “.
“Luego, entre dos le atan los ojos con un cable eléctrico pero el párpado del ojo izquierdo le queda levantado, con una toalla le envuelven la cara, lo sacan y lo conducen en un automóvil por calles de tierra y ripio, deteniéndose a cada rato, y tiraban sobre él más gente en el piso del auto (por lo menos 5 personas); al bajar se le cae la toalla y puede ver que está en la comisaría de Bella Vista; lo paran al lado de una ventana y lo castigan a azotes con un cinto, a la vez que lo insultaban. No sabe cuánto tiempo estuvo allí hasta que lo sacan en un auto llevándolo a un descampado, tirado en el piso y con fuertes dolores, le sacaron el cable y le pusieron dos trapos fríos en los ojos. Calcula que sería al amanecer del día siguiente cuando lo llevan a una pieza donde lo sientan en una silla y una persona comenzó a interrogarlo. Lo llevan nuevamente a un lugar donde había muchas personas de quienes escuchaba sus gritos de dolor”.
“Pierde la noción del tiempo y se da cuenta de que está amaneciendo; durante el día no lo molestan, pero al llegar la noche volvían a interrogarlo y castigarlo lo mismo que a las otras personas (era terrible escuchar los gritos de dolor). Allí reconoció la voz de su hermano Ángel, de un joven Arsenio Pedraza. El lunes fue lo mismo y los hicieron sentar en una mesa larga para comer, le pareció que el lugar era una escuela.”.
“Escuchó además detonaciones de armas de fuego y cuerpos que arrastraban como si estuvieran muertos. También había mujeres, a una de ellas sintió cómo la violaban varias guardias.”.
“Esa noche, luego de interrogarlo nuevamente, lo suben a una camioneta con 4 personas, los bajan en un camino y los largan. Su hermano Ángel nunca apareció, y él perdió la visión del ojo derecho a raíz de la atadura con el cable...”:
Combinación de torturas y tormentos físicos con sicológicos, encontramos en el Leg. 292-F-84:
“... durante 15 días fue sometido a interrogatorios donde lo acusaban de subversivo y le preguntaban por otras personas. Aclara que no fue torturado propiamente dicho, pero estuvo “tirado” a la intemperie, sin ropas, soportando lluvias, etc., durante los 15 días.”
(...)
“... Otro día (estamos ya en el segundo secuestro del comparente) los llevaron maniatados y vendados los ojos a las proximidades del Río Salí, donde los bajaron y les dijeron que serían fusilados, les dijeron que contarían hasta 5 y los matarían; hubo un simulacro y contaron hasta 4; luego los desataron diciéndoles que se habían equivocado, que los disculpen; de allí los llevaron hasta el comando; allí se repitieron los interrogatorios y fueron dejados en libertad Vázquez y Belén. Pero al dicente le dieron una pastilla, que al parecer era una droga, pues de esos momentos tiene un vago recuerdo, como si fuera un sueño. Lo dejaron en libertad, pero su estado de inconciencia era tal, que anduvo vagando, en lugar de dirigirse hacia el sector céntrico de la ciudad, se había ido hacia el norte. Recién cerca del Cementerio del Norte “despertó” de ese estado...” (Fs. 1 y 2).
Igualmente, ejemplos de tortura sicológica, citamos el Leg. 229-F-84, citado en anexo de presos políticos legalizados, cuando el joven Fuigueroa lo introducen vivo en un ataúd durante varios días, junto a la amenaza de que iban a matar a sus padres y hermanos, realizada por el Inspector Albornoz.
El uso de vendas era un elemento intrínseco al desarrollo de todo proceso represivo, a fin de garantizar la clandestinidad y la impunidad. En la causa N° 163 leemos:
“... uno de los otros detenidos pedía por favor a los guardias que iban con nosotros en la camioneta que le aflojen las vendas porque lo estaban lastimando, y uno de los guardias le respondió: ‘en la morgue te la vamos a sacar’...”.
4. Diligencias posteriores al secuestro
Como hemos afirmado antes, la desesperada y angustiosa búsqueda por parte de los familiares de la víctima en forma posterior al secuestro, habrá de estrellarse siempre contra una muralla de silencios y evasivas, cuando no de malos tratos (físicos y/o verbales) o intimidaciones. Veamos algunos casos que solían presentarse.
4.1 Recorrido por las dependencias oficiales
Leg. 293. Desaparición de Zenón Ruiz:
“... el 28 de julio de 1975, siendo las 3.00 de la madrugada, aproximadamente (...) llegó una comisión policial al mando del Comisario Inspector Roberto Albornoz, integrada por unos quince efectivos de civil y armados con armas cortas y largas. Derribaron la puerta del inmueble e ingresaron de inmediato (...) al querer intervenir a favor de su marido, la declarante recibió sendas cachetadas, propinadas por dos de los incursores. No obstante ello, alcanzó a decirle al mencionado Albornoz: “mire que se lleva usted detenido a mi marido”, a lo que él respondió: “haga entrar a esta mujer o proceda como tienen que hacerlo” (...) Al día siguiente la deponente acudió a la Dirección de Institutos Penales, donde entonces titular de la Repartición de apellido Del Pino, le dijo que necesitaba algún tiempo para averiguar qué había sucedido. Numerosas veces volvió la dicente a preguntar si había alguna novedad, recibiendo siempre respuestas negativas. Aclara que oportunamente presentó recursos de Habeas Corpus en la Justicia Federal, el que le fue denegado. Así también desea informar que se apersonó a diversas comisarías y a la famosa “Escueiita de Famaillá”, tratando de dar con el paradero de su marido, pero todas estas gestiones resultaron infructuosas...”.
Leg. 1. Calabró,
Elda Leonor. Desaparición. Secuestro producido el 15/06/76 (descripto en Anexo Poder Judicial).
El denunciante, con posterioridad al secuestro, se refiere:
“... Me dirigí al Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía de Tucumán, ubicado en calle Muñecas a una cuadra de Avda. Sarmiento (fue actualmente trasladado) en compañía de mi madre que no sufrió daño alguno; en esa dependencia fui atendido por el entonces Jefe del Cuerpo Noé Bonifacio Medina y por el Jefe de Grupos Armados de la Policía de Tucumán, Sr. José Díaz, los que ordenaron la salida de 3 vehículos policiales, con personal armado y se cerraron los puestos camineros de salida de la Capital. En uno de esos vehículos fui personalmente. Todo esto presupone que en esos momentos no fui sacado del radio Capital. Minutos más tarde se comunicó el hecho al Subjefe de Policía, por entonces mayor Orlando Castellini y al Comando de la 5ª Brigada por intermedio del entonces coronel Bari. Después, y aproximadamente a horas 22, fue radicada formalmente la denuncia en el Departamento de Investigaciones (Seguridad Personal) de la Policía de Tucumán. Dos o tres días después del secuestro hablé personalmente con el entonces Jefe de Policía, Tte. Coronel Zimmerman y ante la pregunta de dónde estaba mi hermana ya que no tenía militancia política, ni conexiones subversivas, que sólo se dedicaba en su profesión de abogada a defender obreros despedidos, me respondió: “...¿cómo asegura usted que los defendidos de su hermana no son subversivos?...”. Posteriormente fuimos objeto de extorsiones en la que recuerdo que por esta causa fueron detenidos un tal Romanp, otro de apellido Páez y otros más, estas actuaciones en las que hubo secuestro (...) Luego mi madre entregó en manos propias al ex gobernador y Comandante Bussi una nota detallando los hechos, la que nos fue contestada diciéndonos que no estaba detenida en ninguna dependencia del Ejército (...) fui amenazado telefónicamente por desconocidos, pero cuando amenazan saben cómo hacerlo: “si sigues con el asunto de la desaparición de tu hermana, no sólo ella va a ser, sino uno de tus hijos”....”.
