INFORME DE LA COMISION ESPECIAL POR LA MEMORIA

 

Creada por Decreto Nº 016/00 del

H. Concejo Deliberante de Olavarria

 

Olavarría, 24 de marzo de 2001

 

 

Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años.

Trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro.

Salió de noche y no ha regresado...oh, oh, y yo ya no sé qué pensar, pues ésto antes no me había pasado...No me había pasado, no.

Llevo tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia igual que la abuela.

Salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto jeans y camisa blanca...No ha sido el novio, el tipo está en su casa...oh, oh.

No saben de ella en la policía, ni en el hospital...oh, oh.

Ay...por favor que alguien me diga si ha visto a mi hijo.

Es estudiante de Medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho, a veces terco cuando opina...

Lo han detenido no sé qué fuerza..., pantalón blanco, camisa a rayas...

Pasó anteayer... pasó anteayer... oh, oh

Clara Quiñones se llama mi madre, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie.

Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo y yo fuí a entregarme hoy por la tarde...

Y ahora ví que no saben quién se la llevó del cuartel...quién se la llevó.

Anoche escuché varias explosiones...tiros de escopeta y de revolver, autos acelerados, frenos, gritos...

ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos... oh, oh.

Estaban dando la telenovela por eso nadie miro pa’fuera

Adonde van los desaparecidos...

busca en el agua y en los matorrales.

Y por qué es que desaparecen...

porque no todos somos iguales.

Y cuándo vuelve el desaparecido...

cada vez que lo trae el pensamiento.

Cómo se llama el desaparecido...

una emoción apretando por dentro.

 

“Desapariciones”

Rubén Blades

Capítulo 1

UNA DECISION HISTORICA...

Si en la historia de los pueblos existieran realmente los días-bisagra, es decir ese tipo de jornadas luego de las cuales ya nada queda igual al día anterior, sin duda el 24 de marzo de 2000 hubiera sido uno de ellos.

Esa noche, en una decisión demorada pero igualmente histórica para la vida cotidiana de Olavarría -tal cual la intuyeran sus promotores-, el Concejo Deliberante de esta ciudad bonaerense de poco más de 100.000 habitantes resolvió por unanimidad en su 102º Sesión Ordinaria cumplir una vieja deuda con un sector de su comunidad: los familiares y amigos de las víctimas de la última dictadura militar.

Veintitres años después de transcurridos los hechos denunciados e investigados por este Informe, en los últimos años del siglo que terminaba y tras las crueles decepciones producidas por las leyes de “obediencia debida” y de “punto final” al impedir la prosecución de las investigaciones por la vía judicial correspondiente, rematadas luego por los indultos del ex-Presidente Menem; los deudos de las víctimas y los defensores de los derechos humanos -sobre todo la activa filial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- redoblaron sus reclamos.

Los familiares optaron por reforzar sus habituales “marchas de silencio” de cada 24 de marzo con el acompañamiento de una treintena de siluetas de madera simbólicamente atadas y amordazadas. Una escueta inscripción en el pecho indicaba su nombre y lugar y fecha de desaparición.

En la tranquila plaza Coronel Olavarría (epónima del sanmartiniano militar de la independencia), la presencia de aquellos testigos mudos -y omnipresentes para muchos- de dos décadas de amnesia colectiva, acabó por inquietar la memoria y la conciencia individual de muchos de sus convecinos.

Bajo la sombra de los añosos plátanos de la plaza, como simples expectadores en el ancho veredón de la Iglesia San José, o en la cola de la sucursal del Banco Nación -en el cruce de Vicente López y Belgrano, la esquina más céntrica de la ciudad-, los despreocupados paseantes vespertinos se topaban durante la “vuelta del perro” con la memoria de lo sucedido veinte años atrás.

Esto contribuyó, quizás como último y más eficaz recurso, a recrear aquella presencia borrosa, algo imprecisa tal vez, que para la mayoría de los olavarrienses mantenía aquel puñado de jóvenes “de los que nunca más se supo.”

Como todos los años, también esta vez el destino final de la marcha de silencio, el compromiso previo a la desconcentración, fue en la planta alta de la Municipalidad, en el Concejo Deliberante.

La defensa de los derechos humanos en Olavarría y la ‘Comisión Civil por la Memoria’.

Ese año 2000, los familiares y compañeros, cansados de las intencionalidades partidarias que solían rodear los eventos de cada aniversario, habían optado por constituírse en “Comisión Civil por la Memoria”, un organismo nuevo que contuviera en un mismo ámbito a organismos de derechos humanos, amigos, compañeros, periodistas. Un ámbito -se propusieron- que fuese horizontal, de trabajo, sin fines partidarios.

Congregados desde 1979 -en plena dictadura- en diversos experiencias defensoras de los derechos humanos frente al Estado Terrorista, los familiares habían pasado del hostigamiento y la discriminación de los años oscuros y peligrosos, cuando bregaban por la libertad de sus familiares y la aparición con vida de sus hijos; al olvido y la indiferencia de los últimos tiempos, cuando parece que cualquier postura ética sobre la cuestión es una presencia incómoda.

Los símbolos inclaudicables de las búsquedas iniciales, Don Alfredo Pareja y su esposa Isabel, fueron los númenes de esta gesta. Alrededor de su pañuelo blanco de Madre comenzaron a nuclearse los familiares. De las entrañas ruidosas de su antigua imprenta de Cnel. Suárez y Rivadavia, todavía fragantes de tinta fresca, salían miles de volantes y folletos que Don Alfredo, encasquetado con su sombrero de “paja toquilla”, repartía a los cuatro confines, de mano en mano entre los incrédulos.

En 1984, recuperada la democracia, algunos sintieron quebrarse las esperanzas de la “aparición con vida” reclamada y se replegaron a la intimidad de sus hogares, tratando de reencontrar y concentrar entre los que quedaban una nueva razón para vivir.

Otros, en cambio, quizás más conscientes de la dimensión colectiva de un trauma que trascendía con exceso la tragedia familiar, permanecieron en la APDH manteniendo viva la pequeña llama de la memoria.

Todos conocieron en ese largo peregrinaje de veinte años años el cortejo -a veces indismulado- de los mismos partidos políticos que, cuando la coyuntura cambió, pasaron a ignorarlos o a sentirse molestos con su presencia. Pero tambien conocieron reconfortantes actitudes individuales de quienes los alentaron y acompañaron siempre, pasara lo que pasara.

Por eso, esta vez, en el 2000, la flamante Comisión Civil se despegó de todo compromiso partidario, divisionista casi por definición, y sumando el aporte generacional de quienes no vivieron la dictadura trabajó sobre un programa consensuado.

Su primera acción fue la concreción de la “Semana de la Memoria” para recordar a las víctimas de la dictadura con un nutrido programa de actos que comprendió a todas las expresiones artísticas y culturales locales que desearon participar.

En la Central de Trabajadores Argentinos de la calle Belgrano se organizaron paneles de debate, conferencias, videos documentales, exposiciones plásticas, acompañados de actuaciones teatrales, corales y musicales que recreaban la época.

El salón de la CTA permaneció repleto de público desde el 18 al 23 de marzo, y el cierre de la Semana se efectuó en plena plaza principal con la murga juvenil “Arrebatando lágrimas” convocando a transeúntes con la algarabía de sus bombos y canciones.

Desde su nacimiento la “Comisión Civil por la Memoria” se había planteado dos objetivos: impulsar que el Concejo Deliberante, en tanto auténtica caja sonora de las problemáticas de su comunidad, asumiera como propia la cuestión de los desaparecidos lugareños. Y en segunda instancia, acordaron trabajar en la perpetuación de su memoria con algún tipo de monumento o memorial público.

El Concejo Deliberante.

Para ello sus integrantes estaban presentes la noche del 24 en el restaurado Palacio San Martín, un sólido edificio de estilo neoclásico donde está el solemne recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

El otro pilar de la antigua corporación municipal, aún muestra viejos esplendores de refinada austeridad, herencia de los prolíficos gobiernos conservadores de los años ‘30, en ornamentos de yesería, espejos murales, panas rojas en los cortinados, cómodos sillones y bancas de extinguido cedro paraguayo.

Hacía ya dos años que en ese recinto de reuniones, recuerdo de años de “vacas gordas” y pueblos flacos, en la Sesión correspondiente a cada aniversario del golpe de Estado de 1976, las artesanales siluetas marrones de los detenidos-desaparecidos significaban una muda y permanente interrogación sobre la conciencia de aquellos vecinos que se desempeñaban como ediles municipales.

Ese año 2000, la sencilla legislatura comunal -generalmente ocupada en tediosos debates sobre la administración municipal, las obras y los servicios públicos-, finalmente asumió el reto de los tiempos y no se autolimitó a recordar a los desaparecidos con discursos y un minuto de silencio.

Las tres bancadas que integraban el Cuerpo (Alianza, PJ y FrePaSo), acompañadas por el recogimiento de unas cien personas, en su mayoría familiares y amigos de los veintiocho jóvenes cuya representación de simple “chapadur” ocupaban las primeras butacas del salón de sesiones, aprobaron entre aplausos el Expediente B-061/00 creando la “Comisión Especial por la Memoria”, que absorbió institucionalmente la iniciativa de los familiares.

Apenas intuyendo, quizás, el importante paso que estaban dando, en su fundamentación los concejales sostuvieron :”la formación de una Comisión Especial que habrá de recopilar los testimonios, los documentos, la memoria -en suma- , que algún día permita arribar a la verdad, y por último a la justicia, es una decisión que puede calificarse de histórica y de sumamente valiente.”

“Esto demuestra -prosiguió uno de los improvisados oradores - el compromiso de los partidos políticos que hoy tenemos representación parlamentaria -porque hay otros que también apoyan esta iniciativa- de recuperar en su total integralidad como ciudadanos de Olavarría, como compañeros de lucha, a los veintiocho desaparecidos con que Olavarría ha pagado la recuperación de la democracia”.

Y finalizó asegurando que“si esta Comisión cumple con su cometido y el 24 de marzo del año que viene estamos leyendo aquí el informe final, al menos el aporte que el Concejo Deliberante puede hacer a la dilucidación de la verdad... creemos que habremos cumplido con nuestra comunidad”

La Comisión votada por unanimidad quedó constituída como ‘Especial’ según la calificación que prevee el Reglamento de Funcionamiento del propio Concejo Deliberante y la vetusta Ley Orgánica de las Municipalidades para todas aquellas que se forman alrededor de un cometido específico y por un tiempo determinado.

La Comisión Especial por la Memoria

De este modo la Comisión Especial quedó integrada por seis concejales en forma permanente, nominados por cada uno de sus Bloques Políticos, y por representantes de varias instituciones educativas, de su casi homónima Comisión Civil y de la Asociación de Periodistas locales.

En el término máximo de un año, según rezaba su decreto de creación, debería encargarse de redactar un informe sobre la suerte corrida por los desaparecidos olavarrienses, e intentar una suerte de reconstrucción de su perfil humano para conocimiento de las generaciones futuras.

Una vez constituída, la Presidencia recayó en el mayor de los concejales, Don Alcides Díaz, veterano dirigente sindical ferroviario y perseverante comunista con muchos años de luchas, persecuciones y cárceles. La Secretaría fue confiada a Mario Méndez, un ex- militante de la Jotapé y ex-detenido político de aquellos años. Ambos, como tantos otros, habían sufrido torturas y cárcel durante la última dictadura.

Los restantes lugares fueron ocupados por los concejales Patricia Schepis y Rubén Quiroga de la Alianza, y Blas González y Graciela Ranero por el Partido Justicialista.

La Comisión trabajó arduamente para prepararse desde el punto de vista metodológico para una tarea semejante, ya que sus integrantes eran hombres simples, del común, a quienes los azares de la política local y el apoyo de sus convecinos los había llevado a ser electos concejales municipales por cuatro años, el mandato previsto por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Nadie podría haber exigido a ninguno de ellos, empleados, trabajadores, jubilados, profesionales, una preparación específica o alguna experiencia concreta en la difícil labor de revisar archivos, ubicar a familiares, recibir testimonios, cotejarlos, ordenarlos, e intentar una investigación que fuese resolviendo las multiples incógnitas, hasta reconstruír el laberíntico rompecabezas de aquellos “años de plomo”.

Muchos de los principales protagonistas de la década del setenta habían muerto, al igual que sus familiares de mayor edad, o habían migrado por distintas circunstancias, buscando otros horizontes que no les recordaran a cada paso la huella imborrable de los seres queridos desaparecidos.

Los concejales debieron consultar a profesionales en condiciones de aportar metodológicamente a un trabajo de esas difíciles características. Historiadores, archivistas, periodistas, antropólogos, trabajadores sociales, comunicadores, etc., los auxiliaron aportando orientaciones, apuntes, visiones y técnicas de trabajo con los que temerariamente intentaron suplir la falta de experiencia de los comisionados.

Entre otros, recibieron el importante apoyo del Lic. Darío Olmo, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense y discípulo del reconocido Clyde Snow, el antropólogo que desarrolló una nueva técnica de investigación sobre restos humanos, y de las flamantes licenciadas de la UNICEN Gabriela Brook y Silvia Boggi.

Recopilaron documentación consultando fuentes escritas y archivos de imágenes, recabaron los datos existentes en los archivos de la CONADEP (la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas creada por el ex-Presidente Raúl Alfonsin), en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, y en la Comisión Provincial por la Memoria.

Lamentablemente, la ausencia total de fondos con que debieron manejarse, común en un cuerpo colegiado por demás austero, los llevó a tener que desechar otras propuestas que podrían haber servido de importante referencia para este trabajo, u otros futuros que lo profundizaran.

Cuando finalmente abordaron la tarea de recopilación testimonial y entrevistaron a decenas de familiares, muchas veces vecinos y conocidos de los mismos comisionados, el trabajo se hizo infinitamente más duro.

Tal vez con la excepción de aquel par de miembros cuyas experiencias personales los habían hecho transitar lateralmente por los infiernos de la represión, para la mayoría fue una experiencia inédita, reveladora de confusos años sin memoria, y dolorosa. Muy dolorosa.

Muchas de las noches de reunión terminaban con ojos empañados, sin palabras ante las revelaciones, y con un nudo en la garganta provocado por los desgarradores relatos de padres, hijos, esposas, hermanas y amigos de esta treintena de jóvenes vecinos cuya existencia ingresó en la nada de la mano de los “grupos de tareas” militares durante los terroríficos 1976, 1977 y 1978.

Algunas veces lloraron juntos y nadie intentó disimularlo. Rememoraron junto a los sufridos familiares los afanes de las búsquedas desesperadas e inútiles, los Habeas Corpus sin respuesta, las múltiples puertas igualmente cerradas de la burocracia estatal, la infinita miserabilidad humana de quienes se aprovecharon de la situación para lucrar con datos falsos sobre paraderos inexistentes, o con la venta de supuestas “influencias” ante el General Zutano o el Coronel Mengano, y por último, la opiacea función de quienes predicaban la resignación ante lo inevitable.

Todos tenían la sensación, y seguramente no se equivocaban, que este sobrevuelo conjunto por la vida de personas de carne y hueso, con familia, pasiones, ideales, les devolverían mínimamente aquella vida entera que sus asesinos le negaron con total arbitrariedad, cobijados por la impunidad de un Estado Terrorista como el que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

Y eso, tan sólo eso, fue suficiente para que consideraran que su tarea de un año no había sido en vano.

Capítulo 2

 

 OLAVARRIA. “CIUDAD DEL TRABAJO”

 

En medio del trabajo de investigación algunas inquietudes más profundas asaltaron a los integrantes de la Comisión.

Inevitablemente se preguntaron, descartando cualquier  tara congénita de la dictadura que creía -o quería hacernos creer- que estaba escribiendo con picana eléctrica y personas arrojadas al mar,  una batalla épica de la imaginaria “Tercera Guerra Mundial” que sólo existió en sus intentos de justificación histórica:

 

Cuál fue el orígen de tanta violencia..?. Cómo se llegó a ésto..?

En qué particular contexto histórico, social y político pueden llegar a entenderse los hechos investigados...?

Por qué una comunidad pacífica como Olavarría, donde no habían sucedido hechos de violencia política,  había sufrido una represión tan desproporcionada...?

 

Las respuestas -sin duda- había que encontrarlas no sólo en el dramático proceso histórico argentino de la última mitad del siglo XX. También algunas peculiaridades de la génesis olavarriense eran una hipótesis posible.

Las particularidades que diferenciaron a Olavarría de tantas otras ciudades de provincia donde el terrible “proceso de reorganización nacional” se vivió en una versión más “light” de  su mesianismo autoritario.

En muchas otras ciudades hubo, sí,  restricción de las libertades públicas,  también suspensión de las instituciones democráticas, y por supuesto, las consecuencias económico-sociales de largo plazo que inocularon al conjunto de la sociedad argentina; pero no el terrible saldo de víctimas que afectaron a Olavarría.

 

La génesis del sueño

 

En los años ‘70 la pujante Olavarría aún no había despertado del reconfortante sueño del progreso perpetuo iniciado en el segundo cuarto de siglo.

Un sueño placentero, confiado, pletórico de chimeneas humeantes, comercios llenos, quincenas gordas en los bolsillos de los trabajadores, servicios accesibles y obras públicas monumentales que deberían perpetuar la memoria de sus sabios gobernantes.

Habían sido décadas enteras de crecimiento constante. Su población se había cuadruplicado en menos de medio siglo. Y nada indicaba que aquel sueño gratificador podía desembocar alguna vez en oscuras pesadillas de recursos naturales en declinación,  desempleo creciente, e inseguridad en aumento.

Desde la puesta en funcionamiento de la primera planta cementera por la texana “Lone Star Corporation” (Sierras Bayas, 1919), seguida poco después por los alemanes de “Calera Avellaneda S.A”, y los legendarios Fortabat de “Loma Negra CIASA” -la empresa emblemática del  explosivo desarrollo olavarriense-,   la ciudad había vivido un crecimiento económico sostenido que la llevó a ostentar orgullosamente en toda la provincia el título de “Ciudad del Trabajo”.

Desde entonces, rápidamente fue adquiriendo un perfil distinto al de sus pares del centro bonaerense.

Olavarría abandonó su tradicional horizonte  agroganadero,   hasta compartirlo casi por partes iguales con su nuevo rol de polo minero. Su población se hinchó repentinamente por la absorción del excedente de mano de obra  rural de la región.

Contemporáneamente otras canteras e  industrias se sumaron al desarrollo de las actividades extractivas y a su posterior industrialización,  incorporándole valor local a los productos del subsuelo.  “LOSA” y  “Cerro Negro” -también de capitales nacionales- comenzaron la fabricación de tejas, ladrillos, pisos y revestimientos cerámicos para un mercado interno donde la construcción tampoco parecía tener límites.

Ya antes, en tiempos en que éramos el  “granero del mundo”, el procesamiento de los cereales de la región, producto del fértil humus pampeano, había preanunciado la potencialidad alimentaria de una estratégica ubicación geográfica que no pasó inadvertida para los ingenieros británicos que diseñaron el trazado ferroviario.

En tierras altas de la llanura centrobonaerense, en el medio exacto de la gigantesca “X” formada por los dos ramales del ex-FFCC Roca que unían los puertos más importantes de la inmensa pampa argentina, situaron el enclave ferroviario de Olavarría. Depósitos, silos, molinos harineros y fábricas de derivados daban sustento a una importante rama alimenticia. 

Decenas de miles de migrantes internos de los pueblos de los alrededores (Bolivar, Lamadrid, Laprida, etc.), y de otras provincias argentinas, se sumaron a los inmigrantes de países limítrofes (Chile, Bolivia), y hasta de la lejana Europa,  aportando al crecimiento poblacional de Olavarría.

En sostenido fluír los migrantes fueron plantando sus casas bajas, siempre en permanente construcción, y ensanchando sin querer las fronteras urbanas de la ciudad con decenas de nuevos barrios. En los alrededores crecieron las denominadas villas serranas (Loma Negra, Sierras Bayas, Calera, Hinojo) levantadas casi a la sombra de cada  fábrica.

Un lugar común de aquellos tiempos indicaba que en cualquier reunión de diez personas, ocho o nueve no eran olavarrienses nativos sino por adopción;  y como reflejo proliferaban en la periferia urbana asociaciones de residentes, donde se conservaban y reproducían, pasando de padres a hijos, de abuelos a nietos, los restos de otras culturas.

Esa migración interna aún puede rastrearse en las noticias necrológicas, ya que buena parte de los fallecidos continúan siendo personas nativas de otro lugar.

La importante masa de población que formó la Olavarría de nuestros padres y abuelos,  permaneció hasta mediados de los ‘70 plenamente ocupada en no menos de un centenar de emprendimientos de variado calibre.

Ocupada en el ferrocarril, en el transporte, en canteras de granito, de arena, en fábricas de cal,  cemento y cerámicos, en cantidad de talleres de todas las especialidades, en multitud de comercios y servicios crecidos a su influjo, y en una reducida administración pública,  el trabajo que aseguraba el sustento cotidiano estaba lejos de ser un problema.

Con buenos salarios, organizados sindicalmente, y una homogénea identidad política, los miles de  trabajadores  pronto se convirtieron en un decisivo factor de progreso económico y de intensa movilidad social.

Fueron los años dorados del conservadorismo. Los Grimaldi pueden considerarse el paradigma de una “ilustración” criolla asentada en el fraude electoral, pero que dejó un importante legado de obras y edificios públicos.

Desbordados por un aumento demográfico explosivo, los sucesivos gobiernos municipales se vieron compelidos a impulsar la creación de la infraestructura educativa y de servicios básicos que absorbiese y homogeneizara la integración  de los nuevos habitantes.

Se lo hizo, claro está,  respondiendo en sus líneas fundamentales a las urgentes  necesidades de especialización de mano de obra que demandaban las empresas en expansión.

Más adelante, una gran escuela de educación técnica de excelente nivel, la ENET Nº1,  superó a la antigua escuela de artes y oficios en la formación de los primeros técnicos.

Luego, ya a fines de los ‘60,  las necesidades crecientes de calificación, dieron paso al embrión universitario.  Primero fue el Instituto Universitario de Olavarría fogoneado por el Intendente Alfieri (1969), nacido de un convenio entre la Municipalidad local y la Fundación Fortabat, con apoyo y control académico de la Universidad Nacional del Sur, con sede en Bahía Blanca.

El IUO dictaba los ciclos básicos en ingeniería, economía y profesorados de matemáticas y física.

Unos años después, la expansión del estudiantado derivada en gran parte por la succión de jóvenes estudiantes de la región,  justificó -en democracia-, la creación de una nueva Universidad.

Había nacido la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Las demandas constantes de nuevos docentes fueron cubiertas regionalmente a partir del profesorado secundario establecido en la vecina ciudad de Azul, y a nivel local por un Instituto de Perfeccionamiento Docente, un Instituto de Educación Física, y un curso de Servicio Social.

 

Los gobiernos justicialistas

 

La estructura social de Olavarría, una ciudad de trabajadores,  había determinado que desde mediados de los años cuarenta fuera una sociedad mayoritariamente peronista.

