Cárceles de Santiago del Estero, La Plata y Córdoba
Historia de los regimenes carcelarios de las cárceles de Santiago del Estero, La Plata y Córdoba.
Este trabajo a sido realizado por presos políticos en la cárcel de Rawson y fue editado por “Familiares de desaparecidos y detenidos por razones politicas”
na testigo en la causa que investiga en Santiago del Estero la desaparición de personas en la que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación actúa como querellante reveló ayer ante la fiscal federal Indira Garzón haber visto "en la década del '70 enterrar cuerpos humanos en el cementerio Arraga por gente 'de don Musa'", en referencia al detenido ex jefe de inteligencia de Santiago del Estero Musa Azar.
Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que, a raíz del testimonio de Francisca Dolores Barraza, la Fiscalía reclamó la custodia precautoria del cementerio -ubicado a pocos metros del zoológico privado de Musa Azar- y reclamó la presencia de antropólogos de la Nación y de especialistas en criminalística.
Agencia Télam
El fiscal federal receptó más testimonios de supuestas víctimas
Suman pruebas a la causa sobre violación de Derechos Humanos
Pedido. El Dr. Alberto Pravia solicitó al juez Ángel Jesús Toledo que, en breve, indagara a los imputados para resolver la situación procesal de cada uno de ellos.
El fiscal federal subrogante, doctor Alberto Pravia, recibió más testimonios de familiares de desaparecidos, por lo que amplió las pruebas ante los imputados en la causa caratulada como "Secretaría de Derechos Humanos contra Musa Azar y otros".
El funcionario fiscal adosó las pruebas y solicitó al juez federal Ángel Jesús Toledo que, en breve, indagara a los imputados para resolver la situación procesal de cada uno de ellos.
En la causa, Carlos Arturo Juárez está acusado de ser autor intelectual de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y partícipe necesario de una asociación ilícita, mientras que Robin Zaiek, de coautor intelectual de la misma figura penal que el ex gobernador.
Musa Azar está imputado de ser autor material de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y ser partícipe de una asociación ilícita, y Arturo Liendo Roca, de ser autor material del delito de encubrimiento, de la misma figura penal de la que está acusado el ex subsecretario de Informaciones de la provincia.
Santiago Olmedo y Lorna Hernández están acusados de ser autores materiales del delito de encubrimiento de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas, autor material de los ilícitos de denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y ser partícipes de una asociación ilícita.
En tanto, Ramiro López, Tomás Garbi, Juan Bustamante, "Turco" Obeid y "Dido" Andrade están imputados de ser coautores materiales de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real y ser partícipes de una asociación ilícita.
Pruebas
En las pruebas en contra de Carlos Juárez y de Robin Zaiek, el fiscal presentó, entre otros, el testimonio de Anita Elena Loto, quien asegura que sus hermanos José Teodoro y Daniel Roberto -quienes están desaparecidos- y toda su familia eran "perseguidos" por el gobierno de Juárez.
En este sentido, dijo que su padre "ganó abrumadoramente la intendencia de Las Termas, pero a los tres meses, cayó detenido por una supuesta malversación de fondos y perdió la intendencia".
Posteriormente, señaló que la policía realizó un "allanamiento en la casa que tenían en Santiago, en París e Independencia, y en medio de un operativo impresionante y de un saqueo insólito, supuestamente encontraron armas, patentes de autos y municiones, que fueron sembradas en la casa y sus hermanos quedaron con captura recomendada". Recordó que sus hermanos "se escondieron y no los volvieron a ver".
José Dalmacio Loto -padre de los desaparecidos- afirma que "en 1974 le ponen una bomba en la carpintería de su propiedad, donde se produjo un incendio de proporciones que lo dejó sin maquinarias, ni materiales" y que también lo secuestraron frente a la Casa de Santiago, en Buenos Aires.
Relató que, con posterioridad al allanamiento en la casa de Santiago, "Benito Romano, un peronista de Tucumán, le informa telefónicamente que su hijo José Teodoro había sido ejecutado". Con respecto a Daniel, dijo que tuvieron información que fue secuestrado en Salta, pero responsabilizó a la policía de Santiago "por venganzas políticas".
Arsenia Zurita -esposa de José Loto- testimonió que "Juárez le tenía mucho rencor a su marido porque eran contrarios en política, pero el esposo le ganaba en todas las elecciones y nunca quiso negociar con Juárez".
Dijo que "sus hijos entendieron que tenían que enconderse porque los estaban haciendo cargo de haber encontrado un arsenal en su domicilio. A partir de ahí las comunicaciones con sus hijos se hacían por carta y por intermedio de otras personas. Pero para fines de 1975 ya no volvió a ver a su hijo José Teodoro y hasta setiembre de 1976 tuvo contacto con Daniel, en Salta".
Tomás Eduardo Coulter señala en su testimonio que "en 1974 era miembro de la Juventud Peronista del ala de López Bustos y fue detenido aproximadamente el 14 de diciembre por personas de civil que lo conducen a la Side de Belgrano y Alsina, donde ve a dos guardaespaldas de Juárez, Marino y otro de nombre Nis".
Recordó que "estuvo muchos días, aproximadamente diez, en situación de detenido e incomunicado, sentado en una silla en el patio, y que recibió una llamada telefónbica desde el Juzgado de Añatuya donde su esposa se encontraba detenida y estaba siendo maltratada y amenazada la vida de su hija". Posteriormente es llevado al Penal de Varones y fue liberrado en setiembre de 1975.
Pruebas contra Musa
En las pruebas contra Musa Azar, el fiscal adosó el testimonio de Sara Sahide Salomón, quien relata "que en la madrugada del 24 de marzo de 1976, a las 2, se contraban durmiendo y se despiertan asustados por el estallido de vidrios y golpes de puertas y ventanas". afirmó que "se juntó la familia asustada en el comedor, todos en ropa de cama, semidesnudos, y encontraron a mucha gente con armas largas, todos vestidos de civil, entre los que reconoce a Garbi, cuya imagen le quedó grabada porque lideraba el ataque a su casa y también en su lugar de cautiverio".
