FORMULA ACLARACIÓN. CUMPLIMENTA. MANIFIESTA.-
Señor Juez Federal:
Juan Carlos PUMILLA, por derecho propio, con domicilio en .Florida 1175, en carácter de denunciante, en los autos caratulados: “MOVIMIENTO . DE DERECHOS HUMANOS/Solicita averiguación por derecho a la verdad” (Expte. Nº. 491/00), a V.S. respetuosamente digo:
1. Formula Aclaración previa: Que, atento lo que surge de la carátula del expediente, corresponde poner en conocimiento al Tribunal, que la presentación que dio origen a las presentes actuaciones, fue realizada a título personal y en mi carácter de miembro fundador del Movimiento de Derechos Humanos de La Pampa, pero no en representación de dicho Movimiento, el que por otro lado, ya no integro.-
2. Objeto. Cumplimenta: Que, en el carácter invocado, vengo por el presente, a cumplimentar con lo ordenado por V.S. el 22 agosto de 2003de autos, poniendo a su disposición la totalidad de la información que poseo y requiriendo en consecuencia a V.S., que, en uso de sus facultades instructorias y ordenatorias del proceso, decrete las medidas probatorias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos denunciados.- Deja constancia que la a ampliación de datos fue posible merced a la contribución del señor Norberto Asquini, (quien aportó datos decisivos en su carácter de periodista), DNI 22.919.536, con domicilio en Garibaldi 777 PB D, de Santa Rosa que se presenta solidario con el objetivo de este expediente.
a) GARCIA, Sergio: Es nativo de Eduardo Castex, hijo de Justino García, que fuera senador nacional por La Pampa. Su infancia trascurrió en Castex, fue a la Escuela 44, luego fue Seminarista de la Congregación Salesiana en Bernal, terminó sus estudios secundarios en el Instituto Manuel Belgrano de esta ciudad. En La Plata estudia Veterinaria, Facultad en donde inició su militancia política, en la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN), y luego en la Juventud Peronista. Está desaparecido desde hace 27 años.
b) QUISPE, Antonio: De nacionalidad peruana, se radicó en Santa Rosa en su adolescencia junto a su padre, Andrés Quispe, y sus hermanos menores. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional y luego ingresó al Instituto de Profesorado. Se desempeñó también como periodista en el diario La Arena de Santa Rosa. Militaba en la Juventud Peronista.
c) PONTEPRIMO, Alfredo: Oriundo de General Pico integraba el ERP, fue amigo de los hermanos Follonier y Veleda (cuyos nombres formaron parte de la primera presentación realizada ante este Juzgado en los años 1983/84 y ampliada luego el 4 de agosto de 2000). Comenzó su militancia en La Plata. Lo mataron antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Su cuerpo fue trasladado por la familia hasta General Pico y le dieron sepultura apenas llegado, durante la medianoche.
d) LOSCERTALES, Roberto “Laucha”: Nacido en General Pico. Lo mataron presuntamente en Punta Lara. Era miembro del PST, del Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata y en el 72 había sido uno de los organizadores del partido en La Pampa, había descollado años atrás como deportista. En la zona donde aparecieron los cadáveres a 15 km de la ciudad es una zona poco transitada en invierno y ya fue escenario para el descubrimiento de al menos una docena de asesinatos según se ha podido establecer en los últimos meses. Lo mataron junto a su novia y a tres compañeros más cuando viajaban en automóvil. En esos tiempos participaba en apoyo de una huelga siderúrgica.
e) DELATURI, Salvador “Pampa”: militante comunista, participó de las huelgas ferroviarias del 61 en General Pico. En La Plata desplegó tareas en el PRT. Tenía 32 años y era militante gremial desde los 20. Murió junto a Carlos Scafide. Un comando de la Triple A y el Ejército Regimiento 7 y la Infantería de marina 3 dinamitaron sus cuerpos el 14 de enero de 1976. Pueden obtenerse más datos en el libro “La Voluntad” de Anguita y Caparrós, tomo II. Sus hijos, residentes en General Pico, están abocados a la tarea de reconstruir las circunstancias que rodearon al asesinato.
f) SULKIES, Alberto: soldado desaparecido el 5 de junio de 1976 del Regimiento de La Pampa. Esta es la única información que se ha logrado obtener. El nombre figura en el lista de “Conscriptos desaparecidos” del CELS.
g) FRIGERIO,I Oscar Mario Nacido en Santa Rosa, es hijo de una conocida familia del medio. Fue asesinado en 1977, presuntamente en Rosario según un llamado telefónico anónimo a su familia. Sus restos, con 32 balazos en el pecho, fueron sepultados en el cementerio de Santa Rosa luego de una gestión para el traslado del cadáver en la que habría intervenido un funcionario del Juzgado Federal de Santa Rosa de nombre Raúl Pedro Perotti. La esposa de Frigerio fue asesinada días antes de su desaparición de un balazo en la nuca y el hijo de ambos, Guido, de dos meses de edad, abandonado en la vía pública.
Manifiesta: Que la presente denuncia ha sido realizada invocando el derecho al esclarecimiento a la verdad que como ciudadanos nos asiste, y que consideramos incluido entre los derechos implícitos o no enumerados del art. 33 de nuestra Constitución Nacional. El derecho al esclarecimiento de la verdad se fundamenta en el deber del Estado de garantizar la observancia plena de los derechos humanos y, en caso de violaciones, lograr su restablecimiento, investigar y sancionar a los responsables y- si es posible- reparar a las víctimas(1). Repasando a Salvador Geovanni Salguero:
3. el contenido del derecho al esclarecimiento de la verdad se integraría con:
a) “El derecho de las víctimas y/o familiares de las víctimas a conocer la verdad y, en su caso, reclamar por la reparación integral (derecho de las víctimas a recibir justicia)
b) El derecho de la sociedad a ser informada. Lo que implica solicitar que se responda socialmente por los daños causados, pues el estado de reconciliación no se logra mediante un simple informe general.
c) Como contrapartida: el deber del Estado de investigar, informar, sancionar sobre lo ocurrido y, si es necesario, a depurar sus órganos”
4. Petitorio: Por lo expuesto, a V.S. solicito:
a) Tenga por cumplimentado lo ordenado;
b) Oportunamente, decrete las medidas probatorias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.-
Proveer de conformidad,
Es Justo.-
...................................
Juan Carlos Pumilla
Santa Rosa, 8 de octubre de 2003
DERECHOS HUMANOS E IDENTIDAD - UNA CAUSA PROVINCIAL
Juan Carlos Pumilla
LE: 5.267.319
Florida 1175-Santa Rosa-La Pampa
Tel: 56202
marzo 10 de 1997
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Emilce Montenegro de Ozzán
Alfredo Ordoñez
Adelina Cabal
Rosa Zapata
Luis Galcerán
Orlando Muñoz
Silvia Gallego de Soto
Elsa P. de Altolaguirre
Juan Sansón
Proponiendo la sanción parlamentaria de una ley que tenga en cuenta las consideraciones que se detallan:
1) Crear una comisión especial en el ámbito de la legislatura provincial para la cristalización de los siguientes objetivos:
2) Localizar y retornar a su familia biológica al hijo de la ciudadana pampeana Lucía Tartaglia, nacido en cautiverio.
3) Restituirle su verdadera identidad y todos sus derechos como hijo de esta provincia.
4) Determinar el número exacto de ciudadanos pampeanos muertos durante el ejercicio del terrorismo de Estado como así también las circunstancias reales de sus muertes.
5) Establecer el número exacto de los ciudadanos
6) pampeanos secuestrados y desaparecidos durante el mismo periodo como así también indagar sobre su destino.