Desde que en la Sierras Bayas de 1945 los obreros recorrieron las calles el 17 de octubre, reclamando la libertad del entonces  casi desconocido Coronel Juan Perón -en forma contemporánea a quienes se movilizaron en Plaza de Mayo-, el mayoritario voto peronista siempre fue un factor que no pudo ignorarse .

Durante la posguerra, con la anuencia cómplice de un Estado cuya política oficial desde los tiempos de la dictadura de Uriburu, en 1930, era la de convertirse en “valla contra el comunismo”, la “policía brava” entrenada durante la “Década Infame”  persiguió sin tregua al sindicalismo originario.

Los escasos militantes anarquistas, socialistas,   comunistas y radicales habían sabido generar a costa de sacrificios, cárceles y martirios una incipiente conciencia gremial  -y por ende, de clase- entre los flamantes trabajadores.

Desde el golpe de 1943, y luego con el peronismo gobernando,  recrudeció el hostigamiento estatal,  y también una nueva visión gremial apartidaria y de influencias laboristas.

Un inesperado adversario para los viejos militantes sindicales de izquierda entró en escena: la incomprensión de sus propios compañeros, que negaban sentido a una lucha por reivindicaciones que comenzaban a llover sin sacrificios.

Los últimos herederos del movimiento obrero que originara la FORA, la UGT y las primeras CGT,  pasaron a un segundo plano. Al eclipse de Cipriano Reyes y de muchos otros dirigentes laboristas  tras su enfrentamiento con Perón,  le sucedió una nueva camada de dirigentes cuyo súbito resplandor nació ligado a las mejoras salariales y de condiciones de trabajo ofrecidas por el nuevo gobierno justicialista.

No fueron ajenos a este recambio gremial los empresarios de visión más estratégica y con fuertes lazos especulativos con el gobierno, ligados generalmente a contratos con los espectaculares Planes Quinquenales de obras públicas.

Ellos propiciaban -sin terminar de asumirlo integralmente- un ‘keynesianismo’ económico que implicaba un provechoso entendimiento con los sindicatos, muy a tono con el discurso dominante de la época.

Los diez años que fueron de 1945 a 1955 fueron los gloriosos tiempos del “50% y 50%” entre el capital y el trabajo, elevado a la categoría de principio fundacional de gobierno por el flamante justicialismo.

Por ello, la incipiente clase trabajadora forjada en el proceso de industrialización de Olavarría, encuadrada sindicalmente por gremios zonalmente poderosos como mineros , ferroviarios, molineros, metalúrgicos, ceramistas, etc.,  pronto adquirieron esa obstinada definición política que la llevó a erigir en el Palacio San Martín, sede del gobierno municipal, a dos intendentes justicialistas de extracción gremial entre 1946 y 1955: Santiago Cañizo y Alfredo Fernández.

Sus gobiernos hicieron un aporte fundamental al progreso olavarriense: el “impuesto a la piedra”, un revolucionario tributo local que las empresas pagaron a regañadientes por la apropiación del patrimonio natural de la comunidad.

El impuesto,  actualización de la vieja “tasa por explotación de canteras”, fue el soporte financiero del más grande plan de obras públicas en la historia de Olavarría,  y del que todas las administraciones sucesivas sacarían provecho.

El Senador Oscar Lara, director del extinto periódico “Combate” y  promotor de esa esperanza a la que imaginaba  ‘un Plan Marshall para Olavarría’, fue un hombre de síntesis entre el radicalismo yrigoyenista y el peronismo.

 

La proscripcion jaquea la ilusión de progreso

 

Las primeras contradicciones entre el progreso socioeconómico y la participación política popular empezaron a advertirse a partir de 1955, luego del derrocamiento violento del peronismo.

Por su composición social, por sus experiencias políticas anteriores, Olavarría no podría haber permanecido ajena a la ebullición que caracterizó a Argentina desde 1955 hasta los primeros ‘70.

La lucha multiforme -y por momentos caótica- del retorno del peronismo al poder, y las estrategias no siempre coincidentes de los sectores dominantes de la sociedad por impedirlo,  fueron el fenómeno político por excelencia que signó la época también en nuestra ciudad.

 

El golpe que derrocó al Presidente Perón abrió una crisis política en el país que permaneció irresuelta hasta 1983.

La derogación por decreto de la Constitución social de 1949 quebró durante treinta años este pacto de convivencia alcanzado por nuestra sociedad, y que, mal que mal,  expresaba las relaciones de fuerza entre las clases y sectores sociales de entonces.

Durante los treinta años el campo popular sufrió mil embates y emboscadas, hasta que la última dictadura recién pudo doblegarlo. Al descorrerse el telón terrible de la dictadura del ‘76,  la dirigencia de un Justicialismo cansado de proscripciones,  persecuciones, y mártires, expurgada de sus cuadros políticos más agudos,  resignó su esencia de revolución social y hasta su proyecto de desarrollo capitalista autónomo. La “Patria Justa, Libre y Soberana” quedaría en el recuerdo de la perdida “edad de oro”.

La profecía de Perón se había cumplido bastante antes del 2000: el siglo XXI nos encontraría dominados bajo una nueva ideología con pretensiones excluyentes,  el neoliberalismo.

 

Volviendo al ‘55, el pueblo justicialista fue bombardeado en Plaza de Mayo, su gobierno derrocado, y su partido -el Justicialista-, herramienta electoral del “gigante miope e invertebrado” (como definiera J.W. Cooke a su  Movimiento),  que había calado hondo entre la masa popular, fue disuelto, sus bienes confiscados y sus símbolos prohibidos. Se intervinieron militarmente la CGT y los sindicatos.

De la mano de Rojas y Aramburu una purga revanchista recorrió las instituciones. Las Fuerzas Armadas fueron “desperonizadas” a punta de fusil, las policías provinciales mantenidas bajo sospecha,  gran parte de la dirigencia política y sindical terminó presa y proscripta, las universidades, la administración pública y hasta los medios de comunicación fueron minuciosamente raleados de cualquier vestigio del “régimen depuesto”.

La intentona legalista del Gral. Juan José Valle de junio de 1956 culminó con sus líderes fusilados en aplicación de un decreto de Estado de Sitio dictado con posterioridad a los hechos,  y cientos de presos, torturados y perseguidos. 

Muerto el perro, se acabaría la rabia, habrán pensado los ideólogos y ejecutores de la “Libertadora”, pero el ‘Movimiento’ subsistió porfiada y subterráneamente.

Como en todo el país, también en Olavarría los obreros y el pueblo más llano, fieles a la mística de los mejores diez años de su vida y a la conducción a distancia del exiliado ex-Presidente, expresaron su rechazo a la proscripción a través del voto en blanco o votando a quienes les aseguraban un espacio de participación.

A partir de entonces, en los breves períodos de “democracia ateniense” que suavizaron los años de la proscripción, el gobierno comunal de Olavarría  -restringido al vaivén electoral de los sectores medios y altos de la sociedad- se disputaba tradicionalmente entre las dos fracciones en que se dividió el radicalismo en 1958, los “radicales intransigentes”, proclives a la reinserción de un peronismo domesticado en el escenario político,  y los “radicales del pueblo” partidarios de la proscripción eterna de los incorregibles.

Al mejor estilo florentino, los primeros pactaron en secreto en Caracas con el “tirano prófugo” y desequilibraron la balanza electoral en su favor.

En las elecciones de febrero del ‘58 la fórmula Frondizi-Gómez obtiene 4 millones de votos (44%), quince puntos más que sus ex-correligionarios, conquistando la totalidad de los senadores y 133 de las 187 diputaciones en juego. 

La media sociedad de tez oscura miró con  alguna expectativa un   gobierno que prometía terminar con las antinomias políticas  y reparar las injusticias de los usurpadores.

Capítulo 3

 

ENTRE ‘DON CARLOS VICTOR’  Y LA ‘RESISTENCIA”

 (1956-1973)

 

“La violencia política, presente en toda la historia argentina, se agudizó después de 1955 y se instaló en la década de 1970 en el centro de la escena. Fue un proceso en el que cada actor aportó algo: muchos factores contribuyeron a la transformación de la política en guerra, en una espiral que culminó con la sangrienta represión durante el último gobierno militar (1976-1983)”, sostiene en sintética visión el sociólogo J.C. Portantiero.

En trazos gruesos, este es el contexto nacional que enmarcará la historia olavarriense del último medio siglo.

 

En el pago chico,  un astuto dentista que encarnó en Olavarría el espíritu cismático de los ‘ucristas’ de la Convención de Tucumán, Carlos Víctor Portarrieu, fue electo Intendente en 1958 y dejaría marcada su impronta por las dos décadas subsiguientes.

Desde entonces y hasta 1973, cada vez que los ciudadanos eligieron Intendente con el peronismo proscripto, Carlos Víctor Portarrieu -apodado ‘El petiso’ por sus partidarios - gobernó la ciudad cultivando un estilo personal, obstinado y modernizante, que encastraba sin fisuras con la idea generalizada del progreso permanente.

‘Don Carlos Víctor’ encarnó casi a la perfección la idiosincracia del olavarriense medio hasta comienzos de los años ‘80, cuando otro vasco,  su archirrival desde el cisma de la UCR, Helios Eseverri, le hizo pagar caro sus años de colaboración con el ‘proceso’. Eseverri, otro intendente de fuerte personalidad, lo reemplazó en ese rol inaugurando localmente otro ciclo de larga duración.

En la visión desarrollista,  el progresismo como rasgo político  quedaba reducido a impulsar el crecimiento económico estratégico mediante la  apertura al capital externo, e implicaba, por tanto,  una fuerte concentración del poder político.

La modernización del país por la razón -o bien por la fuerza, si el pueblo era incapaz de percibir los beneficios-, requería de decisiones que no fueran discutidas.

El país, la provincia, y también la ciudad, debían superar el estancamiento producido por la lucha política entre peronistas y antiperonistas, y poner manos a la obra.

Para ello, entonces, el poder político debía estar en “buenas manos”. Es decir, en manos de aquellos pocos que “sabían qué era lo bueno para la ciudad”. Una suerte de nueva “ilustración” recorría los despachos.

La recurrente tentación a un remozado “despotismo ilustrado” al estilo ‘grimaldiano’, ahora matizado con algunos rasgos populistas insoslayables luego de la experiencia peronista, se había reiniciado en la ciudad.

Si el paradigma de los desarrollistas latinoamericanos fue la fantástica erección de Brasilia en medio del Amazonas, en Olavarría también tuvimos nuestros futuristas: se pavimentó casi todo lo urbanizado y se talaron árboles para borrar nuestra huella  provinciana “obedeciendo a la ley inmutable del progreso”.

También se construyeron una adelantada terminal de ómnibus, puentes, accesos asfaltados, caminos rurales y -aunque más adelante- lo coronó con un aeropuerto y una playa de estacionamiento para camiones. Se promovió la modernización de la sociedad tradicional, se fomentó la industrialización, y las magníficas “FO” (Exposición y Feria Olavarría) intentaron ensanchar el mercado,  favoreciendo el comercio regional y nacional.

‘Don Carlos Víctor’ nos cambió la cara a los olavarrienses, y en la provincia llegaron a considerarnos modelo para desterrar la modorra de la sociedad tradicional. “Los ojos del país están puestos en Olavarría, porque esta ciudad es ejemplo de lo que debe ser el país”, había afirmado el gobernador Alende en 1960.

Pero sus gobiernos, pese al mérito,  terminaron como bajas inocentes en las inacabables y casi incomprensibles internas del ‘Partido Militar’.

 

La democracia condicionada

 

La expresión política de los militares con mando de tropas, resultó un contendiente con “blindadas” ventajas para intervenir en una actividad eminentemente civil,  como es la política.

El ‘Partido Militar’, que permaneció dividido entre 1962 y 1973 entre dos líneas internas:  “azules” y “colorados”, llevó la tradición bicolor de las mesas de arena al campo de la política nacional.

“Azules” y “colorados” fueron denominaciones que generaban  confusión a los desprevenidos. Ellas designaban en realidad a extraños ‘nacionalistas’ económicamente liberales, y a no menos exóticos ‘liberales’ políticamente conservadores.

 

“Los ‘colorados’, en su mayoría,  eran jefes de infantería y artillería y tenían apoyo de la Marina. Planteaban sin medias tintas la vía del gobierno militar en acuerdo con un sector de la civilidad, en especial con dirigentes de la UCRP.” escriben Grecco y González en su análisis sobre el Ejército. “Los ‘azules’, coroneles de caballería, con respaldo de la Aeronáutica, proponían,  en cambio, la celebración de elecciones condicionadas con tutelaje militar”.

 

Por cierto ambos tenían más en común frente al pueblo, que diferencias objetivas entre sí. Sólo los separaba su ambición de poder.

Como elefantes en un bazar, los movimientos grotescos de estas facciones en pugna   terminaron volteando  Presidentes, gobernadores e intendentes.

Por ello las intendencias del “Petiso” Portarrieu, pese a sus éxitos administrativos,  igual fueron abruptamente interrumpidas por Comisionados provinciales (civiles o de uniforme) elegidos a dedo por la dirigencia conservadora local, cada vez que los militares se hicieron cargo del poder en forma directa.

 

La Doctrina de Seguridad Nacional

 

De los años desarrollistas,  de sus concesiones a los continuos “planteos” militares ideologizados por la geopolítica en blanco y negro de la  “guerra fría”,  y de su paranoia por los “enemigos internos” nació el Plan CONINTES (Conmoción interna del Estado). La apelación a la ‘conmoción interna’, más que al ‘peligro comunista’ que pontificaba la “guerra fría”,  terminó dirigida a la lucha integral que desarrollaba el peronismo proscripto para recuperar el gobierno.

Como el avance de la marea, el peronismo no dejaba espacios sin ocupar, y no dudaba en combinar distracciones políticas, acciones electorales, asonadas militares o grupúsculos insurgentes como los ‘Uturuncos’ en  1964, con el hostigamiento permanente de huelgas, paros y ocupaciones de fábricas.

La peculiar interpretación argentina de la “seguridad nacional” terminó asimilando el “enemigo interno” de los manuales de constrainsurgencia del National War College de los EEUU,  con humildes trabajadores ferroviarios o bancarios en huelga, a quienes movilizó militarmente y encarceló en los cuarteles, o con activistas gremiales como Felipe Vallese, a quien desapareció y asesinó.

El CONINTES fué la primera versión local de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los EE.UU. para los ejércitos latinoamericanos, a quienes se fue transformando paulatinamente de Ejércitos Nacionales aptos para enfrentar agresiones externas, en gendarmes de sus propios pueblos.

La Doctrina de Seguridad Nacional fué la piedra angular de la política exterior de EEUU para Latinoamérica,  y de la Nueva Derecha en el mundo desde fines de los ‘50. Sus raíces se nutrieron en las obras de Norman Podhoretz y otros intelectuales republicanos; y aún de la politóloga alemana Hannah Arendt, que diferenciaban los ‘totalitarismos’ europeos de entreguerras (fascismo, nazismo, stalinismo), de los ‘autoritarismos’ de las  dictaduras latinoamericanas, supuestamente más benignos.

Según razona De la Vega en su “Diccionario Consultor Político” a partir de entonces la política exterior estadounidense afirma: “si en América Latina se presenta un intento de transformación de las estructuras vigentes, que por otra parte sancionan un orden injusto, apelaremos a un golpe militar que implante una dictadura con el fin de sofocarlo”  

La región centrobonaerense, en este contexto y definida como ‘polo de desarrollo’,  vió reforzada la concentración de fuerzas de seguridad, especialmente de tropas antidisturbios, en una visión de la seguridad exclusivamente apuntada al control social.

 

La “Resistencia”

 

Mientras tanto, con su partido proscripto, los sindicatos asumieron su rol de ‘columna vertebral del Movimiento’ tomando en los hechos también la representación política del peronismo.

A la sombra de los sindicatos más pequeños y, sobre todo en los  menos “vandorizados” del interior,  en una contracara contestataria a una vida política restringida,  que se empeñaba en ignorar a la masa popular convertida en una suerte de ilotas sin derecho a expresar su voto en libertad,  comienza a operarse una lenta fusión.

Minúsculos grupos clandestinos de resistentes habían optado por una vía más expeditiva para recuperar el poder, la del “golpismo salvador y fulminante”, según la criticara Cooke en 1964. Militares y policías cesanteados por la “Libertadora” luego de la fracasada revolución del Gral. Juan José Valle, se organizaron subterráneamente en el denominado “COR” (Comando de Organización Revolucionaria), y conspiraban activamente con algunos pares en actividad.

Otra vertiente, eminentemente civil, convencida de la necesidad de la participación popular en la lucha por la restauración de la legalidad, era impulsada por ex-funcionarios peronistas derrocados, anónimos activistas sindicales, hombres provinientes del nacionalismo sin partido,   y una amplia periferia de “purretes” nacidos en los años dorados de los primeros gobiernos de Juan Perón y Evita.

En su entorno, entre conspiraciones fracasadas y agitación permanente, mantuvieron encendida la llama del mítico “Operativo Retorno”, que traería de vuelta a Perón en aquel  misterioso “avión negro” de la fantasía popular.

Alrededor de estos “resistentes”, los chiquilines de los Torneos Evita, los que unos años atrás  todavía jugaban con los regalos de la Fundación; ahora ya muchachos, se asomaban inconteniblemente a la política reclamando su lugar.

El Líder exiliado les había advertido a sus adversarios electorales: “ahora ganamos con los hombres, la segunda la ganaremos con las mujeres y la tercera con los chicos”.

Formados políticamente en el  complejo y multifacetico proceso de luchas populares por el ‘Retorno’, algunos jóvenes fueron creciendo en experiencia, participación y decisión.

Pocos años después, en los ‘70, estos liderazgos juveniles fogonearían el más importante -y suicida- intento de cambio social que hubiese experimentado Argentina, y por supuesto también Olavarría,  en toda su historia.

Sus movimientos incubaban la futura masacre . Pero ellos no lo sabían. Y de haberlo sospechado siquiera, la idea romántica de “dar la vida por la Revolución” era más fuerte que la prudencia. Como Evita, creían que llevar sus banderas a la victoria, compensaría los jirones dejados en el empeño.

Luego de dos décadas de proscripción política del principal partido popular de la Argentina, fue acumulándose una masa crítica de energía política, fundamentalmente entre la juventud, que creció, buscó cauces alternativos a los institucionales amañados, y eclosionó de la mano del segundo ascenso del peronismo triunfante.

En Olavarría esta efervescencia era claramente visible en los primeros ‘70. Tras años de represión y entusiasmos contenidos, la juventud se politizó aceleradamente y se volcó a las calles, inundando con su fuerza desbordante todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

Los primeros cuadros políticos y organizativos del ala izquierda del peronismo, que luego darían forma a la “Tendencia Revolucionaria” al ir sintetizando diferencias, habían emergido de aquella especie de “juventud silvestre” formada  en la acción política de resistencia antes que en la restringida vida institucional,  y  alejada en la práctica de la mayor parte de la  dirigencia política y sindical del P.J. -rotulada despectivamente como “vandorista” o “neoperonista”, por sus inclinaciones colaboracionistas con los poderes de turno-.

Las negociaciones con los gobiernos militares para mantener cuotas de poder,  receta del poderoso dirigente metalúrgico Augusto Timoteo “El lobo” Vandor, eran execradas entre jóvenes e ‘históricos’  como “traiciones” a la lucha colectiva.

El crecimiento de estos nuevos cuadros políticos fue poco menos que espontáneo. Surgidos del trabajo barrial y en las villas fabriles, del activismo de base sindical y de las prácticas carbonarias de los resistentes, trasvasaron hábitos conspirativos,  metodologías de acción directa, y se adiestraron en las únicas formas de expresión política que les dejaba el régimen.

Este fermento explosivo creció al calor de las luchas que recorrieron el país de punta a punta y de algunas  propias  reivindicaciones locales, con una creciente influencia de sectores tercemundistas de la Iglesia católica desde finales de los años ‘60.

En oportunidad de la inauguración del Policlínico Ferroviario en la Avda. Pringles (1971), la presencia del Ministro Manrique y del Presidente Lanusse en Olavarría fue rechazada por pintadas caseras que repudiaban la dictadura y preanunciaban el retorno del anciano militar que hablaba de “socialismo nacional”.

Aquellas paredes pintarrajeadas de apuro fueron el bautismo político de la nueva generación peronista.

Capítulo 4

 

LA “PRIMAVERA DEL ‘73”

 

Intentar interpretar la multiplicidad de hechos políticos de los años ‘70 era una tarea compleja que excedía la capacidad de análisis de la Comisión, y también el cometido del trabajo encarado.

Pero si se trata de entender,  de intentar una respuesta a los cuestionamientos que nos hicimos al comienzo, era imposible obviar lo sucedido en nuestra ciudad en el convulsionado período que va de 1973 a 1976.

Somos conscientes que tampoco existen las visiones “neutras” u “objetivas” sobre éste o cualquier otro proceso histórico. Los clásicos de la historiografía universal así lo han comprendido al desechar los alardes científicos de la disciplina histórica.

Por ello -desde la propia subjetividad emergente de los hechos vividos- ensayaremos una hipótesis que sin pretensiones de ‘verdad histórica’, será sin duda una parte inescindible de la  reconstrucción pendiente de esos tiempos turbulentos.

 

Reproduciendo el fenómeno de otros ámbitos con fuerte población estudiantil (La Plata, Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, etc.) los estudiantes locales, de regreso al pago chico fueron volcando al caldero bullente de escuelas secundarias, universidades e institutos de educación terciaria, la creciente radicalización política de importantes sectores medios.

Paradójicamente, muchos de ellos eran hijos de quienes habían motorizado el derrocamiento de Perón en 1955.

Los jóvenes profesionales, de regreso al hogar,  se sumarían a los agrupamientos existentes en el territorio, en un proceso que favorecería el “encuadramiento” político.

Las ‘orgas’, agrupamientos político-militares con disciplina vertical, se planteaban por entonces como una ‘instancia superior’ de organización y conciencia política, e irían absorbiendo a decenas de pequeños grupos. Entre las que alcanzaron mayor notoriedad se encontraban las “Fuerzas Armadas Revolucionarias” (FAR), de formación marxista e inspiración cubana,  y los “Montoneros”, de un orígen  más heterogéneo, en el que confluían ex-nacionalistas de ‘Tacuara’, peronistas revolucionarios y cristianos de izquierda.

Los últimos ‘60 y los primeros ‘70 fueron años cruciales para completar la formación intelectual y práctica de la ‘generación del ‘55’.

Esta generación, crecida y formada bajo  la proscripción política de la “Libertadora”, defraudada por la experiencia frondizista, dió sus primeros pasos en el contexto autoritario de la dictadura de Onganía, para terminar bajo sospecha en la “dictablanda” de Lanusse, al que su ensayo de ‘salida’ con algún consenso civil le obligaba a practicar cierta tolerancia con los movimientos juveniles.

La juventud politizada, mientras tanto, en un proceso de paulatina radicalización, fueron agrupándose bajo distintos vectores ideológicos.

En la mayoría de las ciudades, al influjo de los nuevos aires de la Iglesia latinoamericana, se habían constituído grupos de militancia de base cristiana, y fuertemente influenciados por el pensamiento de la nueva izquierda que recorrió América Latina desde la Revolución Cubana en los ‘60, no encontraban contradicciones entre cristianismo y revolución.