4.2 Otras entrevistas con jefes de dependencias oficiales.
En el Leg. 193-P-84 (Palavecino, Domingo Valentín.
Secuestrado el 11/3/77), podemos ver:
“... Luego de más o menos seis meses, por intermedio de un amigo personal (...) le consiguió una audiencia con el comisario Roberto Albornoz, alias “el Tuerto”, el que lo atendió en forma muy amable y lo escuchó hablar por espacio de 20 minutos más o menos, luego el mencionado Albornoz le dijo: “quedate tranquilo y venite dentro de tres días, que yo seguro te tengo noticias”. Cumplido ese plazo, se presentó nuevamente en la Jefatura y cuando lo estaban por revisar, para dejarlo entrar, apareció el “Tuerto” y le dijo a los policías: “A Palavecino no lo revisen, pues no trae nada y háganlo pasar de inmediato”; cuando éste entró al despacho de Albornoz, éste le dijo: “ahora vos me vas a escuchar a mí, y no se te ocurra interrumpirme porque te meto adentro y te reviento”, dicho lo cual sacó una carpeta en donde estaba la foto de su hijo y le dijo: “tu hijo es un terrible agitador peronista de la Universidad y hasta te podría decir que es zurdo, así que mejor callate la boca y andate, porque no es tu hijo quien debiera estar preso, sino vos; además no te puedo decir si tu hijo está vivo o muerto, pero es muy posible que aún esté vivo...”; con tal motivo, y luego de las amenazas e improperios que le dijo (...) no le quedó otro recurso que irse (...) en otra oportunidad y por intermedio del obispo Blas Victorio Conrero (hoy fallecido) consiguió una audiencia con el jefe de policía Zimmerman; en esa oportunidad lo acompañó el sacerdote de apellido Randisi, pero Zimmerman, luego de escucharlo, le dijo que no sabía nada...”.
4.3 Personas detenidas que fueron vistas en centros clandestinos por detenidos-liberados que informaron a los familiares. Negativa de las dependencias oficiales.
Leg. 41-G-84. Jaramillo, María Carmen
“...Con posterioridad a este hecho su hija... recibió una llamada telefónica y una voz anónima le dijo que no hiciera preguntas, que su hermana está bien, que el día 12 de febrero, cumpleaños del padre, iba a llamar por teléfono, en vano esperaron la llamada ya que su hija nunca habló. Que también una señorita (...) que era conocida de su hija, le manifestó que los últimos días de enero, oportunidad en la que la detuvieron a ésta en la Jefatura de Policía, notó que había muchas chicas, todas con los ojos vendados, pero ella escuchó que llamaban en voz alta a Carmen Jaramillo, luego de esto la citada señorita la pusieron en libertad...”.
Manifiesta el deponente en denuncia que la víctima fue también vista en Cárcel Villa Urquiza, conforme los testimonios de su entrevista con una interna del penal:
“... efectivamente la había visto, que en los últimos días de enero, primeros días de febrero, estuvo con ella, luego la sacaron de la unidad y no supo más de ella. Manifiesta la deponente que no hicieron una denuncia policial, que en principio no sabía qué hacer, pero que el mismo día fueron a la Jefatura de Policía, Comando y la Policía Federal sin resultados. Al poco tiempo lo asesoraron que debía interponer un recurso de Habeas Hábeas en el Juzgado Federal, lo que hicieron pero sin resultado y luego, como tres o cuatro más en el mismo Juzgado pero sin resultado. Asimismo, escribió cartas a distintas autoridades, efectuó la denuncia a distintos organismos de derechos humanos, Cruz Roja Internacional, Española y Argentina, Reyes de España, pero sin resultado...”.
4.4 Extorsión a familiares para dar información
Leg. 200-A-84. González, Humberto Alfredo
“... Desea manifestar que un policía de apellido Romano, el que para esa fecha trabajaba en la Jefatura de Policía como sumariante y que el compareciente conocía de antes en una visita que éste hizo a la mencionada dependencia policial para averiguar de su hermano, que para darle datos tenía que darle unos pesos, para que éste, a su vez, se los diera al Tuerto Albornoz, entre sus varias coimas que le dio en una oportunidad le dijo que su hermano estaba en la Brigada de Identificaciones. Cuando el compareciente se presentó en la Brigada, en la misma, luego de buscar en los libros, le dijeron que allí no estaba, luego volvió a la Jefatura y lo vio de nuevo a Romano, el que le dijo que a su hermano lo habían trasladado a la cárcel de Villa Urquiza; él quedó en averiguar ante el jefe del Penal que para esa época era Marcos Fidencio Hidalgo, si allí se encontraba el desaparecido, cuando fue a la Jefatura nuevamente, Romano le dijo que no estaba en el Penal y que no sabía adonde lo habían trasladado. Luego de 40 días más o menos Romano le dijo que si quería que su hermano apareciera con vida él lo iba a lograr y que lo dejaría en la frontera con Bolivia, pero que para que eso sucediera tendría que regalarle a él (a Romano) un Ford Falcon; el compareciente le dijo que no había ningún problema, lo que él quería era que su hermano apareciera y que él (Romano) tendría el automóvil Ford que deseaba, pero si previamente el compareciente se contactara con su hermano en la frontera; fue en ese momento cuando Romano le dijo: “mirá que macana, hoy lo ibamos a sacar a tu hermano en libertad, pero resulta que anoche lo llevaron de Villa Urquiza, no sé adonde”. (...) Cuenta que en una oportunidad se le acercó un tipo, que luego supo que era de apellido Sánchez, mientras se encontraba tomando un café en el bar La Carpa de avenida Sarmiento al 700 y le dijo que dejara de averiguar de su hermano, porque si lo seguía haciendo le iban a hacer desaparecer a toda la familia...”.
Leg. 280-S-84. Sesto, Lilia Estela
“...cuando llegó a Tucumán se dirigió directamente al domicilio de la calle Uruguay en donde se dio con la novedad de que en la puerta de entrada había un policía de consigna, al que le preguntó por los dueños de casa, a lo que éste, sin decirle nada, se comunica con la policía y acto seguido aparece un cabo de policía de nombre Segura, el que habla con su marido y le dice que él había matado a Lilia Estela, en un enfrentamiento, y él mismo inmediatamente lo conduce a su marido, en calidad de detenido, cree que a la seccional 7a. de policía, hoy 6a. en donde lo tienen en esa calidad 24 horas y antes de dejarlo en libertad, le dicen que no siga averiguando más, porque si no a él le iba a pasar lo mismo que a su hija; con tal motivo, y previa entrega de una coima, fue dejado en libertad por lo que éste se volvió a Mendoza. Que en la mencionada seccional, y previo pago de una coima, logra que le muestren un expediente en donde consta que para esa fecha, o sea el 15 de agosto de 1976, mueren en un enfrentamiento con fuerzas policiales y con motivo de un allanamiento al domicilio de calle Uruguay, aduciendo que en el mismo había armas ilegales, un muchacho, una chica, de los que no sabe el nombre y su hija...”.
