En la provincia de Buenos Aires: Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puán, Tornquist, Coronel Pringles, González Cháves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones.
En la provincia de Río Negro: Departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.
Responsables 2° Comandantes del Cuerpo de Ejército V (Bahía Blanca). Ellos fueron, desde:
Diciembre 1975
General VILAS, Adel, Edgardo
Diciembre 1976
General CATUZZI, Abel Teodoro
Diciembre 1979
General ORTIZ, Raúl José
Organos de Inteligencia
Destacamento de Inteligencia 181 (Bahía Blanca). Fueron jefes, desde:
Febrero 1976
Coronel LOSARDO, Antonio
Octubre 1977
Coronel KOCH, Jorge Otto
Octubre 1979
Coronel RIVEIRO, José Osvaldo
AREA 511 (5/51/511)
JURISDICCION
Partidos del sur de la provincia de Buenos Aires bajo jurisdicción de la Subzona 51. Partidos de Bahía Blanca y Patagones.
RESPONSABLES Jefes del Batallón de Comunicaciones Comando 181 (Bahía Blanca). Fueron
Desde:
Octubre 1974: Tte. Coronel TAUBER, Argentino Cipriano
Noviembre 1976: Tte. Coronel MANSUETO SWENDSEN, Jorge Enrique
Enero 1979: Tte. Coronel MORRONE, Carlos Alberto Gerardo
Setiembre 1980: Tte. Coronel ANDUJAR, Alfredo Francisco
C.C.D. Operó durante Ubicación
La Escuelita 1976/78 Batallón de Comunicaciones Comando 181 - Villa Floresta - Bahía Blanca
Cárcel Villa Floresta 1976/78 Villa Floresta - Bahía Blanca
La Represión en Bahía Blanca
Bahí Blanca es una ciudad comercial, con una rica cultura profesional y artística que incluye a dos universidades. Es además sede de importantes guarniciones militares tanto de la Marina como de otras fuerzas armadas. La base naval de Puerto Belgrano, el centro de operaciones de la Armada Argentina y la base naval más grande de Latinoamírica, se encuentra muy cerca.
La represión asaltó cruelmente en Bahía Blanca, especialmente bajo el mando del General Acdel Edgardo Vilas. Varios centros de concentración funcionaron en Bahía Blanca. Allí, hombres, mujeres y adolescentes fueron cruelmente torturados y en su mayoría "trasladados". La Escuelita fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración. El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida por Baterías, donde sólo quedó una superviviente y por donde pasaron numerosos activistas cristianos desaparecidos. Esta única superviviente era empleada de la empresa telefónica y murio hace unos años sin hacer un testimonio escrito, pero sí oral.
El SIN tenía y tiene varios edificios en la ciudad y durante la represión fue considerada su centro de operaciones. Allí vivieron Astiz, Acosta, Massera, Scilingo, entre otros represores.
La ciudad se caracteriza además por tener un periódico, "La Nueva Provincia" que fue, según el testimonio de Scilingo, uno de los ideólogos del Golpe de Estado de 1976 y de clara ideología nazi. De sus rotativas salía una de las revistas más conocidas durante la epoca de la AAA, como era Cabildo y sus propietarios eran dueños de la editorial nazi más grande de América Latina con sede en Buenos Aires.
El informe de la CONADEP acusa a este periódico de incentivar los asesinatos, desapariciones y todo tipo de violencia criminal en esa ciudad, habiendo recogido siempre la versiones falsas provistas por la AAA o por la Marina de Guerra.
Como en otros lados, la impunidad continúa reinando en Bahía Blanca.
En el año del Golpe
Jurisdicciones militares
De las zonas en que estaba dividido el sur del país, nuestra ciudad de Bahía Blanca estaba comprendida en la Zona 5, Subzona 51.
Jurisdicción:
Zona 5
Sur de la Provincia de Buenos Aires (Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones), y provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Subzona 51
En la provincia de Buenos Aires: Partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chaves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca, Patagones.
En la provincia de Río Negro: Departamentos de Avellaneda, Pichi Mahuida, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, Adolfo Alsina, y Conesa.
Subzona 52
Provincia de Neuquén y de la provincia de Río Negro los departamentos de General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Bariloche y 25 de Mayo.
Subzona 53
Hasta el año 1980, en que se creó la Subzona 54, abarcó las provincias de Chubut, Santa Cruz, y el entonces territorio nacional de Tierra del Fuego.
Subzona 54
Guarniciones de Río Gallegos, El Turbio, Puerto Santa Cruz y Comandante Luis Piedrabuena (a partir de 1980).
V Cuerpo de Ejército
La zona de seguridad colocada bajo control del V Cuerpo de Ejército, abarcaba los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a dos Centros permanentes ubicados en la ciudad de Bahía Blanca, uno en las cercanías del Comando del V Cuerpo de Ejército y otro dentro de sus propias instalaciones.
En los días anteriores al golpe, un número importante de militantes políticos y gremiales, legisladores, profesores universitarios y funcionarios del Gobierno depuesto eran detenidos en operativos aparentemente legales, para luego ser trasladados, a medida que se disponía de lugar, a instalaciones del Comando del V Cuerpo, donde muchos de ellos pasaban a revestir en la categoría de desaparecidos. Algunos de ellos habían sido rastreados con gran celeridad en otras regiones del país y puestos a disposición de la Zona de Seguridad N° 5.
La Escuelita
Dada la envergadura de las operaciones represivas encaradas en la propia ciudad de Bahía Blanca y su zona adyacente, nuevas instalaciones se hicieron indispensables, por lo que se habilitó “La Escuelita”, vieja construcción compuesta de varias habitaciones, situada a unos 100 metros del galpón. Cuando el número de detenidos desbordaba la capacidad, algunos eran derivados transitoriamente a otro edificio ubicado en la Base Naval o en sus inmediaciones, donde los custodiaba personal de la Marina. Esta, a su vez, contaba con otro Centro de Detención Clandestino instalado en la Batería 2, frente a la costa, donde quedó fondeado un barco utilizado con idéntico fin en los momentos en que la represión fue más intensa.
Pedro Marinada (Legajo N° 6956), detenido a mediados de junio de 1976, mientras asistía a clase en la Escuela de Educación Técnica de Cutralcó, es trasladado junto con otras personas de Neuquén hasta “La Escuelita” de Bahía Blanca, donde lo interrogan y pasa luego 14 días de cautiverio precisamente en ese “otro edificio al que se accede por un camino muy poceado que huele a mar”. Por fin lo trasladan al Penal de Neuquén, a disposición del Área 521 cuyo Jefe de Inteligencia era el Mayor Reinhold.
Testigos reconocieron el lugar, según consta en la CONADEP, a unos 2.000 metros de la sede del Comando, en un paraje conocido como “el viejo tambo” en el camino de “La Carrindanga” el lugar donde se levantaba la “Escuelita”, demolida hoy día, rodeada por una arboleda aún en pie y que resultó inconfundible.
Asimismo, después de un prolijo rastrillaje, los testigos reconocieron restos de la construcción (fragmentos de mampostería con pintura original, baldosas y restos de instalaciones sanitarias), elementos éstos que en todos los casos coincidían con los testimonios previamente vertidos ante la Comisión. Por otra parte, en una causa iniciada ante el Juez Federal de Bahía Blanca, dr. Suter, el comandante del V Cuerpo reconoció la existencia de las construcciones a que hacen referencia los testimonios, y su posterior demolición durante unas maniobras militares en el año 1978.
Algunos detenidos en “La Escuelita” llegaron a ser legalizados. Otros salieron de ese Centro de torturas rumbo a la muerte.
Fuente de los datos: CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas).
Redacción EcoDias - 19/03/2006
Resolución del Interventor de la UNS, Remus Tetu, dejando cesante a trabajadores no docentes acusados de subversivos.
BAHIA BLANCA, 7 de abril de 1975.
VISTO:
Las causales de Ley que motivaron la intervención en la Universidad Nacional del Sur por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, especialmente aquella especificada en el Art. 51 de la Ley Universitaria Nº 20.634 que expresa y textualmente invoca la siguiente circunstancia: "d) Subversión contra los poderes de la Nación o conflicto grave de competencia con otros organismos públicos"; y
CONSIDERANDO:
·La celeridad con la que la Intervención debe cumplir su cometido para subsanar el estado general imperante en la Casa y que motrivo la intervención de la misma;
·Que para ello se hace imperioso prescindir de ciertos pasos procesales como el establecido por el Art. 40º) del Decreto Ley nº 6666/57 que se tornan redundantes ante la pública notoriedad del referido estado de subversión, invocado hasta como considerando en un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (Nº 388/75 de Intervención de la Universidad Nacional del Sur), lo que constituye la suprema prueba de la notoriedad aducida;
·Que esta posición informalista es congruente con lo normado por el Art. 1º), inc. B) y c) del Decreto Ley Nº 19.549/72;
·Que cabe indicar que un examen más detenido de la situación podría, "prima faciae", conducir hasta la exoneración de no pocos de los agentes involucrados en la parte resolutiva;
·Que la salvaguardia de la Seguridad Nacional debe prevalecer sobre toda otra consideración, de cualquier tipo que sea, sin perjuicio de los posteriores ajustes de derecho que eventualmente podrían imponerse
POR ELLO,
El rector interventor en la Universidad Nacional del Sur,
RESUELVE:
1º) Decretar la cesantía, a partir del 1 de abril de 1975, del siguiente personal administrativo de esta Universidad, por violación contundente, sistemática y notoria de lo impuesto por el Art. 7º, inc. E) del Decreto Ley Nº 6666/57, conforme a lo establecido por el Art. 37º, inc f) e i) del mismo:
·SCOCCIA, Jorge
·GONZALEZ, Ricardo J.
·DI BLASIO, Horacio J.
·RODRIGUEZ, Manuel Omar
·DE LA FLOR, Fructuosa
·GOENAGA, Alicia M.
·GIUSTI, Sergio Tristán
·FIDIS, Elsa
·DIEZ, Alicia
·DIAZ, Gregorio
·ZILIANI, Hugo
·BATTISTONI, Rubén
·HUTTON, Teddy Jorge A.
·ANGELETTI, Rodolfo
·BORZOY, Olga,
·MAIDANA, Daniel
·CALLEJAS, Daniel
·SANCEAU, Marcelo
·POGES, Arturo
·GARCIA, María Cristina
·PRADO, Gabriel
·BERMUDEZ, Oscar Amilcar
·BENEDETTI, Graciela
·SING CHUAN, Hugo
·MOCHEN, Silvia
·ECHANDIA, Miguel Angel
·FASANI, María Elena
·MINIERI, Ramón
·DE LASA, Ana María
·LARREA, César
·LAVERGNE, Rodolfo
·ECHADAG, Raquel
·MIGUEL, Alberto
·Mc COUBRY, Guillermo
·BETANCOUR, Julio
·GETTE, Ignacio
·DEL RIO, Néstor
·DEL RIO, Susana
·CRESPO, Carlos Alberto
·PLACIDI, Sandro
·LEIVA, Graciela
·BOMBARA, Daniel
·SARDIÑA, María Esther
·HERRERA, Dardo
·HERRERO, Hudy
·PUENTE, Raúl
·BORDON, Hilda Noemí
·BELARDINELLI, César
·BAYON, Eduardo Raúl
·BAZAN, Humberto Luis
·GARCIA, Juan Ernesto
·ZANOTTO, Héctor
·BARCHIESI, Mirta Leonor
·INSUA DE TASSARA, Ercilia
2º) La sanción impuesta por el articulado precedente se ejecutará de inmediato por la Oficina de Personal, sin perjuicio de su notificación en término a los interesados por telegrama colacionado.
3º) Pase a la Dirección de Personal para su conocimiento y efectos pertinentes; comuníquese; regístrese y archívese.
Fdo:
Prof. Remus Tetu
Rector Interventor
Universidad Nacional del Sur
El Profesor Remus Tetu era de ideología nacionalsocialista según sus propias declaraciones. De origen rumano había pertenecido al gobierno colaboracionista nazi de ese país y decía haber pertenecido a un grupo similar a los "ustachis" croatas en Rumanía. Fue Interventor de la Universidad de Comahúe (Provincia de Neuquen) y la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). En ambos casos su colaboración con la AAA era total y sus resoluciones eran, en la práctica, sentencias de muerte.
Fue nombrado como rector a propuesta de la Marina de Guerra que tenía un control político total del Ministerio de Educación a través del Subsecretario de Universidades, de apellido Fratini, reconocido integrista católico y también nacionalsocialista. Su otro apoyo estrátegico era el Diario La Nueva Provincia, períodico que no sólo colaboró con la represión sistemática, sino que también representaba a la ideología nacionalsocialista, además de editar en sus rotativas la revista "Cabildo" y ser propietarios de la mayor editorial nazi de América Latina en la ciudad de Buenos Aires.
Este método fue usado antes de la fecha de la resolución que reproducimos en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Reproducimos está resolución como un aporte al esclarecimiento histórico de los hechos que ocurrieron en el Sur de la provincia de Buenos Aires antes del golpe militar de 1976.
Informe Conadep Bahía Blanca 4 de Septiembre de 1984
Informe final de la actuación de la CONADEP
delegación Bahía Blanca y zonas aledañas
Detalle de la actuación realizada
La Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, Delegación Bahía Blanca y Zonas Aledañas quedo constituida por resolución de la Comisión Nacional de fecha 21 de Mayo de 1984.-
En un todo de acuerdo con 105 objetivos parsi que fuera creada, desde ese momento se abocó a la tarea de recepción de denuncias y acumulación de pruebas o evidencias de todos los hechos que pudieran estar vinculados a violación a los derechos humanos; actuando a instancia de parte y aún de oficio.-
En primer lugar se recabó la colaboración de entidades que habían recibido denuncias con anterioridad a la creación de la Comisión Nacional. En este sentido se recibieron los aportes de testimonios recogidos con anterioridad por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Delegación Bahía Blanca, y por la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Cívica Radical, comité de Bahía Blanca.
En forma inmediata se elaboró un plan de información dirigido a la comunidad bahiense para que estuviera suficientemente enterada de la gestión de la comisión, sus alcances y las seguridades que se brindaban. Se elaboraron y distribuyeron comunicados de prensa periódicos, recabando de la población todos aquellos datos que fueran útiles a la tarea encomendada. Si bien los medios de prensa difundieron los comunicados queremos especialmente destacar la colaboración directa prestada por el Canal 7 de Televisión, el que brindó un espacio para transmitir una placa que publicitaba los llamados y el alcance de esta Comisión.
En términos generales la colaboración por parte de la ciudadanía y en particular de aquellos que resultaron ser víctimas de la represión, sus familiares o amigos no resultó todo lo espontánea que era de esperar.
Se decidió poner en marcan un trabajo de investigación tendente a recoger la información que el diario local suministrara sobre las acciones desarrolladas durante los años 1975, 1976 y 1977 en el marco de la lucha antisubversiva. Ello permitió contar con un detalle cronológico de información de todos los hechos, que luego se relacionaban con denuncias recibidas para poner más clara la información. De este trabajo de recopilación periodística hemos obtenido editoriales y artículos aparecidos en el diario "La Nueva Provincia" en los que se justificaba el accionar represivo y actos que luego fueron comprobados como violatorios de los derechos humanos. Este aspecto es importarte de tener en cuenta para clarificar el marco general en el que se desenvolvió la represión en nuestra zona y al mismo tiempo para investigar el grado de anuencia con que contó en la población e instituciones de la ciudad.
A los efectos de completar las denuncias recibidas se decidió el envío de oficios requiriendo información a todos los organismos de seguridad de la región. Se les solicitó concretamente las nóminas de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad participes en procedimientos donde hubieran muerto o desaparecido personas, datos estadísticos sobre individuos abatidos en los enfrentamientos y/o detenidos en sus dependencias.-
Dentro del mismo orden investigativo y compilatorio de datos también se requirió información a Institutos de Minoridad, Públicos y Privados, acerca de la internación o tenencia de niños que hubieran sido sustraídos de la tute la de sus padres, o que hubieran ingresado sin conocerse datos filiatorios o de sus familiares.-
Se remitieron pedidos de informes a hospitales públicos y privados, centros asistenciales de la zona, solicitando datos sobre ingreso de personas heridas fin procedimientos antisubversivos, durante los años de mayor auge represivo.-
Fue sumamente escasa la respuesta, a excepción de algún Instituto de Minoridad. Las fuerzas de seguridad solamente contestaron informando que los pedidos habían sido elevados a la superioridad para su autorización, sin que a la fecha se cuente con otro tipo de respuesta.-
Otra de las tareas llevadas a cabo, consistió en la citación de todas aquellas personas, que aún sin haber estado en calidad de desaparecidas, hablan sido víctimas de la reprensión, especialmente representantes gremiales docentes y alumnos universitarios. A través de testimonios recogidos y de publicaciones periodísticas recopiladas se obtuvieron datos de estas personas que estuvieron largos períodos detenidos a disposición del P.E.N. o de las autoridades militares. Igual proceder se realizó con personas de las que supimos eran portadores de importante información y no optaban por presentarse espontáneamente De estas entrevistas (no muchas personas concurrieron) fue surgiendo nueva información que fue elaborada, engrosando los legajos ya abiertos, y que fue de suma importancia para dilucidar los hechos acaecidos en nuestra jurisdicción.-
También se orientó la investigación en el Juzgado Federal de esta ciudad. Se pudo constatar la existencia de más de ciento setenta (170) habeas corpus, originados con motivos de desapariciones o secuestros, durante la época investigada, en su gran mayoría contestados negativamente.