7) Conferir a la comisión creada a tales efectos el presupuesto adecuado que le permita lograr estos objetivos. De la misma manera, adjudicarle todas las prerrogativas que tiendan a facilitar su tarea en forma rápida y eficiente.
JUSTIFICACION
Señores legisladores:
Estas líneas tienen por objetivo presentar a vuestra consideración un proyecto vinculado con el cometido de esa comisión. Se elevan a ustedes abrigando la esperanza de que todo o alguna parte de esta iniciativa haga blanco en la sensibilidad de los integrantes del parlamento provincial, lo que nos permitirá formular una nueva contribución que tienda al afianzamiento de la condición humana y, consecuentemente, de uno de sus derechos inalienables: la identidad.
Hace un año, el 24 de marzo de 1996, tomó estado público una propuesta que consistía en adicionar al amplio abanico de gestos simbólicos desplegados con motivo de la fecha, un acto concreto inscripto en la perspectiva de la verdad, la memoria y la justicia.
Lamentablemente no hubo eco para aquella propuesta y deliberadamente se ha aguardado este lapso para reformularla en previsión de que este nuevo 24 de marzo de 1997 nos encuentre en la misma situación.
La democracia debe avanzar y operar resueltamente en la realidad para evitar el desmerecimiento de los simbolismos, su acotamiento o su esterilidad.
En aquella oportunidad se proponía la conformación de un organismo multisectorial que tuviera como cometido la cristalización de los objetivos que se detallan más adelante. Ellos conforman el nudo de la actual proposición a ese cuerpo:
· Restituir a su familia biológica al hijo de la ciudadana pampeana Lucia Tartaglia, nacido en cautiverio. Consiguientemente, recuperar su verdadera identidad.
· Establecer el número exacto de los ciudadanos pampeanos muertos en el marco del terrorismo de Estado y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
· Determinar las circunstancias reales de sus muertes.
· Establecer fehacientemente la cantidad de ciudadanos pampeanos desaparecidos en el mismo período.
· Obtener, donde corresponda, satisfacción sobre su paradero y demás circunstancias vinculadas con la desaparición. La conclusión de que sus secuestros se produjeron en otros puntos del territorio nacional se manejó en todo momento como presupuesto teórico. Esta ausencia de evidencias taxativas dan intervención a la especulación, nunca refutada, de que tales plagios podrían haber contado para su ejecución con conexiones y logística locales. Tampoco se descarta la posibilidad de que alguno de los hechos podrían haber ocurrido en nuestro propio territorio.
No escapará a la comprensión de los señores diputados la necesidad y razonabilidad de los objetivos propuestos. De hecho tan sólo una de las sugerencias, recuperar a un hijo de La Pampa para su comunidad, justifica el mayor de los esfuerzos. Esta provincia, que hace de la identidad una de sus mayores banderas, desvirtuaría su esencia si consecuentemente no hace lo imposible por garantizar identidad y seguridad a sus habitantes. Se trata, entonces, de recuperar al hijo de Lucía para que los grandes lineamientos éticos y filosóficos de La Pampa no sean socavados. Igualmente para que el cuerpo social se sienta contenido y protegido por el Estado del que forman parte y al que pertenecen. Como se apreciará, una verdadera causa provincial.
Para facilitar la concreción de estas aspiraciones resulta ineludible un programa de acciones para el corto, mediano y largo plazo. Una planificación impregnada de energía y decisión que esté presidida por alguna de estas pautas:
· Secundar la abnegada y heroica tarea de Abuelas de Plaza de Mayo en procura del paradero del hijo de Lucía Tartaglia. Esta organización ha hecho importantes avances en la materia al punto que ha realizado los correspondientes estudios genéticos y establecido sólidas bases indiciarias que no se consignan aquí para no entorpecer las futuras tareas.
· Conformar una comisión interdisciplinaria ad-hoc en el marco de la Cámara de Diputados .
· Establecer plazos y responsabilidades para cada etapa de su accionar.
· Que esta comisión ofrezca informes periódicos sobre los avances obtenidos y al mismo tiempo aliente a la participación comunitaria en forma de críticas, sugerencias y trabajos concretos.
· Otorgar a este comité continuidad e independencia.
· Adjudicarle un presupuesto, lo que garantizará permanencia y logros efectivos y rápidos.
A esta altura se hace necesario subrayar que estas líneas no tienen por cometido abrir heridas. Tal como se ha indicado, están impregnadas de la necesidad de articular mecanismos que garanticen paz, tranquilidad,, memoria y justicia a la comunidad pampeana. Es convicción, de todos los que ejercen alguna militancia en el campo de los derechos humanos, que las heridas secan más rápido y mejor cuando se las expone a la luz del día. Luego quedará de ellas una línea identificatoria. Blanca, como un pañuelo, que nos ayudará a preservar la memoria y consiguientemente impedirá la otorgación de pasaportes a la impunidad.
En el curso de estas dos últimas décadas muy poco se ha avanzado en la conquista los puntos que conforman esta presentación. No obstante resulta sorprendente, por utilizar un calificativo benigno, que a tantos años de aquellos tiempos nefastos se sigan cometiendo errores en los nombres y número de las víctimas. Extraña la insistencia en consignar -en cada efemérides- poco más de una docena de vecinos de La Pampa como afectados directos del terror de Estado. Las crónicas de los albores de la democracia ya registraban que las investigaciones, realizadas con una gran precariedad de medios, establecían indubitablemente en casi medio centenar el número de ciudadanos asesinados o desaparecidos. La democracia debe sublevarse ante las deformaciones de la historia traducidos a través de voluntarismos, imprecisiones o hipocresías que no hacen sino banalizar un tema tan tremendo como el de la violación de los derechos humanos.
De esta manera, si la Cámara de Diputados asume la vindicación de la historia insolentada por tantos silencios o grandilocuencias falaces, seguramente habrá centenares de familias que respirarán agradecidas y aliviadas. La historia misma sabrá valorar un gesto concreto encaminado a desbaratar las trampas de la desmemoria.
Afortunadamente esta aspiración de preservar la memoria tiene un respaldo constitucional y jurídico. Seguramente los señores legisladores no soslayarán a la hora de sus reflexiones, la aportación formulada por constitucionalistas de la talla del Dr. Humberto Quiroga Lavié, las importantes incorporaciones al tema tras la última reforma al Código Penal, sumado al rango constitucional de cuestiones tales como la figura del desaparecido o la adscripción de nuestro país a los pactos internacionales en la materia.
Como contribución preliminar para una mejor percepción de la cuestión que nos ocupa, se acompaña una reproducción facsimilar del artículo publicado hace un año en el diario La Arena y una copia del resultado de los trabajos de investigación que el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, presentara a la opinión pública, a la CONADEP y a la Justicia Federal en el año 1984. Como dato accesorio se debe consignar que fue la propia Cámara de Diputados de La Pampa la que produjo la primera impresión de aquel trabajo. Santa Rosa, agosto 19 de 1997
Señores integrantes de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Señores diputados:
El 10 de marzo de 1997 presenté a esa comisión un proyecto relacionado con la memoria, la identidad y la justicia. En ese documento planteaba la situación de incertidumbre e indefensión de la familia de Lucía Tartaglia, de cuyo hijo nacido en cautiverio no se tiene ninguna información. Al mismo tiempo reclamaba información sobre el número de muertos y desaparecidos durante el ejercicio del terrorismo de Estado, como asimismo de las circunstancias de tales muertes y desapariciones, habida cuenta el notorio desconocimiento que sobre tales hechos persiste en la actualidad.
En función de los sucesos nacionales y de los dos acontecimientos provinciales muy especiales que en este lapso se han registrado -los que en mi consideración respaldan y actualizan el espíritu de la propuesta- me dirijo a ustedes para insistir con la iniciativa y solicitarles me concedan la oportunidad de defenderla y eventualmente ampliarla antes que adopten alguna decisión al respecto.