En Olavarría, dos curas de parroquias barriales, los sacerdotes Omar Dinelli y Elías Musse, hermanados en la Fe con un ícono de su generación -el Padre Carlos Mugica-  en el “Movimiento de Sacedotes del Tercer Mundo”; predicaban su opción por los pobres y daban las primeras  charlas  de catequesis y    formación doctrinaria a jovenes ávidos de encontrar respuestas políticas y sociales.

 

“Los cambios copernicanos producidos por  el Concilio Vaticano II (1962-1965) y los documentos aprobados en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) produjeron una fuerte crisis interna en la Iglesia argentina; sorprendieron y desbordaron a los obispos; que no estaban preparados para encabezarlos y conducirlos”- analiza Mignone

 

Entre los  jóvenes, no obstante, terminó ejerciendo una atracción irresistible otra propuesta que combinaba doctrina y  acción, en una “praxis” militante que,  con fuerte inserción popular, construía confusamente la “Tendencia Revolucionaria” , el ala izquierda del peronismo.

Como en el cauce de un gran río, los afluentes se entremezclaron en el trabajo en barrios, fábricas, oficinas, aulas y Unidades Básicas, y hacia 1972 y 1973 ya se comportaban  como el mayor grupo militante movilizado en las calles de Olavarría y el ‘cordón serrano’.

En esta suerte de “Primavera olavarriense” que acompañó la recuperación de la democracia en 1973, singularizada por un importante fenómeno movilizatorio de la juventud;  los lugares públicos de reunión, el despliegue de tareas solidarias, la multiplicidad de encuentros culturales, o de multitud de pequeñas escaramuzas políticas conjuntas, fueron los ámbitos naturales  para debatir visiones y experiencias, hasta decantar en un dinámico proceso de reagrupamiento en organizaciones mayores.

 

“Luche y Vuelve”

 

Los ‘cordobazos’, “rosariazos” y muchas otras puebladas que sacudían al país, con miles de personas movilizadas en la calle repudiando la dictadura de Lanusse, y exigiendo elecciones libres y sin proscripciones, fueron el convulsionado marco social inmediatamente previo a 1973.

La libertad a los presos políticos que llenaban las cárceles del país, donde permanecían detenidos dirigentes sindicales de la talla de Agustín Tosco y Raymundo Ongaro de la combativa “CGT de los Argentinos”,  y las simpatías generadas por las organizaciones armadas por su hostigamiento permanente y hasta ese momento casi incruento al gobierno lanussista, se convirtieron en consignas coreadas masivamente durante la campaña del “Luche y Vuelve”.

El hito más importante -por su altísimo componente de participación popular- fueron  las campañas electorales que culminaron en marzo con el triunfo del FREJULI (Cámpora-Solano Lima) y en septiembre con la formidable plebiscitación de la fórmula Perón-Perón (62%).

Los primeros meses de 1973 significaron un salto cualitativo en la participación protagónica de la juventud, que  -al igual que en todo el país- había soportado el peso principal de la campaña de proselitismo callejero. En la superestructura política, la designación de Juan Manuel Abal Medina como secretario general del movimiento peronista, nombrado por el propio Lider,  parecía completar la escena de un avance indetenible hacia el cambio social. 

En la marejada preelectoral sintetizaron diferencias los grupos de jóvenes peronistas, de izquierda en rauda peronización, y  los ‘cristianos de base’,   trabajando codo a codo en humildes barrios de trabajadores, y catapultando auténticos liderazgos que  emergían de la responsabilidad individual y la capacidad organizativa y política de sus miembros.

De ese proceso surgieron en Olavarría, entre otros, nítidos liderazgos como los de Mario Tellez,  Néstor Laffite, o Alberto Hermida, dirigentes de la juventud peronista formados íntegramente en la acción política de masas.

Luego del 25 de mayo de 1973, con la asunción del  Presidente Cámpora, “El tío” para los jóvenes, su inserción popular se multiplicó. La Jotapé llegó a contar aquí con no menos de seis “Unidades Básicas Revolucionarias” -como se las denominaba-  y una fuerte incidencia en todos los conflictos nacidos de la coyuntura local.

 

La toma del  Partido Justicialista

 

Uno de los primeros hechos de resonancia producido por la Jotapé fue la toma del local donde estaba instalado el Consejo del Partido justicialista, una casa de dos plantas todavía existente en la calle Alvaro Barros.

Críticos de los errores desplegados por el puñado de ambiciosos dirigentes partidarios durante el proceso preelectoral, cuya consecuencia fue el rechazo de las candidaturas del PJ en las elecciones generales; los jóvenes y algunos ‘históricos’ se adueñaron del local partidario, expulsando a los derrotados.

En Olavarría el PJ no presentó en la Justicia la boleta electoral como FREJULI,  al no no haber sabido acordar una lista compartida con otro de los socios frentistas, el MID (ex-Ucri) de Portarrieu.

El desencuentro llevó al radicalismo al gobierno, de la mano del joven abogado Raúl Pastor, que debió administrar la comuna en la soledad del 23% de los votos.

La Jotapé y algunos dirigentes históricos -como Renato Sabattini, mítico participante de la Resistencia- hicieron del local de Alvaro Barros otra ‘jabonería de Vieytes’, vórtice del  debate político olavarriense.

Desde entonces y hasta fines de 1974 este local fue un  auténtico hervidero político, con decenas de jóvenes que cotidianamente convergían desde los barrios a debatir, programar y evaluar heterogéneas acciones políticas y sociales que se ejecutaban en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y las villas serranas.

 

LU-32 Radio “Héroes de Trelew”

 

Enmarcado en la desordenada ocupación de reparticiones públicas y espacios institucionales que rodeó  la asunción presidencial de Cámpora,  donde cada sector interno buscaba ganar posiciones desde “adentro”;  las oficinas y delegaciones de dependencias nacionales y provinciales,  en Olavarría  fueron ocupadas por la Jotapé.

A veces las mismas oficinas fueron “retomadas” por otros sectores en pugna, hasta encontrar un equilibrio final en las designaciones oficiales.

En Olavarría la emisora oficial de radio AM, LU-32 “Radio Cnel. Olavarría”, en su antiguo local de calle San Martín, -única radio en los tiempos previos a las FM- fue tomada por la Jotapé en junio de 1973 y rebautizada como “Radio Héroes de Trelew”, en homenaje a los guerrilleros fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.

Pocos días después la emisora fue “retomada” por sectores orgánicos del gobierno provincial, retornando a la normalidad. Los jóvenes fueron encañonados y sacados a patadas.

La “Primavera” mostraba los primeros nubarrones.

 

La solidaridad social en los barrios

 

La Jotapé tenía una antigua y sólida inserción en la mayoría de los barrios periféricos y las villas serranas de donde provenían sus integrantes. Allí tenían funcionando roperos, comedores, centros de educación popular y, obviamente, sus ‘Unidades Básicas’.

Ello les permitía respuestas rápidas y efectivas frente a las contingencias y una presencia constante entre el pueblo, que valoraba su compromiso en los trabajos para mejorar las  condiciones de vida en los barrios.

Una catástrofe natural como fue el tornado que devastó el poblado rural de Pourtalé y algunos barrios olavarrienses, a fines del ‘73, fue el marco propicio para un importante despliegue  solidario de la Jotapé.

En una de las típicas tareas de “Reconstrucción Nacional”, casi igual al “Operativo Dorrego” que se desarrolló en conjunto con el Ejército tras las inundaciones del oeste bonaerense,   docenas de jovenes movilizados en camiones y camionetas se hicieron cargo de la emergencia,  distribuyendo de inmediato ropa y alimentos en medio del desastre.

En las semanas posteriores, con material de construcción y elementos provistos por la  Provincia y por la propia Municipalidad, comenzaron la reparación de techos y la construcción de viviendas completas,  codo a codo con los vecinos damnificados.

 

La lucha por la Universidad

 

Otros episodios que dieron su impronta a  la época fueron las luchas universitarias y educativas en general.

La presión localista por la ubicación del Rectorado de la recién creada UNICEN y la pérdida de Ciencias Económicas a manos de Tandil fueron motivo de importantes movilizaciones comunitarias que interpretaban ésto como un injusto despojo. Estas movilizaciones tuvieron un carácter distintivo, que fue casi un símbolo constante de los nuevos tiempos. Los “jefes” políticos tradicionales, que otrora aparecían acaudillándo cualquier movimiento social de importancia, tuvieron desde entonces un papel secundario.

Los dirigentes más destacados, los voceros naturales de las reivindicaciones colectivas, surgieron del propio estudiantado. La masa estudiantil -cada vez más consciente de su fuerza política- ; y las fuerzas vivas de Olavarría ganaron las calles y en asambleas públicas decidieron los pasos a seguir.

En esas luchas fueron formándose los principales dirigentes estudiantiles de la Universidad, la mayoría de los cuales exhibían públicamente una clara orientación política.

Esos días nació la “Juventud Universitaria Peronista” de Olavarría y el protagonismo de Jorge Toledo, un avanzado estudiante de ciencias económicas.

 

La Escuela de Servicio Social.

 

También de la crisis originada en la Escuela de Servicio Social que funcionaba en la Escuela Nº 8,  acabó surgiendo otro grupo militante, mucho más  plural desde el punto de vista político, ya que cubría ideológicamente un amplio abanico que iba desde el radicalismo opositor hasta la fuerte influencia libertaria del entonces director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO) y docente de la Escuela, el antropólogo Floreal Palanca.

Docentes y estudiantes llevaron con éxito un proceso de cuestionamiento a la educación oficial y al mismo rol de los trabajadores sociales en una sociedad dependiente,  que demandó varios meses de maduración.

Originado en la expulsión de varios profesores identificados con el gobierno militar, los estudiantes y algunos docentes terminaron oponiéndose a la intervención decretada por el flamante Gobierno provincial del Dr. Bidegain en la persona del sacerdote Elías Musse.

Este hecho, casi habitual por aquellos días, motivó sin embargo que, en repudio a la prepotencia provincial,  casi toda la comunidad educativa de la Escuela de Servicio Social se trasladara a un lugar no oficial (un jardín de infantes privado). Para admiración de los olavarrienses, que acompañaron con simpatía esta experiencia, lo asombroso fue la autodisciplina con que los estudiantes mantuvieron funcionando la escuela.

El cambio de sede no interrumpió su funcionamiento regular. Se continuó con asistencia normal y se tomaron exámenes parciales y finales, en una de las experiencias educativas y de intercambio socio-cultural con el entorno comunitario,  más ricas de que se tenga memoria.

Durante su transcurso Olavarría fue sede de un Congreso Nacional de Trabajadores Sociales con una impresionante asistencia de especialistas de todo el país.   

Finalmente, luego de arduas negociaciones con el ministro Floreal Ferrara, se llegó a la designación de autoridades consensuadas, y las cosas volvieron a la normalidad.

 

El Instituto de Educación Física

 

También en el Instituto de Educación Física, que venía funcionando desde 1971 en el Cerro Luciano Fortabat en un contexto de obligado aislamiento de las problemáticas urbanas (20 km. lo separaban de la ciudad),  docentes y estudiantes iniciaron un fuerte cuestionamiento a la educación oficial y a las  autoridades institucionales continuistas del “lanussismo” .

La rebelión se expresó en un recambio de docentes y en la introducción de otros contenidos en algunas materias de estudio.

Como en todos los ámbitos educativos, los estudiantes buscaban romper su aislamiento de la sociedad, y participar activamente de su experiencia de cambio.

Con la polémica E.R.S.A. (Estudios sobre la Realidad Social Argentina), materia obligatoria para todos los niveles educativos, el gobierno buscó cerrar esa brecha, induciendo a los alumnos a reflexionar sobre su entorno social.

Con los cambios, una buena parte de los estudiantes y docentes escapaban del internado y  “bajaban” a la ciudad todas las noches, intercambiando experiencias, aspiraciones y sueños en largas madrugadas con los estudiantes de trabajo social, de los profesorados y de la facultad.

Los primeros ‘70, para denominarlos genéricamente, revelaron  una auténtica revolución cultural en ciudades del interior. Comenzaron a leerse ávidamente los diarios y revistas nacionales, centenares de libros de las más diversas orientaciones inundaron librerías y kioscos ante una demanda creciente. La juventud se adueñó de los espacios públicos,  y referencias  clásicas de la cultura de  izquierda pasaron a formar parte de las conversaciones cotidianas. La confitería “Bianca”, la pizzería “Por qué no”, y una peña folklórica, “El gaucho Fatiga”,  se convirtieron en los lugares preferidos para las tertulias políticas nocturnas. Diariamente se congregaban decenas de jóvenes ansiosos de explicar y explicarse el mundo,  y más ansiosos aún por llevar a la práctica esa imperiosa necesidad de una sociedad más justa y de un “hombre nuevo” más solidario y más libre.

 

“Viva Chile Socialista”

 

En esta sociedad movilizada, sus segmentos más activos no dejaban nada fuera de su interés. En una especie de ‘cura en salud’, la juventud no perdía detalles sobre la realidad circundante en el Cono Sur, siguiendo con atención el jaqueo constante a las vacilantes democracias latinoamericanas.

La convicción de que el destino común entrevisto por Artigas, San Martín y Simón Bolivar nos unía a nuestros hermanos, hacía que el proceso político circundante se estudiara y debatiera constantemente, sobre todo las experiencias recientes de Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y el intrigante “modelo peruano” del Gral. Velazco Alvarado.

Frente a la encrucijada en que se encontraba el gobierno socialista de Chile, la cercanía y los intercambios familiares  con el país hermano motivaron que se organizaran campañas de  solidaridad impulsadas por un Comité, que repartía folletos y libros, y organizaba conferencias con dirigentes políticos chilenos que daban a conocer la experiencia trasandina.

En septiembre de 1973, una larga columna de tres cuadras que nació en el Consejo de la Jotapé y que en el trayecto recibió sucesivos aportes de otros grupos políticos, compuesta en su mayoría por estudiantes, trabajadores y gente de los barrios, recorrió las calles céntricas de Olavarría con pancartas y cartelones en los que distintas expresiones políticas manifestaban su solidaridad y homenaje al extinto Presidente chileno Salvador Allende.

El “Chicho” Allende, que había subido a la presidencia con los votos de la Unidad Popular,  había sido cruentamente derrocado y muerto en la Casa de la Moneda el 11 de septiembre por una asonada militar con apoyo de la CIA y conducida por el general Pinochet.

En el imaginario democrático de todas la latitudes de América, había muerto también la ilusión de la “vía chilena al socialismo”. Primero había sido Brasil (1964), después Bolivia (1971), luego la “bordaberryzación” de Uruguay (1973), y por último Chile. Se estrechaba el cerco sobre la fragil y convulsionada democracia argentina.

La importante concentración terminó con un acto masivo en la Plaza Aguado, bajo el monumento al Libertador Gral. José de San Martín, donde los manifestantes quemaron la bandera de  “barras y estrellas”, en repudio al nefasto papel de EEUU como impulsor del golpe al primer gobierno socialista de América Latina surgido del voto popular.

Unos años después, tras el golpe en Argentina, en la acusación formulada por un Consejo de Guerra militar en Tandil para condenar a doce olavarrienses detenidos, estos fueron acusados - a falta de cosas más concretas- del “terrible crimen” de “haber quemado la bandera de un país hermano”.

Casi en el colmo de la paradoja histórica, esos mismos militares que condenaron a un puñado de jóvenes olavarrienses por su gesto antimperialista de 1977,  apenas cinco años después, en plena Guerra de Malvinas, impostarían un poco creíble  “antimperialismo” de estricto consumo popular,  despechados ante la traición  de  los EEUU que frente al conflicto del Atlántico Sur había privilegiado al más antiguo de sus aliados: Gran Bretaña.

 

Los 30.000 desaparecidos. El cambio del contexto internacio-nal.  Diferentes visiones sobre una misma etapa histórica.

 

Aunque resulte una verdad de Perogrullo, es importante recalcar que, contrariamente a lo sostenido por la propaganda ‘procesista’ y la de sus epígonos actuales,  veinticinco años después es evidente que sólo una ínfima parte de las  personas secuestradas, presas o desaparecidas por el golpe de Estado de 1976 formaban parte de lo que los militares del ‘proceso’   demonizaron como ‘B.D.T.’ (Bandas de Delincuentes Terroristas) .

Gran parte, la mayoría quizás,  de los 30.000 detenidos-desaparecidos nunca fueron guerrilleros. La mayoría de ellos jamás podrían haber formado parte de las mismas porque sus mismas concepciones humanistas y no-violentas, su propia labor política, gremial o social, les hacían  rechazar las  metodologías elitistas y violentas para forzar un cambio social.

Otros, que en los primeros ‘70  habían adherido a agrupaciones estudiantiles o políticas como la Jotapé que simpatizaban o adherían a “Montoneros”, al momento de su detención o secuestro habían eliminado cualquier vinculación como consecuencia de sus diferencias con la “organización”.

Un grupo importante había elegido separarse en 1974 formando la Jotapé Lealtad, escisión que se produjo luego de la ruptura con el Presidente Perón en Plaza de Mayo.

Otros, todavía militantes montoneros, pero desilusionados por el verticalismo y la progresiva irrealidad política que parecía haber ganado a una ‘organización’ que debía sus mayores aciertos precísamente a haberse movido con comodidad entre el pueblo,  optaron por enarbolar internamente una visión profundamente crítica de la “conducción nacional” representada por Firmenich y Vaca Narvaja.

Se les criticaba fundamentalmente haberse apartado de los intereses populares. De encerrarse en un enfrentamiento  “militarista” -no político-, y de incapacidad para generar política hacia afuera del ‘aparato’, aptos para ser recreados por el pueblo. En consecuencia, concluían, esta estrategia era suicida, no sólo los aislaría del pueblo que los había apoyado, sino que inevitablemente los conduciría a una segura destrucción política y física.

 

De todos modos, quienes hayan creído -o sigan creyendo aún-  que el golpe de Estado de Videla y Martínez de Hoz se hizo para “terminar con la corrupción y la subversión” -como rezaba la propaganda ‘procesista’ de aquellos tiempos-, sin duda han sido víctimas de una espectacular y perdurable maniobra de manipulación psicológica.

El régimen del ‘PRN’ se reveló experto en la manipulación informativa de la sociedad. Toda la información de consumo público sobre esta lucha -se instruía a los medios de comunicación-, debía ser oficial y provenir de la Secretaria de Información Pública, como lo prueban las instrucciones a los directores de las empresas. (ver ‘Comunicado Nº 19’ de la Junta de Comandantes).

El aprendizaje represivo de los ejércitos coloniales europeos en Asia y Africa durante el período de descolonización, había generado cientos de instructores en acciones psicológicas de ‘contrainsurgencia’. Francia y Bélgica fundamentalmente, habían hecho escuela en Argelia, Vietnam y el Congo en los años ‘60, y después se desembarazaron de sus impresentables   ‘centuriones’.  

En América Latina más de 60.000 oficales y suboficiales escogidos entre la mayoría de los ejércitos hispanoamericanos realizaron cursos en la “Escuela de las Américas” (SOA, sigla de su nombre en   inglés ‘School of the Americas’) del Comando
Sur del Ejército norteamericano, con base en el Canal de Panamá.

Desde 1946 hasta 1976 alrededor de 650 oficiales y suboficiales argentinos recibieron instrucción en materias tales como ‘Guerra revolucionaria e ideología comunista’, ‘Terrorismo y guerrilla urbana’, ‘Interrogación e inteligencia de Combate’.

Militares que luego desempeñaron un importante papel durante la dictadura, tales como Galtieri, Viola, Dalla Tea o Davico, pasaron por esos cursos.

Más tarde, en los años ‘80,  en lo que sería una verdadera “devolución de favores” entre las oligarquías latinoamericanas, serían argentinos los instructores que inundarían de “propaganda negra” y siniestras técnicas represivas a  toda Centroamérica.

Hoy, ya no puede dudarse que el verdadero objetivo de la dictadura cívico-militar de Videla y Martínez de Hoz, bajo la cobertura de ‘luchar contra la subversión’ y en aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional,  fue la modificación violenta de las relaciones de fuerza entre los sectores y clases sociales de la Argentina.

Como tal, no fue un proyecto aislado,  sino parte de la cadena de dictaduras militares que en su  ‘patio trasero’ impulsaría el binomio republicano Nixon-Kissinger desde la presidencia y las relaciones exteriores de EEUU en 1972, en consonancia con los intereses permanentes del ‘complejo militar-industrial’ representado por el Pentágono.

El enlace de los aparatos represivos latinoamericanos a través del ‘Condor’, tecnología estadounidense y mano de obra criolla para liquidar opositores exiliados en todo el mundo, es hoy una realidad probada en la propia documentación oficial ‘desclasificada’ en EEUU. 

El triunfo del demócrata “Jimmy” Carter en 1976, con la promoción de los Derechos Humanos como ariete de su política exterior, cambió abruptamente la posición de EEUU en América Latina.

Internacionalmente el golpe argentino de 1976 llegó con retraso, la bipolaridad mundial había entrado en crisis como resultado del ascenso de los nuevos polos económicos (CEE y Japón) al escenario mundial, y con ella el progresivo desvanecimiento de la “guerra fría”.

Por ello la sistemática y masiva violación a los derechos humanos perpetrada por los militares argentinos desde el Estado fue rechazada de plano por el mundo ‘occidental y cristiano’ en que pretendían apoyarse.

Para la Junta Militar argentina poco había importado dónde militaban sus opositores. Si lo habían hecho en organizaciones políticas ilegales o legales, en sindicatos o sociedades de fomento, en las iglesias o en las universidades.

Es más,  ni siquiera había importado si militaban,  habían dejado de hacerlo o nunca habían tenido la más mínima intención. Como dijera el Gral. Saint Jean a un diario francés: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a los que permanezcan indiferentes, y por último a los indecisos” (Revista ‘Caras y caretas’ Nº 2197)

 

En este aspecto el sedicente “proceso de reorganización nacional” tuvo un objetivo claro: aniquilar política y físicamente cualquier oposición organizada;  y de paso, con la vista puesta en el futuro,  desarticular toda organización colectiva que defendiese intereses populares.

Con una sociedad silenciada por el terror, y su dirigencia emergente exterminada,  se preparaba el terreno para profundizar el neoliberalismo en democracia.      

Pocas frases lo reflejan con tanta crudeza como la disparada en un rapto de sinceridad por el entonces Ministro del Interior de la dictadura Gral. Albano Harguindeguy, cuando se  preciaba de que el ‘proceso’ había asegurado a la Argentina “20 años de paz social”.

Capítulo 5 

 

LA GESTACION DEL “PROCESO”

 

Como en otros lugares del país, la preparación del sanguinario gobierno militar de 1976 vió allanado su camino por el accionar en las sombras de fuerzas de ultraderecha sostenidas por el propio Estado.

Bajo el gobierno de Isabel Martínez, en los sótanos del Ministerio de Bienestar Social conducido por el “Brujo” José López Rega, frente a la misma Plaza de Mayo, se prohijaron con fondos públicos las primeras bandas letales.