En dicho tribunal se verificó la existencia de numerosas causas que durante el año 1976 y 1977 se caratulaban: "X.X. s/ Entrega de su Cadáver" y que se formaban al solo y único efecto de entregar cadáveres de personas presuntamente muertas en enfrentamientos con Fuerzas de Seguridad. En las mismas nunca se investigaron la causas de las muertes, ni el destino o la real existencia de elementos que pudieran ser utilizado los abatidos, tales como a automóviles o armas, ello a computar por la información brindada por las Fuerzas de Seguridad en tales expedientes.-
Al respecto es importante informar que esta comisión ha recogido testimonios que indican que muchas de esas personas, cuyos cadáveres eran entregados a través de la Justicia, habrían sido vistas con vida en centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona, o - en otros casos- habrían sido secuestrados de sus domicilios por personal de seguridad.-
Es importante destacar que en algunas causas abiertas en este Justado Federal, con posterioridad, ha habido progresos en la investigación muy notables, llegándose en la actualidad, en alguna de ellas, a importantes comprobaciones sobre delitos cometidos durante la lucha antisubversiva.-
Una vez que se logro obtener la mayor cantidad de denuncias, datos y testimonios se procedió a su tabulación y reordenamiento y se comenzó un contacto más estrecho con la Comisión .Nacional.-
Se realizaron varios viajes a la Capital Federal, coordinando la información existente con otra situada en dicha Capital, lo que permitió un avance sustancial en la labor. Los miembros de nuestra comisión obtuvieron testimonios directos de personas que formaron parte del aparato represivo y que tuvieron actuación en nuestra zona. Estos testimonios mencionan la existencia de enterramientos masivos y clandestinos, y de diferentes centros de detención clandestinos que habrían funcionado en la zona, particularmente en la Base Naval de Puerto Belgrano y en el Partido de Villarino, cuya existencia no ha podido -hasta la fecha- ser fehacientemente constatada por esta Comisión. También proporcionaron tales testimonios, nóminas de personas civiles y militares partícipes de la actividad represiva.-
Luego de una prolija investigación y coordinación previa, con fecha 11 de Junio se dispone la realización de un operativo en dependencias del Comando del V Cuerpo de Ejército. Con la presencia de miembros especialmente autorizados y especializados en estos procedimientos provenientes de la Comisión Nacional y la presencia de seis personas que oficiaron como testigos, se concurrió a los efectos de reconocer el lugar donde habría funcionado el centro de detención clandestino denominado "LA ESCUELITA".-
Dicho centro, ubicado en la parte posterior del Comando, donde anteriormente funcionara un tambo, en proximidades del Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército (CICOFE), paralelo a las vías del Ferrocarril General Roca y una ruta conocida como "Camino de la Carrindanga"; constaba de diversas construcciones distantes algunos metros unas de otras, y que pese a estar totalmente desmantelado, los testigos aseguran que los vestigios son suficientes para haber reconocido el lugar donde estuvieron detenidos sufriendo torturas y vejaciones de todo orden.-
Los testigos que participaron de este procedimiento, a posteriori del mismo, ratificaron sus denuncias y ampliaron elementos de sumo interés para los legajos que se preparaban en la comisión.-
Esta Delegación fue nexo para obtener la comparecencia de ex-desaparecidos, actualmente residiendo en el exterior, que fueron presentados ante la Justicia Federal para que prestaran su testimonio. Esto ha sido de mucha importancia dado la calidad de testigos presenciales, de estas personas, en diferentes delitos cometidos en Bahía Blanca con motivo de la lucha antisubversiva. De esas personas también obtuvimos testimonios valiosos para engrasar la información obrante en esta Delegación.-
Se llevaron a cabo diversas gestiones, ante autoridades judiciales y gubernamentales tendientes a ubicar el paradero de varias personas desaparecidas; lográndose en un caso detectar la muerte de un joven y su lugar de enterramiento, el mismo figuraba como desaparecido.-
A la fecha, y tomando rigurosamente como base los testimonios obrantes en poder de esta Delegación, el detalle de casos registrados es el siguiente:
·Muertos 24
·Desaparecidos 58
·Liberados 66
De este total, los efectivamente denunciados como ocurridos en nuestra ciudad, son los siguientes:
·Muertos 19
·Desaparecidos 20
·Liberados 47
Los restantes corresponden a testimonios recibidos por esta delegación pero cuyos hechos sucedieren en otras zonas del país.-
Es interesante ofrecer el siguiente dato que lo constituye las víctimas según las informaciones brindadas a la población de Bahía Blanca por la prensa escrita:
·Muertos en Bahía Blanca: 43
·Muertos fuera de Bahía Blanca: 9
Finalmente, en cada caso, se instrumentó un legajo numerado conteniendo la denuncia y todas las pruebas que se pudieron recabar. Estos legajos fueron remitidos puntualmente a la Comisión Nacional. De todos esos legajos hemos mantenido las copias y registrado la numeración bajo la cuál se tramita en Buenos Aires.-
En los Anexos A, B, C, D, E y F se exponen los listados de las personas muertas, desaparecidas y liberadas, que ciframos más arriba.
Características de la represión
Además de los objetivos específicos de esta Delegación, que fueran la recepción de denuncias y acumulación de pruebas, tal Como se detallara en la primer parte de este informe final, se nos propuso desde la Comisión Nacional efectuar un análisis del marco general en que se desenvolvió la regresión en la zona, aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que reproduzcan en alguna medida el entorno en el cual se desarrollaron los hechos las particularidades con las cuales operó la represión.-
A tales efectos contamos con la investigación periodística que efectuaran miembros de esta Delegación y datos de los testimonios ofrecidos por los denunciante.-
Bahía Blanca es una ciudad con características muy particulares en los aspectos mencionados anteriormente. Presenta una gran actividad comercial la que se ve favorecida por su calidad de paso obligatorio hacia el sur del País y de enclave de una rica zona agrícolo-ganadera, a través de su Puerto de Ingeniero White. Distante aproximadamente 700 Kms. de la Capital Federal y de la Capital Provincial de La Plata, se .transformó en un eje de varias actividades económicas, políticas y culturales.-
Alberga un gran número de profesionales de todas las especialidades, que desarrollan sus tareas en el orden público, institucional o en forma liberal. A sus universidades e institutos terciarios (Universidad Nacional del Sur y Universidad Tecnológica Nacional, especialmente) acuden una gran cantidad de estudiantes de toda su amplia zona de influencia, aunque para graduarse en algunas disciplinas los jóvenes de esta región se trasladan a su vez, principalmente, a las Universidades de La Plata y Buenos Aires.-
Por otra parte se constituye en un centro cultural destacado, si consideramos a nivel de ciudad del interior, teniendo desarrollo actividades musicales, teatrales, danza, pintura, escultura, etc.
Otro de los aspectos destacables de la ciudad lo constituyen la actuación de innumerables cantidad de entidades intermedias: asociaciones gremiales, empresariales, culturales.-
Es sede de importantes guarniciones militares y de organismos de defensa y seguridad. Así por ejemplo se hallan radicados en las inmediaciones de la ciudad: Base naval de Puerto Belgrano (la más importante de la Marina y una de las más grandes de Latinoamérica); Base Aeronaval Comandante Espora; Base Naval de Infantería de Marina; Comando del Vto. Cuerpo de Ejército; Batallón de Comunicaciones Nº 181; Delegación Sur de Gendarmería nacional; Prefectura Naval Argentina; Delegación del S.I.D.E.; Delegación de la Policía Federal Argentina; Brigada de Investigaciones y Unidad regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.-
Otra de las particularidades, y de enorme importancia, lo constituye el hecho de contar con un monopolio de prensa escrita, dado que el único diario es "La Nueva Provincia" cuya editorial posee a su vez una radioemisora, LU2 y un canal de televisión, canal 9). Este diario fue uno de los voceros escritos más destacados con que contó la represión en nuestro país. Sus editoriales merecen ser destacadas, así el 21 de marzo de 1976 decía:
"A las elecciones con muletas", dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical (Ricardo Balbín). No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar...Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone "curables" los males argentinos cinco minutos antes que muera la República? ¡Qué increíble ceguera! No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?".
El 24 de marzo de 1976, el golpe militar encontró desempeñándose como Comandante del Vto Cuerpo de Ejército al General René Azpitarte y en las funciones de Segundo Comandante al General Acdel Edgardo Vilas.-
Este último había arribado a nuestra ciudad, trasladado desde Tucumán, en compañía de un grupo de militares (oficiales y suboficiales) y civiles junto a los que había participado al frente del denominado Operativo Independencia, que se desarrolló contra la subversión en aquella provincia.-
Coincidentemente en esa época se desata en forma orgánica y progresiva todo el accionar represivo; ya que por entonces comienzan a sucederse en Bahía Blanca y su zona una serie de operativos y presuntos enfrentamientos (en los que regularmente participaban personal de fuerzas conjuntas del Ejército y Policía) y otros procedimientos realizados por grupos armados no identificados.-
Este accionar es puesto de relieve por el diario "La Nueva Provincia" cuando en su editorial del 12 de Agosto de 1976 dice:
" . . .Ese mismo verano arribó a ésta el General Acdel Edgardo Vilas, que hasta el momento se había desempeñado como comandante de la crucial zona de operaciones en el monte tucumano..., Nuestra ciudad era, con todo distinta al Jardín de la República. Desde su topografía hasta su idiosincrasia, desde su tradición lugareña hasta sus anhelos y necesidades particulares, las diferencias entre una y otra resultaban notables para un soldado acostumbrado a la guerra antisubversiva desarrollada en el Norte. Sin embargo el General Vilas pronto comprendió esta distinción y, codo a codo con su comandante desenvolvió una estrategia de acuerdo al nuevo terreno bélico. Bahía Blanca volvió a sentir disparos, a saber de enfrentamientos armados y de muertes. Pero ya no eran las bandas sindicales, ni los matones a sueldo de la "burocracia" quienes salían a divertirse o a saldar deudas de juego, deudas de negociados o deudas de mujeres. Esta vez se trataba de soldados de la Patria luchando contra criminales marxistas; se trataba de una prolongación de la contienda iniciada a lo largo y ancho del país por las fuerzas armadas. El asombro se torna estupor. Bahía Blanca no estaba exenta, ni mucho menos, del peligro marxista. Su tranquilidad, después de todo resultaba más que tranquilidad, calma chicha. Tras su aparente "virginidadad" subversiva se había montado un vasto organigrama revolucionario que alcanzaba a los sindicatos y llegaba a las distintas facultades. Este diario -no se trata de reivindicar méritos- denunció la infiltración años atrás, cuando a todos les parecía que cazaba brujas y se empeñaba en Ver fantasmas, con la hoz y el martillo, caminando por los claustros. La estrategia guerrillera era evidente. No obstante nadie quería penetrarla. Ahora, un soldado viene a descorrer el velo que cubría tanta complicidad; viene a decirle a nuestra ciudad la verdad, por dura que parezca. Caen hechos pedazos muchos figurones; otros van presos merced a sus "simpatías" comunistas."
"Vilas no se detiene ante el "que dirán". Conoce la naturaleza de esta guerra y conoce la "inteligentzia" en todo su cómodo snobismo, la sabe dispuesta a negar, en la primera de cambios, la evidencia con tal de salvar la cara y no comprometerse. El General Vilas de común acuerdo con el Comandante del Vto. Cuerpo, no se ha arredado ante los peligros que supone hablar claro y denunciar tanto personaje estólido e inflado, cómplice del marxismo. Que se llame Domecq o Malek, sea montonero o trotskista, se diga pacifista o beligerante, lo sea por omisión, arribismo, cobardía o estupidez, todo aquel que haya cohonestado la táctica subversiva es culpable... y merece ser condenado."
"A esta altura existe solo una dialéctica: la del amigo - enemigo. Y al enemigo, el vencedor de Tucumán, lo comprende mejor que nadie, debe tratárselo como tal. O es que todavía vamos a creer que, mientras se conspira para destruir a la Patria, los delincuentes subversivos merecen acogerse al Tratado de Ginebra? Créanlo los cobardes, los cómplices... No lo cree así, afortunadamente, quién venció en Tucumán y hoy se empeña en limpiar a Bahía Blanca de elementos subversivos."
Dentro de este accionar surgió la creación de centros clandestinos de detección, entre ellos se hace "famoso" el conocido como "LA ESCUELITA", que funcionó bajo la jurisdicción del Comando del Vto. Cuerpo de Ejército.-
Numerosos testimonios recogidos dan cuenta que a dicho lugar eran conducidos encapuchadas, maniatadas y amordazadas las personas que a diario se secuestraban en la ciudad y zona. También operando como centro de interrogación, torturas y alojamiento de detenidos-desaparecidos.-
El centro "La Escuelita", considerado de enorme importancia por el número de detenidos y la trascendencia personal de alguno de ellos (legisladores, funcionarios, etc.) habría funcionado en terrenos de la parte posterior del Comando, en un lugar donde anteriormente funcionó un tambo y próximo al ClCOFE (Centro Fijo de Comunicaciones e Informaciones del Ejército) y al cual se accedía desde el llamado "Camino de la Carrindanga" (ruta a la localidad de Cabildo).-
Testimonios recogidos indican que a dicho centro, compuesto de diversas construcciones, también se recluyó a detenidos trasladados de otros lugares del país, mujeres embarazadas que habrían dado a luz durante el cautiverio y un gran número de personas que luego aparecieron muertas en presuntos enfrentamientos con fuerzas regulares.
La crueldad de los represores a cargo del centro fue uno de los aspectos que lo caracterizó, ya que detenidos-desaparecidos que luego fueron puestos en libertad, dan testimonio de las más aberrantes e inhumanas torturas físicas y psicológicas.
El lugar físico donde funcionó este centro fue totalmente desmantelado, su construcción demolida y el escenario que rodeaba los edificios sufrió alteraciones, como ser la tala de árboles, remoción de tierra, etc.
No obstante ello, y según se mencionó en el apartado I de este informe, en oportunidad de efectuar un procedimiento en dicho lugar, integrando una comisión con funcionarios de la Comisión Nacional más el aporte invalorable de seis personas que estuvieron en calidad de detenidos-desaparecidos, se pudieron comprobar vestigios que aseguran su existencia.
Distintas versiones indican la existencia de otros centros clandestinos de detención en la zona. Estas cobran asidero por que los testimonios brindados por liberados, en algunos casos, difieren en la descripción del lugar de su detención con las características del ya apuntado. También confirman estas versiones relatos efectuadas a miembros de esta comisión por personas que han tenido participación en el accionar represivo. Así resultaría la existencia de un centro que habría funcionado en la Base Naval de Puerto Belgrano, como así también otro dentro del partido de Villarino. Sobre estos campos estamos recopilando la información necesaria para proceder posteriormente a realizar las verificaciones correspondientes.
Basados en los testimonios recogidos podemos informar que la estructura de los grupos que participaron en la represión estaba integrada por personal del Ejército Argentino; del Servicio de Inteligencia de Penales; de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires; y de civiles especialmente adiestrados para este accionar. Dentro de estos civiles se han recibido testimonios de la participación de miembros de la C.N.U (Concentración Nacionalista Universitaria) que estaban adscriptos a inteligencia, varios de cuyos integrantes formaban parte del servicio de vigilancia perteneciente a la Universidad Nacional del Sur (en esa época el rectorado estaba a cargo del Profesor Remus Tetu). También sobre la pertenencia a esos grupos de miembros de sindicatos que laboraban como cobertura en diversas actividades.
El modus operandi de las fuerzas represivos se caracterizó por el secuestro nocturno, en automóviles, generalmente no oficiales, donde eran introducidos encapuchados y maniatados los individuos secuestrados. Se los trasladaba en el piso del rodado, constantemente golpeados para que se desorientaran del lugar donde eran llevados. Se movían en grupos fuertemente armados, en varios vehículos, aunque generalmente era solo uno el que se detenía frente al domicilio a requisar, contando con el apoyo a distancia de los restantes.