Hasta la fecha no he tenido respuesta de esa comisión sobre su destino, empero de diálogos personales sostenidos con algunos de los legisladores que integran ese grupo de trabajo, surge como conclusión que los interrogantes planteados en la presentación no están en modo alguno satisfechos para las familias afectadas, para la comunidad ni para las instituciones de la democracia.
Debo subrayar que el haber presentado este proyecto, seguramente perfectible, me ha otorgado cierto alivio de conciencia y hasta me absuelve de mayores responsabilidades en el tema. De todos modos me acucia la inquietud sobre qué comportamiento habrá de adoptar la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ante la situación que he expuesto y que ahora es patrimonio de todos los miembros de esa Honorable Cámara de Diputados.
Resulta obvio, al cabo de más de dos décadas de esfuerzos personales y aportes colectivos e institucionales comprometidos en la materia, que no se han producido más avances que los que se describen en la presentación. De manera que resulta para mí auspiciosa y esperanzada la creación de esa Comisión cuyos fundamentos coinciden con el espíritu del proyecto.
Nuestro país ha suscrito convenciones internacionales en materia de derechos humanos pero la circunstancia de que alguno de ellos haya sido rubricado luego de las leyes de obediencia debida y punto final lo exime de su completa aplicación. Afortunadamente las reformas al código penal, sumado al apartado específico de la constitución nacional, alimentan esperanzas de que los temas expuestos en el mes de marzo puedan ser de actual aplicación. Ello sin perjuicio de que pervive la vigencia de tres cuestiones centrales que constituyen el nudo de nuestro interés: no prescripción del delito de secuestro y desaparición de niños, la necesidad de establecer la verdad, la reparación.
Nuestra provincia, fundamentalmente por la actividad de algunos de sus legisladores y propia iniciativa del Poder Ejecutivo, ha formulado aportes fundamentales para la conquista del tercer tópico. No obstante éste se torna de muy difícil aplicación si no se resuelven los dos primeros.
A estas consideraciones se debe agregar un elemento que quizás no quedó suficientemente claro en aquella presentación: casi la totalidad de los datos que se tienen sobre las consecuencias del terrorismo de Estado en contra de ciudadanos pampeanos proviene, precisamente, de los artífices y ejecutores de esta página tan negra de nuestra historia nacional. Consecuentemente sus palabras debieran tener poco o relativo crédito para la democracia empeñada en procurar la verdad.
La última precisión: de las conversaciones mantenidas con los diputados se infiere algún tipo de prevención sobre el mecanismo sugerido para lograr el objetivo propuesto. Al respecto me siento en la obligación de aclarar e insistir que ese mecanismo (constitución de una comisión ad hoc) es tan sólo el producto de una especulación teórica. Lo que resulta decisivo y definitorio es la persistencia de un niño apropiado y mantenido bajo otra identidad y la imprecisión sobre la cantidad y circunstancias de las desapariciones y muertes de nuestros coterráneos.
Quedando a disposición de los señores legisladores los saluda con respeto.
Juan Carlos Pumilla
Florida 1175
Tel: 56202
(Texto de la segunda nota enviada y sobre la que aun se aguarda respuesta) LO ACUSAN DE PRESENCIAR INTERROGATORIOS BAJO TORTURA
El pesado pasado de Perotti
El actual fiscal del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, Raúl Perotti, fue acusado en 1984 de presenciar interrogatorios bajo tortura en una comisaría de La Pampa. Asegura que lo confunden.
El fiscal Raúl Perotti fue designado en septiembre de 1976 como defensor de pobres y ausentes.
Por Diego Martínez
Un ex empleado de la comisaría 1ª de Santa Rosa declaró que “iba a conversar” con los represores “con posterioridad” a los interrogatorios. Otro, que “sabía presenciar” las sesiones, que incluían torturas con picana eléctrica. Un ex profesor de secundario que padeció años de cárcel dijo que, lejos de defenderlo, “interrogó a alumnos de 13 años presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios”. Los tres testimonios constan en la causa del Primer Cuerpo de Ejército que instruye el juez Daniel Rafecas y se refieren a Raúl Pedro Perotti, designado en septiembre de 1976 como defensor de pobres, ausentes e incapaces ante el juzgado federal de La Pampa y actual fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata. Consultado por Página/12, Perotti sugirió una probable confusión de apellidos, afirmó que nunca pisó una comisaría de Santa Rosa y que consiguió liberar a todos los procesados por razones políticas. Días después el semanario pampeano Lumbre despejó cualquier duda: reveló que en 1985 un ex represor, actualmente procesado por secuestros y torturas, incluyó al “doctor Pedro Perotti” entre los testigos que podían dar fe sobre su actuación. El listado lo encabezaba el genocida Ramón Camps y lo integraban los principales responsables de la Subzona 14.
En 1984 el ex empleado de la seccional 1ª de Santa Rosa Héctor Ovidio Strack declaró ante la gobernación pampeana que en la planta alta de ese edificio se realizaban interrogatorios bajo tortura. “Con posterioridad a los interrogatorios, a la planta alta iba a conversar con los oficiales el fiscal del juzgado federal Dr. Perotti”, contó. En realidad no era fiscal sino defensor. Ese mismo año, el ex ordenanza de la unidad regional José María Leppez relató que en la seccional 1ª funcionó durante la dictadura el Comando de la Subzona 14, donde “se realizaban sesiones de interrogatorios y torturas físicas con aplicación de la llamada ‘picana eléctrica’ a los detenidos”. Un día entró a servir café y vio a un hombre con el torso desnudo mientras le aplicaban picana en el cuello y la cintura. Entre los torturadores reconoció a los comisarios de la policía pampeana Carlos Reinhart, Roberto Constantino y Roberto Fiorucci, procesados en diciembre pasado por decenas de secuestros y torturas. Agregó que “sabía presenciar también estas sesiones de interrogatorio el doctor Perotti, que hacía en esa época las veces de secretario (sic) del juez federal”, a quien conocía por haberlo visto “en compañía de Constantino”. Lo describió como una persona “más bien alta y de contextura física mediana” y recordó que “allí le llamaban ‘el Loco Perotti’, lo que le hace pensar que tenía una gran amistad o confianza con los oficiales mencionados”.
El profesor Carlos Samprón, entonces rector del instituto José Ingenieros de Jacinto Aráoz, relató que en julio de 1976 fue detenido y llevado junto a otros profesores a la comisaría local y luego al destacamento de la policía caminera, donde fueron brutalmente torturados. Tras ocho meses en el penal de Santa Rosa fue citado a declarar ante el juez federal Walter Lema, quien “luego de un interrogatorio franco y abierto” dictó su prisión preventiva en base a la ley 20.840. “Me acusaba de ser el responsable de la subversión ideológica en el sudeste de la provincia”, relató. Ante los riesgos que corrían los abogados de presos políticos nombró al defensor oficial Perotti, “quien con su prepotencia, su falta de sensibilidad y su inacción fue cómplice de la situación. Incluso mientras era mi defensor actuó en una ocasión como juez subrogante e interrogó a alumnos de ¡13 años! de la escuela por mí dirigida, presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios”. Ante la consulta Perotti negó haber interrogado a menores, dijo que sólo subrogó al juez “en causas tontas” y que logró el sobreseimiento de los profesores detenidos.