Estas bandas mercenarias, con apoyo paramilitar y parapolicial a través de las respectivas cadenas de mando,  y la participación de matones a sueldo del sindicalismo burocrático,  azotaron al país desde fines de 1974 hasta los primeros meses de 1976 con infinidad de amenazas, atentados y alrededor de 400 asesinatos.

En nuestra región no estuvieron ausentes.

Aquí se amenazó de muerte a muchos dirigentes políticos y sindicales, se atentó con explosivos contra el domicilio del gremialista mercantil Norberto Santellán, se allanaron ilegalmente domicilios y locales con total impunidad,  y se amedrentó al activismo con seguimientos y recopilación de información que serían de utilidad posterior para implementar el terrorismo de Estado.

En el local de las “62 Organizaciones”, el brazo político de la CGT, en los altos de  Del Valle y Rivadavia,  enviados de la policía repartieron armas cortas ‘para su defensa personal’ entre los dirigentes gremiales. Armas que luego del golpe sirvieron para incriminarlos. 

En Azul, una filial del cordobés “Comando Libertadores de América”, integrado por oficiales y suboficiales del Ejército en actividad, sembró el pánico con ametrallamientos domiciliarios entre los miembros del Poder Judicial, a quien responsabilizaban por una supuesta connivencia con los detenidos y procesados  por “subversión”.

La policía bonaerense, orgánicamente subordinada a las FF.AA. bajo la autoridad del nefasto Gral. Camps, continuó produciendo  inteligencia política a través de los agentes de la DIPBA (Dirección de Informaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) destacados en cada ciudad importante. Se elaboraron “fichas” sobre los principales referentes opositores, detallando sus movimientos  y reuniones, y -como era casi de rigor en una institución sin especialización política- se inventaba  o exageraba criminalmente su importancia.

La actuación pública y la alta exposición alcanzada por  la dirigencia juvenil de la “Tendencia Revolucionaria” y de los partidos de izquierda, tornó insostenible su situación en ciudades pequeñas como Olavarría.

A fines de 1974, en el marco del ilusorio “pase a la clandestinidad” resuelto por los “Montoneros” en todo el país,  como medida de protección frente a las agresiones de la derecha, se cerraron  los locales públicos  y se los reemplazó por una práctica de reuniones clandestinas en casas de familia.

Por supuesto. esta táctica defensiva no disminuía la alta vulnerabilidad de quienes ya tenían el sello de la represión en la frente. Todos comenzaron a sentir la angustiante sensación de haberse convertido en blancos móviles.

Ello, sin duda, fue determinante  para forzar su mudanza hacia ciudades más grandes , espantados por la sangría de dirigentes populares que la “Alianza Anticomunista Argentina” -la fascista “Triple A”-, había desatado a partir de la muerte del Presidente Juan D. Perón (1-7-74) con el asesinato del Diputado Rodolfo Ortega Peña.

En otros ámbitos de mayor densidad poblacional, se pensaba,  tendrían mayores posibilidades de sobrevivir en medio del anonimato de la muchedumbre, a  la ola mortal que se avecinaba.

Producido el golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el control directo de la represión. Entonces se vió claramente que,  como sostenían en privado los analistas políticos más agudos y mejor informados de entonces,  la “Triple A” eran en realidad las “Tres Armas”.

 

El sistema nacional de represión.

 

Más allá de la participación general de las FFAA en el derrocamiento del gobierno, la ocupación del territorio, y el sostenimiento del nuevo régimen dictatorial, resulta atinada la afirmación de los Mittelbach cuando explican que la represión salvaje estuvo en realidad en manos de una elite, y que existió entre 1976 y 1983, lo que llamaron un “desdoble funcional en el ejercicio del mando”.

Los llamados “grupos de tareas” conformados por oficiales de inteligencia y suboficiales de las denominadas “fuerzas conjuntas”, estaban compuestos de jóvenes fuertemente ideologizados durante cursos de contrainsurgencia; y en muchos casos,  también atraídos por el poder paralelo que les otorgaba pese “desdoble funcional del mando”.

Ésto,  en la práctica,  significó una estructura de poder subterráneo, paralelo al formal, a veces incontrolable para sus mismos creadores.

Para muchos de sus integrantes implicaba la posibilidad de cobrar mejor, evadir la rutina del cuartel, sortear las jerarquías militares, y participar de una sensación de poder que hasta fines de la dictadura no pareció tener límites.

Los ascensos rápidos, el temor que inspiraban tanto entre la población civil como en las propias filas de las instituciones armadas, así como el derecho consagrado al “botín de guerra” los convirtieron en los dueños de las calles, de la vida y de la honra y hasta de los hijos de sus conciudadanos,  permitiendo rápidos enriquecimientos.

Por una cuestión elemental de eficacia represiva, las FFAA  disolvieron  y militarizaron a los civiles controlables de la “Triple A” y de otras organizaciones políticas de derecha como la C.N.U. (Concentración Nacionalista Universitaria) de Patricio Fernández Rivero y el C.de O. (Comando de Organización) de Alberto Brito Lima.

Integrados a los “grupos de tareas”, bajo un mando unificado y centralizado por la orgánica militar, quizás convencidos de estar “salvando la Patria” de una amenaza difusa,  serían parte de la fuerza operativa de la represión, y a quienes se les reservaban los trabajos sucios de una ‘guerra sucia’.

En uno de los trabajos más completos y documentados que se conocen sobre la estructura represiva del ‘proceso’, los hermanos Jorge y Federico Mittelbach -militares retirados ambos, provinientes de una tradicional familia del arma de caballería cultora de la ética sanmartiniana-,    han realizado un pormenorizado estudio de la estructura operacional de represión de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar.

En “Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecedores” (BsAs, 2000), los Mittelbach describen lo que han denominado el “sistema nacional de represión” instrumentado por la Junta de Comandantes.

Este sistema estuvo dividido en cinco Comandos de Zona, con responsabilidad de conducción primordial del Ejército. La feudalización del poder durante la dictadura fue tal que, cualquier análisis en profundidad, marcaría diferencias de comportamiento y de proyectos políticos importantes entre sus responsables.

 

El Comando de Zona 1. Gral. Carlos Suárez Mason.

 

El Comando de Zona 1, a cargo del Cuerpo de Ejército 1 con asiento en Capital Federal, tuvo el control de la mayor parte del territorio de las  provincias de Buenos Aires,  La Pampa y la Capital Federal.

A través de uno de sus siete Comandos de Subzona ( el Nº 12) fue quien tuvo jurisdicción sobre la región centrobonaerense que  intenta focalizar este Informe.

El General de División Carlos Guillermo “Pajarito” Suárez Mason comandó la Zona 1 desde enero de 1976 hasta enero de 1979, fecha en que fue reemplazado por el Gral. Div. Leopoldo Fortunato Galtieri.

 

La Subzona 12. Gral. Br. Alfredo Oscar Saint Jean.

 

El Comando de Subzona 12, instalado en la 1ra. Brigada de Caballería Blindada de Tandil. abarcaba los partidos de Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Bolivar, Tapalqué, Gral. Alvear, Saladillo, Roque Pérez, Gral. Belgrano, Chascomús, Magdalena, Castelli, Dolores, Tordillo, Gral. Guido, Maipú, Ayacucho, Tandil, Benito Juárez, Laprida, Gral. Lamadrid, Daireaux, Rauch, Pila, Las Flores, Azul y Olavarría.

En este Comando de Subzona 12 funcionaron no menos de cinco Centros Clandestinos de Detención (CCD),  o Lugares de Reunión de Detenidos (LRD), de acuerdo a la terminología aséptica de la represión. Entre ellos algunos tétricos lugares que veremos aparecer luego en los testimonios de familiares y víctimas directas del terrorismo de Estado, tales como los CCD  ubicados en “Monte Peloni” de Sierras Bayas,  en la Brigada de Cuatrerismo de Las Flores- y en “La Huerta”  de Tandil.

Sus jefes, a la sazón comandantes de la 1ra. Brigada de Caballería Blindada,  fueron los Generales Edmundo René Ojeda hasta diciembre de 1976, y el General Alfredo Oscar Saint Jean -hermano del interventor en la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean-desde entonces.

Los órganos de Inteligencia (G2) con incidencia en los hechos relatados fueron el Destacamento de Inteligencia 101, en La Plata, al mando sucesivo del Cnel.Alejandro Agustín Arias Duval (26 nov 76/ 26 ene 79), el Cnel.Mario Gómez Arenas (26 ene 79/ 31 oct 79), el Cnel Carlos Alberto González (31 oct 79/ 30 set 81) y el Cnl. Pascual Carmelo Tozzi (30 set 81/ dic 83). Y el Destacamento de Inteligencia 102 al mando del Cnl. Rodolfo Guillermo Quintana (30 set’81/ dic‘83).

 

El Area 124, feudo del Tte. Cnel. Verdura

 

Las Jefaturas de Areas, el escalón inferior siguiente en la estructura de la represión ilegal,  tenían el control directo de las operaciones en sus respectivas  jurisdicciones.

Respecto a la responsabilidad de sus Jefes, es importante recordar lo sostenido en el punto 30 del fallo de la Cámara Federal que juzgó a los comandantes.  “Quienes no podían alegar desconocer la existencia de ‘las tumbas’ (CCD) son los comandantes de zonas y subzonas y los jefes de área que de ellos dependían”.

En el mismo sentido, los Mittelbach refuerzan:“Aducir ignorancia revelaría, lo revela, un cinismo intolerable o una icompetencia criminal en el ejercicio del mando”

La correspondiente a Olavarría era la Jefatura de Area 124, comandada desde octubre de 1975 por el Tte. Cnel. Aníbal Ignacio Verdura, en tanto jefe de la Guarnición Olavarría, compuesta por el Regimiento de Caballería de Tanques 2 (RCTan2) y el Escuadrón de Ingenieros Blindados 1 (EIBl1). Permaneció en el puesto hasta fines de 1977 cuando fue ascendido.

En diciembre de ese año fue reemplazado por el Tte. Cnel. Héctor Alberto González Cremer, cordobés, de 44 años entonces.

El encargado de la inteligencia militar en Olavarría específicamente fue, de acuerdo a testimonios y denuncias coincidentes, el Teniente 1º Walter Grosse, alias “El vikingo”, cuya saña y ferocidad en el tratamiento e interrogatorios a los prisioneros dió un sello personal a la barbarie.     

Bajo la autoridad y control operacional del Área 124 funcionaba el ya mencionado CCD instalado en “Monte Peloni”, que más adelante describiremos, y antes que él, cumpliendo la misma función, el propio cuartel militar del RCTan2.

Otros tres CCD completaban, cuando menos,  la infraestructura del Área represiva: la Comisaría y sus dependencias ‘extra-policiales’,  la Brigada de Investigaciones (o Cuatrerismo) de Las Flores, y los conocidos como “La Huerta” y “La Quinta” ( Club “Los cardos”) en la ciudad de Tandil.

Como queda expuesto en la investigación ya mencionada,  las  “fuerzas conjuntas” de cada Comando de Zona comprendían a “elementos orgánicos con responsabilidad operacional directa”, o sea las fuerzas de las tres armas;  y de “elementos orgánicos, propios o asignados bajo control operacional”, las fuerzas de seguridad -Gendarmería y Prefectura-, de las fuerzas policiales y de los servicios penitenciarios.

Capítulo 6

                                                               

EL GOLPE

 

El 24 de marzo de 1976 finalmente se concretó el golpe de Estado.

En un metamensaje excepcional, Rodolfo Terragno, en su revista “Cuestionario”, supo captar la esencia misma de su significado último: especulación financiera y masacre popular.  Sin agregar una línea propia publicó a toda página sendos capítulos de “La Bolsa” de Julian Martel, y de “Los Centuriones” de Jean Larteguy. Para quienes supieran descifrarlo,  el futuro estaba escrito.

La minuciosa preparación les había insumido casi un año de conspiracion constante a los complotados militares, y a sus mandantes civiles.

Martínez de Hoz, su ministro de economía, se preciaba en el apogeo de su poder,  de haber llevado ya a mediados de 1975 los borradores del plan económico para que fuesen aprobados por los generales conspiradores, viajando en un simple subterráneo.

Desde el CEA (Consejo Empresario Argentino) que presidió desde su creación en 1973, Martínez de Hoz nucleó a los representantes de las 30 empresas más poderosas del país. Allí se pergeñó el plan económico que eliminaría 18.000 pymes a través de la especulación y la concentración económica, endeudaría a la Nación y haría retroceder asombrosamente la participación de los trabajadores en el PBI. 

Casildo Herreras, el secretario general de la C.G.T., tomó prudentemente distancia de los hechos. Desde Uruguay, adonde viajó unas horas antes del golpe, afirmó “yo me borré”.

Victorio Calabró, el metalúrgico que gobernaba Buenos Aires desde la renuncia de Bidegain, y hombre de fluídos contactos con los militares golpistas, convencido que el golpe lo mantendría en su puesto,  “hizo bien los deberes” y  entregó el gobierno un día antes del 24.

Meses antes,  desde que el Tte.Gral. Jorge Videla asumiera la conducción del Ejército, se había entablado una tensa espera apostando al deterioro político de la situación. Había que actuar antes de que las elecciones generales de octubre permitieran la descompresión social.

En el estado mayor golpista se planificó el ‘sistema nacional de represión’ que describiéramos, y los detalles menores del asalto al gobierno. El día señalado las órdenes se emitirían a través de la cadena de mando hasta el último rincón del país.

Ya el 3 de marzo -es decir veintiún días antes de la ocupación militar-, se recibieron en la Comisaría de Olavarría dos radiogramas cifrados desde la Jefatura de Policia provincial. Ambos preanunciaban la masacre.

“Disponga alojamiento personal Operativo Halcón a cargo Ttte. Cnel. Salcerini y unidades uso civil. -ordenaba el primero-  Ante posibles hechos se abstendrá dar información distintos medios publicidad su jurisdicción”.

El segundo, de la misma fecha, preanunciaba el método: “Partir presente recepción dispondrá acuartelamiento totalidad personal anulado patrullaje y vigilancia motivo operasu en esa a cargo suscrito”. Los dos  eran firmados por el Jefe de la Policía Bonaerense, Gral. Ramón J. Camps.

Luego del golpe, el 26, el mismo Camps ordena: “Para su conocimiento caso registrarse detenciones elementos subversivos su jurisdicción deberá arbitrar medios para su alojamiento en dependencias extra policiales comunicando  ‘teresaeva’ forma inmediata jefe operaciones instruyendo al personal actuante según boletín reservado”

 

La colaboración civil

 

El golpe de 1976 contó con cierto consenso civil. La población lo imaginaba ingenuamente parecido a las intervenciones militares anteriores y ya no soportaba más del desgobierno de  Isabel Martínez. El historiador Luis A. Romero concluye que “el grueso de la población recibió el golpe con inmenso alivio y muchas expectativas”.

Por eso, el asalto al gobierno municipal se vivió sin mayores sobresaltos. Como en casi todos lados no hubo ningún amago de resistencia, y los administradores políticos del Estado comunal lo entregaron sin chistar. En los pasillos municipales se sabía del golpe, y se lo esperaba con cierta aprensión.

La mayor inquietud en el Palacio San Martín, era quién reemplazaría al Intendente destituído. El Dr. Raúl Pastor había sido un Intendente que durante sus escasos tres años de mandato había emprolijado la administración, saneado las finanzas,  y sabido preservar las libertades públicas.

Los candidatos que sonaban eran dos. Un empresario lácteo, Juan Gualterio Becker, hombre de estrechos lazos militares, quien se anotaba seguro en la carrera;  y el astuto ‘Don Carlos Víctor’, quien pese a haber dirigido Obras Sanitarias bajo el gobierno peronista, había trajinado por debajo y en silencio su futura ubicación bajo el gobierno militar.

‘Don Carlos Víctor’ sorprendió a todos el día que a las seis de la tarde llegó de Buenos Aires en el avión municipal, directo a jurar como Intendente.

Tal vez, de haber imaginado que su futuro político sería borrado en 1983 por la sanción social que cayó sobre los colaboradores de la dictadura, Portarrieu habría ‘desensillado hasta que aclare’, como otras veces.  Sin duda, la ansiedad por completar “su” obra de gobierno en un marco propicio para ejecutivos sin control parlamentario, llevó al astuto desarrollista a  subestimar el olfato político que le había dado el triunfo en otras oportunidades.

Desde el gobierno, y en la creencia que el horror imperante le sería ajeno, ‘Don Carlos Víctor’ se abocó a continuar viejos  proyectos inconclusos, dictados por aquel sueño de una permanente expansión. Sin control del Concejo Deliberante y con algunos buenos contactos entre los usurpadores del poder el futuro se le abría venturoso.

Para legitimar sus obras formó un Consejo Asesor con vecinos reconocidos y, como siempre, se rodeó del apoyo de las instituciones tradiconales de la comunidad como el “Rotary”, la Cámara de  Comercio y la Sociedad Rural.

Enfrascado en su paso a la posteridad, avaló por acción u omisión todas las políticas del “proceso”, justificando en silencio cesantías y persecuciones políticas, prisiones, desapariciones y muertes.

Hubo una autocrítica de ‘Don Carlos Víctor’?

Todo parece indicar que no. El derrotero político hasta su fallecimiento en 1999 pareció seguir el camino sin retorno hacia posiciones cada vez más reaccionarias, al igual que su admirado ex-presidente, Arturo Frondizi.  

Ya jugado en el principal error político de su vida, en 1999, en un reportaje casi póstumo realizado por la periodista Silvana Melo en “El Popular”, seguía reivindicando su propia actuación de entonces y la de los militares del ‘proceso’, considerando que su actuación había evitado a Olavarría “males mayores”.

 

Empresas y sindicatos después del golpe.

 

En el orden nacional el objetivo ‘procesista’ de  doblegar la combatividad del gremialismo no burocrático es un debate cerrado. La mayoría de los cuerpos de delegados y comisiones internas de las principales empresas (Renault, Ford, Propulsora, SAIAR, Peugeot, etc.) fueron exterminadas o presas.

Los abogados de gremios y trabajadores fueron perseguidos y en muchos casos corrieron la misma suerte que sus clientes, o debieron exiliarse.

Avanzados los meses posteriores al golpe, tibiamente comenzaron los primeros asomos de resistencia en los sindicatos locales. Las grandes empresas cementeras y ceramistas recurrieron a un clásico de la época, los supuestos sabotajes a la producción, para deshacerse de comisiones internas y cuerpos de delegados, enviando algunas veces directamente a prisión a delegados y activistas gremiales.

En FABI, la empresa fabricante de envases de papel para la industria cementera, su gerente denunció a la totalidad de la Comisión Interna de la fábrica , quienes fueron detenidos, procesados y presos en la Cárcel de Azul.

En la cantera “La Providencia” de la empresa ceramista “Cerro Negro” echaron al cuerpo de delegados y activistas sindicales al primer planteo reivindicativo , lo mismo sucedió en la otra planta de la misma empresa, en el Parque Industrial de Olavarría.

En la cerámica “LOSA” uno de los dirigentes sindicales más combativos, Omar Iturregui, fue denunciado por la empresa por supuestos sabotajes, detenido y torturado, al igual que Néstor Elisari, otro delegado que permaneció detenido hasta 1982. El resto de los delegados fueron echados y pasaron a engrosar la ‘lista negra’ de quienes no podían ser empleados.

Los empresarios aprovecharon la intimidación ejercida por las FFAA, que se mantenían alertas para aplastar de raíz cualquier conato de resistencia sindical. Todo demanda colectiva, aún la de una simple disminución del ritmo de trabajo o el reclamo por conquistas establecidas en el convenio de la actividad, era respondido con amenazas veladas, al estilo de que “fueran a reunirse con Verdura”.

El revanchismo patronal ante reclamos absolutamente legales se expresaba en respuestas tales como “ahora no me hablés de la ley”. Durante los años de la dictadura el monitoreo militar sobre   los gremios y lugares de trabajo fue permanente.

A comienzos de 1977, la derogación de los convenios colectivos de trabajo en la actividad energética terminaron con un paro de la Federación de Luz y Fuerza. La respuesta inmediata fue la desaparición de Oscar Smith, su Secretario General.

Avanzado el ‘77 los ferroviarios pagaron su tributo al plegarse a huelga general del gremio; varios de los activistas más combativos fueron llevados detenidos a la cárcel de Azul.

La empresa Loma Negra, pionera en la modernización tecnológica y de organización de la producción en la región, aprovechó el clima intimidatorio imperante para comenzar la reconversión que reclamaba Martínez de Hoz. Una política de “tercerización” de distintas secciones recorrió la empresa. Se eliminaron cientos de puestos de trabajo.  La reacción sindical de AOMA fue acallada con la presencia de tropas y un par de blindados en la portada de la fábrica.

Como contrapartida a esta resistencia, otros dirigentes sindicales como D’Amico de la UOCRA, -resucitando la estrategia “vandorista” de convivencia con los golpistas- organizaban suculentos asados con la participación del Teniente Coronel Verdura, el poder real en la ciudad, en la antigua fábrica de chacinados de los hermanos Lambert, en Colón y Urquiza.

 

Acción psicológica sobre la sociedad 

 

Verdura, un entrerriano de entonces 46 años, egresado del Colegio Militar en 1952,  realizó una hábil labor de vinculación social y una intensa acción psicológica hacia los principales líderes comunitarios. Una activa política de colaboración con las instituciones intermedias locales, le granjeó amistades y simpatías entre la dirigencia local.  Con ellos alternativamente utilizaba el adoctrinamiento ‘antisubversivo’, las amenazas veladas  y, si hacía falta, también repartía algunos favores como ‘salvoconductos’ para moverse sin dificultades en el país.

Después de todo él era el verdadero poder en la ciudad. En el poder feudalizado de la dictadura, el Jefe de Área, era el “señor feudal” de la comarca.

Los temerosos representantes de las “fuerzas vivas” locales, en parte terminaban adhiriendo por convicción ideológica,  y en parte por el temor generado por la “amenaza subversiva” que los militares se ocupaban de insuflar constantemente.

Sus excelentes vinculaciones quedaron expuestas en una solicitada publicada en “El Popular” (ver ‘Documento Nº 9’ del ANEXO DOCUMENTAL), donde un caracterizado grupo de vecinos olavarrienses que se definen como “amigos de Verdura” exaltan sus virtudes personales y profesionales, negando validez a las acusaciones que víctimas y familiares hacían en 1984 ante el Senado de la Nación que trataba su pliego de ascenso a general. 

 

Las Iglesias frente a la represión

 

En este tema debiera distinguirse entre el comportamiento institucional de la Iglesia católica durante el período analizado, y el profundo testimonio cristianos de algunos de sus integrantes.

 

Emilio Mignone, en “Iglesia y dictadura” sostiene correctamente que : “El Episcopado argentino realizó una opción puramente política. Se alió con el poder temporal renunciando al testimonio del Evangelio, que exige la denuncia de los crímenes y sus responsables y la asistencia activa de las víctimas, aún con el riesgo de persecución. El Episcopado conocía la verdad y la ocultó para beneficiar al gobierno de las fuerzas armadas. Entre Dios y el César prefirió a este último”

 

En el caso particular de nuestra diócesis, el papel cumplido durante los duros años iniciales del golpe,  por su titular Monseñor Manuel Marengo, fué el de realizar persistentes gestiones privadas para ponerle freno. En el contexto general de silencio frente a las atrocidades, o de  aprobación pública liza y llana en la voz de otros obispos, hay que remarcar que la conducta del obispo de nuestra diócesis impidió mayores crímenes, y  preservó la vida de dos de sus sacerdotes detenidos, Elías Musse y Omar Dinelli.