Sostuvo que "los amenazaban con armas y los tenían contra la pared, y que ven cómo lo llevan a su hermano Julio César, con las manos atadas para atrás". "Lo sacan junto a una chica que casualmente se había ofrecido ese mismo día para trabajar de empleada doméstica. A Julio César es la última vez que lo ven", afirmó.
Destacó que "los llevan a la Seccional 5§ y el bebé lloraba de hambre, Musa Azar ordena que saquen al bebé, de modo que su madre, María Lorenza de Salomón, queda libre".
Posteriormente, los llevan a la Escuela de Policía donde los "someten a toda clase de torturas psicológicas". "Martillaban las armas, nos hacían simulacros de fusilamiento...".
La detenida añadió que "estaba parada dando la espalada a algo como una celosía y en un momento, pudo ver por medio de una rendija que en el pabellón de al lado había más gente detenida". Intentó "ver si estaba su hermano, pero alcanza a ver a un señor, de pelo blanco, que estaba en calzoncillos celestes tipo boxer, sentado, en posición gacha, acurrucado porque hacía frío; posteriormente reconoce por fotos que aparentemente se trataba del Dr. Luis Alejandro Lescanso, quien fue secuestrado y no volvió a aparecer".
Dijo que su madre "en oportunidad que fue a la Side de Belgrano y Alsina, tuvo un enfrentamiento verbal con Musa Azar, quien se negaba a recibirle las cosas porque 'ahí no estaban'; ella le discutía que él había ordenado la libertad de ella y que no podía desconocer dónde se encontraban detenidos su hijos (Julio César, Rubén Darío y Sara Sahide) y su marido (Jorge Moisés Salomón)". "Musa Azar le preguntó si Julio César tenía una quebradura en un brazo y mi mamá le respondió que sí, y en acto seguido, le preguntó para qué quería saber eso, a lo que Musa Azar respondió con una carcajada", aseveró.
Luego de la liberación la familia Salomón "recibió anónimos donde decían dónde buscar a Julio César". Por medio de uno de ellos, fueron a buscar en cercanías de Frías, donde excavaron y encontraron unos restos óseos, con la camisa a cuadros rojos que reconocieron como la de su hermano.
Tomás Coulter relató que concurría a reuniones de la Juventud Peronista y que el "14 de diciembre de 1974 iba caminando por Roca y es detenido por dos personas que lo meten en un auto y lo llevan a una seccional que en la actualidad no está; lo tienen en ese lugar algunas horas y es llevado a la Side de Belgrano y Alsina. Ahí -señaló- ve a dos guardaespaldas de Juárez, uno era Marino y el otro se llamaba Nis". Dijo que "estando detenido en la Side pudo ver a otro detenido, un chico muy jovencito, no habrá tenido ni 18 años, con el cabello rubio enrulado y estaba en muy malas condiciones, caminaba con mucha dificultad y con las piernas abiertas". "Entre los represores estaban en una oficina Musa Azar, Barbieri, Marino, que vivía en ese lugar, Garbi, Ramiro López y Bustamante".
Manuel Eduardo Cansinos, quien era agente de policía en actividad, dijo que fue llamado por su superior a Infantería y desde ahí es traladado en un Ford Taunus por Ramiro López, entre las personas que pudo reconocer, y lo llevaron a Belgrano y Alsina, donde Musa Azar lo interrogó sobre si conocía a Cecilio Kamenetzky. Cansinos dijo que respondió "que sí, que lo conocía del bar Rancar, que estaba sobre calle Tucumán".
Recordó que "ante esto Musa Azar lo insultó y lo mandó al sótano de la casa donde lo esposaron a una camilla de hierro y lo torturaron con picanas y golpes. Y que le decían: 'Cantá porque te proponemos una fuga, así como a Kamenetzky y adiós'".
Reveló que "lo sacaron del calabozo y lo llevaron a la peluquería, dentro del mismo edificio, donde estaba Musa Azar y Ramiro López, que lo golpea y seguían insistiendo que cante. Después entró al lugar el jefe de policía de ese momento, el mayor Ramón Herrera, quien también participó de la golpiza e insitían en el tema de Kamenetzky".
El Liberal 10.2.05
Principales puntos del dictamen del fiscal Pravia
Graves pedidos de imputaciones contra el ex gobernador Juárez
El fiscal federal subrogrante, Alberto Pravia, pidió la ampliación de imputaciones en contra del ex gobernador de la provincia, Carlos Juárez, por los presuntos delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, amenazas, apremios ilegales, vejámenes, homicidios, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad, incumplimiento de funcionarios públicos y asociación ilícita, en perjuicio de militantes del peronismo contrarios a su política durante su segundo gobierno, desde 1973 a 1976.
Esta solicitud de Pravia también alcanza a Robín Zaiek, Manuel González, Musa Azar, Ramiro López, Tomás Garbi, juan bustamante, Noli García, Franciso Laitán, Roberto Díaz, "El Turco" Obeid, José Brao, Eduardo Baudano, Enrique Corvalán y otra persona de apellido Barbieri.
En el dictamen se hace hincapié en los testimonios de 20 personas, y especialmente del recientemente fallecido Francisco López Bustos, del 12 y 22 de octubre de este año, quien describió que Juárez inició una lucha en su contra cuando fue elegido por Juan Domingo Perón candidato a gobernador para la elección de 1972. "Ahí comenzaron las penurias, Juárez llegó hasta a falsificar una orden con la firma de Perón, en la que lo designaba candidato. La campaña fue violenta y Juárez atacaba a los familiares de sus rivales políticos", señaló en la declaración.
Además, tomó como referencia las manifestaciones realizadas en setiembre último del ciudadano norteamericano Dan Swanson, quien denunció haber sido detenido en 1975 por Musa Azar; de Luis Humberto Giribaldi, Carlos Alberto Jensen, entre otros.