4.5 Hechos destacables
Del Leg. 342. Secuestro y Desaparición del joven M. A. Alvarez, cómo su esposa presencia la escena siguiente:
“... al levantarse mi hijo (de la cama, cuando entran) reconoce a dos de sus captores, como ex compañeros de escuela primaria: a los que nombra delante de su esposa, como Del Pino y Tamayira (alias El Japonés) y a un teniente Cabrera, catamarqueño también...”.
El padre del desaparecido se contacta en Catamarca con la madre del Teniente Del Pino, que reside en esa ciudad, quien en respuesta a su pedido de intervención le entrega una carta para su hijo (Del Pino) para que lo reciba en Tucumán:
“... De este modo viajo nuevamente a la ciudad a conversar con el teniente Del Pino, el cual reiteradamente se niega a recibirme hasta que luego de varios días soy atendido por un sargento quien se disculpa y evade mis preguntas, no pude hablar en ningún momento con el Teniente Del Pino...”
siendo que previamente a eso, el denunciante había concurrido al Ejército, con asiento en Tucumán:
“... y que en esos momentos se encontraba a cargo del general Bussi en donde denuncio los hechos, que me son negados y sin asentar la denuncia me responden en forma verbal y negativa...”.
Muchas veces, esas respuestas “verbales y negativas”, como expresa el atribulado padre del joven desaparecido, alcanzaban ribetes intimidatorios y humillantes. En el Leg. 162-L-84 (caso Juan Manuel Luna), cuenta su madre que al concurrir a la Policía,,,
“... la atendió el Tte. Cnel. Arrechea, en su despacho, que lo hizo en forma amenazante, ya que le dijo: “te voy a matar, porque estás buscando a un hijo guerrillero”, a lo que la dicente contestó que ella “no sabía qué era extremismo, que lo único que sabía era que buscaba a su hijo”; luego éste (Arrechea) le hizo poner las manos sobre la pared, y la amenazaba con un arma en la mano, repitiéndole: “te voy a matar porque tu hijo era un extremista”. Todo eso ocurrió en presencia de un empleado, del que ignora su nombre...”.
Y otras veces estaban preñadas de un notable contenido de cinismo, como esta respuesta del General Bussi, escrita, de fecha 30 de enero de 1976:
“... los conceptos que usted vierte en su carta son evidentemente injustos, dado que son inexactos, constituyéndose sin fundamento alguno en atentatorios contra la rectitud de procedimientos que caracterizan al accionar del Ejército (...) comprendo su preocupación de madre, como también soy sensible al sufrimiento de muchas otras que aún padecen la pérdida de sus hijos vilmente asesinados por la delincuencia subversiva”. (Leg. 359, Fs. 20).
Y también en el Leg. 77-G-84, en foja 3:
“... en una de mis cartas al General Bussi (...) en el mismo papel, a la vuelta de mi carta, Bussi, con puño y letra, tinta colorada, se dirigió a la comisaría de Lastenia, Cruz Alta, solicitando urgentemente se informe sobre mi conducta y la de mi familia...”.
Mientras, en el Legajo por la desaparición del adolescente Enrique Fernández, ya citada, al concurrir la madre a Jefatura de Policía a hablar con el Inspector Roberto Heriberto Albornoz, éste le manifestó lo siguiente:
“... que a los chicos, junto con su hijo, los había entregado al Ejército, con posterioridad a su detención (...) y que formulada esta declaración, la dicente se retiró de la Jefatura”.
Se aclara a renglón seguido:
“... destaca la denunciante la caradurez de este oficial Albornoz, ya que en oportunidad de que denunciara los hechos a la Justicia Federal, y ordenando un careo con la dicente, “el Tuerto” dijo esto: “que no había hecho esa declaración a la declarante y que no la conocía”...”. (Leg. 37-F-84, fs.4).
5. Casos Especiales
Hemos escogido especialmente para esta sección, algunas causa que constituyen demostraciones muy claras de cómo operó la represión en nuestra Provincia, causas que hablan por sí solas.
Una de ellas se refiere al secuestro de un policía que no estaba de acuerdo con participar en los hechos criminales resaltados a lo largo de este informe; otra registra el testimonio de un grupo de amigos del secuestrado que siguieron al auto de los captores y lo vieron dónde entraba: una tercera, se refiere a la situación de un joven –casi adolescente– secuestrado y desaparecido, que figuró en una lista de detenidos legales; la cuarta: porque se identifica con meridiana claridad al jefe del operativo; y la quinta, finalmente, es la transcripción de la denuncia de un ex soldado conscripto obligado a participar de secuestros durante el servicio militar.
5.1 Desaparición de la Familia López y del policía W. Quinteros
Estamos en la lectura de la causa 416-L-85, referida a la desaparición de la familia López, hechos cuyo resumen es el siguiente:
“... en la madrugada del día 27 de febrero de 1976 (...) se presentó en el domicilio de sus padres y hermanos (Santiago 3750, S. M. Tucumán) un grupo de aproximadamente 15 a 20 personas, fuertemente armados, quienes entraron a la vivienda (...) y procedieron a sacar de sus camas a las víctimas, golpeándolas y golpeando también al padre Edmundo López que se encontraba durmiendo en la primera habitación junto al menor de los hijos, de diecisiete años entonces, en el segundo dormitorio dormían Ramón Francisco, de 21 y Rosa Ceferina de 20 años junto a uno de sus hijos de Sandra Mónica López, de 2 años y medio (la niñita fue entregada a su abuelo por la propia hija de ése antes que se la lleven) (...) En este estado manifiesta la compareciente que su señor padre, que fue testigo presencial de los hechos, reconoció al Comisario Roberto Albornoz (a) El Tuerto entre los que integraban el grupo de intrusos y secuestradores, a quien se dirigió preguntándole a dónde llevaban a sus hijos y éste le respondió por averiguaciones. A una nueva e insistente pregunta del padre, Albornoz lo amenazó en los siguientes términos: “que se calle o lo iba a dejar seco”, mientras le ponía un arma en el pecho; esto entre una serie de insultos que le proferían tanto Albornoz como otros miembros del grupo (...) Quiere agregar la declarante que la misma noche del secuestro de sus hermanos, alrededor de las 2 de la mañana, un grupo de encapuchados, salvo uno, de gran estatura y cara colorada, golpeaba puertas y ventanas para entrar a su casa (...) en el interior de la cual estaban su marido y los ocho hijos del matrimonio (...) Al abrirles la puerta la declarante (embarazada de seis meses en ese momento) entraron los individuos. Todos tenían uniforme azul y botas negras como los que usa la policía de la provincia y los rostros con capucha. Que ya habían tirado una ventana y una puerta del fondo, ella fue a abrir la de adelante; el primero que entró fue el mencionado individuo sin capucha, a quien preguntó qué querían recibiendo por respuesta una cachetada. Ahí su marido gritó que no le peguen, que estaba embarazada, entonces empezaron a pegarle a él”.
(...)