Luego de sugerir la posible confusión de apellidos Perotti negó haber sido apodado “el Loco”. Minutos después llamó a este cronista para agregar que “seguramente se refieren al defensor que me reemplazó: le decían el Loco (sic) y tenía un apellido similar”. Mientras la búsqueda en guías judiciales de la época lo refutaba, en el último número de Lumbre el ex dirigente de ATE Marcelino Acosta, quien durante años investigó el terrorismo de Estado en La Pampa, agregó otro dato contundente: el 10 de enero de 1985, al redactar su defensa para presentar ante la Justicia, el ex represor Athos Reta incluyó a Perotti en una lista de testigos que podían declarar en su favor. “Sí, el doctor Pedro Perotti, ex funcionario del juzgado federal con asiento en la capital provincial de La Pampa, estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14”, escribió Reta, quien además aclaró que en esos días Perotti se desempeñaba en la Justicia federal en Morón. “No tengo idea quién es”, dijo Perotti a este diario. Reta es un policía retirado de La Pampa, preso desde diciembre por su participación en doce casos de privación ilegal de la libertad y cinco casos de tormento. El listado de hombres honorables que podían dar fe de su inocencia lo encabezaba el genocida Ramón Camps y todos los testigos que ofreció están hoy procesados y presos por su actuación en la subzona 14. Excepto uno: el Loco Perotti, reciclado como fiscal federal, quien ahora deberá darle explicaciones al procurador general de la Nación.
12 de Septiembre de 2005
pagina12 LO ACUSAN DE PRESENCIAR INTERROGATORIOS BAJO TORTURA
El pesado pasado de Perotti
El actual fiscal del Juicio por la Verdad de Mar del Plata, Raúl Perotti, fue acusado en 1984 de presenciar interrogatorios bajo tortura en una comisaría de La Pampa. Asegura que lo confunden.
Por Diego Martínez
Un ex empleado de la comisaría 1ª de Santa Rosa declaró que "iba a conversar" con los represores "con posterioridad" a los interrogatorios. Otro, que "sabía presenciar" las sesiones, que incluían torturas con picana eléctrica. Un ex profesor de secundario que padeció años de cárcel dijo que, lejos de defenderlo, "interrogó a alumnos de 13 años presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios". Los tres testimonios constan en la causa del Primer Cuerpo de Ejército que instruye el juez Daniel Rafecas y se refieren a Raúl Pedro Perotti, designado en septiembre de 1976 como defensor de pobres, ausentes e incapaces ante el juzgado federal de La Pampa y actual fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata. Consultado por Página/12, Perotti sugirió una probable confusión de apellidos, afirmó que nunca pisó una comisaría de Santa Rosa y que consiguió liberar a todos los procesados por razones políticas. Días después el semanario pampeano Lumbre despejó cualquier duda: reveló que en 1985 un ex represor, actualmente procesado por secuestros y torturas, incluyó al "doctor Pedro Perotti" entre los testigos que podían dar fe sobre su actuación. El listado lo encabezaba el genocida Ramón Camps y lo integraban los principales responsables de la Subzona 14.
En 1984 el ex empleado de la seccional 1ª de Santa Rosa Héctor Ovidio Strack declaró ante la gobernación pampeana que en la planta alta de ese edificio se realizaban interrogatorios bajo tortura. "Con posterioridad a los interrogatorios, a la planta alta iba a conversar con los oficiales el fiscal del juzgado federal Dr. Perotti", contó. En realidad no era fiscal sino defensor. Ese mismo año, el ex ordenanza de la unidad regional José María Leppez relató que en la seccional 1ª funcionó durante la dictadura el Comando de la Subzona 14, donde "se realizaban sesiones de interrogatorios y torturas físicas con aplicación de la llamada ‘picana eléctrica’ a los detenidos". Un día entró a servir café y vio a un hombre con el torso desnudo mientras le aplicaban picana en el cuello y la cintura. Entre los torturadores reconoció a los comisarios de la policía pampeana Carlos Reinhart, Roberto Constantino y Roberto Fiorucci, procesados en diciembre pasado por decenas de secuestros y torturas. Agregó que "sabía presenciar también estas sesiones de interrogatorio el doctor Perotti, que hacía en esa época las veces de secretario (sic) del juez federal", a quien conocía por haberlo visto "en compañía de Constantino". Lo describió como una persona "más bien alta y de contextura física mediana" y recordó que "allí le llamaban ‘el Loco Perotti’, lo que le hace pensar que tenía una gran amistad o confianza con los oficiales mencionados".
El profesor Carlos Samprón, entonces rector del instituto José Ingenieros de Jacinto Aráoz, relató que en julio de 1976 fue detenido y llevado junto a otros profesores a la comisaría local y luego al destacamento de la policía caminera, donde fueron brutalmente torturados. Tras ocho meses en el penal de Santa Rosa fue citado a declarar ante el juez federal Walter Lema, quien "luego de un interrogatorio franco y abierto" dictó su prisión preventiva en base a la ley 20.840. "Me acusaba de ser el responsable de la subversión ideológica en el sudeste de la provincia", relató. Ante los riesgos que corrían los abogados de presos políticos nombró al defensor oficial Perotti, "quien con su prepotencia, su falta de sensibilidad y su inacción fue cómplice de la situación. Incluso mientras era mi defensor actuó en una ocasión como juez subrogante e interrogó a alumnos de ¡13 años! de la escuela por mí dirigida, presionándolos a que declararan contra mí bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios". Ante la consulta Perotti negó haber interrogado a menores, dijo que sólo subrogó al juez "en causas tontas" y que logró el sobreseimiento de los profesores detenidos.
Luego de sugerir la posible confusión de apellidos Perotti negó haber sido apodado "el Loco". Minutos después llamó a este cronista para agregar que "seguramente se refieren al defensor que me reemplazó: le decían el Loco (sic) y tenía un apellido similar". Mientras la búsqueda en guías judiciales de la época lo refutaba, en el último número de Lumbre el ex dirigente de ATE Marcelino Acosta, quien durante años investigó el terrorismo de Estado en La Pampa, agregó otro dato contundente: el 10 de enero de 1985, al redactar su defensa para presentar ante la Justicia, el ex represor Athos Reta incluyó a Perotti en una lista de testigos que podían declarar en su favor. "Sí, el doctor Pedro Perotti, ex funcionario del juzgado federal con asiento en la capital provincial de La Pampa, estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14", escribió Reta, quien además aclaró que en esos días Perotti se desempeñaba en la Justicia federal en Morón. "No tengo idea quién es", dijo Perotti a este diario. Reta es un policía retirado de La Pampa, preso desde diciembre por su participación en doce casos de privación ilegal de la libertad y cinco casos de tormento. El listado de hombres honorables que podían dar fe de su inocencia lo encabezaba el genocida Ramón Camps y todos los testigos que ofreció están hoy procesados y presos por su actuación en la subzona 14. Excepto uno: el Loco Perotti, reciclado como fiscal federal, quien ahora deberá darle explicaciones al procurador general de la Nación.
Un fiscal de bajo perfil
Raúl Pedro Perotti nació en Comodoro Rivadavia hace 58 años. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, estudió abogacía en la Universidad Católica de Santa Fe e ingresó como defensor ante el juzgado federal de La Pampa el 6 de septiembre de 1976. Fue fiscal federal en San Martín y en Morón. Desde que se crearon los tribunales orales porteños en 1993 es fiscal de juicio oral. En 1999 pidió tres años de prisión para el diputado Eduardo Varela Cid por exacciones ilegales. En junio de ese año pidió la nulidad de la causa Coppola, la absolución de los cuatro acusados, y requirió al Consejo de la Magistratura que destituyera e investigara al juez Hernán Bernasconi. Igual que el ex juez Guillermo Madueño, quien renunció cuando se conoció su historia de complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca, Perotti actuó en dos causas de alta repercusión pública por delitos cometidos durante las dictaduras de los años ’70: pidió reclusión perpetua para el ex agente pinochetista Enrique Arancibia Clavel por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974, y en el 2001 pidió siete años y siete meses de prisión para Ceferino Landa por la apropiación de Claudia Poblete.