Musse permaneció varios años detenido en La Plata, y Dinelli -luego de un tiempo de prisión- fue sacado del país y enviado a Roma gracias a sus gestiones.

También el infatigable peregrinaje de los familiares de detenidos- desaparecidos de Olavarría encontró en Marengo una actitud  solidaria y comprometida en favor de la vida.

 

Una anécdota también relatada por Mignone, nos dá una aproximación sobre su  actividad:  “En 1979, si no me equivoco, recibí la visita de una familia que tenía un hijo preso en el Penal de Sierra Chica, en Olavarría, y que era objeto de todo tipo de tormentos. Les aconsejé que fueran a ver al entonces obispo de Azul, Manuel Marengo, en cuya diócesis se encuentra la prisión, y de quien sabía que estaba preocupado por el tema. Marengo les explicó que conocía el problema, por cuanto involucraba a todos los detenidos políticos y había realizado innumerables gestiones sin que la situación mejorara. Me entrevisté -les dijo- con el director de la prisión, con el jefe de la guarnición local, con el director del servicio penitenciario, con el ministro del Interior, con el presidente Videla, pero las torturas siguen. He agotado todas las instancias -agregó- y ya no puedo hacer nada más”

 

Otro sacerdote local, capellán del penal de Sierra Chica durante el período más duro del régimen carcelario, el padre Enrique Violino, al declarar como testigo  en el juicio a las Juntas de Comandantes en 1985, dijo “no recordar” que allí se hubieran violado los derechos humanos de los detenidos.

Como contrapartida un pastor de la Iglesia Evangélica de San Martín y Moreno dedicó gran parte de sus energías al compromiso evangélico de denunciar las injusticias y ayudar a los necesitados. Este hombre singular, de presencia imponente y corazón abierto al sufrimiento,  el pastor Carlos Manuel Reyes, prestó el templo para las reuniones de los familiares y los asesoró junto a Alfredo Pareja en la creación de la primera Comisión de Derechos Humanos de Olavarría en 1978.

Su trabajo le valió amenazas, seguimientos y una gran presión sobre su iglesia para que fuera desplazado del ministerio. 

 

La educación  y la cultura durante el ‘proceso’

 

La docencia, junto a los trabajadores en general y los estudiantes,  fueron los sectores de la sociedad más golpeados por la represión. De acuerdo a los datos manejados por la CONADEP se calcula que alrededor de 600 docentes en todo el país fueron detenidos y desaparecidos.

En la provincia el grupo entero de fundadores del SUTEBA fue cesanteado en sus funciones.  

En sus aspectos funcionales, la escuela -como toda institución vertical- producido el golpe,  pasó de una situación a otra distinta de manera totalmente acrítica.

Las directivas oficiales se reprodujeron en todos los niveles, siguiendo la vía jerárquica, y los contenidos pedagógicos contradictorios,  dejaron de serlo por un simple ‘borrón y cuenta nueva’ donde no se hacía mención al pasado.

En los niveles inferiores y medios, muchos maestros y profesores fueron inhabilitados para ejercer a través de ‘listas negras’ que llegaban a las centralizadas ‘Unidades Administrativas Únicas’,  que reemplazaron a los Consejos Escolares y a las Secretarías de Inspección en la provincia.

En Olavarría, en aplicación de la Ley 8596 (Decreto 1088/79) y a través de sucesivas Resoluciones de la DGE, fueron excluídos de los Registros Oficiales durante el ‘proceso’,  alrededor de 30 docentes.

 (ver ANEXO DOCUMENTAL,  Documento Nº 7 )

 

Pedagógicamente se restauró la visión enciclopedista clásica, con una apabullante acumulación de datos compartimentados y sin contextualizar, donde la historia no tenía vinculación alguna con el presente y los alumnos eran considerados meros receptores pasivos de conocimientos fragmentarios, en aplicación de las teorías ‘conductistas’ en boga.

Reproduciendo el discurso de la Doctrina de Seguridad Nacional algunos profesores sostenían que el gobierno del “Proceso” era un régimen democrático porque existían los tres poderes clásicos: la Junta Militar hacía de Ejecutivo, la Corte de Poder Judicial,  y la Comisión de Asesoramiento Legislativo  era las Cámaras. 

En determinados aspectos se militarizó la vida de las escuelas con formaciones y desfiles cuasi castrenses, y se estableció una disciplina que tomaba a los cuarteles como modelo.

Respecto a la cultura en Argentina desaparecieron durante la dictadura no menos de cien artistas, entre “autores y pintores, músicos y productores cinematográficos, escultores, actores y escenógrafos”, y otros doscientos debieron exiliarse, según el listado publicado por AIDA (Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo) en 1981. 

Durante el ‘proceso’ la censura asumió formas perversas. Desde  la prohibición pública liza y llana de determinadas obras y/o autores -como “El Principito” y la Enciclopedia Salvat-, hasta  represalias posteriores sobre los autores y las editoriales, alimentando la espiral de la autocensura. “Nadie te impide escribir un artículo contra el gobierno -decía el escritor Humberto Constantini- nadie te dice que no lo hagas, excepto tu propio miedo. Porque puede ser que después de la publicación del artículo el autor desaparezca, como le pasó a Rodolfo Walsh”.

Como en “1984”, infinidad de libros figuraron entre los que debían ser incinerados. “La mayor tragedia de nuestra era -sostenía un almirante de vocación inquisidora- son las teorías de Freud, Einstein y Marx”.

 

En abril de 1976, un militar del III Cuerpo, invitó a periodistas cordobeses a presenciar una quema de libros confiscados en distintas librerías. “Incinerar esta documentación perniciosa que afecta al intelecto, a nuestra manera de ser cristiana...y en fin a nuestro más tradicional acerbo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar”.

 

En este contexto muchas obras clásicas de nuestro pensamiento desaparecieron preventivamente de librerías y kioscos olavarrienses, otras fueron borradas de las bibliografías habituales en escuelas y facultades, y muchas otras otras, valiosas, quemadas o destruídas por el instinto de supervivencia en la intimidad de los hogares.

Capítulo 7

LOS DESAPARECIDOS Y LOS MUERTOS

Las desapariciones de personas comenzaron como un rumor lejano. Cosas terribles que habían sucedido en La Plata o en Buenos Aires. A veces precisadas con algún detalle escalofriante, otras rodeadas de noticias falsas, esparcidas a propósito por quienes manipulaban la información con el indisimulado objetivo de convencer a la población que estábamos en medio de una verdadera “guerra” entre ‘nacionales’ y ‘subversivos apátridas’.

Durante los primeros meses las desapariciones sólo se conocieron por los comentarios temerosos de algún familiar o filtraciones hacia la prensa extranjera. Relámpagos vagos de que algo terrible y espantoso estaba sucediendo bajo la superficie aparente de una vida normal.

Bettelheim, en sus vivencias bajo el régimen nazi, describe una metodología propia de los totalitarismos modernos de la que la dictadura no puede evadirse: “ nunca justificaba sus actividades ante el público, no indicaba el motivo de las detenciones en ningún caso ni la duración de las mismas; y ni siquiera informaba a los familiares del detenido sobre si éste seguía con vida. Todo ello tenía por objetivo aumentar el terror por medio del secreto y la incertidumbre”

La regimentación de la prensa, el silenciamiento de muchos periodistas que pagaron con su vida la convicción del derecho a la verdad, nos llegó envuelto en ese clima siniestramente planificado de “noche y niebla” del que los nazis supieron rodear sus primeros años de consolidación en el poder.

Nadie, ni siquiera los pocos que conservaban algún canal de comunicación a través de la escasa prensa clandestina, hojitas sueltas cuya posesión pasaba a ser un tremendo crimen, daban un crédito total a las aberraciones allí detalladas.

Semejante sistematización de la barbarie, en el país que se preciaba de ser el más europeo, el más civilizado de América Latina, parecía -queríamos creer- demasiado terrible para ser cierta.

Encajaba más la propaganda de la dictadura. El discurso oficial de “abatidos en enfrentamientos”, “muertos al resistir la detención”, “prófugos en el exterior”, machacado por los comunicados oficiales, se correspondía funcionalmente mejor -“cerraba” diríamos hoy- con la contrapropaganda a veces criminalmente triunfalista que solía exhibir la oposición armada en un intento de preservar la moral de sus adherentes.

Aquel relato del militante montonero “Nariz” Di Maggio, quizás uno de los únicos fugados de la ESMA que alcanzó a relatar torturas que parecían sacadas de una sórdida película de terror (amputaciones de miembros a prisioneros vivos, quemaduras con sopletes, “vuelos de la muerte” que descargaban prisioneros dopados en el Atlántico), circulaba mecanografiado en cientos de simples cartas enviadas al estilo de las “cadenas postales” para crédulos.

La primera mención pública aparecida en los grandes medios fue la solicitada publicada por la APDH, acompañada de más de 200 firmas, en el diario “La Prensa” del 5 de octubre de 1977. Dirigida a Videla, a la Junta Militar, a las autoridades eclesiásticas y a la Corte Suprema de Justicia, las madres y esposas de desaparecidos preguntaban:

“A quien debemos recurrir para saber la Verdad sobre la suerte corrida por nuestros hijos ? Somos la expresión del dolor de cientos de madres y esposas de desaparecidos. La VERDAD que pedimos es saber si nuestros DESAPARECIDOS ESTAN VIVOS O MUERTOS Y DONDE ESTAN.”

En orden cronológico las primeras desapariciones sucedidas y denunciadas en Olavarría fueron las de dos jóvenes abogados: los Dres. José Alfredo Pareja y Carlos Alberto Moreno.

Pero ya antes de que la represión se abatiera sobre nuestra ciudad, otros olavarrienses habían sufrido un destino análogo en La Plata o Buenos Aires, adonde estudiaban y militaban, o se habían refugiado con sus familias confiando el anonimato de los grandes conglomerados, o simplemente convivían en la misma pensión con alguien buscado por las “fuerzas conjuntas”..

A tal efecto, antes de describir caso por caso siguiendo una estricta cronología, tratando de conectarlos unos con otros a partir de los testimonios existentes, y dejando constancia que el paso del tiempo y el fallecimiento posterior de familiares directos muchas veces nos han impedido una reconstrucción completa, presentamos al lector una nómina que pretende ser completa de los “desaparecidos” y muertos de Olavarría.

“Por qué es que desaparecen....porque no todos somos iguales” (“Desaparecidos”, tema musical de Rubén Blades)

NOMINA DE “DESAPARECIDOS” Y MUERTOS DE OLAVARRIA O CON RESIDENCIA EN LA MISMA

ALVAREZ Jorge Alberto. Estudiante desaparecido en La Plata (13-12-76)

ARTETA de CASSATARO Elba. Contadora Pública desaparecida en La Plata (22-2-77)

BARTOLINI Osvaldo Hernani. Martillero Público desaparecido en Ing. Maschwit (18-3- 76)

BETELOUS Griselda Ester. Psicóloga desaparecida en La Plata (9-3-77)

BERARDI Adolfo José. Contador Público muerto en La Plata ( 76)

BONETO José Roberto. Arquitecto desaparecido en La Plata (1-2-77)

CASSATARO Eduardo Juan. Contador Público desaparecido en La Plata (22-2-77)

CASSATARO Héctor Daniel. Ingeniero químico desaparecido en Bs.As. (6-12-77)

FERNANDEZ Jorge Oscar. Empleado asesinado en Tandil (?) (2-11-77)

FOLINI Graciela Noemí. Empleada desaparecida en Olavarría (16-9-77)

GABELLI de BARTOLINI Susana. Empleada desaparecida en Ing. Maschwit (18-3-76)

GAU de BERARDI María Isabel. Estudiante asesinada en La Plata ( -76)

GUTIERREZ de LEDEZMA Isabel. Empleada desaparecida en Olavarría (14-9-77)

LEDEZMA Juan Carlos. Oficial de Policia Provincial desaparecido en Olavarría (14-9-77)

MACCARINI Alfredo Serafin. Agente penitenciario desaparecido en Olavarría (19-9-77)

MARMOUGET Nicolás. Colaborador laico de la Iglesia desaparecido en Bariloche. (1976)

MOBILI de BONETO Ana María. Psicóloga desaparecida en La Plata (1-2-77)

MORENO Carlos Alberto. Abogado desaparecido en Olavarría (25-3-77)

SANLLORENTI de MASSOLO María Eugenia. Estudiante desaparecida (1-11-76)

PACHANO de NARIO Liliana. Estudiante desaparecida en Mar del Plata (21-4-76)

PAREJA José Alfredo. Abogado desaparecido en Olavarría (12-3-77)

PEREDO María Luisa. Estudiante desaparecida en Capital Federal (10-3-76)

PIROLA Elba Beatriz. Estudiante desaparecida en La Plata (9-10-76)

RAGO María Delia. Estudiante desaparecida en La Plata (1976)

REPETUR Alberto. Estudiante desparecido. ( ?)

RIVELLI Roberto. Estudiante desparecido en La Plata (9-10-76)

STIRNEMANN Mario. Comerciante asesinado en Temperley (3-11-1975)

TOLEDO Jorge. Contador Público suicidado en Carcel de Caseros (29-7-82)

VILLERES Rubén. Tornero desparecido en Olavarría (16-9-77)

Las personas desaparecidas y muertas

Mario Alfredo Stirneman (1-1-75)

(Nº CONADEP 8091, Declaración Nº 4336)

Mario A. Stirneman era hijo de una amplia familia que se estableció en Olavarría desde los tiempos de la lucha contra la plaga de langostas que asolaron la provincia de Buenos Aires en los años cincuenta.

Su padre se afincó en Saavedra y Alvaro Barros, detrás de la vía, y muy cerca de su trabajo, la estación del Ministerio de Asuntos Agrarios.

Mario y sus hermanos abrazaron la causa peronista desde jóvenes. Orlando, radicado en Río Gallegos, militó en la ‘resistencia’ peronista y luego en las FAP, siendo detenido después de la fallida experiencia insurgente de Taco Ralo en 1964. Más tarde, en 1973, sería electo Diputado Provincial por el FREJULI.

En Olavarría Mario apareció confusamente involucrado en un suceso que conmocionó la tranquilidad pueblerina: el secuestro del gerente de la empresa “Loma Negra” Bernardo Miretzki, en 1973.

Luego de este episodio, donde otras personas fueron arrestadas, Mario se profuga de Olavarría, y sus pasos posteriores recién pudieron conocerse mucho más tarde gracias a la investigación realizada por sus hijas.

“En julio de 1994, María Laura Stirnemann, de 25 años de edad, se acercó a las oficinas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) buscando información sobre su padre, quien había desaparecido. María Laura había vivido en Francia desde que su madre había tenido que dejar el país durante la dictadura militar”.

“Mario Alfredo Stirnemann, el papá de María Laura, tenía 26 años cuando fue secuestrado el 3 de noviembre de 1975 en la calle, cuando caminaba al trabajo, en el barrio de Temperley, en la Provincia de Buenos Aires. Sus parientes denunciaron el caso a varias agencias pidiendo su liberación, o información sobre qué le había pasado, sin ningún resultado. Años más tarde, su hija María Laura, comenzó a investigar qué le había pasado a su padre.”

“En el Registro Nacional encontró su certificado de defunción con la fecha 18 de noviembre de 1975. Supuestamente había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. (Los diarios de la época registraron este supuesto “enfrentamiento” como el abatimiento de Carlos Rodolfo Luidwid, un miembro del ERP). Luego de ésto, María Laura fue al cementerio municipal de Lomas de Zamora, donde encontró el nombre de su padre en los registros. Estaba enterrado en el Sector 37, Letra Q, tumba 43. En su tumba, de acuerdo al registro, también estaba enterrada otra persona con el nombre “N. Ledesma”. No había más información sobre esta persona. Los empleados del cementerio pensaban que podría ser un bebé recién nacido. De acuerdo al registro, el cuerpo de Mario Alfredo Stirnemann todavía estaba enterrado. Como el cuerpo había sido traído por la policía de la provincia de Buenos Aires, el administrador del cementerio le informó a María Laura que necesitaba una orden judicial para su exhumación.”

“Como parte de su investigación, María Laura también buscó información sobre el caso de su padre en los registros penales de Lomas de Zamora en la oficina de la justicia Federal en La Plata, sin resultados. A fines de julio, la Dra. Silvia S. González, la jueza que presidía sobre el caso 47.082, denominado “Stirnemann María Laura Sobre Disposición” en el Juzgado Criminal y Comercial Nº11 de Lomas de Zamora, llamó a los miembros del EAAF para que actuaran como peritos en la exhumación y análisis de los restos que habían sido descubiertos en esa tumba. El 26 de julio de 1994, dos esqueletos fueron exhumados de la tumba. Fue posible establecer que uno de los esqueletos era el de un feto, llamado por el Registro “N. Ledesma”. El otro esqueleto era el de Alfredo Mario Stirnemann. Su identidad fue determinada a través de la comparación de sus restos óseos con información sobre sus rasgos físicos, tales como su registro dental”.

“Stirnemann había sufrido lesiones causadas por 5 proyectiles de armas de fuego, de los cuales solamente uno, cercano a la pelvis, fue recobrado. Su cráneo había sido destrozado por el impacto de una bala, esta herida seguramente causó su muerte. Una semana más tarde María Laura y su familiar llevaron los restos óseos de Mario Alfredo a Olavarría, su ciudad natal.”

Esta reconstrucción está minuciosamente relatada en la obra escrita por la asociación H.I.J.O.S. titulada “Ni el flaco perdón de Dios”; y en un reportaje realizado a María Laura y Silvana Stirnemann por el diario “El Popular” de Olavarría del 14 de agosto de 1994, titulado “Las pruebas de la muerte, las deudas de la vida” realizado por el periodista Daniel Puertas.

La investigación realizada por las hijas, estudiantes de Arqueología y Sociología en Francia, demuestra que Mario Alfredo fue secuestrado quince días antes de la noticia pública de su muerte, y hay testimonios de su paso por el CCD “Puente 12” en las cercanías de Ezeiza.

Nicolás Marmouget (...1976 ?)

Nicolás Marmouget fue un olavarriense nacido en la localidad de Espigas. En sus años de estudiante en la Capital comenzó a trabajar socialmente con el asesinado padre Carlos Mugica en la Villa 31.

No ha sido posible encontrar mayores precisiones sobre sus pasos posteriores. De acuerdo a los escasos datos reunidos por su hermana - residente en Los Angeles (EEUU)- al regresar a Argentina en 1998 para investigar sobre lo sucedido con Nicolás, su hermano habría resultado herido en un brazo el día del atentado contra Mugica.

A partir de allí la información recogida es muy vaga, siendo las únicas referencias que Nicolás debió abandonar Buenos Aires ante el riesgo cierto que corría su vida y que la Iglesia -siempre de acuerdo a este testimonio-, lo habría protegido llevándolo a la diócesis de Neuquén o Río Negro. En San Carlos de Bariloche habría trabajado un tiempo como mozo en una confitería.

Su rastro final se pierde el día en que Nicolás se presentó a tramitar su pasaporte en la delegación de la Policía Federal con intención de viajar fuera de Argentina.

Por indicación de la APDH de Neuquén, en 1998 su hermana revisó los archivos de la necrópolis de esa ciudad, encontrando cuerpo de Nicolás enterrado como “NN”.

Osvaldo Ernani Bartolini y Susana Rita Gabelli (18-3-76)

(Nº CONADEP 5765, Declaración Nº 1968, Expte. 068 01969; Nº CONADEP 6679, Declaración Nº 1969, respectivamente)

En estricto rigor, Osvaldo Bartolini y Susana Gabelli habían nacido en Bahía Blanca y fueron secuestrados en Ingeniero Maschwit.

Su ligazón a la memoria olavarriense está dada tanto por su madre, la legendaria “Abuela” Bartolini, antigua militante peronista y firme militante de los derechos humanos que vivía en Hinojo (localidad de Olavarría), como por su joven nieta e hija de la pareja que -registrada como NN femenina- fue hallada en un Hogar de menores después de meses de desesperada búsqueda por su abuela.

Los abuelos y Evita, únicos sobrevivientes de la hecatombe familiar, se instalaron en Hinojo, buscando la paz del pequeño pueblo olavarriense.

Osvaldo era martillero y Susana empleada del H. Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Ambos tenían 33 años al momento de su secuestro y los dos eran militantes de la “Jotapé” bahiense.

En 1975, durante el gobierno de Isabel Perón y López Rega, comenzaron a sufrir persecuciones. “Intentaron poner una bomba y se equivocaron poniéndola en la casa de al lado. Después detienen a mi tío y a mi tía, y a los tres días los largan, y una noche el Comando Radioelécrico llama a la casa de mi abuela y tienen que salir mis tíos y mi abuelo saltando paredones. (...) después matan a una amiga de mi mamá, llevándola al Matadero. Matan también a otro compañero de ellos militante Ahí nos fuímos a Buenos Aires”

Seis días antes del golpe de Estado, el 18 de marzo, un grupo comando a cara descubierta y que se movilizaba en dos autos, asaltó la quinta donde estaba la familia Bartolini y se los llevaron con destino desconocido.

En el jardín de la quinta queda abandonada Evita, su hija de sólo cuatro años.

Una semana después aparece un Ford Falcon quemado y abandonado en Tortuguitas, dentro los cadáveres acribillados de cinco personas, cuatro hombres y una mujer.

En sus recuerdos Eva no puede evitar asociarlo: “quedé sola y me fuí a la casa de una amiguita vecina para pasar la noche. El hijo mayor del matrimonio me acompaña al centro para avisar a la abuela. Después de una semana me internan en el Hogar Delpino. Al tiempo me encuentra mi abuela. Mi abuela estaba viviendo en Hinojo (...) le dicen que estaba in

ternada en un Hogar y me empieza a buscar”.

“Mi abuela me dejá acá ( en Hinojo) vuelve a Buenos Aires y se instala en la casa, completamente desvalijada (...) La casa se encuentra en el partido de Tres de Febrero, calle San Jerónimo 169 de Martín Coronado (...) hasta el día de la fecha no se pudo recuperar”.

Se realizaron denuncias y se presentó un Habeas Corpus. “Mi abuela llegó a estar con  Videla en una reunión con  padres de desaparecidos y le preguntó dónde estaban los hijos? Videla le respondió: qué quieren, porqué no se preocuparon antes por sus hijos?” 

En 1984, fallecido el abuelo, le notifican a Eva que su papá estaba enterrado en el cementerio de Campana, “pero de mi mamá no se sabe nada”.

Osvaldo y Susana contaban con 32 años de edad al momento de su detención y desaparición.

 

María Luisa Peredo (10-3-76)

(Nº CONADEP 3941, Declaración Nº 2104)

Nacida  en Olavarría en 1950, fue secuestrada en Capital Federal mientras estudiaba, el 10-3-76, en ese momento María Luisa contaba con 26 años. No se cuentan con testimonios de su paso por algún CCD.