Todos los demás hijos –6 mujeres y 2 varones– la mayor acaba de cumplir 15 años, se encontraban en otro dormitorio y también fueron goleados y amenazados a punta de pistola, y como la luz estaba cortada, alumbraban el rostro de los chicos con linterna (...) Que los insultos eran constantes y que después de recibir un nuevo golpe quedó descompuesta, dándose cuenta de pronto que estaba adentro de un vehículo, maniatada y vendada –habían roto un vestido recién hecho de una de sus hijas– (...) Luego la llevan a un lugar que supone era la Jefatura de Policía introduciéndola en una habitación o salón grande (...) allí escuchó que golpeaban a alguien y preguntaban ´”cuál es tu nombre”, a lo que su hermano respondió “yo soy Juan Carlos”, escuchó más golpes y que lo sumergían en algún lugar con agua pues su hermano pedía que no lo “metan más en el agua” (...) escuchó de nuevo “tu nombre” y la respuesta “Ramón Francisco”; a él no lo pusieron en el agua, pero escuchó cómo lo golpeaban y sus gritos y gemidos (...) y así sucesivamente supo que estaba con todos sus hermanos (...) Que al rato la llevaron a otra habitación tirándole de los cabellos y pegándole en el vientre diciéndole, entre otras cosas, que “iba a mal parir” (así la sometieron un largo rato a gritos, insultos y golpes) (...) hasta que una voz aporteñada dijo “esta negra no sabe nada”. La sacaron y la subieron a un vehículo, y la levaron (...) ella creyó que la matarían pero la dejaron en un lugar aflojándole las vendas y las ataduras, con la orden de no darse vueltas y seguir caminando derechito. Pese a ello la dicente se volvió ligeramente y vio –corriéndose las vendas– que se alejaba un patrullero con la luz prendida (...) Agrega que en cautiverio reconoció una voz, que la identificó como de algún conocido; ocurrió que al tiempo otro hermano se accidentó y fue a preguntar por el Manolín, un vecino de apellido Pérez, que era quien había estado la noche del secuestro. Que al poco tiempo de esto salió en los diarios que el Policía Pérez había muerto accidentalmente de un disparo en la Comisaría de Marcos Paz...”.
Del resto de la familia López no se supo nada más; pero del mismo testimonio de Marta, la hija secuestrada y liberada posteriormente, que nos está relatando la historia, surge lo siguiente:
“... Que a los pocos días de ocurrido el hecho (del secuestro de su familia) se presentó en su domicilio el policía Quinteros (sic), quien vivía aproximadamente a cuatro cuadras de la casa de la familia donde se produjo el secuestro, a hablar con su madre Juana Rosa Córdoba de López, fallecida en el año 1983; en esa oportunidad le manifestó que él personalmente había participado junto a Albornoz del secuestro de sus hijos, y que él había participado contra su voluntad y por orden de Albornoz...”.
Hasta aquí el relato de los hechos referidos a la desaparición de 3 integrantes de la familia López, hecho ocurrido 3l 27/2/76, y en cuyo párrafo final se hace mención a la intervención del “policía Quinteros” que vivía a cuatro cuadras de la casa de López, y finalmente agrega: “que tiene conocimiento que al poco tiempo habría desaparecido este policía Quinteros”.
Ahora nosotros: efectivamente, en fecha 1 de abril de 1985, se abrió en esta Comisión un expediente con el número 425-Q-85, al presentarse la señora Lilia Quiroga de Quinteros a denunciar la desaparición de su marido, siendo sus datos los siguientes:
Nombre: Quinteros, Wenceslao.
Domicilio: Marcos Paz 3582 (exactamente a 4 cuadras de López)
Ocupación: Policía (cesanteado) cargo de Comisario Principal.
Fecha del Secuestro: 11 de julio de 1977.
No cabe duda alguna de que se trata del mismo caso a que hace alusión la señora López, cuya declaración parece echar alguna luz en el oscuro episodio de su secuestro:
“... ese día salió de casa a las 8 hs. con su hermano José Américo Quinteros para su trabajo. Se bajó en la sucursal Ciudadela del Banco Nación; cuando volvió su hermano a hs. 11 no lo encontró (...) hasta el momento nunca más tuvo noticias suyas...”.
5.2 Desaparición de Javier Hipólito Centurión
Aquí el hecho sobresaliente es que existen dos personas, en calidad de testigos, que vieron cómo el automóvil conducía a Centurión a la Jefatura de Policía,
“... En su presentación, la denuncia manifiesta que su hijo Javier Hipólito Centurión fue introducido, el 19 de agosto de 1976, a horas 20.30 aproximadamente, por cuatro o cinco individuos vestidos de civil que portaban armas larga y cortas, en un automóvil Torino 4 puertas, de color azul-celeste, con chapa patente de la Capital Federal cuyo número se ignora. El hecho ocurrió en calle Mendoza al 500 de esta ciudad y fue presenciado por dos amigos de Centurión, quienes en otro automóvil siguieron al que llevaba a este último (fue introducido en él sin ningún tipo de violencia) hasta verlo detenerse en calle Santa Fe al 800, “lugar posterior de la Jefatura de Policía, y lugar donde funcionaba la tristemente célebre Sección Confidenciales”. Los seguidores, Dante Rolando Santilli y Romelio Rolando Maciel, debieron seguir transitando en su vehículo “para no ser descubiertos”. Se dice, además, que poco después del hecho referido (a una semana, aproximadamente), un oficial de policía reconoció que, efectivamente, Javier Hipólito Centurión se hallaba detenido en dicha dependencia, luego de insistentes intentos de averiguación en la Jefatura de Policía”.
A fs. 16/17 de esta causa se encuentra agregado el testimonio que ante la Comisión Bicameral prestaron los mencionados XX y ZZ, quienes ratifican lo denunciado por la madre del desaparecido, aclarando que el automóvil en que los captores llevaban a Centurión...
“... dio vuelta en Marcos Paz hasta la calle Salta, y allí dio vuelta hacia Santa Fe; pero los exponentes no pudieron seguirlo puesto que en Salta y Santa Fe existía una barrera puesta por la policía. Con tal motivo, siguieron por Marcos Paz hasta calle Catamarca. Hasta allí es lo que conocen de este asunto...”. (Leg. 147-G-84).
5.3. Desaparición de Arturo Alberto Lescano
Identifica como especial a este caso, el hecho de que al haber sido incluido su nombre en una lista de presos políticos reconocidos –tal como se narra a continuación– resulta evidente que se encontraba, a partir de su captura, en poder de las fuerzas de seguridad.
“... La denunciante, madre del desaparecido, tomó conocimiento a través de una llamada telefónica anónima que su hijo habría sido detenido en esta provincia (la misma tiene su domicilio en Santiago del Estero), en un operativo policial. Por tal motivo viaja a ésta e intenta infructuosamente averiguar algo sobre el particular en la 5a. Brigada de Infantería y Jefatura de Policía (en ambos casos se le dijo que allí no estaba detenido Arturo Alberto Lescano). Tiempo después, el 15 de abril de 1978, el diario “El Liberal” de Santiago del Estero, publica una información sobre “una nueva lista de detenidos liberados...”, emanada del Ministerio del Interior, en la que figuraba su hijo. Ante ello, telegrafió al titular de dicha cartera pidiéndole que comunicase a su hijo que sus familiares iban en su busca a la Capital Federal. Llegada a ella se hizo presente en el Ministerio del Interior, donde un capitán “que dijo llamarse Jorge Fernández” le manifestó que en ningún momento su hijo había estado detenido a disposición del PEN y, consecuentemente, carecía de toda noticia sobre el particular. Al indicarle la dicente cómo era posible que las publicaciones periodísticas fueran coincidentes en lo que hace a la nómina de liberados (la lista en cuestión también la habrían publicado diarios de la Capital Federal) y que, por el contrario él (el militar) dijese todo lo opuesto, el mismo respondió que “nada más podía informarle”. Nunca más la compareciente tuvo noticias sobre el desaparecido, motivo de la denuncia”.