López Bustos también expuso ante el fiscal Pravia que "parecía que aun después del golpe de Estado de 1976, en Santiago seguía el juarismo". El fallecido dirigente acompañó su declaración con numerosos recortes del diario EL LIBERAL, que van desde el 29 de marzo de 1973 hasta los primeros meses de 1984. Allí el opositor al ex gobernador Juárez señaló: "El mismo día que fuera declarado gobernador electo se colocó una bomba en el domicilio de Guillermo Miguel, que era diputado provincial electo por el sector el MID (sector que respondía a López Bustos)) y era secretario general de la CGT".
Según las fundamentaciones de Pravia, tomó las expresiones periodísticas de Miguel en referencia a este episodio: "No es necesario meditar demasiado para darse cuenta del origen del atentado, teniendo en cuenta la campaña de intimidación desatada contra la juventud peronista". También se consigna otro ataque con disparos de armas de fuego ocurrido contra el domicilio del concejal del MID, Domingo Ibáñez.
El fiscal federal entregó, además, un listado de ciudadanos santiagueños que estaban enrolados en el sector peronista opositor de Juárez, y que desaparecieron durante su segundo gobierno. Ellos son: el concejal de Clodomira, Emilio Alberto Abdala, José Teodoro Zurita, Daniel Loto Zurita (hijos de un ex intendente de Las Termas), Ana Mrad de Medina y los hermanos Alfredo, Domingo y Alberto Emilio Arévalo (de Los Juríes). Otros dos integrantes de esa familia, Antonio y Emilio Confesor Arévalo, que desaparecieron en Buenos Aires.
En el escrito, Pravia contabiliza 15 desapariciones en el segundo gobierno de Juárez, 116 detenciones ilegales y otras persecuciones.
El fiscal pidió reservas para la realización de nuevas indagatorias, y ampliar aquéllas que ya se hicieran, en esta causa que se inició por una denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Rinaldi instó a los santiagueños a continuar aportando información Reconstruyen hechos sobre el terrorismo de Estado
La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia informó que se están registrando importantes avances en la reconstrucción de los "terribles hechos" sucedidos durante la etapa del terrorismo de Estado en Santiago del Estero, que tienen que ver con la tramitación de nuevas denuncias sobre desapariciones forzadas de personas, secuestros no registrados, detenciones arbitrarias y sobre la apropiación ilegal de niños.
El organismo, a cargo de Fernando Rinaldi, anunció que se elaborará un informe que formará parte de la causa que se instruye en el Juzgado Federal y que fue iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En este punto, el secretario volvió a compartir con los organismos de derechos humanos los cuestionamientos al juez federal, Angel Toledo, por las demoras e inacción en la investigación de la causa, pese a la cantidad de testimonios aportados, tanto desde la Secretaría como desde los citados organismos.
"Mención especial merece la tarea de reconstrucción que se está realizando en relación con la apropiación de niños durante la vigencia del terrorismo de Estado en Santiago, tema en el que se han registrado importantes avances en el interior de la provincia", señaló Rinaldi.
Indicó que toda esta información constituirá el futuro Archivo Provincial de la Memoria. "No hay dudas -dijo -de que la desmantelación definitiva de los aparatos de represión y seguimiento que ha producido la intervención federal ha logrado que muchos santiagueños tengan la posibilidad de poder testimoniar y reconstruir parte de su historia".
Valoró el trabajo de los equipos de derechos humanos del interior ya que "gran parte de lo que todavía el miedo esconde se encuentra en el interior de la provincia. También la participación de los organismos de DDHH de la provincia ha sido clave en este sentido, por la información y conocimiento que han aportado a la tarea". Por último, instó a la comunidad a perder definitivamente el miedo y a acercarse a la Secretaría en donde se receptan testimonios y datos para la "reconstrucción de la verdad histórica y la definitiva destrucción de las persistencias de la dictadura en la provincia".
El Liberal Santiago del Estero 3/2/2005
Declaraciones de la Asociación en el encuentro "Chacarera, Justicia y Derechos Humanos"
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD YLA JUSTICIA
Santiago del Estero, 24 de Enero de 2005
Como ayer, como hoy y como siempre estaremos en todo lugar en el que se exijaMemoria, Verdad y Justicia. Espacios que supimos construir entre los santiagueños , que son nuestros a fuerza de una largalucha que viene de muy lejos, que resume una historia de dolor, de hambrey de postergaciónque aún no se salda.
166 desaparecidos santiagueños aún esperan por la verdad y la justicia, y más de 150 crímenes aún permanecen impunes.Resultado del funcionamiento de unsistema represivo y de terrorque con la complicidad de la justiciase montó para lograr la concentración de poder económico y político que se enraiza en el tiempo y va más allá de Carlos Juárez.Los crímenes de Leyla y Patricia que hace dos añospor su brutalidadreavivaronla necesidad de nuestralucha y nos empujaron de nuevo a la calle, uniendo los tiempos en un solo espacio de opresión, hoy son nuevamente testigos de ello, cayó, Juárez, fue preso Musa Azar y su banda de asesinos, pero aún la impunidad en la que se debaten esos crímenes y todos los que le precedieronampara lo que queda intacto de ese poder, que tiene nombres y apellidos, y que es el responsable del hambre, de la miseria, del despojo a los campesinos de la falta de trabajo y de salud de nuestra sociedad. Debemos entender que esos tiemposen los que se consagró el miedo y el silenciono se agotanen dos nombres, ni en dos o tres medidas, sino que exigen nuestro compromiso con la verdady la justicia y nuestra presencia y permanenciaen las calles como garantía de lucha. Todos lo dijimos, la democracia no sólo son los votos. Y por eso luchamos también entre otras cosaspor la reforma. Porque entendíamos y seguimos entendiendo, junto a 102.000 ciudadanos, que la expresión más genuina de la vocación democrática de un pueblo se expresa en su Constitución, y que las elecciones en el marco de la vieja constituciónbirlada al pueblo, que es la expresiónde los intereses de unos pocos en contra de todos, que recorta y amordaza libertades esenciales de los ciudadanos no garantizan la democratización que exigimos. El poder va más allá de las declaraciones, y los intereses terminan sojuzgando voluntades. No debemos olvidarnos, la reforma es aún una cuenta pendiente en el camino a la democracia negada.