Los allanamientos, en su mayoría violentos, consistían -en algunos casos- en secuestro de familias enteras, y en otros de las personas "buscadas" en la situación que se encontraban, también llevado cualquier otro "sospechoso" que en ese momento habitara la vivienda.-
Otra de las características que rodeaban los operativos era el robo y desmantelamiento de las viviendas de los detenidos. Esta actitud es la que se llego a catalogar, en el decir popular, como que constituía el "botín de guerra" de los que "arriesgaban su vida" en los operativos.-
Al mismo tiempo que se venían realizando estas acciones, también se efectuaban los operativos considerados 'legales" en los que intervenía personal del Ejercito, Marina o Policía, con abundante despliegue bélico y la participación de vehículos militares. En varios de estos procedimientos, realizados aún a pleno día y ante numerosos testigos presenciales, fueron detenidas personas que hoy figuran como desaparecidas.-
La mayoría de estos operativos se realizaban bajo el Comando Táctico de Operaciones de las Fuerzas Armadas, Subzona 51, integrada por efectivos del Ejercito Argentino, Armada Nacional y Policía de la Provincia de Buenos Aires.-
Muchos de los detenidos en estos operativos "legales" eran alojados en el Batallón de Comando 181, pero tenemos testimonios de detenidos que recién al cabo de algunos días eran "blanqueados" y llevados al Batallón, y que manifiestan haber estado detenidos en un centro clandestino durante los primeros días (con referencia específica a "La Escuelita").-
Todos estos grupos mencionados actuaron en nuestra ciudad con la más absoluta impunidad, careciendo la población de confianza en la justicia que veía dificultada su accionar.-
Todo este accionar descripto se vio favorecido por la situación imperante en aquella época: crisis política y económica, desorientación general en virtud de los hechos terroristas que habían asolado a la población.-
Sumado a ésto la "predica" incesante de los medios de comunicación social y prensa locales, hizo que la población estuviera atemorizada, confundida, e incluso indiferente a los hechos que sucedían a diario.-
Esta apatía generalizada hizo que los afectados por estas violaciones a los derechos humanos no tenían generalmente respuesta positiva a sus reclamos. Las denuncias recibidas demuestran que esta situación se había generalizado en ese tiempo, poniendo en franca indefensión a todo el pueblo; especialmente a aquellos que por su ideología o por su militancia política o sindical estaban "bajo sospecha" de ser elementos afines a los subversivos.-
Los afectados, o sus familiares, recurrieron a distintas instituciones del quehacer público y privado efectuando reclamos y/o averiguaciones sobre sus familiares desaparecidos, no encontrando el suficiente apoyo y por ende soluciones aceptables a sus problemas.-
Con el correr del tiempo, y pese a las dificultades, surgieron entidades defensoras de los derechos humanos que comenzaron una tarea importante (no siempre bien mirada por la población) a los efectos de dar luz sobre tantos interrogantes.-
El advenimiento de la democracia indicó un camino más seguro pero aún pese a ello subsisten los temores, la indiferencia y las "pretensiones" que se han manifestado aún durante el lapso de actuación de esta Comisión.-
Tenemos, sin embargo, la firme convicción de que la ciudadanía toda ha tomado conciencia de la importancia de esta tarea, que debe ser obra de todos, y que con el transcurrir del tiempo la tarea de la justicia, en base a todos los antecedentes elevados, dará frutos.
Conclusiones
La tarea desarrollada por esta delegación, en sus escasos tres meses de labor, ha sido intensa, pero sin duda no resulta suficiente. El elevado numero de casos tratados, la reticencia en suministrar información, ya sea por temor u otras razones, de parte de las propias victimas, familiares, amigos, y la falta de colaboración prestada por los organismos de seguridad tornaron sumamente dificultosa la tarea encomendada.-
Entendemos haber cumplido en la letra las tareas para las que fuimos constituidos, específicamente en el caso de recoger denuncias, acumular las pruebas y remitirlas a la Comisión Nacional. Volcamos a esta tarea todo nuestro esfuerzo, acudiendo a todos los recursos disponibles para un mejor desempeño. Sin embargo entendemos que hasta aquí es una tarea inconclusa.-
Quedará en manos de la Justicia valorar los elementos probatorios aportados y, en su caso, juzgar a los responsables. Es Ella la única destinataria de todos nuestros esfuerzos. Confiamos plenamente en la labor de la Justicia, la que tarde o temprano, pero en forma inexorable, deberá echar luz sobre estos tristes episodios vividos por nuestros conciudadanos.-
Entendemos nuestra participación en esta Delegación como un aporte a la construcción y afianzamiento de la incipiente democracia de nuestra Patria.-
Nos ha guiado en esta tarea un verdadero espíritu de construir en paz, sin revanchismos absurdos, el futuro de la Patria. Pero estamos convencidos que no habrá paz posible sin justicia, sin verdad. Justicia y verdad que devolverán al pueblo de la Patria la confianza en sus instituciones y en sus autoridades.-
Finalmente solo nos queda agradecer a todas aquellas personas e instituciones que se acercaron para colaborar de una u otra manera, en nuestra labor, y en forma muy especial a la Municipalidad de Bahía Blanca la cuál cedió sus instalaciones para que pudiéramos funcionar con comodidad.
BAHÍA BLANCA, 4 de Setiembre de 1984
Firmado por: Juan Pedro Tunessi; Oreste Eduardo Retta; José Luis Malet; Albano Nocent; Ernesto Alfredo Malisia; Osvaldo Meloni; Lázaro Aleksoski; Roberto Garaygordobil; Felipe Omar Brianti y Serafín Groppa
Anexo A Muertos en Bahía Blanca Informe Final de la Conadep delegación Bahía Blanca y zonas aledañas
I. Según datos recogidos del diario "La Nueva Provincia":
BAYARSKY, Alberto Noe MENDIVIL DE PONTE, Marisa DORÑAK, Carlos CILLERUELLO, David Nolver GUIOZZO, Nélida Esther VITA, Hugo Alberto SURACE, José Alberto GARCIA, Julio GANUZA, Gabriel DEL RIO, Néstor N N. (San Lorenzo 740) (3) HEINRICH, Enrique LOYOLA, Miguel Angel ESQUIVEL, José Víctor N.N. (Parque Independencia) (6) N.N. (Santiago del Estero 376) (4) HERRERA, Mario FARIAS, Néstor N.N. (Ruta 5l, Campo San Manuel, 20Km de Bh.Bl.) (2) COUSSEMENT, Cristina E. GUTIERREZ, Benigno P. HIDALGO, Daniel GARCIA, Delia E. DEL RIO, Ricardo Gabriel N. N. (Balneario Maldonado) (1) MARTINELLI Susana N.N. (Villa Rosario) (2) CUESTA, Ricardo Osvaldo CORTEZ, José Antonio ACEVEDO, Patricia Elizabeth CORREA, Héctor Reinaldo
II. Según testimonios recogidos:
POJOMOVSKY, Alberto Mario ESCUDERO, Jose Luis MORAN, Mónica ALDUVINO, Fenando Antonio GOLBERG, Mario Oscar DAVIT, Carlos A. YACIANCI, Rodolfo E. CASTILLO, Juan Carlos GARRALDA, Alberto IZURIETA, Zulma Araceli GIORDANO, César A. ROMERO, María Elena YOTI, Gustavo Marcelo FORNAZARI, Juan Pablo TARCHITZKY, Manuel MATZKIN, Zulma PERALTA, José Luis JARA, Fernando ROSSI, Darío
Anexo B Muertos fuera de Bahía Blanca Informe Final de la Conadep delegación Bahía Blanca y zonas aledañas
I. Según datos recogidos del diario "La Nueva Provincia":
RIGANTI, Daniel N.N. (Sierra de la Ventana) (4) N.N. (Médanos) (2) RIGANTI, Jorge Juan MARTINEZ, Alfredo Guillermo
II. Según testimonios recogidos:
PFERRARI, María Angélica FRERS, Elizabeth CARLOVICH, Adrián Orlando LOPEZ, Roberto H. VALEMBERG, Jorge BONFIGLIO, GASTALDI, OLIVA,
Anexo C Desaparecidos en Bahía Blanca
CARCEDO, Gerardo Victor DEL RI0, Jorge Eleodoro REPETTO, Néstor Omar PIOLI, Cora María BOSSI, Néstor Alejandro TRAVERSO DE BOSSI, Susana Elba RIVERA, Carlos Roberto SOUTO CASTILLO, Olga Silvia FERRERI, Raúl A. SAMPIPINI, Rubén Hector JUNQUERA, Néstor O. GONZALES DE JUNQUERA, María Elena CEREIJO, Nancy IANARELLI, Estela María ILACQUA, Carlos María PVONPFANDL, Hugo Daniel RUSSIN, Horacio RIQUELME GANGAS, Jaime IZURIETA, María Graciela Compañero de Olga Souto Castillo, a. "Cacho"
Anexo D Desaparecidos fuera de Bahía Blanca
PRADO, Gabriel Herberto. GONZALES BELIO DE PRADO, Mónica. METZ, Raúl Eugenio. ROMERO DE METZ, Graciela. METZ ROMERO. KORSUNSKY, Eduardo Sergio. MIRANDA, Raúl. SANTAMARIA, Manuel Alberto. FILIPAZZI, Rafaela Juliana. NOCENT, Elsa Alcira. KOOISTRA, Ercilla A. CONSTANTINI, María Cristina. GONZALEZ, Juan Carlos. PIRONI, Aldo Antonio. RICCI, Eduardo Luis. VAZQUEZ, Jorge M. PERALTA DE VAZQUEZ, Alicia N. OLIVA, Margarita L. RUSSO, Gerónimo Isidoro NIETO, Juan Mateo. TAURO, María Graciela. ALECKSOSKY, José David DIEGO, Ana Teresa. SANTUCHO, Ruben Heldy. GINDER DE SANTUCHO, Catalina. SANTCHO, Mónica. ANDREU, Edgardo Miguel Angel. ROBERT DE ANDREU, Norma. GUIDO, Raúl A. GIMENEZ DE GUIDO, Silvia N. FIORITTI, Armando. PETER DE FIORITTI, María E. ERALDO, Norberto E. SAUBIETTE, Leonel E. ARCE SAHORES, Elena. SEGUEL, Arlene. CHAVEZ, Carlos. MUJICA, Susana.
Anexo E Detenidos-Liberados en Bahía Blanca
FURLA, Héctor. AGUIRRE, Dardo Ignacio. CLARO DE AGUIRRE, Angélica. PUPKO, José Rubén. DOMENICALLE, Nestor. AIZEMBERG, Samuel. RAFFAELI, Juan A. DELUCHI, Nélida Esther. VERA NAVAS, Manuel. BARZOLA, Hugo Walter. VOITZUK, Sergio Andrés. VILLALBA, Emilio Rubén. MANTOVANI DE MANTOVANI, Martha. LOPEZ, Horacio Alberto. DI TOTO DE LOPEZ, Estela Clara. ESQUIVEL, Daniel Osvaldo. ALMENDRAS ZAPATA, Sylvia L. VALENTINI, Francisco. LOPEZ, Gustavo Darío. ZOCALLI, Renato. ROTH, Gustavo. BAMBOZZI, Daniel. ARAGON, CARRIZO, MENGATTO, PETERSEN, BENAMO, Víctor. CASTIA, Jorge Raúl. PARTNOY, Alicia Mabel. GERMANI, Ana María. MAISONAVE, Rodolfo. CHABAT, Patricia. DAMIANI DE ALVAREZ, Ana María. ALVAREZ, FLORES RIQUELME, María Eugenia. COLLAZOS, Claudio. NUÑEZ, Héctor. BUSTOS, Rene GASTALDI, Patricia. LAURENCENA, Braulio Raúl. CISTERNA, Edgardo. CONCHA, Nieves CASTRO, Samuel. ULLOA, Leonel. NAVARRO, Claudina. CASTRO, Noemí. JARA, Héctor.
Anexo F Detenidos-Liberados fuera de Bahía Blanca DEJTER, Simón L. ROBALDOS, Jorge. BREGA, Carlos Dante. FAVERO, Luis Eugenio. GUZMAN, Héctor. STIRNEMANN, Orlando Luis. MONGES, Juan Carlos. MADINA FRESCO, Eduardo. MACCHI, Enrique. MACCHI, AYALA, Héctor Juan. CRESPO, Mario R. J. RIAL DE MEILAN, Vilma Diana. MEILLAN, Oscar José. ABEL, Jorge A. BERMUDEZ, Oscar Amílcar. TROPEANO, Francisco. SEGUEL, Argentina. SEGUEL, Dora.
Testimonio sobre el campo de concentración "La Escuelita" de Bahía Blanca.
Este es el único testimonio de los campos de concentración del sur de Argentina y muy especialmente de los existentes en la zona de Bahía Blanca.
Presentación.
Mi nombre es Alicia Mabel Partnoy, argentina, nací en Bahía Blanca el 7 de Febrero de 1955, DIN 11.314.756.
(…)
El día 12 de enero de 1977 al mediodía, soy detenida por personal del ejercito uniformado, en mi domicilio de Canadá 240, Dto 2, Bahía Blanca; minutos después el mismo personal detiene a mi esposo en su local de trabajo. Se nos traslada al Comando del V Cuerpo de Ejercito y de allí a un campo de concentración: "La Escuelita". A partir de ese momento pasamos a ser por espacio de 5 meses, dos nombres más en la interminable lista de miles de detenidos-desaparecidos, víctimas de la dictadura militar argentina.
En el 2000, Cruciani se negó a declarar en el Juicio por la Verdad.
Por D. M.
Graciela Izurieta fue vista por última vez en diciembre de 1976, durante su séptimo mes de embarazo. Graciela Romero parió un varón el 17 de abril de 1977. Lo llamó Ramón. Ambas estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Escuelita, a metros del camino La Carrindanga. Ambas continúan desaparecidas y pese a la incansable búsqueda de familiares y amigos, sus hijos nunca fueron restituidos.
El responsable de ese centro clandestino de detención desde principios de diciembre de 1976, cuando asumió como segundo comandante del Cuerpo V, fue el general Abel Teodoro Catuzzi, ferviente católico, de familia numerosa, célebre por argumentar sobre la necesidad cristiana de torturar, nada menos que ante el obispo Miguel Hesayne, quien luego relató en detalle esos diálogos durante el Juicio a las Juntas. El comandante era el general Osvaldo René Azpitarte y la mano derecha de ambos en La Escuelita era el coronel Antonio Losardo, jefe del destacamento de Inteligencia y del “LRD”, o “lugar de reunión de detenidos” en la jerga castrense usada ante la Justicia. Los tres murieron sin confesar el destino de sus trofeos de guerra. Pero hay muchos otros represores vivos e impunes que difícilmente desconozcan la suerte que corrieron ambas criaturas.
Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) incorpore el pedido de investigación por ambos robos y sustracciones de identidad, el juez federal Alcindo Alvarez Canale deberá optar entre aceptar la oportunidad histórica de exigirles a los militares de Bahía Blanca la información sobre el destino de esos bebés (hoy hombres de casi treinta años) o de ser fiel al retrato del general Julio Roca dedicado por los amigos del Cuerpo V que luce en el hall de entrada a su despacho.
Pagina12. 23 de Enero de 2006
Detuvieron al interrogador del centro clandestino La Escuelita
La Justicia de Bahía Blanca ordenó la detención del suboficial Santiago Cruciani, torturador del campo de concentración del Cuerpo V de Ejército. Su historia y los testimonios de sus víctimas.
Por Diego Martínez
“¡Dale de nuevo, Laucha!”, ordenaba con voz ronca al pie de la mesa de torturas. El Laucha apoyaba la picana sobre cuerpos desnudos, vendados, atados de pies y manos, que se arqueaban por el paso de la corriente. El recuerdo pertenece a Oscar Meilán, ex detenido-desaparecido del campo de concentración del Cuerpo V. La voz, “el Tío” o “mayor Mario Mancini”, alias e identidad de encubrimiento del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, principal interrogador de La Escuelita de Bahía Blanca, detenido el sábado por orden del juez federal Alcindo Alvarez Canale y alojado desde el lunes en un calabozo de la Policía Federal bahiense.
Su voz retumba en la memoria de los sobrevivientes. “Tenía una risa sarcástica y hacía gala de un gran manejo político”, recuerda Oscar Bermúdez. Su trabajo en Bahía comenzó a un año del golpe, cuando llegó al Destacamento de Inteligencia 181 y se vinculó con matones sindicales y militantes de la Concentración Nacionalista Universitaria. Los últimos dos meses de 1975 participó del Operativo Independencia, en Tucumán, y ya en los días previos al golpe interrogó bajo tortura a los primeros secuestrados de la ciudad. Pero lo suyo no se limitó al cuartel: también recibió en su oficina a familiares de desaparecidos, con los cuales mantuvo contacto epistolar cuando lo trasladaron a la Agregaduría Militar en Lima, a fines de 1977.