5.4 Desaparición de Juan Carlos Chaparro
La víctima trabajaba en YPF y fue secuestrada de acuerdo a los hechos que se relatan a continuación, siendo el rasgo sobresaliente del caso que siendo reconocido el Comisario Albornoz por un funcionario de la empresa –al identificarse dicho policía– inmediatamente presentó la denuncia en una comisaría citando dicha circunstancia.
En su apartado 3 (Procedimiento), se dice:
“Una dotación de seis personas, que actuó a cara descubierta, dirigidas por un señor de apellido Albornoz, que dijo ser Comisario de la Policía Federal de Tucumán, y que presentó una cédula de la que los testigos sólo vieron el número 38, se presentó al campamento de Arenales en 2 vehículos: un Ford Falcon color verde y un Renault 12. Detenido Juan Carlos Chaparro, fue conducido a su lugar de residencia, en la ciudad de Metán y luego trasladado con rumbo oficialmente desconocido”.
En el apartado 4.1, se expresa lo siguiente:
“El procedimiento ocurrió el jueves 19 de junio de 1975, siendo las 11.30 horas en el Pozo X 1 Arenales, dependiente de YPF, ubicado en Ovando, Dpto. de Rosario de la Frontera, provincia de Salta”.
A fojas 4, el apartado 6 (Ejecutores), dice el punto 6.1:
“El operativo estuvo a cargo del Comisario Inspector Albornoz, que si bien dijo que pertenecía a la Policía Federal, es de público conocimiento que prestaba servicios en la Policía Provincial de Tucumán. Su documento identificatorio, según consta en la denuncia policial adjunta, terminaba en 38. Se deja constancia como dato aclaratorio, y porque sabemos que hay otros “Albornoz” en el cuerpo policial provincial, que se trata de Roberto Albornoz, apodado “El Tuerto”, domiciliado en Banda del Río Salí, provincia de Tucumán”.
Apartado 6.2: Un funcionario policial, sin duda implicado según se consigna en el punto 7.1.3, es el entonces Coronel Néstor Castelli, oficial del Ejército Argentino, que desempeñaba el cargo de Jefe de Policía de Tucumán en junio de 1975.
Punto 6.3: “Sobre el destino definitivo de Juan Carlos Chaparro evidencia haber tenido conocimiento un capitán del Ejército Argentino llamado Jorge Lazarte, que aún reside en Tucumán, quien habría dicho en setiembre de 1975 que “el gordo Chaparro” (y tal era, en efecto, un apodo del antedicho) estaba muerto. Textualmente, conforme a las versiones indirectas que recibimos: “ese es el gordo Chaparro, y ya está tocando el arpa con los angelitos”. “Díganle a esa familia que no pregunte más, porque se compromete”. Lamentablemente los receptores directos del mensaje no querrán testificar”.
Punto 6.4: “A fines de 1975 un policía apellidado Cirnio o Sirnio respondió frente a otra consulta: “¿Todavía preguntando por ése? Díganle a su viuda que ya puede ir sacándose el luto”...”.
El punto 7.1.3 dice: “El 25/7/75 se entrevistó al Dr. M. Cuezo, presidente de la Cámara de Senadores. Como consecuencia de este contacto, el 29/7/75 se obtiene una información oficial pero telefónica, a través del funcionario gubernamental, señor Rubén Chebaia. Luego de expresar: “esto es oficial, de parte del gobierno de Tucumán”, Chebaia comunica que el coronel Néstor Castelli –previa comunicación, según dijo, con el General Luciano Benjamín Menéndez, anoticiado de los hechos por el mismo Chebaia– se habría presentado en casa de Gobierno y reconocido la detención de Chaparro por personal de su dependencia. Atestiguó asimismo el Coronel Castelli en dicha oportunidad que Juan Carlos Chaparro había sido trasladado a Famaillá y puesto a disposición del General Acdel Vilas, Comandante de la V Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, jefe, además, del “Operativo Independencia”. El señor Rubén Chebaia no podrá lamentablemente actuar como testigo porque fue secuestrado en marzo de 1976, figurando hoy como un desaparecido más”.
A fs. 8 corre agregada fotocopia de denuncia policial autenticada por escribano público, en la cual se menciona expresamente por el denunciante (Vicente Arsenio González) al “Comisario Inspector Albornoz”, al que el “detenido” reconoció.
A fs. 9 se agrega una fotocopia de una carta dirigida al señor Raúl Chaparro (padre del desaparecido) por el Administrador de Yacimiento Norte de YPF, en la que se dice: “... se presentó al citado campamento un señor de apellido Albornoz, con cinco acompañantes, exhibiendo...”, etc.
A fs. 10 hay fotocopia de una carta suscripta por un funcionario de YPF en la que se alude también a la presencia de Albornoz en el campamento Arenales, donde procedió a “arrestar a su hijo”.
5.5. Revelaciones de un participante en operativos de secuestros: testimonios de Causa 248-A-84
“... Que el 1 de marzo de 1975, le tocó hacer el servicio militar obligatorio y que fue destinado al Regimiento 19 de Infantería, que en una fecha determinada, el oficial de semana les dijo que se prepararan porque tenían que salir de recorrida por la zona y que para ese efecto se formarán grupos de 12 personas más o menos, ese Oficial de semana estaba acompañado por un Teniente 1° de apellido Trucco; cuando salieron del Regimiento, los soldados y él incluido, fueron introducidos en la parte de atrás de un camión del Ejército, el que estaba cubierto en toda su extensión por una lona, cuando emprendieron la marcha, el exponente y sus compañeros creyeron que tenían que hacer un recorrido por la ciudad, pero como habían andado bastante tiempo, miraron hacia fuera y vieron que se encontraban en el campo, sobre una ruta y que para los costados se podía ver plantaciones de caña, para esto eran alrededor de las 0.30 de la madrugada, en un momento determinado pararon en un pueblo y estacionaron frente a una comisaría de donde salió un grupo compuesto por tres personas uniformadas con uniforme clásico de la policía, los que hablaron con el jefe de su grupo militar que para ese entonces era el Teniente 1° Pérez Cometo, que a la misma vez era el jefe de la compañía en que revistaba el compareciente. Luego de que éste habló con los policías, lo trasladaron a todos bajo un foco y en ese lugar les avisaron que estaban en la localidad de “La Florida”, Dpto. Cruz Alta, y mostrando una lista que le habían dado a los policías les dijo que tenían que efectuar un procedimiento en varias casas de la zona y llevarse a 9 personas. Cuenta el compareciente, que los hicieron poner de rodillas en tierra mientras le explicaban lo que ha expuesto y que los policías con los militares se entendían por seña, vale decir, los policías señalaban con la mano a una casa determinada; entonces, los militares procedían a secuestrar a las personas que estos señalaban, pero acota que los policías jamás se bajaban de sus vehículos, para que no pudieran ser reconocidos por los futuros secuestrados y que normalmente se estacionaban a una distancia prudencial de la casa en donde debían efectuar el procedimiento. Que el grupo antes de proceder obraba de la siguiente manera: una parte rodeaba la parte de atrás de la casa, otra la parte de adelante, dos frente a las ventanas de las casas en caso de que tuvieran; otros dos, frente a la puerta de entrada de las viviendas, en donde generalmente era designado el compareciente. Que el Teniente 1° Pérez Cometo, estaba armado con un revólver normal