 

Liliana Graciela Pachano de Nario (21-4-76)

(Nº CONADEP 3780)

Liliana Pachano, hija del propietario del almacén de ramos generales de Blanca Grande, había nacido en Olavarría el 22 de agosto de 1953.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº17 y el secundario en la Escuela Normal, mientras vivía con sus abuelos en calle Lavalle.

Luego comenzó a estudiar Arquitectura en la Universidad Nacional de Mar del Plata, mientras trabajaba en una fábrica textil. Era militante de la JUP en dicha facultad.

Fue secuestrada en Mar del Plata, permanece desaparecida desde  el 21 de abril de 1976, no existiendo testimonios de su paso por algún CCD.

 

Roberto Rivelli y Elba Beatríz Pirola (9-10-76)

(Nº CONADEP 4352 y 4049, respectivamente)

Elba Beatríz Pirola nació en Olavarría el 2 de octubre de 1951, haciendo sus estudios primarios en la Escuela Nº8, y la secundaria en la Escuela Normal Nº1. Estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en el IOMA platense.

Su esposo Roberto Abel Rivelli había nacido en La Plata el 18 de noviembre de 1951, y hecho la escuela primaria en la  Nacional Nº42, y la secundaria en el Colegio Nacional José Hernández. También estudiaba Arquitectura en la UNLP, y trabajaba en la Dirección de Hipódromos de La Plata.

Los esposos Rivelli-Pirola desaparecieron de su domicilio en calle 39, entre 6 y 7, el 9 de octubre de 1976, estando a cargo de la zona el Regimiento Nº7 de Infantería y la Comisaría 2º de La Plata. Ambos tenían 25 años.   

 

María Eugenia Sanllorenti de Massolo (1º-12-76)

(Nº CONADEP 4675)

Nacida en la ciudad de La Plata el 22 de noviembre de 1953, su familia se trasladó a Tandil, donde realizó sus estudios primarios en la Escuela Nº1 Gral. Belgrano, y el secundario en la Escuela Normal Mixta Gral. San Martín, y el Profesorado de Bellas Artes.

En La Plata comenzó la carrera de Arquitectura en la UNLP, siendo secretaria de la Juventud Universitaria Peronista de esa facultad mientras cursaba el 4º año.

Estaba casada con Carlos Massolo de Olavarría, con quien tuvo un hijo, Manuel (hoy de 25 años).

Fue secuestrada en La Plata el 1º de diciembre de 1976, cuando tenía 23 años, mientras hacía las compras, alrededor de las 5 de la tarde. Manuel que había quedado en su casa, tenía sólo 16 días.

La autoridad militar a cargo de la zona era el BIM III.

Su madre, Eva Fanjul, continúa viviendo en Tandil, e integra actualmente la Comisión por la Memoria de aquella ciudad.

 

Adolfo José Berardi y María Isabel Gau de Berardi (22-11-76)

El matrimonio Berardi-Gau fueron asesinados en su casa de La Plata el 22 de noviembre de 1976 en horas de la madrugada.

Su pequeño hijo -Nicolás- fue secuestrado por los ejecutores, y sus abuelos maternos recién lograron recuperarlo tres semanas después. Estaba en manos de un matrimonio de policías junto a sus juguetes, su ropita y su cuna original.

Marisa estaba embarazada de nueve meses, apenas faltaba una semana para que naciera su segundo hijo, y los diversos testimonios hacen presuponer que el bebé no llegó a nacer, ya que sus sepultureros en La Plata confiaron a los abuelos que cuando los enterraron, “no podían cerrar el féretro porque su panza estaba  hinchada”

Adolfo “Chingo” Berardi trabajaba en la Legislatura bonaerense y estudiaba Historia, María Isabel -Marisa- repartía su tiempo entre sus hijos, el hogar,  y el profesorado de Biología.

Ambos provenían de conocidas familias de Olavarría. El padre de María Isabel era un reconocido médico y docente local, y el de Adolfo un alto empleado municipal.

“Marisa y Chingo se conocieron a los 15 o 16 años cuando empezaron a ser novios. Marisa iba al secundario en la Escuela Normal y Chingo al Instituto José Manuel Estrada, en el Barrio San Vicente. Durante estos años practicaban deportes como pelota al cesto, básquet, fútbol..., como otros chicos. Los dos tenían una forma de ser alegre y de buen carácter, pero ante cualquier discusión que se planteara defendían sus posiciones apasionadamente” - relata Liliana, su hermana, que debió exiliarse en México durante la dictadura.

“Cuando en 1971 van a estudiar a La Plata, Marisa elige el profesorado de Biología y Chingo Ciencias Económicas. Además de estudiar comenzaron a interesarse por los problemas universitarios y los del país, y es así que ingresan a formar parte de una agrupación estudiantil independiente (la Liga de Estudiantes Socialistas).

“En 1972 la dictadura de Lanusse estaba terminando. Los fusilamientos de Trelew y la vuelta de Perón a la Argentina fueron hechos que los marcaron al igual que a muchos jóvenes de esa época.”

“En el ‘73 con el triunfo de Cámpora y el peronismo, Marisa y Chingo, los chicos, junto con la agrupación en la que militaban tienen acercamientos con la Juventud Peronista, asistiendo con ellos a las marchas de la segunda vuelta de Perón (masacre de Ezeiza) y del 1º de mayo del ‘74 en Plaza de Mayo. En ese mismo año se casaron en La Plata”.   

“A mediados del ‘74 la agrupación estudiantil se disuelve; los tiempos apuraban el compromiso y como miles que buscaban caminos, interpretaron que más allá de algunas diferencias, la Juventud Peronista les brindaba uno con mayor alcance nacional. Sabían que esos eran días decisivos  para concretar los justos ideales que perseguían. Así, empiezan a trabajar el barrio con la Jotapé. En julio de 1975 nace su hijo Nicolás y un tiempo más tarde se mudan a vivir al barrio, y allí se integran participando  de las distintas reivindicaciones dentro de un proyecto político más amplio por un país más justo”.

“Con López Rega y la Triple A ya la vida en La Plata no era tranquila, pero en 1976 con el golpe militar todo se complicaba cada vez más. Ellos sabían a qué riesgos se exponían con lo que hacían pero, aunque no llegaron a vislumbrar las dimensiones de la criminalidad del terror impuesto por el Estado, mantuvieron hasta el final sus convicciones”

“Marisa, embarazada de nueve meses, estaba en su casa junto a Chingo y su hijito de un año y medio cuando fueron asesinados por fuerzas de seguridad en la madrugada del 22 de noviembre, donde se montaron simulacros de enfrentamientos ocultando los cuerpos y secuestrando al nene. Este fue raptado por la policía y veinte días después tuvo que ser entregado a los abuelos, quienes reclamaban desde que se enteraron de lo sucedido a tres días del hecho”

Nicolás, su hijo, en una carta dedicada a sus padres y la hermana o hermano que nunca conocerá , hoy recuerda: “He recurrido a la historia para poder encontrar la identidad negada, tratando de explicarme el porqué del vacío, y puedo sonreír viendo como el sufrimiento se comienza a esfumar sabiendo que mis viejos eligieron el camino de la realización utópica que consideraron correcto.

“Así que todo aquello que puedo describir de ellos es la reconstrucción del esfuerzo de mi familia por elaborar alguna respuesta a las preguntas que en la vida de todo chico en la niñez se tornan inevitables. Mi agradecimiento hacia ellos es infinito al igual que mi amor”

“Pero el camino se ha tornado en una búsqueda personal de todo aquello que me arrebataron por el simple hecho de tener una percepción del mundo tan sutil y tan bella que algunos pensaron peligrosa. Porque ahí reside el verdadero secreto de mis viejos al igual que los padres, madres, hermanos, hermanas:  afectos solidarios para una  lucha que injustamente le declararon, por que lo he sentido en cada día de la construcción de mis recuerdos, por que es la presencia más hermosa que me han dejado, saber que planearon tener dos hijos ante la adversidad total de la vida. Por que primero vivieron y luego murieron”   

 

María Delia Rago (....1976)

 

NO SE ENCONTRARON FAMILIARES NI REGISTROS.

 

Alberto Repetur (....?)

 

NO SE ENCONTRARON FAMILIARES NI REGISTROS.

 

Jorge Alberto Alvarez (13-12-76)

(Nº CONADEP 5682, Declaración Nº 45)

Jorge Alvarez era nacido en Cacharí (partido de Azul) el 4 de septiembre de 1952. Primer hijo de una familia afincada en el por entonces flamante barrio CECO, casi en las afueras de Olavarría, su padre era viajante de la empresa “Canale” en la región.

Jorge hizo sus estudios primarios en la Escuela Nº 27 de Cacharí, así como los secundarios en la Escuela Comercial de Caharí, e inició Ingeniería en la UNCPBA. Luego de hacer el servicio militar obligatorio en el regimiento local,  finalmente se marchó a estudiar Arquitectura en La Plata, donde cursaba el 2º año de Arquitectura, mientras trabajaba en una tintorería de aquella ciudad.

Su simpatías por el peronismo lo convirtieron en un activo militante de la JUP en dicha facultad, y después, contemporáneamente a su desaparición,  era uno de los miembros de la Junta Promotora del “Partido Peronista Auténtico” de la capital bonaerense.

Fue detenido y desaparecido en la vía pública, en La Plata,  el 12 de diciembre de 1976, cuando contaba con 24 años. No se encontraron testimonios de su paso por algún CCD.

 

 José Roberto Boneto Gandolfo y Ana María Móbili de Boneto (1-2-77) 

(Nº CONADEP 610, Declaración Nº02760, y Nº CONADEP 3379, Declaración Nº 02759, respectivamente)

Esta pareja de olavarrienses, él estudiante de arquitectura y ella psicóloga, fueron activos militantes del peronismo universitario en La Plata, y después en Olavarría. El “Beltra” Boneto, de 33 años, y su esposa Ana María, italiana de 34, fueron  secuestrados de su domicilio en la capital provincial el 1º de febrero de 1977.

Roberto y Ana María tenían dos hijos, Martín (27) y Ana Julia  nacida en 1976, que hoy viven con sus tíos en Olavarría.

Nacido en una familia tradicionalmente ligada a la construcción en Olavarría, el “Beltra” fue compañero de andanzas desde la infancia de Mario“El flaco” Tellez, y juntos se acercaron al peronismo militante.

Luego del secundario estudió en la universidad platense, donde fue uno de los fundadores de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN) en 1967, y luego de su escisión, FAEP (Frente Agrupaciones Eva Perón).

De regreso a Olavarría se incorporó plenamente a la política local a través de la Juventud Peronista, formando parte de su conducción. En su profesion desplegó una importante labor liderando técnica y políticamente las denominadas tareas de “Reconstrucción Nacional” emprendidas por el gobierno peronista nacional.

Por su formación y capacidad formó parte del Consejo de la Jotapé hasta su mudanza y muerte en  La Plata.

Según los testimonios obrantes en la CONADEP, el “Barba” o “Beltra”, y su esposa Ana María fueron vistos, heridos,  sucesivamente en el “Pozo de Arana” (también llamado “Puesto Zorzal” o “El campito”), en el “Pozo de Banfield” y en la Comisaría 5º de La Plata. (Testimonio CONADEP Nº 25031 y 9002 

 

Eduardo Juan  Cassataro y Elba Zulema Arteta de Cassataro (22-2-77)  (Nº CONADEP 990, Declaración 04150,  y Nº CONADEP 342, Declaración Nº 06915, respectivamente)

Los esposos Eduardo Juan Cassataro y Elba Zulema Arteta, ambos contadores públicos nacionales, vivían al momento de su secuestro en la Calle 12 Nº 300 1º Piso Departamento “C” de La Plata. Eduardo tenía 26 años y Elba 27.

El padre de Eduardo era el Gerente del Banco Nación Sucursal Olavarría, ocupando una destacada posición en la comunidad local. Antes había cumplido funciones similares en otros puntos de la provincia, por lo que sus hijos Eduardo y Héctor (ambos desparecidos junto a sus respectivas esposas)  eran nacido en Cnel. Pringles.

Eduardo completó sus estudios primarios en la Escuela Nº1 de Cnel. Pringles y la secundaria en el Colegio Nacional Gral. Belgrano. Luego de su paso por Ciencias Económicas, Eduardo trabajaba el Colegio Farmacéutico de la Provincia y tenía un Estudio contable junto a su esposa.  

Elba, por su parte, era nacida en La Plata el 27 de febrero de 1950, trabajando con su esposo en el estudio contable.

Alrededor de las 10 hs. de la mañana del 22 de febrero de 1977, unas cuatro personas que se identificaron como de las “fuerzas conjuntas” ocuparon el departamento, rompiendo la cerradura,  y allí los esperaron  hasta las 21,15 hs. cuando el matrimonio Cassataro regresaron del trabajo. En ese momento fueron reducidos con violencia y llevados con destino desconocido.

Según testimonios de vecinos, desde el teléfono de la dueña del departamento (familia Bassi), los ocupantes pidieron “un automóvil, se identificaron ante sus superiores como ‘área....tal”, dieron una letra o algo similar, luego llegó un Peugeot blanco”.

Los captores se manifestaron contrariados con quienes habían hecho la inteligencia previa porque habían sido enviados a “buscar estudiantes, y se encontraban con un matrimonio..”.

El clima represivo imperante en la capital puede inferirse de esta anécdota relatada a los familiares por los propios vecinos:  “El vecino que vivía enfrente del departamento invadido, un contador que formaba parte de la línea del Dr. Alfonsín, fue tenido boca abajo durante dos horas mientras revisaban su casa, y uno de ellos averiguó ante sus superiores ‘si estaba en la lista’. ‘Por ahora te salvaste’, le informaron ‘y cuidado con avisar’

Enterada su familia en Olavarría, realizaron denuncias y averiguaciones de distinto tipo a todo nivel. Efectuaron la denuncia ante la Comisaría 2º de La Plata - a sólo dos cuadras del domicilio-, un Recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Federal de La Plata (Expte. 18.669), denuncia ante el Ministerio del Interior (Expte. Nº 207.570/77), se dirigieron ante el Presidente de facto Videla, la Junta Militar, los Comandantes, la Policía Provincial, la Policía Federal, el Episcopado, la Nunciatura Apostólica, la Cruz Roja Internacional, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, OEA) Caso Nº 4774, Naciones Unidas (Caso G/SO 215/1 ARGEN), SS Juan Pablo II, Embajadas de Italia y España, etc., siempre con resultado negativo.

El sacerdote Antonio Luis Astolfi, de la Iglesia San Benjamín, en el barrio de Los Hornos, donde Elba pertenecía a la Cofradía de San Benjamín desde su adolescencia,  aseguró en los días posteriores al secuestro había visto el nombre del matrimonio en una lista en el Regimiento 7. Luego lo negó, aduciendo haberse confundido. El padre Astolfi es hoy el Capellán de la 10º Brigada.

Un comerciante de Olavarría, Héctor Pafumi, afirmó durante mucho tiempo conocer el paradero de los cuatro desaparecidos hijos de Juan Cassataro. “La última información fue poco tiempo antes de Malvinas. Me llamó de Olavarría a Mar del Plata para decirme que los dos hermanos se verían por primera vez, por haber sido enviados al mismo lugar en la Patagonia. Hace aproximadamente un mes y medio o dos meses le solicité el nombre del militar, integrante del equipo del Bienestar Social de la Nación, que tenía a cargo la distribución de mantas, medicamentos, etc. a los centros donde se encontraban los desaparecidos. Se negó a proporcionarme el nombre de dicho militar por tratarse de un hombre de aproximadamente 70 años” 

Un colaborador civil de la policía provincial en La Plata, apellidado Luna, confirmó a la familia Arteta que los esposos “fueron llevados al Destacamento de Arana durante 15 días, luego a la Calle 55 entre 13 y 14 en La Plata; Elba Zulema a la 5ta. -Diagonal 74 e/ 65 y 66- hasta el 15’16 de abril. Supuestamente fue vista en Puente 12 y a posteriori en Tolosa. Un Sargento de la Policía, de apellido Patraul que vive en Arana trajo carta de Elba y llevó ropa”.

“Eduardo fue  trasladado a Magdalena y luego a la Comisaría 9º”.

 

Griselda Esther Betelous Sannutto(9-3-77)

(Nº CONADEP 5840, Declaración Nº 06391)

Griselda Betelous, psicóloga y empleada de la DGI, de 30 años de edad, embarazada, desapareció junto a su compañero del Barrio FOECyT de City Bell,  el 9 de marzo del ‘77. Su casa fue atacada por un grupo comando, saqueada y luego incendiada.

A ambos  se los llevaron y jamás su familia pudo obtener dato alguno sobre su destino. Tampoco sobre su nieto o nieta, si sobrevivió. 

“En el ámbito familiar de ésto no se habla,  no sé si porque es doloroso -recuerda su hermana mayor Hilda ante la Comisión- . Pienso que nadie la puede encasillar porque no fue juzgada y depende de la opinión de cada uno. Ella no tuvo la oportunidad de defenderse ni de acusarla”

“Nació en Bolivar, somos cuatro hermanos, los dos primeros más seguidos y los otros separados por 8 y 7 años. Con mi hermana me separan 15 años, por eso no estuvimos cerca una de la otra”.

“Después se viene a Olavarría, hace la primaria en la Escuela 17, la secundaria la hizo acá (...) Calculando ahora tendría 53 años. Sé que era compañera de María Irene Blanco (...)”

“La vida que llevó...les  puedo contar de lo de las vacaciones, le gustaba el deporte...Los otros días me dieron una fotografía antigua que salió en ‘El Popular’ el 17-9-77. Mi hermana era la mascota”

“Estudió en La Plata y se quedó a vivir, y aquí tenía ofertas de trabajo porque entonces no había psicóloga clínica. Ella decía que no había estudiado para ganar plata, debía ser por vocación de servicio” 

“Ella estaba recibida y trabajaba en la Sección Cómputos de la DGI, no ejercía como psicóloga ( ...) Tengo un recuerdo de haberla acompañado a barrios marginales. Lo que me parece es que ella amparaba a mucha gente que iba a la casa, gente que no tenía trabajo, marginados (...) El compañero de ella había estudiado Contador y el trabajo que hacía era llevar los libros de algunos lugares”

“Cuando se la llevan, ella tenía unos 30 años (...)

“Fue en el ‘77, no sé cuál fue el operativo, ví los recortes de diarios de La Plata, intervino el 701 de City Bell, pero no era coincidente la información en los diarios, no sé si registraban los hechos los bomberos, porque la casa se estaba incendiando”

“Después del operativo fuímos a la policía, pero era aterrador: las ventanas blindadas con hierro, era una fortificación. Entonces hicimos la denuncia que había desaparecido. Ellos aparentaban que le tomaban los datos, pero después no había nada.”

“Yo en Abuelas de Plaza de Mayo hice la denuncia y me preguntaban si sabía algo de Gau. Mi hermana estaba embarazada de tres meses y nos han sacado muestras de sangre que están en la base de datos”.

“Del compañero no sabemos nada. Los vecinos ni te hablaban. Ellos vivían en el Barrio FOECyT Casa CH 11. Cuando fuí con una tía, no nos quería hablar nadie. El frente estaba destruído y dicen que después que pasó todo, llegaron los camiones del Ejército, los pusieron de culata y cargaron todo, es lo que llamaban el ‘botín de guerra’”

“Pensé que a lo sumo la podían poner presa. Le quise preservar el trabajo y la casa. Cuando fuí a La Plata me presenté a la DGI con una carta diciendo que no concurría al trabajo no porque no quisiera, sino porque había un operativo, para que no dijeran que ella había hecho abandono del trabajo. Abrieron un expediente al que no le podían dar solución, con tantos años necesitaban saber qué pasaba con mi hermana, querían que dijera que había muerto”

“También me presente al Banco Hipotecario y los sorprendí porque dije que venía a pagar la cuota y me la cobraron. Pero después no llegaron más papeles para pagar la casa. Yo quería pagar a pesar del deterioro , y por intermedio del abogado dijimos que su mamá se iba a hacer cargo hasta que volviera. Terminaron contestando que se le denegaba  el derecho a hacerse cargo de la casa. Ha ido pasando por distintas manos y ahora el abogado Fioroni está viendo si la recupera. Por orden del Ejecutivo nos fue denegado el derecho (...)”

“Mi mamá tiene ahora  82 años, yo diría que daba signos de que la esperaba cuando la entrada de la democracia, pero hasta ahí. Es algo que no está bien cerrado”

No se encontraron registros de su paso por algún CCD. 

    

José Alfredo Pareja Galbiatti (12-2-77)

(Nº CONADEP 3839)

El joven abogado José Alfredo “Pepe” Pareja, de 26 años entonces, que permanece aún desaparecido desde su secuestro en 1977,  era por rama materna hijo de una tradicional familia olavarriense, los Galbiatti, y de Alfredo Pareja, un emprendedor ecuatoriano que arraigó en Olavarría, donde  deleitaba a su círculo de amigos con una excelente formación cultural, fruto de su pasión por la lectura y su oficio de editor,  y sus dotes de tenor y organista oficial de la Iglesia principal.

Su hijo José, recibido de abogado en la Universidad de La Plata,  había cumplido con la prórroga otorgada para hacer el servicio  militar obligatorio en el Regimiento “Simón Bolivar” con asiento en Toay (La Pampa) en enero de 1977,  y acababa de regresar a Olavarría para abrir su estudio.

Menos de dos meses después, el 12 de febrero alrededor de las 23,30 hs., cuando  se desplazaba en el automóvil de su padre,  un Chevrolet 400 del ‘74, fue interceptado en la vía pública por el “grupo de tareas”  que lo secuestró. El automóvil apareció al día siguiente abandonado con señales de haber sido embestido y de forcejeos en su interior en la estación rural de Pourtalé.   

Esa noche José casualmente venía de una cena en casa de su hermana, compartida con dos oficiales del Ejército vecinos del edificio, los tenientes Julio César Tula y Jorge Horacio Leites,  con quienes había discutido sobre la actualidad política. Antes de salir el Dr. Pareja, de acuerdo a los testimonios obrantes, el teniente Leites hizo una llamada telefónica.

La primera desaparición de Olavarría fue informada por “El Popular” con la importancia que el crímen merecía: “SIN RASTROS, DESAPARECIO UN JOVEN ABOGADO LOCAL” tituló a tres columnas, y en la bajada decía “Hallaron abandonado el auto que guiaba”. El matutino relataba que “Fueron infructuosas las gestiones realizadas durante toda la jornada de ayer para establecer el paradero o lograr algún indicio al respecto, del joven abogado local José Afredo Pareja (...) Las fuerzas de seguridad desconocían en absoluto todo cuanto pudiera relacionarse con él, lo que aparentemente descarta cualquier procedimiento oficial”.

Después de repasar minuciosamente los últimos momentos en que se había visto a la víctima,  los pormenores de su secuestro, y las señales de lucha que presentaba el auto abandonado, “El Popular” abundaba en el impacto social de la desaparición de José. “La desaprición del joven, por su propia vinculación y especialmente por la de sus padres , vecinos ampliamente estimados en el mundo social, cultural y comercial de Olavarría, tuvo amplia difusión en nuestra ciudad en el día de ayer”. 