Hombre de convicciones religiosas, no dudó en acercarse a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde oficiaba misa el sacerdote Néstor Hugo Navarro, actual obispo de Alto Valle, considerado por algunos sobrevivientes “el pastor que nos contuvo, la única voz de la Iglesia en Bahía Blanca”. Ante la Justicia, Navarro declaró que en junio de 1976 el falso Mancini “se presentó como suboficial del Ejército en el colegio La Inmaculada”. Trataron temas “de neto corte pastoral y espiritual”, incluso “se mostraba partidario sobre todo aspecto renovador de la Iglesia”. Con los meses el tema cambió: el sacerdote consultaba al torturador sobre “personas desaparecidas de mi conocimiento”. Le confesó que a Carlos Rivera lo tenía el Ejército (que días después lo fusiló en un tiroteo fraguado), que al desaparecido Horacio Russín “lo tiene la Armada”, y le anticipó la liberación de Diana Diez, secuestrada por la Marina, una semana antes de que se concretara.
El actual diácono de la parroquia, Alberto Migliorici, quien compartió un grupo pastoral con el torturador, recuerda el caso de Elizabeth Frers, militante católica formada en el centro pastoral La Pequeña Obra y en la Juventud Universitaria Católica, vista en La Escuelita y ejecutada en La Plata: “Estaba fascinado. Decía que era la síntesis perfecta entre catolicismo y marxismo. Un día dijo ‘vamos a tratar de sacarla a flote’.
Después dejó de nombrarla”. Consultado sobre los enfrentamientos fraguados, Cruciani “daba a entender que al Ejército no le interesaba mostrar grandes carnicerías sino pequeños enfrentamientos. Usaba el término ‘noticia falopa’, es decir información para justificar lo que hacían”.
El 31 de mayo de 2000, en el marco del Juicio por la Verdad, la Cámara Federal bahiense se trasladó a Mendoza para escucharlo. La acompañaron ex detenidos-desaparecidos que conocían su voz pero no su rostro. Encontraron a un hombre alto, calvo, pelo blanco, anteojos, bigote, cejas gruesas, jean y campera verde. “Se hacía el viejito decrépito, disfrazado de abuelito, no lo podía creer –recuerda la sobreviviente Patricia Chabat–. Sentí asco, ganas de preguntarle ¿dónde están los demás?, pero sólo atiné a gritar ‘Tío, Tío’, lo único que me salía.”
Cruciani dio sus datos personales y dijo “no voy a seguir declarando”. Los jueces le informaron que lo consideraban “uno de los ejecutores con mayor intervención en los interrogatorios” y ordenaron su arresto, domiciliario por su salud, hasta que se dignara a hablar. Su esposa Yolanda Pozzi denunció al tribunal bahiense por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Estuvo 36 días detenido hasta que la Corte Suprema ordenó a la Cámara Federal bahiense que remitiera el expediente a Casación Penal, que paralizó el juicio y ordenó liberarlo. Tras un escrache de HIJOS Mendoza se mudó a San Juan, pagos de los Pozzi, y luego a Mar del Plata, donde vive una de sus hijas. Hasta el sábado estuvo escondido en una casa del barrio 2 de Abril.
Sábado, 15 de Julio de 2006 Pagina 12
En Bahía Blanca - Asesino y torturador
Mirta Mántaras - 21/07/2006
Fue difícil identificar al torturador Santiago Cruciani, factotum de la Escuelita de Bahía Blanca, ubicada en el V Cuerpo de Ejército, porque adoptó la técnica de cambiarse el nombre y el grado militar, y se paseaba por Bahía Blanca en los años de plomo identificándose como un oficial, Mayor Mario Mancini, pese a ser sargento ayudante, integrante del Destacamento de Inteligencia 181 que dependía del comandante de la Zona.
Tenía tres documentos de identidad: dos como Santiago Cruciani, uno falsificado (6.852.918) que, curiosamente, es el que consta en su Legajo militar. Según el informe oficial remitido a la Cámara de Bahía Blanca por el secretario del Ejército Daniel Alfonso, utilizó este documento falso para suscribir contratos de servicios con el Ejército y el de su ficha electoral es el que está utilizando para cobrar su haber de retiro. No consta que se hubiera denunciado este delito de acción pública ante la Justicia.
Con el nombre Mario Mancini y con otro número falsificado (6.862.928) suscribió un instrumento público en el Registro Civil.
Su apodo era “el Tío”, su rol, torturador, reconocido por sus víctimas por su fisonomía y por su voz. Tomaba café con liberados y a otros los visitaba, aprovechándose del terror que les infundía, jactándose de su poder.
Fue citado a indagatoria por 65 casos de homicidios, tormentos, lesiones gravísimas y secuestros. Pero la ley de obediencia debida lo dejó impune durante largos años, hasta que en los Juicios por la Verdad de Bahía Blanca tuvo que enfrentarse con sus víctimas. Se negó a declarar, adujo estar enfermo, y tuvo que mudarse de la ciudad de Mendoza cuando los “escraches” pusieron en evidencia ante sus vecinos -quienes ignoraban su catadura moral- que era un feroz asesino y torturador.
Hoy está preso en Bahía Blanca y repitió la excusa de su enfermedad, aunque se trata de la misma dolencia invocada hace 7 años atrás, la que no afecta su lucidez.
Pero las pruebas de sus actos son contundentes y esta vez no podrá escapar de la condena que se merece por sus crímenes de “lesa humanidad”.
Mirta Mántaras es abogada de Derechos Humanos.
Domingo, 20 de Agosto de 2006
EcoDias N° 162
SANTIAGO CRUCIANI ANTE EL JUEZ
A declarar en Bahía
El suboficial del Ejército Santiago Cruciani, alias el “Tío”, acusado de torturar a detenidos en el centro clandestino conocido como “La Escuelita” durante la última dictadura, deberá declarar hoy ante la Justicia Federal de Bahía Blanca, ya que el pasado 18 de julio y en compañía de su defensor se negó a hacerlo.
El represor, de 71 años, se presentará ante el juez federal Alcindo Alvarez Canale, quien rechazó el hábeas corpus correctivo que presentó la esposa de Cruciani para que sea beneficiado con el arresto domiciliario, por lo que, a pesar de su afección pulmonar, continuará detenido en la delegación de la Policía Federal con asiento en Bahía Blanca, donde se le realizarán controles médicos diarios. Cruciani fue detenido en julio pasado por la Policía Federal en su vivienda de la ciudad de Mar del Plata y está procesado por participar en 65 secuestros y torturas, 26 homicidios y dos lesiones graves. La Justicia Federal de Bahía Blanca también planea citar a otros militares que cumplían funciones en “La Escuelita” y en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta. Se trata del jefe de brigada operativa del Comando, mayor Hugo Jorge Delme; el mayor Juan Mario Bruzzone; el jefe de “La Escuelita”, Osvaldo Páez; el capitán médico Jorge Streich y el oficial Leonardo Núñez. Fuentes judiciales informaron que estos represores “ya habían sido llamados a declarar, pero la Corte Suprema de Justicia había dejado ese llamado sin efecto antes de que se declararan inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida”.
Martes, 08 de Agosto de 2006 Pagina 12
Entre gallos y medianoche
El Tío no quiso hablar
Durante dos horas y media permaneció en el Juzgado Federal de calle Alsina al 300 de nuestra ciudad, el ex suboficial del Ejército Argentino, Santiago Cruciani, alias "El tío", quien se encuentra detenido desde el 10 de julio, acá en Bahía Blanca, acusado de crímenes de lesa humanidad.
Lamentablemente, al igual que lo ocurrido con su traslado a la ciudad, la visita del represor al juzgado fue mantenida casi en secreto y ni los medios de comunicación ni la población de Bahía Blanca por ende, se enteraron del día en que se le tomaría indagatoria.
Por lo pronto lo que se pudo conocer es que con sólo una hora y media de aviso a la Fiscalía del dr. Castaño, el Juez Federal que entiende en la causa, el dr. Alcindo Álvarez Canale llevó a cabo esta indagatoria, en la que Santiago Cruciani se negó a declarar. Aun así debió escuchar la lectura de todos los delitos de los cuales está imputado: torturas, homicidios, privación ilegítima de la libertad, con parte incluso de testimonios de testigos y sobrevivientes.
El represor estuvo junto al defensor oficial, el abogado Luis Devaux.
Un dato por demás interesante es que a pesar que es el defensor oficial quien acompañóa Cruciani en esta instancia, se habría visto a alguien muy parecido al dr. Francisco Sutter, visitando no solo a Cruciani sino también en cercanías del Juzgado Federal.
El terror de La Escuelita
Compartimos a continuación extractos de la nota de Diego Martínez publicada por el diario Página/12 el sábado 15 de julio.
“La voz, ‘el Tío’ o ‘mayor Mario Mancini’, alias e identidad de encubrimiento del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, principal interrogador de La Escuelita de Bahía Blanca, detenido el sábado (8) por orden del juez federal Alcindo Álvarez Canale y alojado desde el lunes (10) en un calabozo de la Policía Federal bahiense.
Su voz retumba en la memoria de los sobrevivientes. ‘Tenía una risa sarcástica y hacía gala de un gran manejo político’, recuerda Oscar Bermúdez.
Hombre de convicciones religiosas, no dudó en acercarse a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde oficiaba misa el sacerdote Néstor Hugo Navarro, actual obispo de Alto Valle, considerado por algunos sobrevivientes ‘el pastor que nos contuvo, la única voz de la Iglesia en Bahía Blanca’. Ante la Justicia, Navarro declaró que en junio de 1976 el falso Mancini ‘se presentó como suboficial del Ejército en el colegio La Inmaculada’. Trataron temas ‘de neto corte pastoral y espiritual’, incluso ‘se mostraba partidario sobre todo aspecto renovador de la Iglesia’. Con los meses el tema cambió: el sacerdote consultaba al torturador sobre ‘personas desaparecidas de mi conocimiento’. Le confesó que a Carlos Rivera lo tenía el Ejército (que días después lo fusiló en un tiroteo fraguado), que al desaparecido Horacio Russín ‘lo tiene la Armada’, y le anticipó la liberación de Diana Diez, secuestrada por la Marina, una semana antes de que se concretara.
Consultado sobre los enfrentamientos fraguados, Cruciani ‘daba a entender que al Ejército no le interesaba mostrar grandes carnicerías sino pequeños enfrentamientos. Usaba el término noticia falopa, es decir información para justificar lo que hacían’.
El 31 de mayo de 2000, en el marco del Juicio por la Verdad, la Cámara Federal bahiense se trasladó a Mendoza para escucharlo. La acompañaron ex detenidos-desaparecidos que conocían su voz pero no su rostro. Encontraron a un hombre alto, calvo, pelo blanco, anteojos, bigote, cejas gruesas, jean y campera verde. ‘Se hacía el viejito decrépito, disfrazado de abuelito, no lo podía creer -recuerda la sobreviviente Patricia Chabat-. Sentí asco, ganas de preguntarle ¿dónde están los demás?, pero sólo atiné a gritar ‘Tío, Tío’, lo único que me salía”.
Redacción EcoDias - 21/07/2006
La Escuelita
Desde las ruinas
¿Habrán ingresado por esta tranquera? ¿Sabían lo que les esperaba? ¿Venían del horror y confiaban en que allí alguien le pusiera fin?
A las puertas de lo que fue “La Escuelita”, miles de preguntas se cruzan mientras esperamos la llegada del premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Con puntualidad militar, exactamente a las 17 hs., llega una camioneta con un par de oficiales del ejército. Uno se queda con los visitantes y al otro lo viene a buscar otro automóvil.
Minutos más tarde arriban Adolfo Pérez Esquivel, el dr. Hugo Cañón y Mirta Colángelo. Lo esperaban Eduardo Hidalgo, el obispo Aldo Etchegoyen, Manuel Molina y algunos allegados.
“Hace 30 años que no volvía acá”, dice Eduardo, como previniéndonos y previniéndose de lo que pudiera ocurrir.
Ingresamos al predio, custodiados de cerca por el efectivo militar. Pastos duros, bosta de las vacas que pastan alrededor, algún ladrillo y pequeños rollos de alambre de púa oxidado, van interponiéndose en el camino, como señuelos, y otra vez las preguntas.
¿Cómo habrán llegado hasta aquí? ¿Alguno pudo saber con certeza donde estaban? ¿En que momento advirtieron que allí estaba el final?
Ya sobre los escombros de lo que fuera “La Escuelita”, el fiscal Cañón le cuenta a Pérez Esquivel y al obispo Etchegoyen algunos de los episodios que se dieron en ese lugar: el ruido del tren que servía de reloj, los molinos de viento acallados por los militares, la detención de los chicos del colegio Industrial, el blanqueo en el comando, la negativa del cura Vara a informar a los familiares de los chicos…
El obispo Etchegoyen se asombra y parece preguntarse si ese cura creía en el mismo Dios que él.
Cañón e Hidalgo comienzan a hablar de lo que se podría construir en ese predio, “un centro para la memoria”, “un lugar de estudio e investigación”… Los proyectos dichos en voz alta parecen ratificar, una vez más, que el presente puede reconstruirse desde las ruinas…
Antes de abandonar el predio del ejército, Pérez Esquivel se cruza con Mirta Colángelo. Él, con un trozo de ladrillo en la mano, revela: “Tengo piedras de Auschwitz, ahora tengo también de La Escuelita”. Ella, con una flor amarilla estrechada, sintetiza con una frase ese momento: “A pesar de todo, también florece...”.
FURLA, Héctor. AGUIRRE, Dardo Ignacio. CLARO DE AGUIRRE, Angélica. PUPKO, José Rubén. DOMENICALLE, Nestor. AIZEMBERG, Samuel. RAFFAELI, Juan A. DELUCHI, Nélida Esther. VERA NAVAS, Manuel. BARZOLA, Hugo Walter. VOITZUK, Sergio Andrés. VILLALBA, Emilio Rubén. MANTOVANI DE MANTOVANI, Martha. LOPEZ, Horacio Alberto. DI TOTO DE LOPEZ, Estela Clara. ESQUIVEL, Daniel Osvaldo. ALMENDRAS ZAPATA, Sylvia L. VALENTINI, Francisco. LOPEZ, Gustavo Darío. ZOCALLI, Renato. ROTH, Gustavo. BAMBOZZI, Daniel. ARAGON, CARRIZO, MENGATTO, PETERSEN, BENAMO, Víctor. CASTIA, Jorge Raúl. PARTNOY, Alicia Mabel. GERMANI, Ana María. MAISONAVE, Rodolfo. CHABAT, Patricia. DAMIANI DE ALVAREZ, Ana María. ALVAREZ, FLORES RIQUELME, María Eugenia. COLLAZOS, Claudio. NUÑEZ, Héctor. BUSTOS, Rene GASTALDI, Patricia. LAURENCENA, Braulio Raúl. CISTERNA, Edgardo. CONCHA, Nieves CASTRO, Samuel. ULLOA, Leonel. NAVARRO, Claudina. CASTRO, Noemí. JARA, Héctor.
Anexo F Detenidos-Liberados fuera de Bahía Blanca DEJTER, Simón L. ROBALDOS, Jorge. BREGA, Carlos Dante. FAVERO, Luis Eugenio. GUZMAN, Héctor. STIRNEMANN, Orlando Luis. MONGES, Juan Carlos. MADINA FRESCO, Eduardo. MACCHI, Enrique. MACCHI, AYALA, Héctor Juan. CRESPO, Mario R. J. RIAL DE MEILAN, Vilma Diana. MEILLAN, Oscar José. ABEL, Jorge A. BERMUDEZ, Oscar Amílcar. TROPEANO, Francisco. SEGUEL, Argentina. SEGUEL, Dora.
Testimonio sobre la detención ilegal y posterior ejecución extrajudicial de Mónica Morán
De nuestra consideración:
Atento a lo dispuesto por las autoridades competentes los abajo firmantes: Ignacio Dardo Agruirre LE 5.479.562, Angélica Claro LC 3.587.770 con domicilio en Blandengues 149 8º B también de Bahía Blanca cumplimos en formular la denuncia que sigue, solicitando el esclarecimiento definitivo de los hechos que se mencionan y el correspondiente castigo a los culpables.
SECUESTRO Y PRESUNTO ASESINATO DE MONICA MORAN, hija de JOSE MORAN y de Paula de MORAN, con domicilio en Espora 163, tel.25642 de Bahía Blanca.