La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo había pedido 20 años y el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a nueve años y medio de prisión. Como atenuantes, el fiscal consideró “la avanzada edad del matrimonio, su carencia de antecedentes penales y el deterioro de la salud de Landa”. Según el perfil publicado por el diario La Nación tras la absolución de Coppola, Perotti “es un hombre elegante, alto y de buen vestir. En las audiencias habla con voz firme, casi a los gritos. Pero prefiere el perfil bajo”. Es entendible.
Página 12
12 de septiembre de 2005 Perotti fue funcionario en La Pampa durante la dictadura
DE SOSPECHADO, A FISCAL EN UNA CAUSA DE DERECHOS HUMANOS
El funcionario actúa en el primer juicio que se desarrolla en Buenos Aires contra un represor. Fue señalado por haber colaborado con la represión ilegal en La Pampa. Una investigación no halló indicios.
El fiscal del juicio oral y público que se realiza con tra el represor Julio "el Turco Julián" Simón, Raúl Perotti, estuvo sospechado de haber colaborado durane la dictadura miliatr con el grupo de tareas que funcionó en La Pampa. Una investigación de la Procuración General que se inició en 2005 y llegó hasta Santa Rosa no halló elementos en su contra.
Perotti fue funcionario judicial en Santa Rosa durane la época del Proceso militar y en el sumario administrativo levantado en 1984 contra los policías represores pampeanos fue acusado por un testigo de presenciar interrogatorios bajo tortura en la Seccional Primera.
El fiscal, que actuó hace algunos años en el Juicio por la Verdad de Mar del Plata, fue también mencionado en septiembre de 2005 por el diario porteño página 12 como protagomista de estos hechos. Según el informe, Perotti habría sido visto mientras conversaba con los oficiales luego de los interrogatorios y habría presenciado torturas con picana. Además, actó en algunas causas relacionadas con la "lucha contra la subversión" como la de los detenidos en Jacinto Arauz, en julio de 1976.
A fines de marzo pasado, dos comisionados de la Procuración General de la Nación estuvieron en Santa Rosa en misión secreta, en la que tomaron algunas declaraciones y se llevaron expedientes del Juzgado Federal. La investigación apuntaba a dilucidar la veracidad de las acusaciones contra Perotti en relación con la represión ilegal durante los años en que estuvo en La Pampa. Hace algunos días, Página 12 informó en un recuadro que ese trámite administrativo había desechado cualquier responsabilidad.
EL INFORME
En el informe de Página 12 publicado en 2005 se mencionaron tres testimonios que también constan en la causa del Primer Cuerpo de Ejército que instruye el juez federal Daniel Rafecas. En su momento, consultado por el matutino, Pedotti sugirió una probable confudión de apellidos, afirmó que nuca pisó una comisaría de Santa Rosa y que consiguió liberar a todos los procesados por razones políticas.
Entre quienes lo señalaban estaban un ex docente de Jacinto Arauz, detenido en julio de 1976 y dos ex policías. En otra página de la causa administrativa de los '80, consta que en 1985 el represor Athos Reta, procesado por violaciones a los derechos humanos, al presentar su defensa incluyó a Perotti en una lista de testigos que podían declarar a su favor. Y aclaró que el funcionario "estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la Subzona militar 14".
EL JUICIO
Docenas de testigos, sobrevivientes del centro clandestino de detención "El Olimpo", donde fueron torturados y sometidos a todo tipo de vejaciones, están convocados para el juicio oral y público que se realiza en el tribunal Oral en lo Federal 5 y del que participa Perotti. Ahí se juzga al ex policía Julio Simón. Es el primero realizado en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El proceso se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py y finalizará la próxima semana. Simón es juzgado por la aplicación de tormentos y desaparición forzada de una pareja y la apropiación de la hija de los desaparecidos.
Cabe recordar que en el centro clandestino de detención "El Olimpo" estuvo cautiva la santarroseña Lucía Tartaglia y Simón fue uno de sus secuestradores. Según algunos testigos...
Fragmento del artículo publicado en el diario "La Arena", de Santa Rosa, 5 de julio de 2006. Piden relevo de Perotti
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos exigió el inmediato relevo del fiscal Raúl Pedro Perotti –encargado de sostener la acusación penal en el juicio oral contra el represor Juan Simón, alias “Turco Julián”– sobre quien pesan denuncias de haber participado de torturas en la Seccional 1ª de Santa Rosa, La Pampa, durante la última dictadura militar. La Asociación, junto con las demás organizaciones que integran el espacio “Justicia YA”, está recopilando toda la información sobre la actuación de Perotti durante la dictadura y reclamará al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, la separación inmediata de Perotti de su cargo y el inicio del sumario correspondiente. Perotti pidió para Simón sólo 24 años de cárcel por considerar que el torturador –reconocido por decenas de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Azopardo, Club Atlético, El Banco y Olimpo– merecía atenuantes debido “a su edad, a que carece de antecedentes penales y a que es padre de tres hijos”.
Pagina 12
31.07.2006 EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS ACUSAN A FISCAL POR TORTURAS EN LA PAMPA
Reclaman que aparten a Perotti de juicios
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos reclamó a la Procuración General que separe al fiscal Raúl Perotti, que interviene en los juicios contra represores de la dictadura, por su actuación durante el Proceso en La Pampa.
REDACCION
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) exigió al Poder Judicial el inmediato relevo como fiscal de Raúl Pedro Perotti, sobre quien pesan denuncias de haber colaborado en las torturas cometidas durante la dictadura militar en la Seccional Primera de Santa Rosa.
A través del boletín electrónico de la entidad que agrupa a personas que estuvieron secuestradas en centros clandestinos de detención durante el Proceso, la AEDD indicó que “los testimonios que lo acusan obran, según fue publicado en Página 12 en septiembre de 2005, en la causa del Primer Cuerpo a cargo del Juez Daniel Rafecas”.
Actualmente, Perotti es el fiscal del juicio que se lleva adelante contra Julio Simón, apodado “El Turco Julián”, un represor que actuó en jurisdicción de la Capital Federal. El viernes le será dictado el veredicto por el secuestro de un matrimonio y su desaparición y la apropiación de su beba.
Torturas
El fiscal, que podría actuar en otras causas similares ocurridas en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, fue funcionario judicial en La Pampa en tiempos de la dictadura militar y durante la investigación que se realizó en 1984 sobre la responsabilidad de los oficiales de policías que intervinieron en la represión ilegal en la Subzona 14 fue mencionado al menos dos veces como participando de las torturas que se realizaron a presos políticos en la comisaría santarroseña.
La AEDD precisó que a pesar de que estas denuncias “fueron públicas, así como otras similares que se hicieron en el diario LA ARENA de Santa Rosa, la Procuración General de la Nación no sólo no lo ha relevado de su cargo sino que ha permitido que Perotti actúe como fiscal en el juicio oral y público contra Julio Simón, alias el ‘Turco Julián’, en el que pidió solo 24 años de cárcel por considerar que el torturador -reconocido por decenas de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Azopardo, Club Atlético, El Banco y El Olimpo- merecía atenuantes debido a su edad, a que carece de antecedentes penales y a que es padre de tres hijos!”.
Investigado
En 2005 la Procuración General inició un sumario contra Perotti, pero en marzo no se continuaron las investigaciones porque no se habrían encontrado elementos contra el funcionario judicial.
La Asociación informó que junto con otras organizaciones que integran el espacio Justicia YA, están recopilando toda la información sobre la actuación de Perotti durante la dictadura y reclamarán al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, la separación inmediata de su cargo del fiscal y el inicio del sumario correspondiente.
Perotti, de continuar como fiscal, podría ser la parte acusadora en el juicio contra los doce represores pampeanos, con quienes habría colaborado en la represión clandestina en los ’70.