Debemos tener presente, somos nosotros, quienes organizados podemos y debemos cambiar Santiago, sobre nuestras espaldas descansa la responsabilidad de la lucha por el cambio, debemos exigir con uñas y dientes. Todas las sangres y el hambre aún latente de nuestros niños nos siguen empujando. La lucha es la libertad y la democracia que queremos.
Contra el hambre, el dolor y la Impunidad.
Contra el hambre, el dolor y la Impunidad.
Juicio político al juez Toledo.
Cárcel y castigo por todos los crímenes aún impunes en Santiago del Estero.
Por la reforma de la Constitución.
Por la libertad y la democracia
Memoria , Verdad, Justicia.
Las pruebas del horror
Un completo informe desnuda la realidad de Santiago en los años de plomo. Detalles de una historia silenciada por el miedo y el terror de varias generaciones.
Era un día especial. Viernes. Noviembre del 76. Una verdadera fiesta para los conscriptos que estaban alistados en el Batallón de Ingenieros de Combate 141. La alegría por estar de nuevo en contacto con su familia era apenas disimulada por el cansancio del eterno «baile» al que eran sometidos. La mañana transcurrió rápidamente, en medio de la ansiedad por la proximidad de un franco de fin de semana. De pronto, el desánimo se apoderó de los casi 100 veinteañeros que estaban realizando el Servicio Militar Obligatorio: el permiso había sido suspendido. Pero había algo más en el aire, aunque nadie sabía de qué se trataba...
Como todos los domingos, me dispongo a leer Página/12 mientras tomo unos mates. Veo el título de tapa: “El fin de la edad media”. Y la foto de él: “el doctor“, el “caudillo”, el “conductor y guía” de las vidas de los santiagueños, el guardián de la moral pública (es curioso como los inmorales suelen adoptar esta actitud!), por tantos y desgraciados años. Con los oscuros anteojos que caracterizaron a los represores. No podía ser de otro modo.
No puedo evitar que mi vida vuelva atrás mediante los recuerdos; así está sucediendo desde que vi al Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en Crónica TV, anunciar que se había presentado una denuncia contra Musa Azar, en el Juzgado Federal de Santiago del Estero y para ello había utilizado varias denuncias contra él, hechas en la CONADEP. Para ejemplificar, eligió tres nombres de entre los denunciantes y entre ellos, escuché el mío. Así me encontré de golpe, sin pensarlo y sin decidirlo, sumergido en el pasado y en la historia. Después del impacto, pensé que estaba teniendo el privilegio de actuar como un instrumento de justicia, aunque sea pequeño, insignificante casi, después de tantos años de impunidad. La historia me estaba dando ese privilegio por esa denuncia hecha casi 20 años atrás, cuando todavía no sabía -ni esperaba- que Alfonsín y su gobierno traicionarían nuestras esperanzas de justicia, después de habernos dado un hecho histórico, como lo fue el juicio a las juntas de la dictadura militar.
Me vi otra vez, ese 14 de febrero de 1975, “levantado” en la calle, a las 7,30 de la mañana, por dos esbirros policiales, uno de ellos el hoy nombrado junto a Musa Azar, Juan Carlos Bustamante, con una pistola en la cintura, bajo la campera celeste que lo cubría, a pesar del calor. Gracias a mis tironeos para evitar el secuestro, pude dar mi nombre y un teléfono para que un comerciante que salió a la vereda, alertado por los forcejeos, avisara a mi familia. Gracias al aviso de esa persona, me salvé de la tortura -porque fui el último detenido de esa tanda y porque las torturas ya eran de conocimiento público- pero no de seis años de cárcel.
Pero no es de la cárcel de lo que quiero hablar; no es lo que me mueve a escribir. De lo que quiero hablar es de nuestros sueños de entonces, de lo que sentíamos que podíamos lograr. Los jóvenes de entonces, los santiagueños entre ellos, creíamos -como hoy los “antiglobalizadores”- que otro mundo es posible. Y nos jugamos con fuerza por ese otro mundo, nos metimos con todo en ese juego, sin especular, sin medir las fuerzas de los que no querían “otro mundo”, ni las consecuencias de enfrentarlos.
A pesar de que, desde 1974, ya circulaban por las calles de Santiago autos misteriosos, con tipos armados y las Tres A ya enviaban amenazas a amigos y conocidos, nunca imaginamos semejante carnicería. La crueldad nos sorprendió tanto como parece sorprender hoy a la sociedad, o al menos a una parte de ella. Pero -pienso ahora- nuestro deseo de cambio debió haber sido grande, debió haber tenido mucha fuerza, para suscitar semejante respuesta.
Tuvimos que dejar atrás muchas cosas de nuestras vidas porque nos vimos sin libertad, a disposición del PEN. Sumergidos en la noche negra y sangrienta de la dictadura Y después, con la familia destruida; sin trabajo; sin carrera, expulsados de una Universidad Nacional que habíamos contribuido a obtener para Santiago; sin amigos casi. Señalados socialmente. Y conviviendo con el miedo que dejó tanto horror. Y después, falsamente libres, viviendo a tientas en una democracia débil que nos trajo la larga, oscura -y también destructiva- noche del discurso único neoliberal, llegado con el menemismo.
Mucho me alegra ahora constatar que todavía y a pesar de todo, conservamos nuestros sueños de “otro mundo es posible”; un mundo de justicia para todos y por igual, entre otras cualidades. Lo siento así cuando veo a gran parte de mi pueblo (No “la gente”... ¡El Pueblo!) de Santiago del Estero, a mis ex compañeros de cautiverio, a algunos de mis amigos, desafiar al aparato represivo de “el caudillo” -golpeado pero aún tratando de resistir- buscando, otra vez, ese “otro mundo posible”, que sí es posible construir.
Me alegra que Cristina Torres haya sido designada Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Me alegra que Luis Santucho haya sido designado Delegado de la Secretaría de Justicia de la Nación. Me alegra que los corruptos sean, cada vez más, empujados fuera del poder.
Otro mundo es posible. También para Santiago del Estero.
Osvaldo Corvalán.
Ex preso político del juarismo y la dictadura militar.