y ellos con rifles “F.A.L.”, vale decir, armas largas, que tenían la orden de golpear la puerta de la casa y cuando de adentro le contestaban, ellos debían responder “Los militares”, pero cuando no contestaban, tenían la orden de que con la culata de los rifles que tienen una chapa metálica y un hueco, golpear la puerta hasta derribarla. Que de ninguna de las casas en donde efectuaron procedimientos se enteró el nombre de sus habitantes, ni el nombre del secuestrado; sólo le dijeron que lo hacían por razones políticas. Que la forma en que procedían era así: luego que entraban en las casas, el Teniente 1° Pérez Cometo, leía en el papel que le dieron los policías, el nombre de las personas, cuando éste se daba a conocer diciendo “yo soy”, le vendaban los ojos con cualquier elemento que tuvieran a mano, ya sea una bufanda, etcétera, pero nunca con vendas tipo farmacéuticas. No le ataban las manos. Que de las 9 personas que tenían que sacar llevaron únicamente siete, porque dos no las encontraron. Entre las personas que fueron a buscar, desea contar una anécdota: Que fueron a la casa de una señora, aparentemente la madre de la persona que buscaban, cuando ésta les dijo que allí no se encontraba, le pidieron el domicilio de su hijo y cuando fueron a buscarlo éste ya no se encontraba, por lo que el Teniente 1° Pérez Cometo sacó afuera a una hija muy pequeña del buscado, y engañándola, ofreciéndole un caramelo, le preguntó por su padre, a lo que la chiquita les dijo: que recién estuvo en la casa, pero que se había ido, no sabe adonde. Que esas siete personas detenidas fueron conducidas al Regimiento 19 y el exponente, preocupado por la suerte de esa gente, quedó con un compañero suyo en ir a la guardia al día siguiente, y cuando recogieran la leche preguntar o ver adónde se encontraban los detenidos. Cuando fueron a la guardia, se dieron con que ya no estaban allí, a pesar de que en la madrugada lo habían dejado en ese sitio. Que cuando nuevamente el oficial de semana y en otra oportunidad y varias más, solicitaban los voluntarios para salir afuera a efectuar procedimientos, ya ninguno se ofrecía, pues ya se imaginaban que era para seguir efectuando ese tipo de procedimientos, que el compareciente, en forma particular, no aceptaba ni estaba de acuerdo, por lo que los militares procedían a designar por medio de orden las personas que saldrían. Que a los pocos días los militares designaban gentes o soldados para que fueran a distintos lugares de la provincia, por más o menos un mes cada grupo, que cuando un grupo volvía salía otro y así sucesivamente, que a él le tocó en una oportunidad estar un mes por la zona de Santa Lucía y Caspinchango, esta última localidad es en la actualidad el pueblo Teniente Berdina. Que luego de ese mes en que estaban en los pueblos donde debían efectuar procedimientos, los premiaban con 15 día de licencia”.
6. Coordinación entre organismos de seguridad
A partir de febrero de 1975, se establece la intervención de las F.F.A.A. en nuestra provincia “a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán” (art. 1, Decreto PEN), estableciéndose a continuación que requerirá al PE provincial “proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que le sean solicitados” por el Comando General de Ejército (art. 3), como asimismo se dispone similar medida con la Policía Federal (art. 2).
· A partir de allí, la represión a desarrollarse posteriormente en nuestra Provincia se habrá de llevar a cabo con la participación coordinada de todas las fuerzas de seguridad descritas, bajo la conducción del comando militar. Esta coordinación habrá de expresarse de hecho en el transcurso de toda la represión ilegal y clandestina descrita a lo largo de este anexo, materializándose en los siguientes casos:
·operativos conjuntos de secuestro de ciudadanos, donde intervienen efectivos policiales y militares.
·traslado de los secuestrados desde centros clandestinos de detención bajo control policial (ej. El que funcionaba en la Jefatura de Policía) a otros centros similares (ej. “Escuelita” de Famaillá) que funcionaban en asentamientos del Ejército y viceversa.
·Pasividad de las policías de las respectivas jurisdicciones en el momento del secuestro practicado por fuerzas militares, y a la inversa, cuando los operativos son efectuados por fuerzas policiales.
·Negativa de las autoridades policiales a recibir denuncias de secuestros.
·Falta total de instrucción de sumarios e investigación, en los casos aislados de familiares de la víctima que interpusieron denuncia ante autoridades policiales.
Como hemos visto a lo largo del relato contenido en este anexo, donde hemos analizado los aspectos más salientes de la metodología represiva ensayada, como así también en los restantes anexos, particularmente el correspondiente a Centros Clandestinos de Detención, cada una de las afirmaciones vertidas anteriormente, se encuentran corroboradas con numerosos ejemplos. Pese a ello, habremos de transcribir otros ejemplos para cada situación.
6.1 Participación conjunta de operativos
Transcribimos el siguiente detalle contenido en el Leg. 148-C-84, correspondiente a la denuncia por la desaparición de Gabriel Fernando Costilla, obrero ferroviario, secuestrado el 21 de enero de 1976, en la ciudad de Tafí Viejo:
“... a las 5 de la mañana irrumpieron en la vivienda un grupo compuesto por más o menos 20 personas, quienes destrozaron la puerta y penetraron en la vivienda; la exponente manifiesta que todos estaban vestidos con uniformes del Ejército, color verde oliva, birretes, borceguíes, acota que eran uniformes de fajina; y otros vistiendo uniforme azul de policía, todos ellos portando armas cortas y largas (...) alcanzó a ver que a su marido lo introducían a un camión del Ejército...”.
6.2. Traslado de prisioneros de un centro militar a otro policial
Transcribimos, de la denuncia correspondiente al Leg. 267 –acumulado al Leg. 257-J-84; secuestro de Pedro Pablo Juárez, obrero, el 16/8/75 en Monteros:
“... Le vendaron los ojos y le pusieron esposas en las manos, para atrás. Acto seguido lo subieron a un camión del Ejército, donde lo empezaron a golpear ferozmente en todo el cuerpo (...) Lo trasladaron a otro lugar, que luego se enteró que era la famosa Escuelita de Famaillá (...) (posteriormente) lo trasladan a otro lugar, que luego supo era la Jefatura de Policía...”.
6.3 Coordinación entre mandos militares y policía provincial
(Del testimonio de Juan Martín, ex prisionero de campos de detención ratificado ante esta Comisión Bicameral de Derechos Humanos –Ley 5.599– en fecha 19 de abril de 1985, refiriéndose a la Jefatura de Policía):
“... el personal responsable de este campo pertenece al Departamento de Inteligencia (D-2) de la Policía Provincial de Tucumán, bajo las órdenes de un teniente primero del Ejército quienes obviamente tenían conocimiento del campo y participación directa en lo que allí ocurría (...) Durante los meses que estuve en el campo fue frecuente que tanto el general Bussi, gobernador de la Provincia y comandante de la V Brigada, como el teniente coronel Arrechea, visitaran los campos de concentración para ver a los detenidos e interrogarlos en algunas oportunidades...”.