Acusan a Funcionario de chantaje
El actual fiscal federal porteño Raúl Perotti está mencionado por varios testigos del sumario administrativo levantado en 1984 contra los militares y policías que integraron la Subzona 14 como una de las personas que colaboraron con la represión clandestina. Estos testimonios están incluidos en la Causa del Primer Cuerpo del Ejército que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas y que fueron tomados por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos para pedir que sea apartado de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.
No son los únicos testimonios que apuntan contra la actuación de Perotti en La Pampa, donde también fue defensor en el Juzgado Federal de Santa Rosa y llegó a ser juez subrogante.
Aunque nunca trascendió públicamente, también fue mencionado por el familiar de una víctima pampeana del terrorismo de Estado en un caso de supuesto pedido de coimas o chantaje.
El testigo, que no quiso hacer la denuncia ante la justicia pero confió el caso a los autores durante una entrevista, indicó que durante la dictadura militar un pariente suyo fue muerto por el Ejército durante un enfrentamiento ocurrido fuera de la provincia. Poco después ellos pudieron recuperar el cuerpo que fue inhumado en La Pampa.
Durante los trámites administrativos realizados por la familia para que los restos del joven pudieran ser rescatados y trasladados a la provincia, una secretaria de Perotti le hizo llegar la proposición al testigo de que debía pagar determinada suma de dinero para acelerar o concretar la tramitación para la entrega del cuerpo. La familia accedió a los restos del joven muerto por el Ejército, aunque no le pagó al funcionario.
Diario La Arena, Santa Rosa, La Pampa,
1/08/2006 3.4.3 La denuncia contra el Fiscal Perotti
Otro funcionario denunciado fue Raúl Pedro Perotti, fiscal titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente cumple funciones como Fiscal General Subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. En la causa judicial en la que se investigan las violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco del I Cuerpo del Ejército el periodista Diego Martínez encontró información sobre la supuesta participación de Perotti en la trama de complicidad política y judicial que hizo posible el accionar del terrorismo de Estado en la Provincia de La Pampa.
En declaraciones testimoniales de diversas personas se vincula al entonces defensor oficial ante el juzgado federal de la Provincia de La Pampa, doctor Perotti, con las sesiones de tortura que se llevaban a cabo en el primer piso de la Seccional Primera de la policía provincial, donde funcionaba el Comando de la Subzona 1.4. Así, un radiooperador de la Seccional primera de la ciudad de Santa Rosa declaró que Perotti iba a conversar con los represores con posterioridad a los interrogatorios.
Otro, funcionario afirmó que Perotti presenció sesiones de torturas en el mismo lugar.
Por su parte, Carlos Samprón, rector del Instituto Secundario “José Ingenieros” del pueblo de Jacinto Aráuz, relató que fue detenido en julio de 1976 y llevado al destacamento de la policía caminera, donde fue torturado. Tras ocho meses en el penal de Santa Rosa fue citado a declarar ante el juez federal Walter Lema y, debido a los riesgos que corrían los abogados de presos políticos, decidió nombrar al defensor oficial Perotti para representarlo en el proceso en su contra. En su declaración el profesor afirmó que Perotti, lejos de defenderlo, interrogó a sus alumnos de trece años presionándolos para que declararan contra él, bajo la amenaza de que no iban a poder proseguir sus estudios.
Ante esta información el CELS presentó una carta ante la Procuración General de la Nación en la que se solicitó la apertura del sumario y, en caso de comprobarse la veracidad de la información, se proceda a su remoción del Ministerio Público Fiscal. Pocos días después la prensa también informó que Athos Reta, quien actualmente se encuentra procesado en el marco de la causa del I Cuerpo del Ejército, el 10 de enero de 1985 al redactar su defensa había incluido a Perotti en una lista de testigos que podían declarar en su favor.
Actualmente la Procuración se encuentra investigando los hechos denunciados.
Extracto de la Memoria 2005 del CELS, completo en
memoria.cels.org.ar/wp-content/uploads/2006/06/Informe2005_capitulo1_memoria.pdf - LA DICTADURA MILITAR EN LA PAMPA
La justicia perseguida por el Proceso
La última dictadura militar desató una terrible represión ilegal contra todos las personas y agrupaciones que consideró “subversivas” y para ello no sólo contó con la terrible maquinaria del terrorismo de Estado sino también con una justicia adicta y puesta al servicio del denominado Proceso. Para conformarla, no sólo se dejó cesantes a jueces que habían estado en funciones hasta el 24 de marzo de 1976, también se detuvo a magistrados y funcionarios judiciales tanto del fuero ordinario como federal. En La Pampa, la Subzona 14 ya tenía sus objetivos señalados y al menos dos jueces fueron víctimas.
Para las Fuerzas Armadas, la lucha antisubversiva que cayó en sus manos octubre de 1975 con los decretos del gobierno de la presidenta Isabel Perón y se desató con toda sus furia con el golpe militar al año siguiente tenía un obstáculo dentro del orden democrático que les impedía avanzar más allá de lo constitucional: los jueces demasiados “permisivos” que pedían garantías y pruebas ante cada detenido sospechoso de estar vinculado a organizaciones armadas o para avanzar sobre determinados grupos políticos.
En La Pampa, apenas asumido el gobierno de facto el 24 de marzo de 1976, la dictadura militar cambió a todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia y nombró a otros magistrados que juraron por los estatutos del denominado Proceso. El 21 de mayo asumieron Julio César Noya, Cármen Elena Inchaurraga -que ya había estado durante el gobierno de Onganía- y Jorge Peri -que renunció en octubre y lo reemplazó Edgardo Sicouly-.
EN LA JUSTICIA FEDERAL
El lugar más sensible para los hombres de la Subzona 14 para tener de su lado a un juez procesista fue en la justicia federal. Desde mediados de 1975 ocupaba el cargo en Santa Rosa el abogado Juan de Dios Uncal, venido de la provincia de Buenos Aires. El juez no fue de la simpatía de los militares y policías. Fue uno de los “permisivos” que ante cada caso que se le presentó aplicó la ley y dejó en libertad a los detenidos cuando no había pruebas consistentes. Cabe señalar que los detenidos a disposición del PEN en noviembre y diciembre de 1975 no estaban bajo su responsabilidad.
En una de sus salidas, que le restó puntos con los procesistas, Uncal se enfrentó públicamente a fines de noviembre de 1975 a través del diario La Reforma con el fiscal federal José Páez de la Torre quién aseguró que en la provincia había “extremistas” y mencionó varios casos sin pruebas o que podían ser delitos comunes pidiendo “mano dura”. En otra carta pública, Uncal reprendió al fiscal.
Este juez fue detenido horas después del golpe por un delito común y permaneció por varios años presos. Se lo acusó -ver expediente 253/78 del Juzgado Federal- por cohecho, ya que, según quienes instruyeron la causa, había intercedido a favor de un detenido en 1975.
No fue el único que cayó: en la redada al Juzgado Federal fue aprehendido el fiscal Osvaldo Néstor Vega, quién sufrió apremios ilegales y estuvo varias semanas detenido, y algunos otros empleados.
El 31 de marzo de 1976 comenzó a subrogar a Uncal el abogado Walter Lema, secretario de ese tribunal y hombre que había reprimido con la mayor severidad cualquier caso que se pudiera confundir con “subversión” en La Pampa. El 21 de mayo, Lema fue electo juez federal titular y quedó en el cargo hasta finalizado el denominado Proceso. Todas las causas de violación a la ley antisubversiva 20.840 pasaron por sus manos y las del funcionario Pedro Perotti.