Familiares de víctimas y ex presos políticos de la dictadura
Críticas y "escrache" contra el juez Toledo
La Asociación por la Memoria, la Verdad, la Justicia y Familiares de Desaparecidos y ex presos por razones políticas repudiaron el fallo del juez federal, Angel Toledo, quien dictó la falta de mérito para los investigados en la causa conocida como el espionaje del Departamento de Informaciones (D2) de la policía.
Como todos los miércoles, la organización se plantó frente al edificio del Juzgado Federal, para "escrachar" al magistrado. Luis Garay, Cristina Torres y María Rita Ciucci también pidieron el juicio político contra Toledo.
Acerca del dictamen.
Garay dijo: "No se puede tomar una medida que lo que hace es seguir condenándonos a la impunidad. Es imposible negar la relación que tienen los 40.000 archivos del D2 con el aparato represivo de Santiago, que nos causó tanta muerte y dolor, y fundamentalmente la pobreza, la que hoy estamos enfrentando".
"Es imposible desconectar a los jueces, que actuaron durante el terrorismo de Estado, de su responsabilidad. Con este fallo nos condenan a la desmemoria y eso en Santiago no lo vamos a permitir", afirmó.
Ciucci indicó que están decidos a seguir en la lucha. "Estamos convencidos de que mientras permanezcan estos personajes será muy difícil que se instale otra sociedad. La prueba de que el saqueo necesita de jueces cómplices y serviles, que siguen mostrándose dispuesto a la obsecuencia y complicidad. La sociedad está tomando conciencia de esto". Invitó a todas las organizaciones a repudiar la medida del juez.
En tanto, Torres dijo que mientras "no haya juicio y castigo para los crímenes de la dictadura, no se podrá construir una sociedad con justicia y participativa".
El Liberal 23/12/2004
Encuentran 44 cuerpos NN
Santiago del Estero
Organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de 44 cadáveres enterrados como NN en un cementerio de la localidad santiagueña de Quimilí y sospechan que se trata de personas desaparecidas durante la dictadura militar.
"En el registro del cementerio existen 44 tumbas sin nombre y sin fecha y allí surge la sospecha de que son personas desaparecidas durante la dictadura", dijo Aníbal Ponti, ex detenido en la provincia de Chaco. Para las organizaciones que integran la Asamblea por los Derechos Humanos de Santiago del Estero, "se debe investigar hasta las últimas consecuencias" el enterramiento de personas sin identificar en el cementerio de Quimilí.
"Se pidió a la Justicia Federal una medida de no innovar para preservar el cementerio de Quimilí y la intervención directa del equipo de antropología forense", precisó Cristina Torres, delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
A principios de semana, las mismas organizaciones de derechos humanos apelaron la decisión del juez federal Ángel Toledo, quien ordenó la excarcelación del ex militar y jefe de Inteligencia santiagueño, Jorge D'Amico.
La medida adoptada por la Asamblea de los Derechos Humanos se concretó tras conocerse la resolución de Toledo, dictada días previos a presentar su renuncia al cargo para evitar un juicio político, dimisión que aún sigue sin resolverse. En la causa, que investigan desapariciones y violaciones a los derechos humanos en la década del '70, el ex fiscal Alberto Pravia había pedido el procesamiento de D`Amico, del ex cinco veces gobernador Carlos Juárez y su ex jefe de Inteligencia, Antonio Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena.
También se encuentran imputados los ex jefes militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi y los ex comisarios de la policía santiagueña Miguel Garby, Juan Bustamante, Ramiro López y Eduardo Baudano, detenidos en el Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional.
Fuente: Télam
Jueves, 18 de Mayo de 2006
Pagina 12
Dispusieron por decreto la creación del Archivo Provincial de la Memoria
Tiene por objetivo crear conciencia ciudadana y apuestan a defender los derechos humanos
Familiares de víctimas y autoridades, unidos por la lucha contra la impunidad.
Compromiso de autoridades locales y nacionales en lalucha contra la impunidad y el esclarecimiento de casos de terrorismo de Estado en Santiago.
Ayer fue anunciado en Casa de Gobierno el decreto provincial que dispone la creación del Archivo Provincial de la Memoria, impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Intervención Federal.
Estuvieron presentes en el lanzamiento autoridades provinciales, judiciales, familiares de las víctimas de casos policiales y de violaciones a los derechos humanos y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.
La norma legal establece que el museo tendrá como objetivo «la investigación y la creación de conciencia, reuniendo la expresión testimonial y la documentación histórica».
Entre sus actividades fundamentales se encuentran las de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios, documentos sobre el quebramiento de los derechos humanos y la libertad fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y provincial y sobre la respuesta social e institucional en esas violaciones.
Al hacer uso de la palabra, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Fernando Rinaldi, destacó que el de ayer fue un día muy importante para la provincia, ya que el Estado con toda su decisión, vocación y recursos empieza, «en vez de perseguir, a reconstruir la historia de lucha y memoria del presente».
Rinaldi dijo que «no hay dudas que las violaciones a los derechos humanos producen sociedades más pobres, y Santiago es un ejemplo de esto». Por lo tanto, dijo que las herramientas que constituyan una defensa de los derechos humanos, más aún desde el Estado «sin lugar a dudas van a garantizar una sociedad más justa, con mejor distribución de la riqueza y mayor democracia».
Convenio
Además confió que en breve van a firmar un convenio con el Archivo General de la Memoria Nacional para contar con su colaboración en la Provincia. Seguidamente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, destacó el compromiso del Presidente con los derechos humanos, como una forma de devolver la ética al Estado. Mientras consideró que se debe dar nacimiento a un Archivo Provincial de la Memoria activa «para que nunca más quienes violan derechos humanos vuelvan a ocupar cargos públicos y si es posible termine en la cárcel». Finalmente, el interventor Pablo Lanusse consideró que la memoria genera que las conductas de permanencia de la impunidad en una sociedad se reduzcan y tiendan a desaparecer, ya que cuando se olvidan se consienten o parecen normales «estamos generando un terreno propicio para que se puedan repetir».