6.4 Coordinación con la Policía Federal
En el Leg. 296-A-84 se manifiesta con claridad la participación de la Policía Federal –Delegación Tucumán– en el secuestro del comparente:
“... fue rodeado (su domicilio) por alrededor de 40 soldados al mando de un oficial, todos ellos fuertemente armados (...) (lo vendan y lo suben a un camión) (...) De inmediato se pusieron en marcha, luego de un tiempo, el que no pude determinar su exactitud, lo hicieron descender en un lugar, que posteriormente pudo identificar como la Delegación Tucumán de la Policía Federal...”.
7. Ruptura del secreto en un caso concreto
En el Leg. 236-C-84, correspondiente al secuestro y posterior desaparición del joven estudiante Julio César Campopiano, con fecha 21/10/76, la denunciante expresa, tras relatar los pormenores del hecho (Julio César es secuestrado mientras transitaba con un amigo frente al Cementerio Oeste por individuos que se desplazaban en un automóvil color blanco) lo siguiente:
“... en el Comando entrevisté (entre otras muchas gestiones que describe) al Suboficial Mayor Gustavo Núñez, el que luego de sacarla a la vereda le comunica que sus hijos estaban en el Arsenal...”.
8. Confusión – Desinformación y Terror
La estricta censura impuesta a los medios de prensa se sumaba a la “nube de silencio”, al decir del Gral. Sánchez de Bustamante, que envolvía a los procedimientos represivos (donde el detenido desaparecía virtualmente, como ya dijimos de la faz de la tierra), generándose un clima de misterio donde la confusión y el terror eran 2 casas de una misma moneda.
Del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A., hemos transcripto el siguiente párrafo, a nuestro criterio un excelente ejemplo de la desinformación de que adolecía la opinión pública hasta hace muy poco tiempo:
“(Relata una madre de un desaparecido)... Cuando explicábamos a los transeúntes de la Plaza de Mayo el sentido de nuestro andar, con una sorpresa se ponía nuestra realidad en la zona nebulosa del mito, nos preguntaban:
– ¿Desaparecidos?... pero ustedes los ven, saben dónde están
– ¡No! eso es lo que queremos saber...
– Pero, ¿no están en cárceles?, ¿no los juzgan?
– No, eso es lo que pedimos
... Y cada jueves, cada día, cuando se presentaba la ocasión, explicábamos esta realidad, que por insólita, ni nuestros compatriotas entendían, si no habían sido rozados directa o indirectamente, por ella...”.
La descarga descomunal de violencia y terror perseguía –ya lo hemos dicho– paralizar por el terror a la sociedad y disuadir a los familiares; no pocas veces se conseguía este último objetivo. Del Leg. 23-R-84, hemos extraído el siguiente testimonio y confesión de miedo:
“... Desde entonces, nunca ha tenido noticias de su marido por ningún medio, aunque más no sea una simple noticia. En cambio su cuñado (secuestrado igualmente junto a su marido) regresó como a los 2 o 3 días, totalmente trastornado, cambiado, de forma tal que no quería hablar sobre lo que pudo haberle sucedido (...) Desde entonces, como ya dijo, nunca ha tenido noticias, ni tampoco hizo nunca denuncia policial, porque realmente quedó atemorizada...”.
Fdo.:
Dr. ALEJANDRO SANGENIS Diputado Provincial Presidente Comisión Bicameral
Dr. CARLOS MESCHWUITZ Senador Provincial Vice-Presidente Comisión Bicameral
Dr. ARMANDO BAUNALY Senador Provincial Comisión Bicameral
Anexo II : Centros Clandestinos de Detención
Informe de la Comisión Bicameral - Tucumán 1974-1983 (Anexo II)
Introducción
El método de represión “usual” del secuestro necesitó para el alojamiento de las víctimas, del funcionamiento de Centros de Detención Clandestinos. En estos lugares se diluían quienes habían sido secuestrados, de modo que desde el punto de vista legal se ignoraba absolutamente la existencia de los que allí ingresaban. Justamente “desaparecido” significó a partir de la aprehensión física del individuo su estada en “algún lugar” absolutamente clandestino y en condiciones totales de indefensión frente a custodios que ejercían una fuerza incontrastable.
En nuestra Provincia los Centros Clandestinos de Detención funcionaron en distintos tipos de dependencias: militares, policiales, educacionales y otras de propiedad privada (caso ingenios).
De los testimonios recibidos por esta Comisión Bicameral, en su mayoría brindados por personas “liberadas” de los mimos campos, los que a se vez constituyeron un porcentaje mínimo y casi “milagroso” de los que habían ingresado, surge una descripción concordante de verdaderos centros de la muerte, de la tortura, el terror, la indignidad y el desprecio absoluto por la persona humana.
En general, por su funcionamiento, los Centros de Detención Clandestinos podrían ser divididos en dos categorías:
a) “chupaderos” o lugares de tránsito (eran aquellos asentados por lo general en las comisarías de interior cercanas a los lugares donde se producía el secuestro, o asentamientos en Bases Militares o ingenios) y
b) “campos de concentración” donde el detenido-desaparecido era alojado con mayor permanencia, no obstante se habrían realizado traslados de prisioneros entre distintos “campos”.
La siguiente nómina surge de denuncias recibidas por esta Comisión Bicameral sobre lugares en los que se alojaron detenidos-desaparecidos o Centros de Detención Clandestina en la Provincia de Tucumán
a) Dependencias Policiales
:
Jefatura Central de Policía de la Provincia de Tucumán Delegación Provincial de la Policía Federal Escuela de Policía de la Provincia de Tucumán Comisaría de Famaillá Comisaría de Monteros Comisaría de Río Colorado Comisaría de Las Cejas Comisaría de Bella Vista Comisaría de Taif Viejo Comisaría de Los Ralos Comisaría de Río Seco Comisaría Ingenio San Juan Subjefatura Regional Banda del Río Salí Comisaría de San Pablo Comisaría de Los Sosa Comisaría de Villa Quinteros Comisaría de Lules.
b) Establecimientos educacionales del Estado
Escuela Diego de Rojas de Famaillá “La Escuelita” Escuela República del Perú Escuela Barrio El Palomar Escuela 201 de Bella Vista Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán Pabellón de la Ciudad Universitaria de San Javier.
c) Dependencias Militares
Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga Comando de la V Brigada de Infantería (142 de Inteligencia) Base Militar de Santa Lucía Base Militar Ingenio La Corona Base Militar Ex Ingenio Lules (propiedad privada) Base Militar Bella Vista Base Militar Potrero de Las Tablas
d) Dependencias Privadas
Motel (ubicado por ruta 9 frente a Arsenales) bajo control militar Conventillos de Fronterita (en propiedad Ingenio Fronterita) bajo control mlitar.
Como surge de la nómina precedente en la Provincia treinta y tres dependencias del Estado o privadas bajo control militar han sido denunciadas como lugares por los que “pasaron” o en los que “permanecieron” detenidos-desaparecidos. Consideramos que el presente relevamiento puede ser incompleto por el hecho de que se apoya estrictamente en las denuncia obrantes en la Comisión.
La reclusión de los detenidos-desaparecidos en carácter clandestino, permitió el aislamiento total de la víctima, rompiendo todo contacto con el exterior –familiares, privación de defensa, control judicial–; este apartamiento “perfecto” allanó la implementación de la tortura física y moral en los interrogatorios tendientes a la obtención de “informaciones”, los que en algunos casos llegaron a alcanzar la duración de meses en forma continua.