El 13 de junio de 1976, en la Sala de teatro "LA RANCHERIA" de Rondeau 220 de Bahía Blanca, asiento del Teatro independiente TEATRO ALIANZA DEL CUAL LOS FIRMANTES formaban parte, siendo aproximadamente las 22 hs., y en momentos en que se realizaba un ensayo teatral, encontrándose la citada Mónica Morán en una de las dependencias de las casa abocada a la construcción de títeres, irrumpe un grupo de personas vestidas con ropas civiles y armadas con pistolas y ametralladoras de las comúnmenente utilizadas por la policía y fuerzas armadas, ordenando tenderse boca abajo y con las manos contra el piso a quiénes nos encontrábamos allí. Ignacio D. Aguirre preguntó que querían y recibió una fuerte patada en la cabeza. Uno de los asaltantes preguntó varias veces: "¿Quién es Mónica Morán?" a lo que Mónica Morán respondió "yo", presentando sus documentos de identidad. Los individuos, cinco (5) en total, proceden a registrar la casa robando pelucas de teatro, todos los abrigos, todo el dinero, y todos los documentos personales. Luego de amenazarnos de muerte si nos movíamos, nos dejan encerrados con llave llevando consigo a Mónica Morán. Oímos desde la calle el ruido de al menos dos automóviles al arrancar y procedemos a destrabar las puertas y corrrer a la Delegación de la Policía Federal que se encuentra en Rondeau 139 a cincuenta metros de nuestro teatro. Con verdadera displicencia somos tratados allí al igual que en la Seccional 2a.de la Policía de la Provincia y el asiento del Comando Radioeléctrico donde nos toman las denuncia en forma oral o en recortes de papel, contestando a nuestras preguntas de si debíamos volver a formalizar las denuncias queno, que "con eso bastaba".
Inmediatamente nos dirigimos al domicilio de la compañera secuestrada y notificamos a la familia, quedándonos en su compañía hasta que se tratara de saber algo por medio de un hermano de Mónica Morán, oficial de la Marina de Guerra, quién, dada su investidura supone poder obtener información al respeto.
Durante esa misms noche la familia nos confirma que dicho hermano, que se domiciliaba en Bahía Blanca y prestaba servicios en la Base Naval Puerto Belgrano, había hecho contacto con "gente de Inteligencia Naval". Esta gente le confirmó que Mónica Morán, había sido "detenida" por el Comando del Vº Cuerpo de Ejército y que se encontraba bien. Por entonces el segundo comandante del Vº Cuerpo de Ejército era el General Acdel Vilas, quién había encabezado el Operativo Independencia en Tucumán en 1975 y quién en Bahía Blanca, pistola en mano, comandaba de hecho los operativos de control de la población y las célebres operaciones "rastrillo" con su secuela de secuestros, robos y vejaciones. En los días siguientes al secuestro, nosotros visitábamos diariamente a la familia Morán, por intermedio del sacerdote de la iglesia católica contigua a su casa que había entablado contacto con el capellán del Vº Cuerpo de Ejército, los Morán son informados que el capellán "había visto a Mónica Morán" y que se encontraba bien y que posiblemente quedaría a disposición del Poder Ejecutivo. Esto alivió a los familiares quienes, a pesar de nuestras recomendaciones, no formulan la denuncia ante ninguna autoridad policial o militar ni tramitan "Habeas Corpus", "para no empeorar las cosas" y deciden esperar.
El día 24 de junio de 1976 al mediodía, la familia, sus amigos y la población entera se ve sacudida por la noticia televisiva: "En un operativo realizado por el Vº Cuerpo de Ejército en un domicilio de la calle Santiago del Estero y a raíz de haberse producido un enfrentamiento armado fueron abatidos cuatro "elementos subversivos" habiendo sido identificados sólo uno de ellos: Mónica Morán, de 27 años, maestra, domiciliada en Bahía Blanca, procurándose la identificación de los cadáveres restantes". Es el primer muerto de la "guerra sucia" en Bahía Blanca.
Las autoridades militares dieron a conocer un frondoso prontuario guerrillero de Mónica Morán, informando "que luego de haber sido detenida fue puesta en libertad y del Vº Cuerpo fue directamente al domicilio de la calle Santiago del Estero donde se reunió con otras tres personas, y que habiéndo sido seguida" se procuró su arresto siendo contestada la intimación por disparos que fueron repelidos".
Acerca de este hecho jamás se informó sobre la identidad, edad, sexo o filiación de los otros tres presuntos abatidos.
El cadáver de Mónica Morán , fue entregado a sus familiares para su velatorio bajo fuerte custodia militar y a cajón cerrado sin haber sido identificado siendo inhumado en el panteón del Hospital Español o Sociedad Española en el Cementerio de Bahía Blanca. Durante cierto tiempo existió vigilancia de civil en torno al nicho y se producián seguimientos a quienes visitaban la tumba.
En el momento de ser secuestrada Mónica Morán en el teatro "La Ranchería", asistía un individuo de nombre Néstor Hernándes, vecino de Bahía Blanca, en calidad de alumno de las clases de teatro que allí se dictaban, quién trabajaba en una compañía financiera de la calle Colón 247 llamada COARGO y era empleado del SIDE desempeñando sus tareas para esta Secretaría en ENTEL en el turno nocturno.
Mónica Morán era maestra, artista plástica, titiritera y actriz. Había ingresado al Teatro Alianza en 1971, casado con Hugo Singh Chuan de Bahía Blanca y posteriormente separada; en el momento de su secuestro vivía en casa de sus padres y trabajaba de animadora de fiestas infantiles y estaba abocada a la construcción de un retable de títeres, construcción de muñecas y escribía los textos de sus obras. Tenía amistad personal con los abajo firmantes quienes ofrecen su testimonio para el esclarecimiento de los hechos aquí denunciados, como la ampliación de datos y la mediación para el eventual comparecimiento ante la Justicia de terceros no mencionados en la presente.
Sin otro particular, quedando a vuestras órdenes y en la esperanza que se haga justicia, saludamos a Uds. con nuestra más alta consideración.
Firmado:
Ignacio Dardo Aguirre
Cerrito 685 - 8000 Bahía Blanca
Angélica Claro
Cerrito 685 - 8000 - Bahía Blanca
María Rosa Escudero
Blandengues - 8000 - Bahía Blanca
Testimonio realizado ante la CONADEP el 7 de febrero de 1984.
Otro sí VALE: El lugar donde según las versiones militares "fué abatida" Mónica Morán era un pequeño negocio sin persianas o protección que permitía facilmente el acceso desde el exterior y al momento de producirse "el supuesto enfrentamiento" se encontraba abandonado desde hacía un tiempo. Es posible obtener testimonio de vecinos, ya que el lugar se encuentra en el sector universitario, y ese barrio fué insistentemente "rastrillado" en muchas oportunidades.
Bahia Blanca: De cómo Madueño “limpió” la facultad de “subversivos”
El actual miembro del Tribunal Oral Nº 5 se pasó tres años “trabajando” en una causa por la “infiltración” ideológica de la universidad local. Hubo torturas que él no vio, prisiones interminables y vidas arruinadas.
Por Diego Martínez
Mientras el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca secuestraba y torturaba, el actual juez del Tribunal Oral Federal Nº 5, Guillermo Federico Madueño, archivaba causas de fusilamientos fraguados y por las noches se reunía con los dos máximos jefes del Cuerpo “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, como declaró en 1987 el general Adel Vilas. De esas charlas surgió una parodia de juicio por “infiltración ideológica marxista” en la que participaron Madueño, su secretario Hugo Mario Sierra y la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni. Un grupo de profesores de la Universidad Nacional del Sur padeció años de humillaciones en las cárceles de la dictadura y sufrieron torturas jamás registradas por Madueño. También por esto el CELS recusó al juez en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. El juez fue consultado para esta nota, pero una vez más prefirió guardar silencio. El general Vilas relató en 1987 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca que se reunían con Madueño en la casa del comandante, general Osvaldo René Azpitarte, “lo que dio intervención (sic) al juez a hacer la investigación en la Universidad del Sur”. Azpitarte solicitó que “en cumplimiento de sus obligaciones” el juez visitara el “lugar de reunión de detenidos”, eufemismo para referirse al centro de detención clandestino La Escuelita, que funcionó dentro del predio del Ejército. Según Vilas, esa gestión fracasó. –¿Cuándo me vas a venir a visitar? –dijo que le preguntó. –Tengo mucho trabajo –dijo que le respondió el juez. –¿Cuándo te vas a integrar? –Ya estoy integrado. Menudo trabajo tengo con la investigación en la universidad.
Cuentas pendientes
Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón, hacía un año que la Universidad Nacional del Sur había sido devastada. La intervención de Remus Tetu en 1975 no sólo implicó secuestros, asesinatos y matones armados en los pasillos. Con el auspicio del diario naval La Nueva Provincia, Tetu cesanteó a cientos de docentes y no-docentes, prohibió asambleas, juicios académicos y cátedras paralelas, proscribió los centros de estudiantes, fijó cupos de ingreso, eliminó toda intervención comunitaria, cerró para siempre la carrera de Pedagogía e impulsó una campaña de persecución ideológica centrada en los departamentos de Economía y Humanidades. Cuando Vilas llegó a Bahía Blanca en 1976 no quedaban rastros de militancia en la UNS. Sin embargo, ése sería el año de una burda operación a la que el juez Madueño le aportaría un tinte de legalidad. Para Vilas y la revista Cabildo, que se imprimía en las rotativas de La Nueva Provincia, el ex presidente militar Alejandro Lanusse era el primer responsable de consentir la conspiración marxista contra la Nación. El apacible contexto bahiense, donde ese mismo año una caravana con banderas argentinas acompañaría a Vilas al aeropuerto, era el ideal para orquestar la venganza. La operación ideada fue un juicio por “infiltración ideológica marxista”. El señuelo: un ex ministro de Educación de Lanusse que antes había sido rector de la UNS a quien se acusaría de consentir el ingreso de “ideólogos marxistas”. El 4 de agosto, con Madueño presente para legitimar la farsa, Vilas dio una ampulosa conferencia de prensa que incluyó medallas para los policías investigadores. “Debemos anular las fuentes mismas en que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo, y esa fuente está en la universidad y los colegios secundarios”, explicó. “La investigación llevada a cabo por la delegación local de la Policía Federal bajo control operacional de este comando, con la colaboración inestimable del señor interventor en la UNS, capitán de navío Raúl González, y la intervención del juez federal Guillermo Madueño, llegó a las raíces de la llamada penetración ideológica de la izquierda revolucionaria”, detalló. Luego, Alais se explayó sobre el proceso que habría convertido a la UNS en una “usina subversiva” y destacó como etapa inicial “la gestión del doctor Gustavo Malek”, el “cripto-comunista” ex ministro de Lanusse. La reacción de Lanusse no se hizo esperar. Le escribió una carta pública a Vilas en la cual lo cuestionaba por arrogarse atribuciones que no le correspondían. Como castigo, Videla lo sancionó con cinco días de arresto. En 1987, Vilas explicó ante la Justicia que “el exitoso trabajo y sacrificio del juez federal auxiliado por la delegación de la Policía Federal permitió probar judicialmente la penetración ideológica de la Cuarta Internacional en el ámbito universitario, aportando los elementos necesarios para dar forma a una nueva figura delictiva comprobable (sic)”. Hasta aquí la historia pública de ese juicio.
Cosa rara
La causa 612/76 contra los profesores de la UNS tiene 16 cuerpos, 3264 fojas y un comienzo de antología. Dos estudiantes secundarios dialogan en el patio del colegio durante una hora libre. Una compañera para la oreja: hablan de “llevar un paquete a la estación ferroviaria”. Perciben su desconfianza y deciden hacerle una broma. “No cuentes nada o te va a costar la vida”, le dice uno. En su casa, la chica cuenta que quien la amenazó “es adicto” y que “esos paquetes son de droga”. El 29 de junio de 1976 a la noche, madre e hija declaran ante Alais. Sostienen que el chico “siempre se rebela contra autoridades nacionales (sic) y hasta ha expresado que luego de cumplir los 16 años se ausentará de su domicilio con el fin de internarse en los bosques y hacer vida de ‘guerrillero’”. Peor aún: la profesora de Castellano dijo que “andaban en cosa rara”. Alais se frota las manos, apunta que “da intervención” a Madueño y esa madrugada sale con una patota de civil en busca de los flamantes subver sivos. En la casa del supuesto adicto secuestran paquetes de cigarrillos, “una bolsita con polvo blanco”, pero también ejemplares de la revista Transformaciones y cuatro láminas con mensajes temibles como “El grupo no participa de las decisiones” o “El líder paternal se hace cargo de los problemas y piensa por todos”. La dueña de casa explica que el polvo es bicarbonato de sodio para la acidez estomacal y que usa las revistas y las láminas porque es asistente social, pero no convence. “Material de contenido ideológico subversivo”, anota Alais. La mujer y los dos menores quedan detenidos. Alais consulta por primera vez a Madueño, quien “una vez interiorizado dispone aprobar todo” y seguir adelante con declaraciones e “informes ambientales de los núcleos familiares”. Ya en la delegación de la Policía Federal, la mujer “desea manifestar”, por algún extraño designio, que en 1973 fue interventora de una escuela y que “en su gestión hubo gran infiltración ideológica de la revolución proletaria” (sic). También da la dirección de la imprenta donde se fotocopian apuntes “de economía marxista”. Un día después, 1º de julio, la dueña de la imprenta “entrega en forma espontánea” textos y nombres de profesores de Economía y “hojas sueltas con distintas concepciones de ideología marxista-leninista y de neto corte subversivo”. Con los nombres, Madueño da vía libre para “que se proceda a practicar averiguaciones y detención de quienes aparezcan como involucrados en estas actuaciones”.
Caza de brujas
Alais envió órdenes de detención a todo el país. La mayoría de sus presas había sido cesanteada por Tetu en marzo de 1975 y debió buscar trabajo enotros pagos. Otros se habían exiliado ese mismo año ante las amenazas de la Triple A. La mayor parte de los operativos tuvo el sello de la época: de madrugada y de civil. La Policía Federal secuestró decenas de bibliotecas, con autores que iban de Marx a Félix Luna. A medida que llegaban a la delegación bahiense de la Policía Federal, todos realizaban “manifestaciones espontáneas”. Para evitar suspicacias, Alais apuntó que declaraban “en el uso de sus facultades plenas psíquicas y físicas” y que los testimonios “no le(s) han sido requeridos en ningún instante por la autoridad policial, sino que lo hace(n) con el fin de ayudar en la investigación”. Mientras tanto, el juez disponía por teléfono “aprobar todo” y mantenerlos “detenidos e incomunicados”. En algunos casos, Madueño se enteraba de las detenciones cuando sus presos ya estaban en lacárcel bahiense de Villa Floresta, previos golpes y humillaciones en la seccional. El economista Alberto Barbeito fue detenido en su casa de Avellaneda y trasladado a Bahía Blanca. Durante el Juicio a las Juntas contó que después de escuchar una arenga patriotera de Alais lo hicieron desnudar y permanecer dos días en un calabozo de cemento. Esa semana de julio había nevado. Llegó a delirar de frío. Contó que le manifestó esa situación al juez y que durante la declaración tenía “permanentes temblores en las extremidades”. Consultado para esta nota recordó que “el juez nos vio maltrechos, golpeados, en una situación penosa. Se lo hice notar, pero procedió al interrogatorio de rutina: quién era, con quién me reunía”. La viuda del economista Horacio Ciafardini, María Inés Olivella, recuerda que “cuando llegó a Bahía Blanca se encontró con ex compañeros desnudos, golpeados y congelados en el patio de la seccional”. Carlos Barrera, quien desde que dejó el país en 1979 vive en Francia, recuerda que “cuando Alais se cansó de pegarme ordenó: ‘Déjenlo en bolas en el calabozo para que se cague de frío’. Así estuve unas treinta horas, hasta que dos suboficiales me dieron un pantalón. Declaré ante el mismo Alais, conocido en su execrable medio como un ‘sovietólogo’. Las menciones de Keynes y De Gaulle lo hicieron estallar gritando que eran otros reverendos hijos de puta. Durante varios días esperé al juez en el calabozo. Llegó acompañado por su secretario Sierra y por Remus Tetu. Tuvieron una larga reunión con Alais. El saludo de Madueño consistió en preguntarme cómo me habían tratado. ‘Muy mal’, le dije. Su respuesta fue una cínica sonrisa diciéndome: ‘¡Qué le va a hacer!’. No sólo vino a interrogarme en el mismo lugar donde me habían torturado sino que me insinuó que era mejor ratificar la declaración ante Alais, que no había podido leer, pues de lo contrario tendría que quedarme en el calabozo. Me h izo firmar y salió con una sonrisa junto al hipócrita de su secretario, Sierra, quien luego se encargaría de la tortura psicológica de nuestros familiares”. Otro economista, Dolio Sfascia, también desde Francia recuerda que en la delegación policial “se había institucionalizado un régimen de terror. Me decían ‘judío’, para ellos era un insulto, y me daban golpes y puntapiés. Estuve en un calabozo del 2 al 14 de julio, cuando me llevan a la cárcel. El 13 vino Madueño, aunque la declaración me la tomó su secretario Sierra. Al juez lo vi de lejos, en la oficina junto con Alais”. En la causa consta que, el 17 de julio, Madueño ordenó su liberación, pero desde la cárcel le informaron que no podían liberarlo “por haber sido entregado a autoridades militares”. Continúa Sfascia: “El 19, un guardia me dice que me van a liberar. Me meten a patadas en un camión blindado con otros dos detenidos y nos llevan al Regimiento de Infantería de Villa Floresta. Pasamos la noche en un calabozo y al día siguiente nos juntan con un grupo de sindicalistas, con los que pasamos dos o tres semanas. Hasta que sale el decreto del PEN, el 13 de agosto, podría decirseque estuve secuestrado por los militares. No creo que el juez pudiera ignorarlo”. En agosto de 1976, Madueño dictó las primeras prisiones preventivas por “penetración de doctrinas ajenas al sentir nacional” (sic). El delito que les endilgaban era la reforma del plan de estudios de economía en 1972. Si bien había sido aprobado por el consejo superior de la UNS mientras regía la ley 17.401 de represión del comunismo, Madueño fundamentó su decisión en la ley de seguridad 20.840, sancionada en 1974, por considerar que la penetración era un “delito permanente” que varios profesores habían cometido hasta sus cesantías. En mayo de 1977, los camaristas Ricardo Rojo, Jorge Horacio Peri y Gualterio Monacelli confirmaron las preventivas por considerar que “se propiciaba y mantenía un trabajo constante tendiente a subvertir los principios”. El 11 de septiembre de 1976, varios profesores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Los bajaron del avión de los pelos, sin escalerilla y con las manos atadas, y los recibieron con una sesión de golpes a la que el ex diputado Mario Amaya no sobrevivió. En febrero de 1978, Madueño viajó a Rawson para ampliar las indagatorias. Barbeito contó en 1985 que “le hice conocer toda la experiencia vivida a través de la represión en el interior del penal. Respondió que lamentablemente no podía hacer nada porque yo estaba a disposición del Poder Ejecutivo, pero que le iba a transmitir mi relato a las autoridades del Cuerpo V”. Por tres años, el juez, su secretario y la fiscal se entretuvieron recibiendo declaraciones testimoniales a cientos de alumnos y profesores, con preguntas exhaustivas como “si en 1974 oyó reflexiones sobre el papel de la universidad tradicional en el contexto de un país capitalista dependiente”. En marzo de 1979, Madueño sobreseyó provisionalmente a los profesores porque “la prueba reunida no resulta suficiente”. Como al ser procesados la mayoría había quedado a disposición del Poder Ejecutivo y para pedir la opción de exiliarse precisaban un sobreseimiento definitivo, continuaron en prisión. En abril de 1982, pese a que se habían cumplido los seis años de pena máxima establecidos por la ley 20.840, los camaristas Ricardo Rojo y Jorge Enrique Alcolea alegaron que la prescripción se había interrumpido por la célebre “secuela de juicio” y les negaron el sobreseimiento definitivo. Rojo era amigo personal del general Azpitarte. Vilas contó que solía cruzarlo dentro del comando donde funcionaba La Escuelita. Alcolea es aún hoy presidente de la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca. También se reciclaron Valdunciel de Moroni, actual defensora ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, y el ex secretario Sierra, titular de las cátedras Derecho Penal I y II en la carrera de derechode la UNS. El último en salir en libertad fue el profesor Horacio Ciafardini, en 1982. Cuentan sus compañeros que en la cárcel enseñó economía e idiomas, y se ganó el apodo de “Asceta” por comer la basura que les daban para impedir que los guardias lucraran con su sufrimiento. Durante años no pudo leer más que cartas y los diarios viejos que había para limpiarse el culo en las celdas de castigo. “Pero, aunque no me crean, estoy bien: el hombre es un animal de costumbres”, le escribió a su compañera. Una tía, que era a su vez madrina de un secretario de Videla, le consiguió la opción para salir del país, pero Ciafardini la rechazó. “No es cuestión de salir como rata por tirante. Hay que desentrañar la patraña jurídica de connivencia con la dictadura.” Murió en 1984, sin sospechar que de la mano de Carlos Menem, en 1992, Madueño asumiría como juez de la Nación.