EL JUEZ DE ACHA
Otro de los jueces que fueron detenidos en forma ilegal y sometidos a tormentos fue José Juan Osvaldo Brouwer de Koning, un abogado cordobés descendiente de holandeses. Había llegado a la provincia en 1964 y su ingreso a la justicia fue como fiscal hasta 1968 que perdió su puesto cuando el Poder Judicial fue intervenido. Nuevamente instalado en Córdoba, fue convocado por el gobernador Aquiles José Regazzoli en 1973 para ocupar el cargo de juez de Primera Instancia en General Acha. Había nacido en 1937 y tenía un hermano menor que era médico en Jacinto Arauz desde el ’73. En el ’76, su hermano Gustavo también fuedetenido cuando la Subzona 14 ocupó esa localidad y perdió su puesto como profesor del colegio José Ingenieros.
Brouwer de Koning fue arrestado el 28 de marzo de 1976 y permaneció en la Unidad Penal 4 hasta el 4 de mayo que recuperó su libertad y se trasladó definitivamente a Córdoba. El ex juez relató que “nunca me dijeron por qué me detuvieron, tal vez por mis vinculaciones con el reformismo católico. También me largaron sin darme explicaciones”. “No hubo para mí torturas físicas, pero si psicológicas: sufrí varios simulacros de fusilamientos. Eran fuera de la cárcel (mientras estaba en la Seccional Primera), no sabíamos donde”, aseguró. A pesar de sus vinculaciones con la iglesia, era considerado un “comunista” por sus captores.
JUSTICIA ORDINARIA
En 1977 hubo otro caso donde se detuvo a tres funcionarios judiciales que fueron arrestados por la Subzona 14 y estuvieron al menos 41 días detenidos en forma ilegal. Eran secretarios de los Juzgados de Instrucción y Correccionales -eran dos en ese momento-, y según uno de los presos, motivó que en octubre de ese año renunciara el titular del número 2, Ademar Durigón, dato que no pudo ser confirmado por los autores de esta nota si bien el alejamiento existió.
Los presos fueron Alvarez, Nevares y Villanueva y de acuerdo a fuentes judiciales que actuaban en el momento, la causa habría sido porque “impedían” la labor de la Subzona 14 con “burocratismos”. De estos tres, Villanueva hacía varios meses que había trasladado de la justicia penal a otro sector y fue detenido por error, por lo que, tras su captura, los represores de la Subzona 14 “no sabían que hacer con él”, indicó una fuente.
Sobre la justicia procesista se pueden aportar más datos. Los informantes han hablado con los autores de un fiscal que pidió ingresar a las sesiones de torturas y las presenció. También hay que mencionar a un ex miembro del STJ que había renunciado en octubre de 1974, Alejandro Alejandro Eduardo Marco Ghigliani. Nombrado por el gobernador Regazzoli, tuvo que alejarse como presidente de la Corte pampeana por presiones de la rama gremial y continuó su carrera como investigador en la UNLPam. En noviembre de 1975 fue detenido por la Subzona 14 y trasladado en avión el 28 de ese mes a Devoto donde permaneció por meses preso.
Norberto G. Asquini
Juan Carlos Pumilla
Diario "La Arena", de Santa Rosa, 5 de julio del 2004 El doble papel de algunos de los colaboradores de la dictadura en La Pampa
por Marcelino Acosta
En la provincia de La Pampa al igual que en el resto del país muchos colaboradores de la dictadura cumplieron una diversidad de “tareas”, a tal punto que no pocos de ellos aparecen mencionados repetidamente unas veces como simples testigos y otras como victimarios.
También hay que destacar y evaluar el aporte que esos personajes hicieron en sus declaraciones testimoniales denunciando con nombre y apellido y cargos y funciones que desempeñaron aquellos responsables del Terrorismo de Estado y la sucia tarea que éstos últimos cumplieron.
Una de esas facetas la da el testigo--represor José María Leppez, quien desde el año 1976 se desempeñó como empleado en Santa Rosa. En su declaración testimonial del 27 de enero de 1984 en fojas 10 a 12 del expediente 3208/85 (por el cual se investigó parcialmente la represión en la provincia de La Pampa) Leppez dice: “...que conoce en forma directa y personal que en la planta alta del edificio de la Seccional Primera de Policía de esta ciudad en donde funcionaba en los años 1976 y siguiente el Comando de la Subzona 14, se realizaban secciones de interrogatorios y torturas físicas con aplicación de la llamada 'picana eléctrica' a los detenidos ...”
Y agrega: “...que en esa época recuerda, sin precisar fecha, que se llevaron personas detenidas a las cuales se las denomina “zurdos”, tal la forma en la que los oficiales que estaban en la Unidad Regional los llamaban...”. Sin entrar a detallar la siguiente y particular tortura a la que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado es suficientemente elocuente el testimonio de Leppez cuando dice: “...y directamente pasaban horas y hasta días encerrados en el baño de la Unidad que se halla inmediatamente después del pasillo que queda entre la escalera de acceso a las oficinas de la Unidad, es decir, el baño que originalmente se destina para el personal de 'tropa'...”.
Y menciona como testigos a los siguientes policías: Rubén René “Chaleco” Giménez, Domingo Guanchul y Luis Dionisio “El Verdugo” Gualpas. A las siguientes víctimas: un tal Taja; Nery Martínez; Montes de Oca y Sanders Nery Greta. Y los siguientes victimarios: Roberto E. Constantino; Juan J. “Lobo” Amarante; Orlando Pérez; Roberto O. Fiorucci; Omar Aguilera; Juan D. Gatica; Néstor B. Cenizo; Athos Reta; Luis E. Baraldini, Juan H. Savioli; Máximo Pérez Onetto; Carlos Reinhardt, Luis “El Verdugo” Gualpas y el doctor Pedro Perotti.
Aquí hay que tener en cuenta la dualidad de la tarea que realizaba “El Verdugo” Gualpas. Por un lado Leppez lo da como testigo y por otro como victimario cuando dice: “...quien actuaba siempre con los oficiales era el sargento Gualpas y permanecía en la habitación en la que realizaban las secciones de interrogatorios y torturas...”. Y más adelante Leppez dice: “...que desea agregar que sabía presenciar también estas sesiones de interrogatorios el doctor Perotti, que hacía en esa época las veces de secretario del Juez Federal de esta ciudad.”
También como víctima Pozo Grados menciona al doctor Perotti según testimonio del mismo obrante en fojas 114 y 117 y en relación a ello dice: “..que durante su detención en un momento dado tomó conocimiento por intermedio del secretario del juzgado Federal que había sido juzgado por violación a la Ley 20.840 relativa a la Seguridad Nacional...”
Y más adelante la víctima Pozo Grados dice: “...que en dicha causa se les dijo que nombraran abogado o aceptaran el abogado que el Tribunal designase, aceptando esto último, que resultó ser el doctor Perotti, que a su vez quedó reemplazando al juez Lema siendo en esa condición la única vez que fueron entrevistados por un letrado y que fue en 1977 en el mes de enero...”.
¡Qué paradoja! Por los testimonios de los protagonistas se llega a la conclusión de que el doctor Perotti tenía tres tareas: era victimario porque asistía a las torturas; era juez porque 'administraba justicia' y era defensor de su propia víctima.
Otra prueba de la participación del doctor Pedro Perotti en las torturas, la da el victimario Athos Reta, quien con fecha 10 de enero de 1985 a fojas 2426/27 eleva su defensa y propone como testigos a favor al genocida Ramón J Camps; coroneles Pablo Iriart y Modesto Rosselert; tenientes coroneles Néstor Omar Greppi y Luis Enrique Baraldini; mayor Juan José Amarante y doctor Pedro Perotti.
En relación a este último, Reta, en su testimonio dice: “...el doctor Pedro Perotti, se desempeña en la actualidad en la Justicia Federal siendo su asiento en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires”. Y en el punto 5 del cuestionario que le eleva al genocida Camps, Reta dice: “...sí, el doctor Pedro Perotti, ex funcionario del Juzgado federal con asiento en la capital provincial de La Pampa, estuvo afectado de alguna manera a tareas inherentes a la subzona militar 14....”