Lanusse dijo que la mayor obligación no es solamente tener memoria, sino transmitirle a las generaciones que no vivieron esto que «el terrorismo de Estado fue algo cierto, vivido y tangible».
Mientras sobre el Archivo reseñó que debe ser vivo, permanente, nutrido todos los días «para que esté a flor de piel en toda la sociedad y no se vuelva a repetir».
En tanto dijo estar convencido que el día que se vaya la intervención «si no gobierna alguien que esté comprometido con estas luchas e ideales, y que estuvo callado o silenciado cuando hubo que sumarse a la voz del pueblo reclamando justicia, verdad y lucha contra la corrupción, la Nación va a estar presente observando lo que ocurra, a través de la Secretaría de Derechos Humanos».
Mientras instó a que «el Nunca Más no sea una frase, sino un compromiso y acción permanente de todos nosotros».
Nuevo Diario 12/2/05
Reclamo
Han transcurridodos años, dos años de aqueldía en con todacrudeza los santiagueños volvimos a sentir el horror de una realidad que en este casose ensañabacon la vida y con los cuerposde Leyla Bashier y Patricia Villalba, como se ensañó muchasveces con tantos otros a lo largo de más de treinta años. De nuevo se hacía visible el rostro de un poder que asesinó, torturó, violó e hizo desaparecer a tantos comprovincianos. El rostro de un poder que se consolidó extendiendoen el tiempo la práctica del terrory la impunidad através de un sofisticado aparato represivo, que aún amenaza y de una justicia cómplice del que todos guardamos memoria.
Memoria que durante todo ese tiempo fue de silencio o de muchasvoces solitarias, peroque hoy empiezahacerse pública, a ponerlenombres y apellidos, responsables de una vergonzosa concentración de la economía que propicioel atraso, el hambre, el dolor y la muerte. Una memoria que se hizo marchay que va abriendo camino, siempre en busca de verdad y justicia. Una memoria que puso al pueblo de Santiago en la calle de donde no se debe ir, ni se irámientras la verdad y la justicia no sean una realidad palpable.Somos capaces, la unidad y la organización en la acción de estos tiempos lo han demostrado.Mucho se ha andado y mucho falta por caminar, todos lo sabemos, aún el hambre de nuestros niños, la impunidad, la tortura, la concentración desmedida delpoder económico son fantasmas que debemos desterrar en el camino de democratización para nuestro Santiago .
Ese es nuestro compromiso.
Por la memoria de Leyla Bashiery Patricia Villalba y la de todos los muertos y desaparecidos de Santiago
Contra el hambre, el dolor y la Impunidad.
Juicio político al juez Toledo.
Cárcel y castigo por todos los crímenes aún impunes en Santiago del Estero.
Por la reforma de la Constitución.
Por la libertad y la democracia
Memoria , Verdad, Justicia
Juárez otra vez en el banquillo
El fiscal Pravia lo acusó nuevamente en el caso de la desaparición del ex concejal Emilio Abdala, durante los ’70.
El viejo caudillo de Santiago del Estero, Carlos Juárez.
El fiscal federal Alberto Pravia volvió a acusar al ex gobernador de Santiago del Estero, Carlos Juárez, en el marco de la causa “desaparecidos” durante la década del ’70. El ex caudillo llegó a enfrentar denuncias por la desaparición de unos treinta santiagueños y cincuenta secuestros y detenciones ilegales, pero hasta el momento sólo fue procesado por la desaparición del ex concejal Emilio Abdala. Justamente sobre esta cuestión giró la presentación de la fiscalía, que en función de la sistematicidad y la imprescriptibilidad que contempla la figura de “lesa humanidad”, reiteró la presentación contra el octogenario dirigente.
Aprovechando los días previos a la feria judicial, Pravia elevó el dictamen donde acusa a Juárez por “torturas y apremios ilegales” aplicados a quienes se opusieron a su gobierno entre 1973 y 1976. La causa fue abierta hace ya tres años, pero han sido pocos los avances que logró registrar. En diciembre de 2003 la Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero denunciaron al entonces gobernador por varios secuestro realizados en los meses previos al golpe de Estado. Concretamente la acusación se refirió a cinco personas que fueron detenidas por la SIDE entre 1975 y 1976, y que murieron meses después bajo circunstancias que nunca fueron esclarecidas.
Desde esa denuncia, Juárez logró cosechar en su prontuario acusaciones por unas treinta desapariciones. Sin embargo, las investigaciones nunca lograron progresar. Hace casi dos años, el juez federal Angel Toledo dispuso su detención pero sólo lo hizo por uno de los desaparecidos. Se trató del caso del concejal Emilio Abdala, secuestrado en el interior de la Casa de Gobierno durante la segunda gestión de Juárez. La bomba fue detonada por el testimonio del ex comisario Musa Azar, ex jefe de inteligencia y autor material de la detención de Abdala. Durante varios años, Azar fue la mano derecha del caudillo hasta que quedó detenido por su participación en el doble crimen de La Dársena. Meses después Juárez fue excarcelado, en medio de una docena de denuncias y pedidos de juicio político contra Toledo.
Ahora, Pravia busca nuevamente avanzar con las investigaciones por entender que, en tanto se refieren a delitos de lesa humanidad, no prescribieron. En su presentación, el fiscal acusó a Juárez como “jefe de una asociación ilícita en la aplicación de apremios y torturas” y pidió su indagatoria y detención. Por la misma causa, además se encuentran imputados Azar y los represores Luciano Benjamín Menéndez y Jorge D’Amico. También podrían ser procesados, por “privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales”, los comisarios Ramiro López, Noly García, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz y Jorge Brau, todos retirados de las fuerzas de seguridad. Con esto, a Juárez podrían esperarle nuevos frentes de tormenta, al igual que a su esposa, Nina Aragonés, implicada en el material reunido en los expedientes.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre recopiló la triste historia del guardían del poder juarista.