Pagina12 – 30.05.2005
Un juez que supo ayudar a los represores
El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos.
Por Diego Martínez
El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo”, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento, el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de “12 a 15 desconocidos” lo había robado de una ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes, Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas,
Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio, por “infiltración ideológica marxista” en la Universidad Nacional del Sur, que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota, pero una vez más informó que “tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos”.
El caso Bombara
El 15 de diciembre de 1975, Montoneros emboscó a una camioneta del Ejército para conseguir armas. En el operativo murieron el cabo primero Bruno Rojas y el soldado René Papini, que desde la cabina intentaron repeler el ataque. Dos de los cuatro conscriptos que viajaban en la caja declararon ante el juzgado militar 90 que los atacantes los hicieron bajar y les dijeron “la cosa no es con ustedes, a la cabina le tiramos porque empezaron a tirar”. Los otros dos admitieron que salieron corriendo. Mientras Madueño comenzaba a instruir la causa por homicidio, el Ejército comenzaba a investigar a su manera. Dos semanas después la policía detuvo a Daniel Bombara, un militante de la Juventud Peronista surgido de la Juventud Universitaria Católica y miembro del gremio de no docentes de la UNS. El jefe de la Unidad Regional 5 comisario mayor Ricardo Bartola hizo constar en el acta que la detención fue “sin resistencia”, que “ordenó el procedimiento el señor jefe de la zona de defensa 5, subzona 51”, general de brigada Jorge Olivera Rovere, y que se realizó “bajo control operacional de las Fuerzas Armadas”. Bombara fue torturado hasta la muerte y es el primer desaparecido de Bahía Blanca, ya que hasta entonces la Triple A tiraba los cadáveres de sus víctimas al costado de alguna ruta. Para no devolver su cuerpo con rastros de tortura, el Cuerpo V comandado por Suárez Mason montó una burda operación psicológica que un mes después Madueño archivó sin investigar y sin chistar. Primero informaron que el 1º de enero a la noche, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta de un patrullero y tirarse al asfalto. “Por lo rápido del suceso no fue posible obtener testigos, pese a que por el lugar circulaban vehículos en distintas direcciones, ninguno de los cuales detuvo su marcha”, escribió el oficial José Alberto Rodríguez, enviado desde La Plata por la Dirección de Investigaciones de la policía bonaerense. La patraña no terminó ahí. En la madrugada del 3 de enero de 1976 se simuló el robo del cadáver por parte de “12 a 15 NN desconocidos” que habrían interceptado la ambulancia de la Unidad Regional 5 que lo trasladaba desde la cárcel de Villa Floresta hasta la morgue del Hospital Municipal. Esta causa por “atentado a la autoridad y daño”junto con la del “intento de fuga” fueron elevadas a Madueño el 6 de enero. En apenas un mes se convenció de que era mejor no buscar a los falsos subversivos y la sobreseyó, previo dictamen de la fiscal federal María del Carmen Valdunciel de Moroni (reciclada hoy como defensora ante la Cámara federal de Bahía Blanca). Al margen de los cuentos absurdos sobre automovilistas que no acatan órdenes policiales y desconocidos que roban cadáveres a las tres de la madrugada, en la causa que Madueño cerró sin cuestionar consta que tras el “intento de evasión” del patrullero, el médico de policía Ricardo Andrés Flores certificó que Bombara presentaba “escoriaciones y politraumatismos” y un “discreto grado de confusión, siendo el origen de los mismos aparentemente elementos contundentes”. No parece una referencia al asfalto. Su estado es “grave, siendo necesario su traslado a un centro médico asistencial especializado”, aconsejó. Pero “en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad militar” su cuerpo moribundo fue trasladado a la cárcel de Villa Floresta, donde según la documentación oficial murió a las 19.50 de ese 2 de enero (según declaró un médico del SPB durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, llegó muerto al penal). A la medianoche los médicos policiales Elbio Rossier, Jorge Pedrueza, el propio Flores y el médico del SPB Carmelo Nicotra “de común acuerdo” solicitaron el traslado del cuerpo a la morgue “para mejor determinar las causas de la muerte”. Tres horas después, los prohombres de Suárez Mason harían tronar sus ametralladoras para que los vecinos bajaran las persianas, reconstruyeran el tiroteo en sus mentes aterrorizadas y lo certificaran con la crónica falsa de La Nueva Provincia (ver ilustración). Luego Nicotra firmaría el certificado de defunción, el Departamento de Inteligencia 181 del Ejército devolvería el DNI de Bombara y Madueño no citaría a ninguno de los médicos que habían vis to el cadáver torturado.
Las mujeres
Sin embargo, para el juez la historia continuó. El 28 de abril, mientras el regimiento bahiense a cargo de los generales René Azpitarte y Acdel Vilas secuestraba y torturaba en forma sistemática, Madueño y su secretario Hugo Mario Sierra tuvieron la feliz idea de trasladarse hasta la cárcel de Olmos para tomarles declaración indagatoria sobre el caso Rojas-Papini a dos mujeres detenidas en el mismo raid que Bombara, pero que habían sobrevivido a la tortura. Una de ellas se sobrepuso al terror y denunció que había sido detenida “por personas de civil” y “conducida en un patrullero hasta un lugar que no pude determinar y allí, con los ojos vendados, sometida a toda clase de torturas”. Dijo que “para evitar los castigos contestaba a todo afirmativamente” y que escuchó la voz de “otra persona que, igual que yo, había sido detenida”. Su testimonio lleva al pie las firmas de Madueño y Sierra, quien también logró reciclarse: en democracia se afilió a la UCR y es titular de las cátedras Dere cho Penal I y II en la carrera de Derecho de la UNS. Consultada para esta nota, esa mujer –que por razones personales pidió no ser citada pero está dispuesta a ratificarlo ante la Justicia– contó que “nos llevaron a un lugar apartado, sin casas. Lo recuerdo porque en un momento se me cayó la venda y por una ventana vi el horizonte. Nos hicieron desnudar y empezaron las torturas, de a uno. Me ataron de pies y manos al elástico de una cama, con correas de cuero, y me pasaron la picana por todo el cuerpo. Ahí estuvimos hasta la mañana siguiente, es decir el 30 de diciembre. A Daniel además le pegaban mucho, por esas cuestiones machistas de los militares. Luego nos repartieron por comisarías y días después me blanquearon. El 12 de enero llegué a la cárcel de Villa Floresta. El rumor que circulaba adentro era que el Servicio Penitenciario no había querido recibir a Daniel en tan mal estado. Después me trasladaron a Olmos, donde vino a tomarme declaración Madueño. Le conté que nos habían torturado y le pregunté qué iba a pasar con mi denunci a. Me dijo algo así como ‘mejor no poner esas cosas’. No sabía qué había quedado escrito”. La segunda mujer es María Emilia Salto. En su declaración ante el juez no consta que haya denunciado torturas y ante Página/12 recordó haber escuchado los gritos de Bombara aunque duda haberlo declarado ante el juez. “Supongo que sí, porque se lo decíamos a todos. El juez no buscó contradicciones, no fue un interrogatorio. Fue más bien como alguien que ya sabe lo que pasó y no tiene demasiado interés en saber más. Sé que el juez le pidió al Ejército las pruebas que tenían en mi contra y nunca las recibió, por eso planteó el sobreseimiento provisorio, actitud que en ese estado de terrible orfandad me pareció bastante legal”, concluye. Cuatro meses después de recibir los testimonios y siempre con dictamen favorable de la fiscal Valdunciel de Moroni, Madueño sobreseyó la causa y dejó que el Ejército hiciera justicia sin obstáculos. El 15 de diciembre, en el acto por el aniversario de la creación del comando y al año del robo de armas perpetrado por Montoneros, el general Azpitarte declaró que “el Cuerpo V está en el camino del cumplimiento de una misión y lo hace al estilo del soldado, silenciosamente, sin estridencia ni ampulosidad, con seriedad”. Esa noche sus subordinados fusilaron en el mismo lugar donde un año antes habían muerto los dos soldados a Fernando “Tito” Jara. Los vecinos del selecto barrio Palihue lo escucharon gritar “no me maten”. Al día siguiente el Cuerpo V difundió dos comunicados, ambos falsos.
Pagina12 – 29.05.2005
El asesinato de los sindicalistas que molestaban a los Massot
La página más negra de La Nueva Provincia
Diego Martínez, para EcoDias - 25/03/2006
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.
La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.
La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.
Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.
Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas. Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.
La amnesia bahiense
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.
Estudiantes desaparecidos / asesinados de Necochea en Bahía Blanca
Luis Alberto SOTUYO (Piqui)- Ing. Electricista
Dora Rita MERCERO - Bioquímica
Roberto Adolfo LORENZO - Ing. Electricista -
Los tres fueron detenidos-secuestrados de la casa de calle San Lorenzo 740 (Barrio LA FALDA)
Lorenzo apareció asesinado junto a María Cristina COUSEMENT (de Ayacucho), secuestrada en Mar del Plata el 9/8/76 y asesinada junto a Lorenzo el 18/9/76.-
Los familiares de Sotuyo recibieron el diploma en la UNS en el año 2000.
Militaban en el peronismo, en el barrio, aparentemente.-
La hermana de Sotuyo, Mónica, quiere ver la posibilidad de contactarse con compañeros que hayan conocido o militado con el hermano para saber de su historia.
RECLAMO DE LA APDH POR EL CUERPO V DE EJERCITO Y LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO
Para reabrir las causas en Bahía Blanca
El organismo de derechos humanos solicitó a la Justicia federal la reapertura de los juicios contra los militares que actuaron en esa zona. El pedido apunta a hacer justicia en siete casos emblemáticos de secuestro, torturas, asesinatos y desapariciones de personas.
El oficial Julián Oscar Corres tuvo actuación en La Escuelita, a las órdenes de Cruciani.
Por Diego Martínez
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó a la Justicia federal local la reapertura de los juicios contra los militares responsables de secuestros, torturas, asesinatos y de la desaparición de personas que actuaron en el Cuerpo V de Ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar. El organismo solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final, obediencia debida y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del Ejército. Los pedidos de detención abarcan desde los máximos jerarcas de las respectivas fuerzas, como el ex general Adel Vilas y el ex contraalmirante Luis María Mendía, hasta el interrogador en la mesa de torturas de La Escuelita, suboficial Santiago Cruciani, o quien lo auxiliaba aplicando la picana eléctrica, oficial Julián Oscar Corres.
Tras el pedido, el juez Alvarez Canale adhirió a la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final resuelta por la Corte Suprema de Justicia, recaratuló la causa como “investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del Cuerpo V de Ejército”, difirió el tratamiento de los indultos hasta que el fiscal identifique a los imputados o procesados que se beneficiaron con esa medida, aunque se inhibió de actuar en las causas relacionadas con la Armada por su parentesco con el capitán de navío Raúl Alberto Marino, uno de los investigados. La causa de la Armada quedaría en manos del juez subrogante, Ramón Dardanelli Alsina.
En el caso de la Armada, las diferencias de criterio sobre el departamento judicial que debía juzgar en 1987 a los responsables de los centros de detención de Punta Alta impidieron la identificación de los secuestradores y torturadores de Puerto Belgrano y Baterías, impunidad que extiende hasta hoy el manto de sospecha sobre centenares de marinos. A tres décadas del inicio del terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de identidad de dos bebés nacidos en La Escuelita bajo el mando del general Abel Catuzzi, no hay un solo militar ni policía preso por aquellos crímenes de lesa humanidad. En manos del juez y del fiscal Antonio Castaño queda ahora la responsabilidad de continuar los procesos impulsados en los primeros años de la democracia por el fiscal Hugo Cañón y la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Con el patrocinio de Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, contraalmirante Luis María Mendía y vicealmirante Julio Torti; jefe de Estado mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek; comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo; comandante de la base naval Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino; del contraalmirante Juan Carlos Malugani, y los capitanes de navío Raúl Alberto Marino y Edmundo Oscar Muñoz. Todos ellos fueron indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.
Habitué en el despacho de Diana Julio de Massot, directora del diario naval La Nueva Provincia, el contraalmirante Mendía supo arengar a sus subordinados para avanzar en “el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos” (LNP 8/11/75). Explicaba la necesidad de “aniquilar a la subversión” con argumentos teológicos: “Mientras nosotros creemos en Dios como Supremo Creador y ordenador del Universo, y por lo tanto confiamos en la trascendencia de la vida humana, ellos no ven más allá de lo material, aceptando su mediocre rol en la escala de la evolución zoológica” (LNP 29/11/75). Días antes del golpe de Estado, según declaró Adolfo Scilingo ante la Audiencia Nacional de España, Mendía fue el encargado de explicar ante unos 900 marinos reunidos en el cine de Puerto Belgrano que, para preservar “la ideología occidental y cristiana”, la Armada actuaría decivil, realizaría “interrogatorios intensos”, que incluían la “práctica de tortura y el sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una ‘muerte cristiana’”.
Por los crímenes cometidos por el Ejército, la APDH solicitó la detención de quienes en 1976 y 1977 se desempeñaron, respectivamente, como comandante de la subzona 51 general Adel Edgardo Vilas, del jefe de inteligencia coronel Aldo Mario Alvarez, de los jefes de operaciones, teniente coronel Osvaldo Bernardino Páez, coroneles Rafael Benjamín De Piano y Juan Manuel Bayón; y del responsable del departamento de registro y enlace, mayor Arturo Ricardo Palmieri, encargado de recibir y mentirles a los familiares de los desaparecidos que permanecían en cautiverio a metros de su oficina.