A un año (entonces) del advenimiento de la democracia conquistada por el pueblo, este victimario que en la dictadura militar 'administró justicia', continuaba integrando la Justicia Federal.
Otros testigos policiales que fueron conocedores de las atrocidades del Terrorismo de Estado mencionan a Leppez como protagonista en su doble condición como testigo y colaborador.
Como testigo es mencionado en fojas 4 y 5 por el policía Carlos Sotelo y a fojas 586/587 por el policía Héctor Ovidio Strack cuando dice: “...quienes también participaban en los interrogatorios de los detenidos, era el sargento Dionisio Gualpas, en tanto una de las personas que trasladaba a los detenidos era el agente Leppez...”.
En fojas 22/23 la agente de policía Nilda Ester Stork dice: “....y como Jefe de la Unidad y de dicha subzona se hallaba el comisario Constantino, otro que sabía estar siempre con ellos era el oficial Lopez, Oscar, a quienes secundaban también los agentes Orlando Pérez, Leppez y el sargento Gualpas, quien era el que más trabajaba con los oficiales ya que hasta presenciaba los interrogatorios a que eran sometidos los detenidos...”.
A fojas 252/254 el victimario Rubén Renee Giménez (Chaleco) entre otras cosas en su testimonio, al respecto dice: “...los ordenanzas José María Leppez y Orlando Osmar Pérez trasladaban a los detenidos antes y después de los interrogatorios...”.
Si a la propia Justicia de la dictadura militar le asignó mediante sus “funcionarios” roles tan opuestos a la misma, hay que imaginar con qué nivel de impunidad se manejaron los demás organismos oficiales de la República.
A más de veinte años de la recuperación de las instituciones de la república, los argentinos seguimos esperando la hora de la Verdad para que de una vez por todas se haga Justicia. Porque un país sin Justicia es un país sin futuro.
Lumbre, Semanario de La Pampa
6/7agosto 2005 PIDEN AL PJ QUE REPUDIE A LOS DIRIGENTES QUE DELATARON DURANTE LA DICTADURA
Barabaschi acusó a Aragonés de armar listas negras
Raquel Barabaschi sufrió el terrorismo de Estado durante el gobierno de Isabel y el proceso militar. Cargó contra las figuras de la política que ahora repudian el golpe pero hace 30 años perseguían a quienes pensaban distinto.
REDACCION
A horas del 30ø aniversario del último golpe de Estado en nuestro país, una de las pampeanas que sufrieron el terror en carne propia despotricó contra el actual secretario del Consejo Provincial del Partido Justicialista de La Pampa: Carlos Aragonés. Lo identificó como un "delator" que colaboró en la confección de las listas negras que sirvieron a los militares para detener a dirigentes y militantes políticos de nuestra provincia durante la dictadura.
Barabaschi realizó tales imputaciones durante una nota con Radio Noticias donde dijo sentir bronca por "los arribistas de siempre" que por estos días ejercitarán su "repentina memoria" pero que hace pocos años atrás no hablaban del pasado en el país y la provincia." Cuando tuvimos al presidente del indulto (Carlos Menem), era mala palabra tener memoria o ejercitarla, ahora si no estás a favor de reivindicar a las víctimas o hacer ejercicio de la memoria quedás afuera. Lo que me enerva profundamente es esa clase de conductas", sentenció.
Antes y después del Golpe.
Si bien considera el 24 de marzo como una bisagra, Barabaschi recordó que la persecución comenzó antes del golpe militar. En 1975, la ex detenida cursaba estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Pico. En enero participó junto a un grupo de ochenta estudiantes, docentes y no docentes de una toma del edificio en repudio a la intervención dispuesta por las autoridades nacionales de entonces.
"La intervención estaba en contra de nuestra política estudiantil. Era apoyada por Aragonés (entonces secretario general de la CGT local y diputado nacional) y las 62 Organizaciones, ambos respondían a la gente de Rodolfo Ponce (gremialista y legislador nacional) de Bahía Blanca. Eran matones que venían armados. Tengo los recortes de los diarios de la época donde Aragonés decía que había que sacar a los trapos rojos de la Facultad, que éramos zurdos pertenecientes a la Cuarta Internacional y eso después selló nuestra historia posterior", relató.
Por ese motivo, la ex detenida solicitó al PJ provincial que haga un acto de repudio contra "los dirigentes que fueron delatores y armaron listas negras".
Una lista de nombres.
Barabaschi volvió a ser detenida en diciembre de 1975 pero esta vez los militares fueron a buscarla de madrugada a su casa durante un operativo encabezado por el Coronel Oscar Cobuta, entonces titular del destacamento militar piquense. Permaneció 15 días detenida y pudo ver que el oficial que le tomó declaración poseía una lista de nombres.
"Era la lista negra donde estábamos todos los estudiantes y gente de Pico como José Brinatti, Victorino García quienes integraban la Lista Rosa de la Corpico. Entonces le pregunté qué era esa lista y me dijo que era la lista que habían elaborado personas de Pico para poner las cosas en su lugar en la sociedad", rememoró.
-¿Entre los delatores incluye a Aragonés?
-Sí, por supuesto. No sólo yo sino varias personas que tienen conocimiento.
-¿Y quiénes más delataban?
-Desde el diario La Reforma nos perseguían los periodistas y los fotógrafos. No podíamos ni salir a tomar un café que nos sacaban fotos que después les servirían para armar sus archivos. Entre esos fotógrafos estaba el señor "Chito" Berga.
Barabaschi recordó otro episodio que reunió a importantes dirigentes gremiales de Pico con altos jefes del Ejército en la provincia. "En el Centro Recreativo Mercantil hubo una reunión entre (el Coronel Ramón) Camps y ahí estaban Aragonés, Campo (Anibal, secretario general de Luz y Fuerza) y varias personas de las 62 Organizaciones. Según trascendió en ese asado estuvo el doctor Marín (Rubén, actual senador, por entonces vicegobernador) aunque no puedo asegurar que fue así", relató.
Esta no es la primera vez que Aragonés es mencionado como colaborador civil del gobierno militar. Esa acusación la formularon públicamente en su momento los mencionados dirigentes del Partido Comunista piquense García y Brinatti.
Barabaschi volvió a ser detenida en 1976, un día después del golpe. Pasó un mes en la Seccional Primera de esta capital donde fue torturada. Luego la llevaron a Winifreda donde permaneció bajo libertad vigilada hasta 1983, algo que le impidió continuar sus estudios universitarios.
Actualmente reside en Pico.
23.03.2006 Santa Rosa, agosto 4 de 2000
JUZGADO FEDERAL
A la jueza ad hoc
Doctora Susana González
SOLICITA INVESTIGACIÓN POR DERECHO A LA VERDAD.
Excma. Cámara:
Juan Carlos Pumilla, LE: 5.267.319, nacido en Santa Rosa el 3 de mayo de 1948, por derecho propio, con domicilio en .Florida 1175, Santa Rosa, La Pampa., a V.E. me presento y digo:
1.- Objeto:
Vengo a solicitar se lleve adelante una investigación a los efectos de obtener información acerca de lo ocurrido a los siguientes comprovincianos detenidos desaparecidos o muertos en circunstancias nunca aclaradas durante el ejercicio del terrorismo de Estado. Lo hago en mi carácter de miembro fundador del Movimiento de Derechos Humanos de La Pampa, como firmante de las denuncias oportunamente presentadas y ante la total ausencia de respuesta satisfactoria a los reclamos de verdad, justicia y castigo a lo culpables a más de dos décadas de aquellos hechos.
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