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) un testimonio brindado por un ex-soldado conscripto que se encontraba de guardia esa noche aseguró que el joven profesional “ingresó al cuartel de Olavarría encapuchado” poco después de su desaparición. Esa misma noche el oficial de guardia en el regimiento era el oficial Tula.

Posteriormente, una exiliada (Patricia Pérez Catán) aseguró a la CONADEP desde Ginebra en 1981,  haberlo visto hasta junio de 1977 en el campo clandestino de detención de “La Cacha” (La Plata) donde ella estuvo recluída, mes en que el Dr. Pareja fue “trasladado” con destino desconocido.

Su caso está registrado en los testimonios brindados ante la CONADEP Nº 02279, 01830, 6670 y 9001.

 

 Carlos Alfredo Moreno (29-4-77) 

Carlos Alberto Moreno, “el Negro” para todos, quedó en la memoria de muchos de los que lo conocieron con una imagen imborrable. Para algunos, era el “buen tipo”, uno que se hizo desde abajo; mujeriego, desprolijo, simpático. Decidido a ser abogado a toda costa y que lograba conjugar como pocos sus estudios con la militancia política en la JUP (Juventud Universitaria Peronista).

Para sus hijos (Matías tenía un año y nueve meses cuando fue secuestrado y Martín estaba aún en el vientre materno) es el padre que les arrebataron y al que hoy reivindican desde su militancia en HIJOS.

Para su esposa, Susana, el mismo hombre del que se enamoró perdidamente en aquella peña estudiantil platense cuando, ni bien lo vio, le dijo a una amiga: “con ese flaco yo me caso”.

Para otros, en cambio, fue (para bien y para mal) el abogado que luchó en la defensa de los obreros de la fábrica Loma Negra y en la batalla por comprobar la presencia de silicosis entre los operarios de la embolsadora. Y es ése para muchos un punto de relevancia en relación a su destino. Es decir, su rol como abogado de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) y asesor de problemas de orden laboral lo llevaron a asumir un compromiso cada vez mayor con los sectores más golpeados de la sociedad e incidieron en su secuestro tal vez más que su militancia partidaria.

A fines de los ‘60 de la FURN de Derecho en La Plata,  y luego, de regreso a Olavarría, integró la Jotapé de la que fue uno de sus líderes más destacados.

En su vida fue de mucho peso el eterno trabajo de su padre, Domingo, como obrero de Molinos Río de la Plata y el ver a su madre, Junigunda Max, portera de la Escuela 17, trabajando sin sosiego y planchando para afuera para pagarle los estudios. Esa madre a la que le hacía bromas todo el tiempo y la sorprendía con su afecto y sus abrazos inesperados. “El vivía con todo el orgullo del alma el tener una familia humilde”, cuenta Susana, con quien se casó el 18 de abril de 1974.

La historia del “Negro” Moreno está ligada a un sinfín de presiones y amenazas que no se terminaron con su muerte.

Cuando regresó de La Plata, ya con el título universitario, instaló su primer estudio en la casa paterna, en Collinet 2733. Allí, los pagos de sus clientes solían ser casi siempre en especias. Un perro al que bautizó “Lomje” (Libertad o Muerte, Jamás Esclavos) y hasta una secretaria que devino tal de esa manera y luego quedó.

Después logró alquilar una pequeña casita en Lamadrid 2986 cuyos fondos lindaban paradójicamente con aquellos de la vivienda del Teniente Coronel Anibal Ignacio Verdura (jefe del Regimiento). En el local que daba al frente atendía a sus clientes. Atrás, en una pequeña habitación, vivía con Susana, ya embarazada, y su hijo Matías.

Aquella noche del 29 de abril de 1977, Susana no se sentía bien y “el Negro” fue a presentar un certificado a la entonces Escuela de Comercio en donde ella dictaba clases. Llovía torrencialmente y él tardaba en regresar. Susana recuerda que “llamé al Nono y a la Nona (los padres del “Negro”) para que se quedaran con el nene que estaba durmiendo. No les dije qué pasaba, yo tampoco lo sabía. Me puse un jumper y unas chinelas y salí a buscarlo. Tenía 27 años y mi vida esa noche dio un vuelco. Me fui corriendo a la estación de servicio donde guardábamos el auto, en Belgrano y Moreno. Llegué totalmente mojada y vi el auto guardado. Pensé que podría estar tomando unos mates con el sereno. Le pregunté por Carlos Alberto y me dijo que lo había visto cruzar al kiosco. El kiosquero me dijo que había llevado un Parliament y un Suflair. Yo le había pedido que me lo comprara, era diabética y me moría por esos chocolates aireados. Cuando volví caminando, vi que por el agua corría un Suflair, lo levanté y lo apreté bien fuerte. Nunca más volví a comer uno. Pensé que se había descompuesto. Cuando llegué a casa le hablé por teléfono al doctor Gubitosi que me contestó que con él no había estado y me dijo de probar en el Hospital. Llamé por teléfono y me dijeron que ahí no lo habían llevado. Al rato llegó Gubitosi con el padre. Y mi intuición ya para esa altura me dijo que algo grave había pasado. Entonces me fui corriendo a la casa del teniente coronel Aníbal Verdura que estaba a la vuelta. Yo no lo conocía pero tenía de alumno a uno de sus hijos. En la puerta de su casa había un conscripto de guardia que me dijo que no fuera a tocar timbre. Eran ya como las 12 de la noche. Yo le dije: ´si querés matáme por la espalda pero yo timbre voy a tocar igual´. Salió Verdura en bata, lo miré y le dije: ´¿dónde está mi esposo?´. ´¿Su marido?´, me contestó. Me hizo pasar al living, me senté y le repetí: ´¿dónde está?´ y me dijo ´no sé´. Y yo le grité: ´miente´”.

En realidad, aquella noche dos individuos de civil empuñando armas lo obligaron a subir a un automóvil Renault 12, color naranja, patente 017.333. La guardia personal que todas las noches estaba apostada frente al domicilio del Jefe del Regimiento, a escasos metros del lugar, esa noche no estaba. 

Un ciclista que ocasionalmente pasaba por el lugar vió el forcejeo en plena calle, y creyendo que se trataba de un robo, anotó la patente de los agresores y como buen ciudadano intentó hacer la denuncia en la Comisaría. Su sorpresa fue mayúscula: en vez de tomarle la denuncia y agradecer su colaboración, el ciclista fue amenazado, golpeado,  y advertido que “jamás debía contar a nadie lo visto, porque su vida dependía de ello”. Aún hoy, más de veinte años después del hecho, y tras cambiar de ciudad conserva el temor por lo sucedido aquella noche.

Inmediatamente comenzó a moverse la Asociación de Abogados de Olavarría, con una muy activa intervención del hoy juez Adolfo Rocha Campos. Presentó un habeas corpus e hizo la denuncia ante el recién nombrado juez Carlos Paulino Pagliere.

Algunas señales desde Tandil, días después, permitieron avanzar en la búsqueda aunque no detener el final. Un hombre, de apellido Bulfoni, se había presentado en una comisaría de la ciudad serrana para denunciar un extraño hecho ocurrido en su finca. Allí se topó con un abogado conocido que evitó que la presentara y que no tardó en avisar a la Asociación de Abogados de Olavarría.

Moreno había estado detenido ilegalmente en una quinta de las afueras de Tandil y pudo escapar. Algunos insisten en que se le aplicó la “ley de fugas”, es decir, que se lo dejó escapar para luego acabar con su vida. Pero hay otros indicios que permiten pensar que realmente logró burlar a sus captores porque recorrió una larga distancia. El mismo juez Pagliere planteó, desde el sentido común, que “creo que hubiera sido muy estúpido aplicar una ley de fugas y dejar rastros como un saco o permitir que lo vieran terceros”.

Moreno, quien veía muy escasamente sin sus anteojos, llegó el 3 de mayo en deplorable estado físico a la propiedad de Valentín Bulfoni, golpeó a la puerta y lo atendió el dueño de casa. Le pidió un vaso de agua y le dejó sus datos con el ruego de que avisara a Olavarría. Hay quienes afirman que Bulfoni lo quiso hacer entrar para ocultarlo y que él se negó para proteger al hombre.

Pagliere inmediatamente se trasladó a Tandil e hizo una serie de allanamientos. “Allané las comisarías 1° y 2° de Tandil y el destacamento de Villa Italia, que después de eso quedó desactivado por mucho tiempo. Pero no estaba en ninguna”, recuerda Pagliere. En la quinta de Bulfoni halló el saco de Moreno y en las cercanías sus anteojos rotos. Cuando se reconstruyó parte de ese aspecto de la historia, se pudo saber que tras abandonar el lugar Moreno fue recapturado por las fuerzas de seguridad y fue víctima de disparos. Algunos testigos le oyeron gritar “Susana, Susana, perdonáme”.

Matías, su hijo, a partir de las reconstrucciones posteriores a través de testimonios cuenta que en aquel momento “le tiran, lo hieren y cae detrás de una piedra pero se lo llevan vivo. Y se muere después”.

Aparentemente Moreno estaba secuestrado en Tandil, en el CCD conocido como “La Quinta”, o también como el club ‘Los cardos’ de Emilio Méndez, cuando en un descuido de sus captores logró escapar semidesnudo  por la zona de quintas al Este de la ciudad.

Según consta en los expedientes judiciales, Nery María Bulfoni (hija de Valentín) y Carlos Leonardo Marchioni, un vecino, fueron testigos de la detención de Carlos Alberto Moreno por el grupo de perseguidores que dijo ser “de las fuerzas conjuntas”. Y esa pertenencia fue luego confirmada por declaraciones de policías de la Seccional 1° de Tandil. El comisario Alfredo José Menéndez, el oficial Fernando Antolín Sánchez y el suboficial principal José Osmar Juárez relataron que ese 3 de mayo, a raíz de una denuncia concurrieron a las inmediaciones del domicilio de Valentín Bulfoni donde detuvieron a una persona que dijo ser el Cabo primero Ojeda del Ejército Argentino y que estaba participando de un “operativo cerco”. Agregaron en su testimonio que se comunicaron por radio con el Mayor Papalardo del Ejército, dependiente del Comando de la Zona 1, quien les confirmó que efectivamente el Cabo primero Ojeda se encontraba realizando esas tareas.

El 23 de mayo, ya muerto Moreno, le envían un pedido de inhibitoria a Pagliere quitándole el caso de las manos. Él inicialmente se niega pero días después la causa pasa de todos modos al ámbito de la justicia militar.

El expediente judicial a que hacemos mención (Nº 42.348 “Rocha Campos Adolfo-Su denuncia-Privación Ilegal de la Libertad Individual-Olavarría-Víctima Dr. Carlos Alberto Moreno”) , posiblemente sea uno de los pocos en que han quedado rastros fehacientes del accionar ilegal de la represión militar.

Hubo, por otro lado, indicios aportados por otros familiares de víctimas de la represión. El testimonio de Juan Cassattaro (padre de Eduardo y Héctor y suegro de Elba y Alicia, todos desaparecidos) arrojó como dato que un plomero de apellido Luna, residente en La Plata y colaborador de la policía provincial, estuvo el día anterior al secuestro de Moreno en Olavarría, afirmando que había venido a hacer un operativo.

En toda esta historia hubo numerosos protagonistas y muchos de ellos fueron amenazados y presionados para mantenerse en silencio. Desde el ciclista que presenció el secuestro, hasta los demás testigos (entre ellos varios integrantes de la familia Bulfoni) y los abogados, tanto locales como de Azul y Tandil. En algunos casos, esas amenazas provinieron directamente del propio jefe del regimiento, Aníbal Verdura. Y esto, no sólo en lo inmediato sino también mucho más allá en el tiempo.

Susana, mientras tanto, embarazada y en una situación emocional y de salud difícil, se va con Matías a La Plata nuevamente al hogar de sus padres. “Yo durante un tiempo esperaba que me lo devolvieran. Creía que sería como con la detención de Gubitosi que había sido liberado en febrero. Hice una valija porque pensaba que cuando Carlos Alberto volviera nos podríamos ir unos días al departamento de mis padres en Mar del Plata. Cuando lo mataron, decidí que no descansaría hasta que me entregaran el cuerpo. Yo sabía que nunca creería lo que había pasado si no lo veía muerto. Todas las mañanas como a las 6 y media o 7 lo llamaba por teléfono a Verdura para ver si me lo daban. También me iba a las escalinatas de la morgue, en 51 entre 2 y 3 y me sentaba a esperar a que llegara el camión con los cuerpos. Un día Verdura me dijo que llegaría dos días después, el 20 de mayo. Esa noche no dormí. Fui con mi cuñado y entró él a la morgue y salió descompuesto. Me dijo que nos fuéramos, pero yo no quise y entré; me quisieron sacar pero empecé a revisar esas especies de nichos en donde asomaban los cuerpos. Subía por escaleras de metal para revisar y de repente lo encontré. Tenía la cara negra de los golpes. Yo nunca había visto balas y en una parte tenía como un zarpullido alrededor. Yo grité: ´es éste, es éste´”.

Luego, en la misma ciudad en que Susana había nacido y Moreno había cursado sus estudios universitarios y se había ligado a la militancia política, fue velado y luego sepultado, cuando tenía sólo 29 años.

El 27 de abril de 1988, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California resolvió conceder la extradición del ex general Carlos Guillermo Suárez Mason por los cargos de homicidio de 39 víctimas. Entre ellas, estaban Carlos Alberto Moreno y Jorge Oscar Fernández.

Otros abogados olavarrienses también fueron secuestrados e interrogados bajo torturas en el regimiento local, aún cuando luego fueron liberados y optaron por el exilio.

 

Juan Carlos Ledezma y Amelia Isabel Gutierrez Molcoy ( 14-9-77)

(Nº CONADEP 11.140, Testimonios Nº 02156 y 02320, y Nº CONADEP 6792, Testimonio 02320 respectivamente)

El matrimonio Ledezma-Gutierrez, oriundo de La Plata, había llegado a Olavarría, huyendo de la represión,  a comienzos de 1977.

Juan Carlos Ledezma, de 21 años,  era oficial de la Policía de la Provincia, y debió huir de aquella ciudad. La casa de su suegro, el ex-subcomisario Francisco Nicolás Gutierrez, fue allanada el 13 de septiembre  buscando a sus dos hijas militantes de la Jotapé platense.

Como no las encontraron se llevaron al Subcomisario, quien será liberado luego de cinco meses de torturas, que lo dejaron con sus facultades mentales alteradas y en un estado físico lamentable.

Juan Carlos y su esposa Isabel, de 19 años, con un hijo de una año y medio, y otra bebé de un mes al momento de su secuestro, buscaron refugio en el interior de la provincia.

En Olavarría, donde la hermana de Isabel,  Araceli, también militaba en la Jotapé junto a su esposo Néstor Elisari, -delegado del gremio ceramista en la fábrica LOSA-,  podían ‘guardarlos’ por un tiempo, hasta que la orgía de muerte que se había instalado en La Plata cesara.

Con un hijo pequeño y otro en camino, los compañeros le consiguieron una casita modesta en las afueras de Olavarría, y Juan Carlos no tardó en buscar contactos con los compañeros de la Jotapé. Lo encontró a través de “Bombita” Fernández, quien dentro de los riesgos en que debían moverse le presentó algunos compañeros que continuaban reuniéndose y realizando casi simbólicas acciones de resistencia, tales como volanteadas y pintadas adversas a la dictadura.

Los relatos de Juan Carlos sobre la situación que se vivía en La Plata cayeron como un balde de agua fría sobre los olavarrienses que, pese a los riesgos, se congregaban clandestinamente para conocer las novedades. A veces lo hacían por grupos pequeños, cumpliendo estrictamente las reglas de seguridad que precribía la clandestinidad política, en domicilios considerados ‘seguros’, y otras en torno a asados o picnics en lugares públicos, como si fueran un grupo de amigos en un festejo cualquiera.

Contrariamente a lo que sostenía la prensa oficializada,  la violencia homicida de la dictadura no sólo no había cesado,  sino que ahora, mientras sostenía que los ‘subversivos’ se entregaban voluntariamente,  golpeaba selectivamente con igual saña, tratando de aniquilar los grupos dispersos e inconexos.

Los secuestrados -contaba el ex-policía con un lujo de detalles que sugerían un conocimiento fehaciente- eran torturados hasta extraerle cuanta información sus captores consideraran útil, y después eran arrojados al mar dopados e inconscientes.

El matrimonio Ledezma, seguramente rastreado desde La Plata, fue ubicado y secuestrado en Olavarría el 14 de septiembre de 1977,  y Juan Carlos,  obligado por la tortura, fue quien debió señalar los domicilios de la docena de militantes de la Jotapé clandestina que conocía.

Al día siguiente, el 15,  con evidentes signos exteriores de tortura, fue reconocido en el momento del secuestro de “Bombita” Fernández en su domicilio familiar de  calle España.

De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, el matrimonio Ledezma fue llevado junto a los demás prisioneros olavarrienses a la Brigada de Cuatrerismo de Las Flores, donde continuaron siendo torturados unos días más. Luego fueron trasladados junto al otro matrimonio -Villeres-Folini- a La Plata, donde se perdió toda noticia de ellos.

Una referencia periodística posterior a la dictadura mencionaba el pasaje del matrimonio Ledezma por el llamado “Pozo de Banfield”.

Camino a Las Flores, la beba de Isabel es dejada en la Comisaría de Cacharí, quienes la entregan al Hospital de Niños de Azul. Siete meses después su abuela la localizará y la lleva a su casa donde es reunida con su hermanito de un año y medio.

El anillo de casamiento de Juan Carlos, que tenía una inscripción con la fecha de su boda ( “Isabel 10-10-75”) fue hallado dentro del forro de un abrigo “montgómery” de paño azul, sucio de manchas de sangre y con trabas de madera en los botones,  con el que fue cubierto uno de los sobrevivientes, Mario Méndez,  cuando  legalizaron su situación de desaparecido y lo llevaron a la Cárcel de Azul.

En los documentos recogidos por la APDH -filial Olavarría- en 1984, se registra: “ Cuando los asesores de la Comisión de Personas Desaparecidas presidida por Ernesto Sábato se apersona a Méndez, éste les entrega el anillo que, entonces es exhibido a la hermana de la desaparecida Isabel, Lidia Araceli, quien no vacila en reconocerlo como perteneciente a aquella. Se obtiene después un fotocopia del acta de matrimonio con Juan Carlos y se constata que las fechas grabadas en el anillo, corresponden a las del casamiento.

No queda pues ninguna duda de la relación entre un supuesto y otro. Pero en tanto Isabel y Juan Carlos Ledesma están desaparecidos, es el caso de recordar aquella siniestra manifestación de los señores comandantes que integraban la Junta de gobierno, en el denominado ‘Informe Final’ de abril de 1983, en cuanto decía que los desaparecidos estaban muertos. De llegarse aquí a una constatación semejante, ese hecho no sería otra cosa que un verdadero homicidio calificado, o por alevosía (indefensión de la víctima), o por concurso premeditado de dos o más personas (Art. 80, incisos 2º y 6º del Código Penal) (...) Todas estas causas están radicadas en el Juzgado Federal de Azul, imputándole la responsabilidad de estos actos criminales al Ttte. Cnel. Aníbal Ignacio Verdura, jefe militar de esta plaza, en ese entonces; lo mismo que al Gral. Oscar Alfredo Saint Jean, jefe de la Primera Brigada de Caballería con asiento en Tandil...”  (“Documentos que la APDH -filial Olavarría- recogió en 1984 sobre el terrorismo de Estado en nuestra ciudad”, Olavarría 1984)

            

Jorge Oscar Fernández (16-9-77)

Hijo de una humilde y prolífica familia de trabajadores del barrio San Vicente, el menor de once hermanos , Jorge Oscar “Bombita” Fernández, empleado de la firma de venta de neumáticos “Cincotta”, era en 1977 el principal referente clandestino de los restos de la Jotapé ya diesmada por la represión militar de casi dos años.

Jorge había militado desde muy joven sobresaliendo por su capacidad de análisis político, su inteligencia y su empedernida decisión de buscar una sociedad mejor para todos.

“No nos permitíamos el egoísmo ni la mezquindad, por eso molestábamos -recuerda Cacho, su hermano mayor- . Eramos gente buena. No jodíamos a nadie. Siempre estábamos donde se nos necesitaba. Era una miltancia muy comprometida. Eso molestaba. Porque si vos lo hacías dentro de una iglesia, estaba bien. Pero si lo hacías dentro de un proyecto político molestabas al poder”.

El 16 de septiembre de 1977 cuando Jorge fue secuestrado, el “grupo de tareas” lo arrancó de la casa de sus padres, con un ensañamiento tal que comenzaron a torturarlo allí mismo con choques eléctricos sobre la mesa de la cocina.

Su secuestro formó parte de una siniestra caravana que esa misma noche  se llevó alrededor de una veintena de jóvenes en distintos puntos de la ciudad, apilándolos atados y encapuchados en la caja de vehículos militares, que los transportaron a Las Flores.   

“Recuerdo gestos de él que atraviesan toda nuestra infancia hasta la muerte..reconstruyendo la vida, ejercitando la memoria, emergen muchos otros recuerdos...así voy atando puntas . Mi hermano era una persona de bien  -recuerda su hermano Cacho, también detenido-, no era un tipo sanguíneo (...) era una gran oreja que escuchaba a todo el mundo...pero no hablaba mucho. Era una gran oreja pero en el fondo un tipo muy solo...mi hermano escuchaba demasiado y se fue acostumbrando a no expresar su vida interior (...). A pesar de que era un año y medio menor que yo, yo siempre le admiraba esa capacidad que tenía de construír amistades y mantenerlas. Lo que recuerdo de él es que siempre destacó el rol de la familia, su importancia, y éstas cosas lo definen a él como persona, como buena persona”

“Era un tipo que llegó más temprano que yo a la  Revolución. Discutíamos mucho siempre (...) leíamos las mismas cosas pero pensábamos con distintas perspectivas (...) para él era necesario cambiar la sociedad, creía que las miserias humanas tenían que ver con el orden social (...) El me decía de que no se cambiaba al hombre sin cambiar la sociedad”

“Al final creo que terminó convenciéndome, aunque él no era un tipo que imponía las cosas, sino que era muy pensador, todo lo que hacía lo pensaba  mucho, y decía lo que pensaba”

“Era una buena persona...sus amigos lo recuerdan así. Una vez me encontré con Faure, el contador, y él lo recuerda como una persona muy humana, muy sana”

“Mi hermano, metafóricamente, no pegaba palos de más Tenía una gran autoridad y mucha seguridad de qué hacer (...) Poseía una seguridad espantosa”

“Un día me picanearon -dice Cacho refiréndose a los días iniciales del secuestro- y al día siguiente me llevaron hasta el baño, y en el pasillo por donde me llevaban me choco con alguién y, no sé si fue el instinto  o si percibí su olor, pero mi dí cuenta que era él. Entonces le hablo, pero él no me contestaba nada...y en un momento se acerca a mí,  me apoya su mano en mi brazo y me dice que tengo que ser fuerte...El había estado pensando en mí.