Los testimonios volcados ante esta Comisión Parlamentaria por personas que fueron “liberadas” luego de una permanencia en dichos Centros, son el resultado de una agudización sensorial producida en tan angustiante estado, ya que en la mayoría de los casos se encontraban vendados los ojos y con las manos y pies atados todo el tiempo. Sin embargo, la Comisión ha verificado la concordancia entre testimonios de distintas personas y practicando reconocimientos, o sea, procedimientos de inspección en compañía de testigos en lugares previamente denunciados.
1.Escuela "Diego de Rojas" de Famaillá. "La Escuelita"
Efectivamente, a la Escuelita de Famaillá le correspondió el triste privilegio de constituirse en el iniciador de la experiencia de los Campos de Concentración en el país.
En el año 1975, con la puesta en marcha del “Operativo Independencia”, se asienta en la localidad de Famaillá un Comando de Operaciones a cuyo cargo se encontraba el General Acdel Edgardo Vilas. Desde ese momento (febrero 1975) hasta la fecha del golpe militar del año 1976 funcionó en una Esuela que se encuentra en la misma localidad frente al camino a Fronterita un campo de concentración conocido como “La Escuelita”.
1.1. Descripción del campo – Interrogatorios (Testimonio de sobrevientes)
“... donde es obligado a descender y recuerda perfectamente bien que al entrar en el edificio choca con una cortina e instintivamente levanta un poco la cabeza y alcanza a ver, por debajo de las vendas de los ojos, que se trataba de una galería cerrada a la vuelta con cortinas; camina por esa galería y sigue mirando que había numerosas habitaciones y lo hacen entrar en una de ellas donde en un rincón y mirando hacia la pared, de forma tal que no vea a los guardianes, le sacan ese pañuelo con el que tenía vendados los ojos y le ponen en reemplazo dos apósitos o gasas y por encima de éstos un fuerte vendaje que le ceñía bastante los ojos impidiéndole mirar hacia abajo; le ordenaron quitarse las ropas, lo acuestan en lo que parecía el elástico de una cama y empiezan a interrogarlo, sobre lo mismo que le preguntaron en la Jefatura de Policía y, como le sonaban las mismas palabras y les volviera a responder que no sabía nada le aplicaron la picana eléctrica en los orificios de la nariz, en la boca y en los testículos, produciéndole inmensos dolores, creía que se moría porque tenía problemas para respirar y se le aceleraban los latidos del corazón, parecía que se le quería salir el corazón por la boca. A todo esto, a su lado había otra persona que le controlaba el pulso y ése es el que dijo “Bueno, por hoy basta” y lo dejaron, haciéndole vestir posteriormente, pero poniéndole únicamente los zapatos, el pantalón y la camisa, le colocaron las “esposas” en las muñecas a la altura de la espalda, lo arrojaron al piso encima de una manta, boca abajo. Allí permaneció interminables horas que eran interrumpidas cuando una sola vez al día le daban comida y una vez junto a otras personas –también detenidas– sin sacarles las vendas, los llevaron a un lugar donde los hicieron desvestirse y arrojándoles agua con una manguera lo bañaron (...) y que en determinados momentos ponían música alto volumen de “Los Fronterizos” y comenzaban los interrogatorios a otros detenidos habiendo escuchado fuertes gritos de dolor (...) en ese local funcionaba una especie de central de radio porque a cada instante escuchaba comunicaciones y que hablaban en código (...) los guardianes tenían tonada litoraleña y se nombraban por apodos “Chino”, “Pulga”, “Mino”, “Fecha” (...) se levantaba las vendas en uno de sus ojos y pudo ver que se trataba de un aula escolar con un gran pisaron (...) en otra oportunidad en que se levantó la venda de uno de los ojos, vio que cerca suyo había un muchacho joven vendado la cabeza y toda la cara ensangrentada y ése mismo que era torturado continuamente en una conversación que tuvo con otro detenido le dijo que era de Buenos Aires y que traten de avisar a su familia si salían que estaba allí que su apellido era “Leveson” (...) y entonces se escuchó la voz del superior que dijo: “usted soldado parece un recluta o acaso no aprendió el manejo de las armas cuando estaba en Campo de Mayo” (...) los guardianes vestían borceguíes tipo militar y bombacha de combate color verde oliva (...) Ya al final de su cautiverio lo llevan a una oficina donde lo sientan en una silla, le atan las manos hacia atrás y le quitan las vendas, enseguida entra una persona corpulenta de civil y con una capucha en la cabeza, la que le saca fotografías (...) La verdad es que a consecuencia de haber estado tantos días con los ojos vendados, no podía ver bien pero esa persona detrás suyo iba leyendo una copia de esa declaración para que el dicente, a su vez, fuera repasando el original, le hicieron firmar cinco ejemplares y como a las dos o tres horas lo sacan...”. (Testimonio prestado a la Comisión en la causa sobre la desaparición de Holmquist Luis Adolfo. Leg. 38-H-84).
1.2. Declaración.
Tortura. Picana eléctrica
“... luego de eso a los tres los llevan a la famosa escuelita de Famaillá, donde son alojados... al compareciente lo sacan a “declarar”, primero lo desnudan, lo atan a una cama con un colchón mojado, le echan un balde de agua encima y le ponen en las partes genitales un cable y le empezaron a picanear y hacerlo objeto de todo tipo de torturas, mientras le preguntaban si era verdad que había estado en el copamiento de Manchalá y que era mejor que se declarara culpable así la sacaba “más barata” y lo dejaban de torturar, a lo que el dicente negó todo tipo de relación con ese acto. Luego en varios días consecutivos, le hicieron ese mismo trabajo de “ablande”, a lo que éste siguió negando (...) pudo notar que había muchas personas detenidas, pero como estaba permanentemente con los ojos tapados no pudo reconocer a nadie (...) que sabe que el personal que atendía a la escuelita era de Gendarmería Nacional, pues cuando lo sacaban al baño uno de ellos le dijo ... tenían una tonada como “correntinos” (...) que mientras estuvo detenido lo llamaban por un número y que el suyo era el 88.... Luego de 18 días de cautiverio lo llamaron un día y lo pusieron de espalda a la pared para que no reconociera a nadie, le sacaron la venda de los ojos y le dieron un papel para que lo leyera y luego firmara... luego le vendaron nuevamente los ojos y a la noche lo sacaron...”. (Testimonio prestado ante la Comisión en la causa sobre la desaparición de Zapata, José Raúl. Leg. 224-Z-84).
1.3. Similitud en el testimonio sobre las “condiciones de vida” en la Escuelita de un ex custodio del campo. Las instrucciones a los destacamentos móviles de Gendarmería
“Así llega mi primer viaje a Tucumán. Una vez creado y establecido el destacamento móvil (de Gendarmería), llegó la orden de que se tenía que viajar a Tucumán para incorporarnos al Operativo Independencia. Allí se nos instruía para combatir la guerrilla inculcándosenos que todos los guerrilleros eran nuestros enemigos, abarcándose también a gran parte de la gente civil, ya que según los militares ésta en su gran mayoría eran subversivos (...) Una vez debidamente adiestrados partimos una madrugada en un avión Hércules para Famaillá, donde para esa época al frente del Comando Táctico estaba el General Acdel Vilas. Entre oficiales, suboficiales y gendarmes seríam