Su legajo policial lleva el Nº 1147. Ingresó a la Policía mediante Decreto S.A. 1135/56. Hasta el año 1960 se desempeñó en la Radio Policial Central. El 30/5/68, es designado Oficial Sub - Inspector. Posteriormente, mediante Resolución 519 del 24/11/72, ingresa en el Departamento de Informaciones Policiales. Allí, comienza su camino ascendente en la policía provincial, que justamente coincide con el segundo mandato constitucional de Carlos Arturo Juárez. El día 31/1/75, es designado Jefe de Superintendencia de Seguridad, y promovido más tarde al cargo de Comisario. Durante la época de la Dictadura Militar es designado Comisario General. El día 6/7/78 presenta su Retiro Voluntario, para dedicarse a la cría de animales y pájaros, había cumplido eficientemente su tarea y podía gozar de una gratificante jubilación de privilegio.
Hay 28 santiagueños secuestrados, desaparecidos y muertos en forma directa e indirecta, por el accionar de Musa Azar y su patota genocida. La D - 2, funcionaba en vinculación directa con el Jefe del Batallón Ingenieros de Combate 141, con sede en la ciudad capital de Santiago del Estero, Coronel Daniel Correa Aldana, quien a su vez respondía al gobernador militar de la Provincia de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, donde eran derivados la mayoría de los secuestrados santiagueños. Antes de remitir los detenidos a Tucumán, se los trasladaba a un centro clandestino de detención, denominado "La Guarida", una finca de propiedad de un miembro de la patota: Francisco Antonio Laitán, alias "Paco", ubicada en LA DARSENA cercana a la ciudad de La Banda. Este represor caído en desgracia por pujas internas, se desempeñó durante el gobierno federal de Juan Schiaretti como Jefe de Relaciones Policiales.
Entre los casos más notorios, por su repercusión pública podemos mencionar, el caso del abogado y diputado provincial GUILLERMO AUGUSTO MIGUEL, (Legajo Nº5392 de la CONADEP), desaparecido el día 23 de Noviembre de 1976, a las 20,45 horas, mientras conducía su automóvil, fue interceptado por dos vehículos, y secuestrado a la vista de numerosos testigos. Este caso figura registrado en la pág. 419/20 del libro NUNCA MÁS. En la pág. 421/22 del NUNCA MAS, figura también el caso del abogado ABDALA AUAD, (Legajo Nº1089 de la CONADEP), desaparecido el día 18 de marzo de 1977, en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero. Se destaca también el caso del estudiante SANTIAGO AUGUSTO DIAZ, (Legajo Nº1052, CONADEP), desaparecido el día 15 de noviembre de 1976, a las 22 horas en la ciudad de Santiago del Estero, y de ARMANDO ARCHETTI, (Legajo Nº676 de la CONADEP), Profesor de Filosofía, desaparecido en nuestra ciudad el día 24 de enero de 1977. Ambos casos, fueron citados y expuestos en el testimonio del abogado Manuel Alberto Díaz, en el juicio a las Juntas Militares, el día 10 de julio de 1985. Santiago Augusto Díaz, fue visto en la Escuela de Famaillá, uno de los centros clandestinos de detención en Tucumán, según consta en la pág. 60 del Anexo de la CONADEP (Personas vistas en lugares de detención). El caso de MARIO ALEJANDRO GIRIBALDI, (Legajo Nº2496, de la CONADEP), estudiante universitario, quién se encontraba detenido desde el 9 de mayo de 1976, por orden y disposición del ex - Juez Federal de Santiago del Estero, Arturo Liendo Roca, con motivo de un proceso instruido por supuesto delito de Asociación Ilícita de la Ley de Seguridad Nº 20.840, detención que sufría en el Penal de Varones de esta ciudad. Esta situación se mantuvo hasta el día 13 de Noviembre de 1976, cuando en circunstancias nunca aclaradas el mismo desaparece del D - 2. Este caso se encuentra registrado en el libro Nuestro Hijos, editorial Contrapunto, tomo I, pág. 202. El caso del conscripto HUGO MILCIADES CONCHA LOPEZ, (Legajo Nº1186, de la CONADEP), desaparecido el día 17 de Mayo de 1976 a las 6,15 de la mañana, cuando se dirigía al Batallón Ingenieros de Combate Nº 141, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, vestido con su uniforme militar, fue interceptado por varios vehículos e introducido por la fuerza, en las inmediaciones de la guarnición militar. Este caso fue denunciado en la Comisión Provincial sobre Violaciones de los Derechos Humanos, creada mediante Ley Provincial Nº 5345, y en la OEA.. A más de esto, se han realizado actuaciones judiciales en los Juzgados de Crimen de Segunda Nominación y Cuarta Nominación de esta ciudad, desconociéndose las resoluciones recaídas en esas causas. Otro caso: la desaparición de DARDO EXEQUIEL ARIAS, (Legajo Nº2198 de la CONADEP), ocurrida el día 20 de Octubre de 1976 en horas de la mañana, en intersección de las calles San Martín y Primer Pasaje del barrio Villa Constantina de esta ciudad. El caso fue denunciado en la Comisión Provincial (Ley Nº 5.346) mencionada anteriormente, por su esposa Angela del Rosario Pérez de Arias.
Es necesario destacar la muerte del estudiante universitario de la UCSE, CECILIO KAMENETSKY, que ha dado lugar a la causa caratulada: "Expte. 504/76. Sumario instruido por s.d. de Evasión de Mario A. Giribaldi y s.d. Homicidio de Cecilio Kamenetsky", por el cual fueron Sobreseídos el 19/4/78 por el Juez Luna Etcheveritz, algunos implicados en estos hechos. Asimismo cabe consignar la causa criminal radicada en el Juzgado de Crimen de Segunda Nominación, caratulada: "Azar, Musa s.d. Privación Ilegítima de la Libertad y Homicidio Calificado e.p. de José Marino", por la cual se desconoce resolución al respecto. José Marino era un integrante de la custodia personal del gobernador Carlos Arturo Juárez, y no estaba de acuerdo con la metodología represiva de Musa Azar.