“Lo que lamento muchísimo es que mi hermano no haya podido conocer a mi hijo José Manuel. Cada vez  que veo a José Manuel pienso: ‘Ojalá que hubieras conocido a tu tío. Quisiera que lo que escribí lo lea él y que se encuentre con su tío”

Otro recuerdo, en este caso de Mario, uno de los sobrevivientes de La Huerta, lo pinta de cuerpo entero : “recuerdo que estábamos los doce detenidos en el mismo lugar y de los doce fue el único que se animó, que tuvo el valor para quitarse la venda para ver. Ninguno de los otros tuvimos el valor ni siquiera de espiar”

“Pienso que los que nos pasó a nosotros le podía haber pasado a cualquiera, en cualquier momento de su vida, en un día (...- sigue su hermano) Esto fue un horror histórico, fuímos víctimas de un momento jodido. También hay que asumir que nosotros cometimos errores, y las cosas se podían haber cambiado de otra forma. La clase dirigente nos largó los perros (...) Perón mismo nos traicionó, teníamos propuestas muy interesantes para actualizar el peronismo...y Perón nos largó los perros”

“La historia la hacen los humanos, llena de imperfecciones. Mi hermano tenía ideales, teníamos proyectos, y éso es muy fuerte (...) el altruísmo y la austeridad con la que vivíamos, no dudábamos en ser solidarios. Eramos nuevos y en ese momento molestábamos (...) éramos gente buena, no jodíamos a nadie, teníamos una actitud militante sistemática, una militancia muy comprometida con la vida y con los seres humanos, una militancia política que en ese momento miolestaba al poder”

A Osvaldo lo quiebran los detalles, las anécdotas..., y rememora entre lágrimas: “uno puede hablar diez horas de los conceptos, pero los recuerdos y los detalles son los que me quiebran (...) A mi la ausencia de mi hermano me dejó un vacío enorme, teníamos una actitud simbiótica (...) no me dejó esa otra parte: la de ser mi compinche (...) me hubiera gustado mucho haberle dado el título a mi hermano cuando me gradué...Me hubiera gustado discutir con él sobre mis notas...que escuchase la radio y que conociera a mi hijo...”     

 

Ruben Argentino Villeres y Graciela Noemí Folini (16-9-77)

(Nº CONADEP 5739, Testimonio Nº 01385; y Nº CONADEP 1892, Testimonio Nº 01369)

Ruben Villeres, tornero de profesión,  y Graciela Folini, empleada, vivían con los padres de ella y su pequeño hijo Juan Pablo de siete años en la calle Belgrano 1562, del otro lado del Arroyo Tapalqué, en el barrio Pueblo Nuevo de Olavarría.

Antes habían vivido en La Plata donde Rubén trabajaba en la textil Sudamericana y Graciela daba clases particulares,  y compartían la vivienda con una pareja de estudiantes neuquinos y sus dos hijas.

Su hijo Juan Pablo, periodista, relata que “Mucho después, a través de Guillermo Cieza tuve algunos datos de su militancia. Ellos estaban sindicalizados. Relata Guillermo en un libro que el día del golpe se encontraron en un bar, y que ,y papá que el golpe iba a ser nocivo”

“Un día se  produce  un allanamiento en la casa de al lado, donde vivía el Comisario Gutierrez) (...) Nosotros no estábamos, nos contaron. De esa casa de La Plata me acuerdo de un episodio con un tiroteo: balearon a una familia con dos nenitas, me parece que los mataron a todos. Es muy difuso lo que cuento porque yo era muy chico”.

“Después nos vinimos a  Olavarría. Nos fue a buscar mi abuelo en un camión. Papá empieza a tomar un curso de tornería (...)  después trabajó con De la Vega. Mi mamá comienza un curso en San Antonio”

“No sé por qué uno conserva recuerdos del día  anterior. Recuerdo haber ido con mi abuelo a una frutería en la Avenida Del Valle y Alsina y haber esperado durante tres horas, mucho tiempo, algo que no sé qué era. De ahí nos fuímos a casa. Cuando llegamos ya estaban mi papá y mi mamá Ellos se estaban preparando para ir al cine, así que serían las nueve de la noche

“Tengo una imagen ambigua, que entró primero mi abuelo. Recuerdo que alguien entra en mi habitación con un arma. Enciende la luz. Lo hace levantar a mi papá. Mi mamá sigue acostada. A mi me levanta una persona con gorra visera y jean y me lleva a la pieza de mis abuelos. Recuerdo que permanecíamos en silencio. Se hablaba de cosas que yo no entendía. Pero estuvieron largo tiempo. No ví cuando se llevaron a mi mamá pero si ví cuando se llevaron a mi papá porque lo sacaron antes que a mí”

“La casa de mis abuelos nace en un pasillo largo. Ahí mi papá dejaba la moto. Se llevaron el cable que une las bujías con el motor y se llevaron la cámara fotográfica. Papá era aficcionado a la fotografía, me acuerdo que habíamos sacado fotos a un ‘castillo’ de ese señor que hacía ‘castillos” (el creativo constructor italiano apellidado Cicheri que ha hecho de varias de sus construcciones un estilo particular. N de R). Esas fotos nunca se revelaron” . 

“De ésto nunca charlamos con mis abuelos. De ésto que estoy contando, nunca, nada. Así fue más o menos esa noche”.

Secuestrados junto a otra  veintena de jóvenes olavarrienses en la madrugada del 16 de diciembre,  fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de Las Flores, donde otro de los prisioneros, Mario, recuerda:  “Estábamos esposados a la espalda y encapuchados, no podíamos hablar, pero una vez que parecía no haber ningún guardia cerca,  tratando de averiguar donde estaba y con quienes, codeo al de al lado y le pregunto. Me dijo en voz casi inaudible: ‘Soy Ruben Villeres, creo que estamos en Las Flores’. Días después se llevaron a algunos, y nunca más escuché de él hasta que nos ‘blanquearon’.”

“Sabés cómo mi mamá supo que estaban en Las Flores...? -se emociona Juan Pablo-. Por el sonido del timbre de la Escuela Normal donde ella había estudiado, que estaba al lado de la Brigada, y también por la voz de un médico que había sido su pediatra. Mis abuelos también son de Las Flores, quizás fué por eso que acá todos se abrieron”

“Recuerdo los viajes de mi abuela durante el Mundial, las primeras movilizaciones de las Madres. Recuerdo haber ido en camión por caminos insólitos Me acuerdo de ir a ver al Obispo, la actitud pedante de Bianchi di Cárcano. Una vez estuvimos esperando un día entero hasta que se hizo de noche y recién entonces nos atendió”

Nunca nos dieron ni un atisbo de esperanza. Agradezco a mis abuelos que siempre me hayan dicho la verdad. Me acuerdo de los fines de año. Eran terribles. Mis abuelos y yo, solos, tratando de festejar algo”.

“Me resulta chocante lo del ‘destino final’. Es una cuestión que iré asimilando con el tiempo. No hay el más mínimo atisbo que estén con vida. Este es para mí el destino final. Para mi duelo, está cumplido.  Me parece que sería recrear una situación que uno no quiere volver a vivir.

“Yo trato de reivindicarlos en todo lo que puedo. Por los menos como desaparecidos de una dictadura militar”

Pueden encontrarse referencias de su paso por el CCD Brigada de Investigaciones de Las Flores y por el CCD Monte Peloni en los testimonios ante la CONADEP Nº 01949 y 02156.

 

Alfredo Serafín Maccarini (2-11-77)

(Nº CONADEP  2995 y 10029, Testimonios Nº 01923 y 02156)

Alfredo Maccarini, agente penitenciario de 32 años, fue un joven algo mayor que el promedio de los detenidos en Olavarría, trabajaba en la sección Tratamiento del Penal de Sierra Chica, cuando comenzaron a llegar allí los primeros presos políticos como producto de la decisión de concentrar los miles de prisioneros desparramados por casi todas las cárceles del país.

Esta nueva realidad significó un importante choque emocional para Alfredo, y su trato cotidiano con importantes dirigentes como Dante Gullo y Dardo Cabo, lo indujeron a hacer de correo con el exterior. Sin duda, esa “grave traición” lo condenó a muerte.

“Conocí a Alfredo, el “Oveja” como le decíamos por su pelo enrrulado, ya de grande (...) -recuerda Osvaldo, uno de sus amigos.  Alfredo comenzó a formar parte de la mesa de café que se juntaba casi todas las noches en la confitería “Bianca’ en la calle Vicente López”

“Espontáneamente, ya que era una época de mucha vida pública, se fue armando un grupo de gente más o menos de la misma edad, de la que formábamos parte él, Carlitos Butera, yo -sigue Osvaldo-, un viejo muy elegante y muy vago, con mucha calle,  que había sido militante del PC,  y varios otros amigos de entonces”

“Creo que fue este hombre mayor, cuyo nombre ni recuerdo, quien comenzó a despertar en nosotros la idea de un compromiso con lo que estaba sucediendo en la sociedad argentina de aquellos años”

“Alfredo era por entonces lo que podríamos llamar muy genéricamente una persona de izquierdas, que no tenía militancia en ningún partido político aunque posiblemente se sintiera atraído por el comunismo. Era una excelente persona, con un inmenso sentido del humor, recuerdo que juntos nos reíamos hasta las lágrimas con las salidas del ‘Inodoro Pereyra’, la historieta del ‘Negro’ Fontanarrosa. Alfredo era, además, un gran amigo, con una sensibilidad especial por el sufrimiento de los demás”

“En esa época, años ‘72-’73, todos fuímos atraídos por el peronismo, ya que las contradicciones de la sociedad parecían resumirse en la feroz lucha interna que se libraba en esa idea global y confusa que se explicaba a través de los conceptos de ‘comunidad’ o ‘Pueblo’

“Alfredo se enamoró, se casó  y fue padre de una hija por la que estaba enloquecido, la adoraba. Se fue armando una amistad profunda”.

“Por entonces, o quizás antes, no recuerdo con precisión, Alfredo empezó a trabajar en el penal de Sierra Chica, en la sección de tratamiento de los detenidos. Por su forma de ser y de pensar ésto lo afectó profundamente. No podía soportar el maltrato a que eran sometidos los presos, cosa que se agravó cuando trajeron los primeros presos políticos a Sierra Chica. En ese momento tomó contacto con gente por la que tenía una sincera admiración como el ‘Canca’ Gullo o Dardo Cabo. Desde entonces sólo pensaba en renunciar y buscar otro trabajo”    

“Tampoco podía soportar la transformación que habían sufrido otros conocidos que trabajaban en el penal. Personas normales, que en su vida civil parecían muy buenos tipos, y que adentro se convertían en terribles ‘verdugos’ que golpeaban y mortificaban a los presos aún cuando no se lo ordenaran. Siempre mencionaba como ejemplo el cambio de Carlos De Trocchi, el popular baterista de los ‘Jet’s 67’, que adentro era un personaje temible”

 

Héctor Daniel Cassataro y Alicia Ramírez Abella de Casataro (6-12-77)

(Nº CONADEP 991, Testimonios Nº 04149 y 07193)

El matrimonio compuesto por Héctor Daniel Cassataro, Ingeniero Químico de 29 años, y Alicia Beatriz Ramírez Abella, Contadora Pública, familiares directos de Eduardo y Elba, fueron secuestrados de su domicilio en la calle 632 Nº 5477 (ex- Puan Nº 1366) de Villa Mathew, en el partido de Tres de Febrero, el 6 de diciembre de 1977.

Un operativo de las “fuerzas conjuntas” clausuró la calle el 6 de diciembre, como la escuela del barrio funcionaba en esa cuadra y era día de finalización de clases, el acto fue suspendido. Un gasista y los albañiles que estaban trabajando en la casa fueron detenidos durante varias horas y  luego del operativo fueron liberados.

Según los testimonios recogidos entre los vecinos, quienes debieron permanecer encerrados en sus casas por órdenes de los captores, en medio de un gran despliegue militar, policial y fuerzas de civil, el matrimonio y sus dos hijas pequeñas fueron secuestrados durante la madrugada, y durante el día un camión del ejército se llevó cuanto contenía la vivienda.

Sus hijas, de 1 año y 9 meses y 3 años y medio, fueron halladas recién 43 días después en el Hogar del Niño de La Plata, luego de haber estado en la Comisaría de San Martín y el Juzgado de Menores de la misma localidad. El Subinspector de la policía Osvaldo Montero informó que las niñas fueron “halladas abandonadas en la vía pública”, aunque numerosos testimonios de vecinos afirman que los secuestradores de sus padres se las llevaron alrededor de las 11 hs. 

La búsqueda de su paradero insumió a su familia gestiones similares a las ya realizadas por sus hermanos. La denuncia ante el Ministerio del Interior lleva el Nº 210.271/78.

El hogar del matrimonio Cassataro en Villa Mathew había sido comprado al Sr. Roberto Cavoli y aunque pagado en su totalidad, estaba en proceso de escrituración en la Escribanía Retes de Haedo. Sin embargo, el ejército se apropió de la vivienda, y en la actualidad la habita una enfermera retirada del Hospital Militar de nombre Catalina González.

No se encontraron testimonios de su paso por algún CCD.

 

Jorge Toledo

Jorge Toledo, Contador Público y en su momento uno de los principales lideres universitarios del peronismo olavarriense, fue secuestrado de su estudio en febrero de 1978, permaneció secuestrado en “Monte Pelone” y en “La Huerta”, fue juzgado y condenado por el Consejo de Guerra Especial Estable de la 1º Brigada de Caballería Blindada.

Jorge Toledo fue el último de los detenidos olavarrienses, y conjuntamente con Jorge “Bombita” Fernández, son de los pocos cuya familia logró recuperar sus cuerpos. Ambos se encuentran sepultados en el viejo Cementerio Municipal.

“En toda su carrera secundaria mantuvo notas de 7 a 10. Ante tan buen desempeño (...) el Dr. Giri lo convence de proseguir la carrera de Contador (...) Una vez recibido instala su estudio en la calle Vicente López y Alvaro Barros, lugar donde con el correr del tiempo sería detenido por el Ejército”, relata Don Romilio Toledo, su padre, hoy solo e internado en un Hogar de Ancianos tras el suicidio de su otro hijo adolescente y la muerte de su esposa.

“Durante los años 1972 y 1973 fue un activo político que logró para Olavarría la apertura del quinto año de la carrera universitaria, que no existía y obligaba a los estudiantes de bajos recursos a no poder concluir la carrera (...) Así fue que contactó a Don Alfredo Fortabat, quien accedió a su pedido, trascendiendo la gestión públicamente ya que cada convocatoria que realizaba convocaba a cientos de personas”

“Todo ésto trajo aparejado que fuera visto como un líder político”

“En las charlas que manteníamos (...) trataba de convencerlo que se alejase de la política (...) porque en el futuro podía arrancarle lágrimas a la madre”.

Después del golpe,  Jorge se había alejado de la política pública y repartía su tiempo entre el estudio y el asesoramiento a una Cooperativa de Almaceneros que había ayudado a formar.

“Por entonces el ex-intendente Raúl Pastor, anoticiado del peligro que corría el joven se llega hasta mi domicilio con una carta de recomendación para que se vaya al sur, donde no lo iban a buscar (...) Al enterarse,  Jorge no acepta irse porque está convencido que igualmente lo van a buscar para matarlo. Decía -recuerda su padre- ‘Si me matan por peronista hay que agradecerle a Dios que me maten por mis ideas. Aquí tengo a mi novia, mi familia y la gente que me quiere”.

Luego de su secuestro, tortura y condena militar a seis años y medio de cárcel, Jorge pasó por varias cárceles: Sierra Chica, Azul, y finalmente Caseros.     

Caseros “La nueva” -hoy en vías de demolición- fue en una de las cárceles más inhumanas de la dictadura. Esta unidad, la de construcción más reciente inaugurada por el “Proceso”, fue licitada bajo un proyecto descartado en EEUU por inapto, y pocos años de uso demostraron su absoluta inconveniencia por los desequilibrios psíquicos que provocaba entre los internos y hasta el propio personal penitenciario. Una gigantesca torre de hormigon sin ventanas, con patios internos en los que no daba el sol, celdas individuales cuya reja de acceso se accionaba automáticamente desde un control centralizado, contribuía a acrecentar aceleradamente el proceso de despersonalización de los detenidos.     

En Tandil, el Comandante de la I Brigada de Caballería y Jefe de la Subzona 12, le había advertido a Don Romilio: “su hijo es un personaje importante, no puede quedar libre”

“En el encierro Jorge conoció a un profesional que fue liberado y se fue a EE.UU., entonces hizo gestiones para exiliarse allí”. En una reunión de evaluación en la que participaba una especie de tribunal con varios militares, y en presencia de su padre, uno de los militares sostuvo que estaban dispuestos a acceder siempre y cuando firmara “que había desarrollado actividades subversivas de las cuales se arrepentía. Por supuesto que se negó, ya que nunca había empuñado un arma ni colocado bombas (...) Jorge le contestó que ‘si para seguir con mis padres y volver enfermo tengo que firmar este papel, prefiero que me saquen cadáver de aquí. Qué digo en Olavarría a mis amigos y a la gente que conozco. Cómo les aconsejo a los chicos a no poner bombas si nunca lo hicieron. Yo no firmo”

“El presidente del Tribunal le dijo ‘sabe usted a lo que expone’. Jorge le responde que va a seguir en política mientras pueda hacerlo. El país necesita mano de obra, bienestar y gente no corrompida en el gobierno”, recuerda su padre.

“A los quince días Jorge comenzó a sentirse enfermo, me decía que se sentía mal, no tenía ánimo, las manos frías y no se sabía si estaba vivo o muerto (...) a mi hijo lo estaban medicando en las comidas para minarle la razón, aniquilándole la mente a través de una neurosis carcelaria (...) consigo una entrevista con el médico de la carcel y le recrimino el tratamiento que están usando con mi hijo (...) el médico irrumpe en llanto y dice que está obligado a realizar esa tarea”

A fines de julio de 1982  sus padres en Olavarría se enteran a través de un telegrama oficial que su hijo Jorge se había ahorcado en su propia celda.

El cadaver, en un féretro cerrado, les fue entregado a su padre en la morgue de la cárcel de Caseros, y trasladado a Olavarría donde está enterrado.

Capítulo 8

 

LAS OTRAS VICTIMAS

 

Los presos, los perseguidos, los exiliados, los cesanteados.

 

Arbitrariamente entenderemos por ‘otras víctimas’,  en primera instancia a un importante grupo de personas que, detenidas durante la dictadura del ‘proceso’,  o exiliadas en el exterior por la persecución de la dictadura, quedaron con secuelas físicas y psíquicas más o menos graves que los llevaron a padecer transtornos,  o incluso a la muerte posterior.

También entendemos como víctimas del ‘proceso’, en un sentido más amplio,  a todas aquellas otras personas que fueron cesanteados o sufrieron algún tipo de persecución ideológica en sus trabajos como consecuencia de su actividad sindical, cultural, social o política.

Ellos suman más de un centenar únicamente  en nuestra ciudad, y sería materialmente imposible hacer una relación detallada de todos los casos. Algunos permanecieron detenidos unos días, otros varios   meses, y una docena alrededor de seis años.

Con historias y avatares disímiles, finalmente todos -con la sola excepción ya testimoniada de Jorge Toledo-  fueron liberados, comenzando una nueva vida y debiendo superar una costosa reinserción en una sociedad atenazada por el miedo remanente.

En los años del ‘proceso’ -recordemos a corazón abierto-, la mayoría de los que teníamos inquietudes sociales, gremiales o políticas, y las habíamos puesto en práctica públicamente creyendo en la democracia y el normal funcionamiento de sus instituciones, frente a la barbarie y la anomia de la dictadura reaccionamos autodefensivamente.

‘Saber’, ‘conocer’, ‘tener conciencia’ en suma, del horror que nos rodeaba,  impedía llevar una vida normal y todo tenía un extraño aire de transitoriedad. El muro de afectos y de las cosas más simples del que intentamos  rodearnos apenas si alcanzaba para un entresueño incómodo, provisorio.

Como Pedro en el Evangelio,  negábamos las amistades más entrañables, o  reducíamos vínculos estrechos a la categoría de relaciones formales o fortuítas.

Recurríamos al consabido “por algo habrá sido” para explicarnos las víctimas, y precautoriamente expurgábamos  nuestras agendas de nombres que pudieran ‘comprometernos’.

Hemos tirado o quemado cientos de libros, en una auto-represión que hoy nos averguenza pero que en los 76/77 nos hacía sentir ilusoriamente más “seguros”.

La  dictadura, con su pedagogía de terror totalitario capaz de empardar el opresivo clima ‘orwelliano’ de “1984”,  había sabido contagiarnos la paranoia de recelar de “los amigos de los amigos” y de sentirnos satisfechos en la más absoluta ignorancia.

Otras víctimas, con más suerte, debieron optar por la expatriación en tierras más o menos hostiles, o por una suerte de ‘exilio interno’ que los llevó a deambular por geografías lejanas que los atraparon para siempre en una nueva vida.

De todas esas historias, tanto por su cantidad como por su heterogeneidad, sería imposible realizar una relación detallada.

Frente al desafío de reflejarlo, y como para no convalidar por omisión aquella falsa creencia de que las víctimas del ‘proceso’ se redujeron a los detenidos-desaparecidos, a los muertos y los presos,  es que hemos de mencionar algunos pocos casos en la esperanza de ser representativos del conjunto.

Salvando las distancias, esperamos que como suele ocurrir en poesía,  lo sugerido, lo no relatado, termine siendo más importante que lo escrito.  

 

Néstor Laffite

 

Néstor Laffite fue otro de los dirigentes históricos de la Jotapé.

Lo gremial fue casi naturalmente su campo de acción. Activo gremialista de los trabajadores de los hornos de ladrillos, organizó su sindicato en Olavarría.

Casado con una maestra rural, Blanca Rodríguez,  padre de cuatro hijos -uno de los cuales falleció accidentalmente mientras Néstor estaba en cautiverio-, había nacido en la localidad rural de San Jorge (Partido de Laprida).

Su infancia fue muy dura, comenzó a trabajar desde los 15 años en distintas tareas rurales, donde había sufrido en carne propia las injusticias y la explotación del trabajo pesado y mal pago.

Tras un intento frustrado de canalizar sus inquietudes sociales a través de uno de los grupos de la diáspora socialista, a fines de los años ‘60 terminó volcándose al peronismo.

En Olavarría trabajó en distintas empresas ( Bibiloni, LOSA), dedicándose finalmente a organizar el gremio de ladrilleros, una actividad cuyos trabajadores históricamente venían cumpliendo en condiciones lamentables de desprotección, sin convenio, sin cobertura social de ningún tipo, a la intemperie y con los pies descalzos entre el barro.

Desde el sindicato comenzó a organizarlos, realizó constantes inspecciones a los hornos, utilizando los recursos del Ministerio de Trabajo y de la estructura  gremial, así como de funcionarios políticos a nivel nacional y provincial del Gobierno pereonista para mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Su militancia sindical lo llevó a convertirse en uno de los referentes principales del gremialismo antiburocrático local, nucleado en la flamante JTP (Juventud Trabajadora Peronista), rama sindical de la “Tendencia” y del Consejo de la Jotapé de Olavarría.

Laffitte fue, junto a Mario Tellez,  una de las dos figuras de la Jotapé de mayor notor