Entre los oficiales subalternos integrantes del grupo de tareas, el organismo pidió la detención de Mario Carlos Méndez, a quien sus compañeros llamaban cariñosamente “El Loco de la Guerra”; de Jorge Aníbal Masson, quien en el año 2000, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, continuaba en actividad con el grado de teniente coronel; de Ricardo Martín Sosa; de Mario Alberto Casela, coronel en actividad con destino en Remonta y Veterinaria; de Julián Oscar Corres, quien también en el 2000 admitió que en el centro de detención sus compañeros lo llamaban “Laucha”, apodo de quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita según declararon varios sobrevivientes; y del suboficial de inteligencia Santiago Cruciani, alias “mayor Mario Mancini” o “Tío”, interrogador que simulaba el papel de “bueno” en la mesa de torturas de La Escuelita. Cruciani permaneció 36 días detenido en el 2000 por negarse a declarar en el Juicio por la Verdad. Su esposa Yolanda Pozzi denunció a la Cámara Federal de Bahía Blanca por “privación ilegal de la libertad y torturas” (sic). Luego de ser escrachado en Mendoza por la agrupación H.I.J.O.S., el matrimonio se refugió en los pagos de los Pozzi, en San Juan, donde todavía no se conoce su pasado.
Mientras los abogados de la APDH trabajan en la elaboración de futuras presentaciones, la solicitud se refiere a siete casos de asesinatos o desapariciones:
- Horacio Russin fue secuestrado de madrugada, en su casa, por una patota de la Armada. Fue torturado brutalmente en el campo de concentración que funcionó en la séptima casamata de Baterías, donde aún hoy la infantería celebra sus aniversarios, a metros de Punta Ancla, playa de veraneo de los vecinos de Punta Alta. Luego fue entregado al Ejército. Se lo vio por última vez en La Escuelita.
- Carlos Rivera trabajó como preceptor del seminario La Asunción hasta la noche de su secuestro. Pocos días después, el entonces vicario general bahiense Emilio Ogñenovich le confesó a su mujer que Rivera estaba en manos del Ejército. Varios sobrevivientes de La Escuelita confirmaron años después el dato que el sacerdote conocía en tiempo real. Fue fusilado en un enfrentamiento fraguado y enterrado como NN en el cementerio de Bahía Blanca. En 1987, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos.
- Cora María Pioli fue secuestrada en su casa días después de recibirse de profesora de Letras en la Universidad Nacional del Sur. Fue vista en cautiverio en Baterías, donde los marinos que desvalijaron su casa usaban sus discos para tapar los gritos de los torturados. Continúa desaparecida.
- Mónica Morán fue secuestrada mientras ensayaba una obra de títeres en el Teatro Alianza. Fue vista en La Escuelita por varios sobrevivientes. Once días después fue fusilada en un enfrentamiento fraguado y publicitado por La Nueva Provincia. Su cuerpo fue exhumado en 1987.
- Rubén Sampini fue detenido junto con su madre por Prefectura Naval en su casa de Ingeniero White un día después de denunciar que un camión del Ejército había desvalijado su local de repuestos de autos, que compartía con su socio Juan Carlos Castillo, por entonces secuestrado en La Escuelita. Los llevaron al Cuerpo V, donde firmaron el libro de guardia. Luego de varias horas en un calabozo del Batallón de Comunicaciones 181, la mujer fue liberada y a 28 años de los hechos aún exige conocer el destino de su hijo.
- Néstor Junquera y María Eugenia González fueron secuestrados por una patota del Ejército, que dejó los hijos del matrimonio en manos de vecinos. Ambos fueron torturados en La Escuelita, donde se los vio por última vez.
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23 de Enero de 2006
ANIVERSARIO DE UN CRIMEN PARADIGMATICO OCURRIDO EN BAHIA BLANCA
A treinta años de la cueva de leones
Hace treinta años fueron secuestrados, torturados y acribillados dos delegados gremiales del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. La directora los había acusado de formar un “sóviet”.
Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos del diario La Nueva Provincia.
Por Diego Martínez
Tres meses después del golpe de Estado, mientras La Escuelita se poblaba de secuestrados y el Cuerpo V se cobraba sus primeras víctimas en tiroteos fraguados, un grupo de desconocidos vestidos de civil pero que se movilizaban en vehículos militares secuestró en sus hogares a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, obreros gráficos de La Nueva Provincia e integrantes del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. Durante los años previos ambos habían encabezado las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la empresa. El diario, dirigido por Diana Julio de Massot, no denunció los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del Ejército, el general Acdel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”. El arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negarles su ayuda cristiana y la Justicia archivó la causa sin investigar.
Heinrich era maquinista en la rotativa y secretario general del sindicato. Loyola, esterotipista y tesorero. La primera tarea juntos fue a fines de 1971: como delegados del taller reafiliaron a varios compañeros expulsados cinco años antes. No era un contexto fácil. El 25 de mayo de 1973, ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25/5/73), la nieta del fundador dejó en claro que en su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales demoraron la salida del diario, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro desató la ira de la patrona, que como respuesta envió cuarenta telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Pero por orden del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del multimedio (incluía también radio y canal de televisión) resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (ya fallecido) al delegado de Trabajo. En medio de referencias a Heinrich y Loyola, Massot destacó “fines políticos inconfesos” que ocasionan “un grave daño a la Nación”. Los gráficos exigían a la empresa (no a la Nación) la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió cumplir el convenio. En esos días el armador Manuel Molina, vocal del sindicato, fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad del diario.
El día en que La Nueva Provincia reapareció, la directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1/9/75). Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘sóviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Después condicionó el ingreso de los obreros a la firma de un acta por la cual se comprometían a colaborar y en caso de incumplimiento aceptaban ser despedidos sin indemnización. Los treinta que se negaron fueron suspendidos por cinco días.
La muerte embanderada
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 Diana Julio y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa, recuerda Molina. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer a uno de los gremialistas, mientras su hijo le pateaba la bicicleta. En esos días de gloria cesantearon a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre”, cuenta Molina. Dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás”.
El 20 de junio la directora planteó desde su editorial que “la guerra contra la subversión debe ser total, frontal y definitiva” y exigió trasladar “dicha realidad a la ciudadanía, sin eufemismos absurdos ni verdades a medias”. Admitió la “manera no convencional” de enfrentar al enemigo, omnipresente “en la selva, el monte, la ciudad, la universidad, el hospital, el café-concert, el periodismo, la televisión e, incluso, la Iglesia”. Cuatro días después su diario publicó un comunicado del Cuerpo V sobre la muerte de Mónica Morán, “abatida en un enfrentamiento” según el Ejército, que la había secuestrado y mantenido varias semanas en cautiverio. En ese contexto de terror estatal y doble discurso llegó la hora de los gráficos.
Al atardecer del 30 de junio una patota se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la mañana, cuando terminó su jornada en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos (de los secuestradores) usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi siete horas. Cuando cayó la presa, a los siete testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, los secuestradores les inyectaron somníferos en sus brazos para adormecerlos y no ser reconocidos. No sólo la Armada usaba este método en los vuelos de la muerte: también en La Escuelita bahiense se dopaba a las víctimas antes de trasladarlas.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich pidió que se identificaran. “Somos de la Federal”, dijeron, y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Palabra de Dios
Durante cuatro días estuvieron desaparecidos. Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense monseñor Jorge Mayer. Su respuesta fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en “La cueva de los leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Los rodeaban 52 vainas calibre 9 milímetros. Aún no se sabe qué Fuerza intervino ni dónde transcurrieron sus cautiverios. Sí se sabe que ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con las familias. El mismo día un miembro del sindicato de prensa recibió un llamado. “Ya hicimos cagar a dos rojos –le advirtieron–. El próximo sos vos.” Logró viajar a Tandil con la ayuda de un periodista que aún trabaja en la empresa.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, alguien escribió la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de aquellos dos obreros que tuvieron el descaro de representar con dignidad a los empleados de la empresa
Un día después de recibir el sumario policial, el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes la archivó para siempre. En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros masacrados. Paradójicamente, están a pocas cuadras del “barrio de prensa Federico Massot”.
Lunes, 10 de Julio de 2006 Pagina 12
Homenaje
Heinrich y Loyola
Al cumplirse 30 años del secuestro y asesinato de los dos trabajadores del diario La Nueva Provincia, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, se realizó un homenaje a sus vidas en el monolito ubicado en Matheu al 4400, en la intersección de las calles que llevan sus nombres… a metros del barrio Massot, que justamente lleva el apellido de la familia propietaria del monopolio informativo.
Familiares de los asesinados y quienes se acercaron al lugar escucharon las palabras de Jorge Molina, compañero de estos trabajadores asesinados, y de Eduardo Hidalgo, secretario de la APDH.
Eduardo Hidalgo realizó un relato del reclamo sindical que realizaban por aquella época y en el que queda enmarcado el secuestro y asesinato de estos dos vecinos bahienses.
“Este año es el aniversario de los 30 años del golpe militar que llegó a la Argentina como etapa final de la primera intervención que fue la de la Triple A y es la que tenemos memoria todos los que estamos acá. En este caso la memoria se circunscribe a dos dirigentes gremiales como Heinrich y Loyola y sabemos muy bien que si bien no tenemos los nombres de sus ejecutores, tienen que ver con quienes comandaron el V Cuerpo de Ejército y con quienes ejecutaron todo el procedimiento de desaparición, secuestro, tortura y muerte en la ciudad de Bahía Blanca y la región. Pero también hay responsables ideológicos sobre los cuales no tenemos pruebas judiciales, aunque sí tenemos las pruebas que ellos mismos han escrito.
Tenemos una copia del volante que por aquel entonces marcaba la razón de la huelga que llevaba adelante el gremio gráfico en el diario La Nueva Provincia y en algunas de sus subsidiarias, por entonces LU2 y Canal 9. Decía ese volante: “En una memorable asamblea realizada hoy por los miembros de todos los gremios que nuclean a los trabajadores de todo el monopolio periodístico que integran La Nueva Provincia, LU2 Radio Bahía Blanca y Telenueva Canal 9, han decidido por unanimidad declara un paro por tiempo indeterminado y en vistas de que se han agotado todas las instancias de conciliación existentes, la empresa La Nueva Provincia desconoce hoy todos los convenios firmados y homologados por el Ministerio de Trabajo y pretende, para quebrar la unidad de los trabajadores, arreglar a determinados sectores ofreciendo sueldos más bajos y condiciones de trabajo arbitrarias. Esa situación es denunciada por los 6 gremios involucrados que nos proponemos seguir permanentemente en esta lucha hasta alcanzar el objetivo de que los convenios homologados sean respetados. Nosotros los trabajadores afectados por esa situación arbitraria, injusta y monopólica de una empresa reaccionaria que atenta contra el movimiento obrero organizado, contra el gobierno y contra el país, estamos dentro de la ley y denunciamos a la opinión publica esta nueva burla a los derechos legítimamente alcanzados por las vías legales”.
Palabras de amigo y compañero
“Yo solamente les quiero agradecer a todos que hayan concurrido a la reinauguración de este pequeño monolito en homenaje a Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola que como es de público conocimiento estaba en un estado de abandono total y hasta se había llevado la placa que le habíamos colocado en el año 1998. Hoy lo inauguramos”, comenzó diciendo Jorge Molina.
“Yo puedo hablar como compañero de trabajo y puedo hablar como amigo, en el caso de Loyola: ellos fueron dirigentes gremiales que eligieron el camino más difícil, el camino de hacer sindicalismo fuera del horario de trabajo, sindicalistas que no estaban ad honorem en el gremio, sino que eran sindicalistas que trabajaban en relación de dependencia en el diario local. No cobraban como dirigentes gremiales, salvo cuando salían a hacer inspección cuando tenían que hacer tarea gremial fuera de la ciudad de Bahía Blanca. Ellos eligieron el camino difícil: no el de usar al gremio para catapultarse a algún cargo público, o político, sino el camino de defender a los trabajadores”.
“Pasaron 30 años. Primero el juez Ventivegna, un juez por llamarlo de alguna forma, muy severo, en apariencia, no indagó, no investigó nada sobre la muerte de los muchachos. Después el juez Graciani pasó a archivo y pasaron 30 años y nadie -ni siquiera de oficio- averiguó qué paso con Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola”.
Redacción EcoDias - 21/07/2006
La amnesia bahiense
La directora de La Nueva Provincia, Diana Julio de Massot, decidió no informar los secuestros.
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, Serpal. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que treinta años después de aquellos crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola.”
Lunes, 10 de Julio de 2006 Pagina 12
INFORME
El 22 de Agosto de 1984, ORESTES VAELLO declara ante la CONADEP que en varios hechos en Bahía Blanca y en el control de la UNS desde la gestión REMUS TETU, había actuado un grupo operativo de extrema derecha que dependía del Comando Vto. Cuerpo de Ejército y del Destacamento de Inteligenciade la zona que dependía del Batallón 601. Que fue provisto de armamento al menos una vez por una partida llegada del Sindicato SMATA de Córdoba en entrega directa al ex diputado justicialista fallecido RODOLFO PONCE. Estaba compuesto por ANTONIO ARTURO MAZZOTA(civil que habría vivido por entonces en Ing.White), RAUL LEIVA(civil), URBAN(civil conocido como Jimmy o el Alemán nexo entre el ex rector TETU y el ex diputado justicialista RODOLFO PONCE, podría ser alguien del mismo apellido que tiene un quiosco de revistas en la esquina de Estomba y Colón frente a la Bolsa de Comercio e incluso intentó ser dirigente en su momento el Sindicato de Canillitas en los noventa cuando los movimientos Seineldinistas), JUAN CARLOS TRALAMAN(civil que estuvo detenido alguna vez por entonces en Olmos), Sargento de la Policía de la Pcia. de Bs. As. BANCHERO, JOSE DIAZ(civil adscripto a la SIPBA que alguna vez operando manejó una ambulancia), JUSTO(civil apodado con el alias de El Pelado adscripto a Inteligencia), PABLO F. ARGIBAY(civil), JORGE O. ARGIBAY(civil padre del anterior junto con quien asesinaron en la UNS al estudiante Silleruelo del Partido Comunista), DODERO(civil), ROBERTO SAÑUDO(civil, fallecido). Que sabe que un oficial Inteligencia llamado MARIO MANCINI apodado El Tío (nombre verdadero SANTIAGO CRUCIANI del Destacamento de Inteligencia del Ejército que funcionó en Calle Chiclana al 300 denunciado en la Causa 11/86 como responsable de los interrogatorios bajo tortura en la denominada Escuelita que funcionó en tierras el Comando del Quinto Cuerpo de Ejército) controló y registró la numeración de las armas recibidas por el ex diputado justicialista RODOLFO PONCE. Que esas armas fueron guardadas en la casa donde residíaANTONIO ARTURO MAZZOTA cerca de Ing.White. MAZZOTA, LEIVA, y JUSTO fueron quienes asesinaron a Néstor del Río, trabajador de la UNS, quien estaba herido en el Hospital Municipal. Participando también en dicho operativo como organizador: FRANCISCO CORREA, Comandante de Gendarmería. El Grupo de apoyo con URBAN alias Jimmy o El Alemán; JUAN CARLOS TRALAMAN alias El Turco; BANCHERO; y JOSE DIAZ que manejaba una ambulancia.
Otros grupos, aunque todos relacionados y actuando articuladamente, se conformaron en la UNS a través de resoluciones del ex rector REMUS TETU.
30 años de impunidad
Heinrich y Loyola
“Se constata la existencia de dos cuerpos en posición cubito ventral sobre la tierra; ambos de sexo masculino, con sus manos atadas a sus espaldas con sogas… La posición de sus cuerpos son iguales, es decir con sus cabezas hacia el norte y con el lado derecho de sus rostros apoyados en la tierra… Se encuentran sin vida…”
Eran los cuerpos de Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich.
Ambos eran empleados del diario La Nueva Provincia. Ambos eran delegados de los obreros gráficos en lucha por sus reivindicaciones laborales. Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca; Miguel Angel Loyola, tesorero. A treinta años, su secuestro y asesinato sigue sin justicia. Sus asesinos andan sueltos.
Bajo el título “El asesinato de los sindicalistas que molestaban a los Massot. La página más negra de La Nueva Provincia”, EcoDias publicaba en su edición 142 del 25 de marzo de 2006 esta historia de Bahía Blanca desconocida para muchos, presentada por el periodista Diego Martínez. A 30 años de su secuestro y asesinato compartimos partes de la historia.
“La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.”