Cabe aquí hacer mención a los desaparecidos durante el gobierno constitucional de Carlos Arturo Juárez, ellos son los siguientes: 1º) El concejal de la Ciudad de Clodomira EMILIO ALBERTO ABDALA, (Legajo Nº6213 de la CONADEP) que ha dado curso a una causa criminal tramitada en el Juzgado de Crimen de Segunda Nominación, nunca resuelta. El día 3 de diciembre de 1975, Abdala fue secuestrado de la propia Casa de Gobierno por Musa Azar y Tomas Garbi, la mano derecho de Musa Azar, hecho presenciado y denunciado por el Dr. Luis Alberto Jaime. 2º) EMILIO ANTONIO IBARRA, secuestrado de su domicilio en la Ciudad de La Banda el día 24 de Marzo de 1976. Legajo de la CONADEP Nº 00485. 3º) El abogado LUIS ALEJANDRO LESCANO, secuestrado el día 13 de Marzo de 1976 a las 21 horas en la Plaza Independencia de esta ciudad. Dicha desaparición ha dado curso a la causa caratulada: Expte. Nº 560/76 "Autor/es Desconocido/s s.d. Privación ilegítima de la Libertad e.p. de Luis Alejandro Lescano", que se tramitó por el Juzgado de Crimen de Segunda Nominación. Figura en la CONADEP, Legajo Nº 06562. Fue visto en "La Guarida", según testimonio de una persona detenida. 4º) FELIX DANIEL LOPEZ SARACCO, estudiante universitario, secuestrado el día 7 de Febrero de 1976, a las 22,30 horas en la intersección de las calles Plata y Alvear de esta ciudad. Se han producido diversas presentaciones judiciales y se ha denunciado su caso en la O.E.A., CONADEP, Comisión Provincial (Ley 5,346) y una Denuncia Criminal formulada el día 19 de Julio de 1984 por ante el Juzgado de Crimen de Cuarta Nominación. Se desconoce resolución.
Asimismo, cabe mencionar que Musa Azar y su grupo genocida, fueron procesados por el ex-Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, Dr. Carlos Ramón Schammas, por el secuestro y desaparición de Daniel Enrique Dichiara, desaparecido el día 9/8/76, y por el ex-Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional, Dr. Roberto Osvaldo Encalada, por el secuestro y desaparición de Julio Cesar Salomón, desaparecido el fatídico día del 24 de Marzo de 1976.
Hasta el momento, se encuentran registrados oficialmente 60 desaparecidos santiagueños, esa lista ha comenzado a incrementarse con motivo de las gestiones que han iniciado tendientes a obtener la Declaración Judicial de Ausencia por Desaparición de Personas Forzada, (Ley 24.321), que ha elevado la nómina a 86 santiagueños desaparecidos y muertos por el accionar del Terrorismo de Estado.
La aparición de este genocida en esta etapa democrática, no es una circunstancia novedosa. Durante el mes de Julio de 1993, luego de celebrarse el acuerdo político entre el entonces senador nacional Carlos Arturo Juárez y el ex - gobernador Carlos Mujica, Musa Azar regresa cumpliendo funciones en el Area de Seguridad de la Gobernación. Es denunciado por los entonces diputados provinciales René Alderete, y Carlos Corbalán, ya que se lo imputaba como autor y responsable del control ideológico que se había implementado en la provincia. Fue presentada una denuncia penal en el Juzgado de Crimen de Quinta Nominación, solicitando que se investigue el control ideológico. Dicha investigación no se realizó. Al poco tiempo Azar fue relevado de dichas funciones.
El día 14 de Mayo de 1995, Musa Azar y su alter ego Tomás Garbi, fueron fiscales generales del sub - lema Cruzada Santiagueña, que postulaba como gobernador a Carlos Juárez.
Ante la inminencia de su nombramiento, la LADH, filial Santiago del Estero, solicitó una audiencia al gobernador Juárez, el día 10 de Julio de 1995, para evitar su nombramiento, ya que existían rumores que iba a ser designado Jefe de Policía.
Pero los temores fueron superados ampliamente, ya que mediante un decreto firmado por el Gobernador de la Provincia y el Ministro de Gobierno Juan José Mesa, se crea la Dirección General de Seguridad, con vinculación y dependencia directa con el titular del Poder Ejecutivo Provincial. Al frente de este organismo, se designa a Musa Azar. "No me tomó por sorpresa, porque yo me identifico hace más de 20 años con el gobernador de la provincia, y estaba seguro que en algún lado iba a ser puesto en funciones para colaborar en una acción de gobierno", fueron sus declaraciones en el Nuevo Diario de nuestra provincia el día 19 de Julio de 1995.
Actualmente, nuestra provincia vive un clima de terror, ya que juntamente a Musa Azar, se encuentran los siguientes personajes: Comisario Mayor Tomás Garbi, la mano derecha de Musa Azar, Comisario Inspector Francisco Antonio Laitán, alias "Paco", Comisario Inspector Ramiro del Valle López, Juan Bustamante, alias "Sérpico", a cargo de la investigación sobre el secuestro de la joven Juárez. Comisario Javier Robles, actual Jefe de la Policía de La Banda y Comisario Isaac Yanuzzi, alias "Papito", Subjefe de Policía de la ciudad de La Banda. Todos pertenecientes al clan represivo durante la etapa del terrorismo de Estado. Ellos son los responsables del temor y el clima de inseguridad que hoy soportamos los santiagueños. Pero si ello fuera poco, pronto estarán entre nosotros los gendarmes, con una dotación de 200 hombres y moderna tecnología represiva, para instalarse en el Batallón Ingenieros de Combate 141, y convertir a Santiago del Estero, en base de operaciones para el NOA.
El Gobernador de la Provincia, ha concretado una encendida defensa de Musa Azar, y en un acto de ilimitada hipocresía, ha desafiado públicamente reclamando "papeles" sobre su atroz informante. Aquí se encuentra detallada una parte del currículum represivo de Musa Azar y sus acólitos. Todos ellos tendrían que estar purgando sus crueles delitos de lesa humanidad. Pero lamentablemente, los jueces designados por Carlos Juárez (salvo las excepciones de dos de ellos), fueron dejando paulatinamente en libertad a estos personajes, completado ello con las Leyes de Obediencia Debida, que impidieron la investigación y la determinación de la verdad y justicia.