Dos semanas después
Ese día era jueves, jueves 30 de junio de 1976. Ese día secuestraron a Miguel Ángel Loyola y a Enrique Heinrich de sus respectivas casas. A Loyola lo esperó en su casa una patota que drogó y mantuvo secuestrados a quienes iban llegando -familiares y conocidos- y se llevaron a Miguel Ángel. A Enrique HeInrich lo arrancaron literalmente de la pequeña casa en la que vivía, en presencia de su esposa y sus cinco hijos.
Veinte líneas
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones” encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot”.
Redacción EcoDias - 08/07/2006
Última sesión extraordinaria
30 mil presentes en el Concejo
Para recordar los hechos ocurridos durante los 7 años más oscuros de nuestra historia contemporánea y en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, el Concejo Deliberante llamó a sesión extraordinaria para el 24 de marzo. Cuando Se supo que sería decretado feriado nacional, los ediles decidieron reunirse el martes 28.
Con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo bahienses, el ex diputado Jorge Rivas, el dr. Hugo Cañón y miembros de la APDH, de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, se aprobaron cuatro proyectos.
Asesinatos y mentiras que se caen
Luego de los discursos protocolares de los presidentes de bloque, se dio lectura a una pericia médica, parte de la causa judicial correspondiente a los “fusilamientos de la calle Catriel”, adjunta al expediente.
El 4 de septiembre de 1976 fueron asesinados en un falso enfrentamiento en Catriel 351, Pablo Fornasari, Juan Carlos Castillo, Manuel Tarchitsky y Zulma Matzkin. En homenaje a ellos, se denominará “4 de Septiembre” al futuro espacio verde ubicado entre las calles Napostá, Ramón y Cajal y Sin Nombre, colocándose además un monumento y una referencia histórica en un sector aledaño.
Pérez Esquivel reconocido
Se trató el proyecto por el cual se declara Huésped de Honor a Adolfo Pérez Esquivel, repasándose en la oportunidad la amplia lista de reconocimientos obtenidos por el Premio Nóbel de la Paz, en distintas instituciones del mundo. La entrega del diploma y la medalla correspondiente se realizaría el miércoles 25 en el Club Talleres (ver aparte).
Eduardo Hidalgo y su invalorable tarea
Con la mención “Reconocimiento ciudadano por la incansable labor en defensa de los Derechos Humanos”, se distinguió al secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo.
Conadep Bahía Blanca
Se distinguió con el título de “Reconocimiento Ciudadano” a los integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas que actuaron en nuestra ciudad.
Los integrantes de la CONADEP distinguidos fueron: Osvaldo Meloni, Albano Nocent, Oreste Retta, Roberto Garaygordobil, Lázaro Aleksoski, Felipe Brianti, José Luis Malet, Juan Pedro Tunessi y los fallecidos Ernesto Malisia y Serafín Groppa.
¿Tunessi kirchnerista? Si algún distraído ve las fotos de la sesión puede llegar a creerlo. Ocurrió que al momento de tratar este punto, y como el propio presidente del Concejo estaba dentro de los homenajeados, pidió al vicepresidente, Juan Leiva, que presidiera la votación y se sentó en el bloque del FPV- PJ, ¡al ladito de Obiol y Palacios! El proyecto fue aprobado “por unanimidad menos uno”, obvia abstención de Tunessi.
Redacción EcoDias - 01/04/2006
4 de Septiembre de 1976
El fusilamiento que será plaza
El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una ordenanza que bautizará una plaza de la ciudad con la fecha de uno de los fusilamientos del Cuerpo V de Ejército. La propuesta fue presentada por la hermana de una de las víctimas. Aquí la historia real detrás de la falacia militar encubierta por La Nueva Provincia y los jueces de la dictadura.
El 4 de septiembre de 1976 el Cuerpo V de Ejército informó que “por la población” había tomado conocimiento de una “reunión de delincuentes subversivos”. Cuando fueron a detenerlos “se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos”. Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con “cuatro abatidos”, dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. En la supuesta casa de guerrilleros habrían encontrado un fusil, una escopeta, dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas. A pesar de contar con semejante arsenal, ningún militar había sufrido un rasguño.
Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó las fotos de Castillo y Fornazari suministradas por los verdugos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño.
Madueño inició la causa por “atentado y resistencia a la autoridad y muerte” y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos “por no contar con los medios idóneos”. El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que “el femenino no se pudo identificar”. Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. Manuel y Zulma eran amigos: juntos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito.
Fiel a su tradición, La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real, probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999.
Castillo y Fornazari, militantes de la organización Montoneros, habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después los militares desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo (Presión Sur, en San Martín 792) y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. Antes de ser trasladado a la mesa de torturas de La Escuelita, Fornazari escribió una carta para sus padres en la cual les informó que había sido detenido por “el capitán Otero”, a quien había conocido durante el servicio militar, y que estaba en el Batallón de Comunicaciones 181 “en averiguación de antecedentes”. A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Y Tarchitzky, físico nuclear egresado del Instituto Balseiro, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas.
Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga. Según la sobreviviente Alicia Partnoy, luego del secuestro Castillo y Fornazari “permanecieron durante horas con los ojos vendados, parados desnudos a la intemperie y rodeados de perros que no les permitían moverse”. Ya en La Escuelita “fueron torturados salvajemente”. En el caso de Castillo “después de ser torturado con picana eléctrica y estando sumamente débil era obligado a permanecer de pie, atado de los testículos a la reja de una de las ventanas de la habitación”.
Los hombres y mujeres que simularon ocupar cargos judiciales durante la dictadura también colaboraron con los sicarios. En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Durante décadas Madueño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca (ver Página/12 del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05) el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia (Página/12, 02-07-05). Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y aún actúa como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El homenaje de Susana Matzkin
Fue necesario un cuarto de siglo para que Susana Matzkin lograra superar el terror internalizado en la sociedad bahiense desde la última dictadura y pudiera acercarse al lugar donde fue asesinada su hermana Zulma. “Desde entonces imaginé y soñé con ver allí una plaza con el nombre de los cuatro jóvenes fusilados”, recuerda.
El año pasado, como vecina de la ciudad y hermana de una víctima del terrorismo de Estado, presentó la propuesta al Concejo Deliberante. Su texto terminaba con la frase “yo buscaba la vida, nada más que la vida, pero me la han robado”. Esta semana y por unanimidad ese cuerpo legislativo aceptó construir y bautizar la plaza con la fecha del fusilamiento, hasta hoy conocido como “la masacre de calle Catriel”.
Susana Matzkin también contó a EcoDias que el artista bahiense Esteban González levantará una escultura alegórica con la figura de tres varones y una mujer que se emplazará alrededor de cuatro árboles y recordó que “en los 70 existía allí una villa miseria llamada barrio Palihue Chico, a la que se ingresaba por una calle de tierra, justamente Catriel, que no tenía salida porque terminaba en el arroyo. Años después esos vecinos fueron trasladados al barrio 18 de Agosto, se limpió el terreno y desde entonces un cartel indica ‘espacio para plaza’”. En pocos meses el baldío que fue testigo de la masacre será un espacio para la memoria y se llamará “4 de Septiembre”.
Diego Martínez - 01/04/2006 EcoDias N° 161
24 de marzo
Una mirada desde las generaciones futuras
Por la tarde, después de salir de la escuela, me encuentro con mis hijas que estaban teniendo una charla amena. Al pasar, escucho que la del medio expresa con asombro: “¿Cómo torturas? ¡Qué bestias!”, y la mayor no sólo aseveraba esto sino que iba más allá planteándoles que “eran unos animales porque, además, iban en aviones y los tiraban al mar, ¡y sólo por pensar distinto!”, a lo que la menor de las tres preguntó: “¿Y eso en qué lugar fue?” como no pudiendo abarcar con su mente tamaña ofensa a la vida humana, ni concebir tiempo ni espacio en el cual algo así pudiera ocurrir.
Mis hijas tienen 12, 9 y 7 años.
Más allá de estar de acuerdo o no con el feriado, lo que hizo esta fecha fue permitir conversar en las escuelas, en familia y en cada encuentro de trabajadores, amigos o militantes, sobre el significado del Golpe de Estado más horrendo que nos ha tocado vivir como sociedad. Y en los jóvenes hubo mucho respeto, muchas ganas de querer saber sobre ese período, querer entender cómo es posible que un avasallamiento de los derechos individuales y colectivos pudiera instalarse tan impunemente desde el Estado Nacional, que es quién debería velar por ellos. Cómo podía existir tamaño proyecto de muerte, de autoritarismo, de censura a la vida cultural, artística, política y social en general, cuando el aprecio a la libertad responsable es sumamente valorado por ellos y creen que debería serlo por todos.
Los pibes son geniales, porque no andan con medias tintas, sino que le ponen el nombre a las cosas, sin tapujos, sin prejuicios, desde la espontaneidad de descubrir una realidad y de expresar lo que sienten. Y se dan cuenta que la realidad de los hechos ha querido ser ocultada por la sociedad, que de eso no se habla en sus familias, que lo empiezan a hacer en las escuelas... y quieren saber, lo que resulta más que saludable frente a actores interesados en ocultar la verdad, en hacernos perder la memoria y en no querer que se haga justicia, porque “era una guerra”, o porque “era un enemigo al que había que exterminar”, o porque “sólo se dice una parte de la verdad”, o simplemente porque “algo habrán hecho”, como se escucha constantemente.
Hay una parte de la sociedad que dejó la vida en la lucha por sus ideales, hay otra que ya no está en este mundo por la maquinaria perversa del terrorismo de Estado, muchos perdieron no sólo la vida, sino la de sus hijos y hasta sus bienes, miles de familias siguen viviendo el dolor de no saber qué les pasó ni dónde están sus familiares, y siguen luchando para que la verdad se haga presente junto al juicio y castigo de los culpables. Pero también hay otra parte de la sociedad que está haciendo el esfuerzo de querer comprender y aprender de ese pasado nefasto para no tropezar con la misma piedra, intentando no claudicar a la vida en democracia, donde el protagonismo y la participación de los ciudadanos supere a cualquier imposición autoritaria de un proyecto de muerte, que responda a intereses foráneos y nacionales condimentados por una concepción económica, social, política y cultural que deja afuera a las mayorías eternamente postergadas de nuestro país.
Están sintiendo que un nunca más parte por el respeto de las diversidades, el diálogo como herramienta para superar los conflictos, el ejercicio de la búsqueda de consensos como mecanismo para llegar a acuerdos y la no violencia como método para la resistencia y la lucha por una vida digna. Si esto se construye, valió la pena, y es el mejor recuerdo que le podemos hacer a aquellos que, con coraje y en tremenda desventaja, se jugaron por los valores que hoy queremos hacer realidad.
Walter Rezzuti - 25/03/2006
EcoDias
Pérez Esquivel en Bahía Blanca
Huésped de Honor
En el marco de las segundas Jornadas por los Derechos Humanos, organizadas por la Universidad Nacional del Sur, llegó a nuestra ciudad el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
El miércoles 29 de marzo, pasado el mediodía, Esquivel se acercó a Villa Serra para compartir junto a vecinos y dirigentes sociales, un almuerzo en el Club Talleres. Estuvieron presentes también 5 concejales locales que aprovecharon la oportunidad para entregarle el diploma que lo acreditó como Huésped de Honor.
Además del Nóbel, hicieron uso de la palabra el obispo metodista Aldo Etchegoyen y el fiscal general Hugo Omar Cañón, integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.
“Dios no es neutral en este asunto, está en los lugares donde la vida se dignifica, donde se crea comunidad, donde se cocinan tallarines como aquí se han cocinado”, dijo Etchegoyen, antes de que el dr. Cañón tomara el micrófono y tras recordar algunos aspectos de su infancia en Villa Rosas, finalizara subrayando el trabajo realizado por Pérez Esquivel, “siempre planteando las vías pacíficas para defender la dignidad y la libertad del hombre y los regímenes democráticos”.
Redacción EcoDias - 01/04/2006
El asesinato de los sindicalistas que molestaban a los Massot
La página más negra de La Nueva Provincia
A 30 años del comienzo del genocidio argentino, EcoDias publica por primera vez la historia del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, delegados de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia. Por impulsar medidas gremiales la directora Diana Julio de Massot los acusó de integrar un “soviet” infiltrado en la empresa. Con idéntico método al aplicado con los desaparecidos que la Armada Argentina arrojaba vivos al Río de la Plata, los sicarios locales inyectaron drogas para adormecer a los testigos de sus secuestros.
La señora se enardecía cada vez que una medida gremial afectaba al monopolio naval. Hacía quince años que Diana Julio de Massot dirigía con mano de hierro La Nueva Provincia, Canal 9 y LU2 Radio Bahía Blanca y le resultaba inadmisible que en su propia casa funcionara un sindicalismo auténtico, combativo, capaz de paralizar el taller en respaldo de reivindicaciones laborales. Sus principales promotores eran tres obreros de la rotativa: el maquinista Enrique Heinrich, secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, el esterotipista Miguel Angel Loyola, tesorero, y el armador Manuel Jorge Molina, vocal. El 30 de junio de 1976, dos semanas después de ser advertidos por el Cuerpo V de Ejército para que se dejaran “de romper las pelotas”, los dos primeros fueron secuestrados por hombres de civil que se movilizaban en vehículos militares. El diario no denunció los secuestros, informó en apenas veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al dueño de la vida y la muerte del Cuerpo V, el general Adel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos. Pero soy peronista, no mato sindicalistas”. También el arzobispo Jorge Mayer prefirió criminalizar a las víctimas para negar su ayuda cristiana y la justicia archivó la causa sin investigar.
La primera tarea de Heinrich y Loyola fue a fines de 1971, como delegados del taller, cuando lograron reafiliar a varios compañeros expulsados cinco años antes. El 25 de mayo de 1973, furiosa ante el retorno de “un sistema que la ciencia política llama democracia” (LNP 25-5-73), la nieta del fundador dejó en claro que hacia el interior de su empresa el régimen castrense continuaba: Héctor Morelli, obrero de la rotativa, peronista acérrimo y tío de Heinrich, fue despedido por marchar frente al diario para festejar el triunfo de Héctor Cámpora.
A fines de 1973 los quites de colaboración en demanda de aumentos salariales retrasaron la salida del matutino, que se publicó con menos páginas de las habituales. El primer día de 1974 el acatamiento masivo a un paro de los gráficos provocó un ataque de ira de la patrona, que días después envió 40 telegramas de despido compulsivo y sin indemnización. Para peor, tras la intervención del Ministerio de Trabajo debió reintegrarlos.
A mediados de 1975 los seis gremios que representaban a los trabajadores del monopolio resolvieron en asamblea un paro por tiempo indeterminado. La medida “rompe el intento de diálogo”, explicó el asistente de dirección Federico Massot (hijo ya fallecido de la directora) al delegado del Ministerio de Trabajo. Tan abierto era el diálogo que la señora se negaba a compartir una oficina con sindicalistas.
Los gráficos exigían la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, el diario no apareció durante tres semanas y debió acceder al reclamo. En esos días Molina fue baleado al llegar a su casa desde un Ami 8 gris que usaba el personal de seguridad de la empresa.
El día que La Nueva Provincia (LNP) reapareció, la directora denunció la “labor disociadora de algunos delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1-9-75). Sugirió que pretendían intervenir el diario “a efectos de cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, insistió con que “la infiltración más radicalizada ha hecho presa del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”. Semejante acusación en 1975, en boca de un diario militarizado, desbordante de obsecuentes y de lectura obligatoria en el Cuerpo V y en la base naval de Puerto Belgrano, era una virtual condena a muerte.
Días después la directora condicionó el ingreso de los obreros a sus puestos de trabajo a la firma de un “acta de conformidad”, por la cual se comprometían a colaborar con la empresa y, en caso de incumplimiento, aceptaban el despido sin indemnización. Los 30 que se negaron fueron suspendidos por 5 días. Mientras Heinrich y el secretario de actas Luis Martínez denunciaron ante el Ministerio de Trabajo “una nueva maniobra empresaria de evidente lock-out”, el Sindicato de Prensa local, con las firmas de su secretario general Carlos Armero Sixto y del de la obra social Luis Andueza, denunciaron que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”.
Días de gloria
Al anochecer del 24 de marzo de 1976 mamá Diana y un veinteañero Vicente Massot desfilaron eufóricos con una bandera argentina alrededor de la rotativa. “¿A que no se animan a hacer huelga ahora?”, desafió la mujer al secretario de actas, mientras su hijo envalentonado le pateaba la bicicleta a un empleado. En aquellos días de euforia cesanteó a 17 obreros gráficos, medida que excluyó a quienes tenían fueros sindicales.
A mediados de junio, mientras reclamaban el pago de los días de paro descontados, Heinrich, Loyola y Molina fueron citados al Cuerpo V. “Nos recibió un capitán, no recuerdo el nombre -relata Molina-. Nos dijo ‘Muchachos, déjense de romper las pelotas, la mano viene dura’. No tomamos esa advertencia como una amenaza. No medimos qué había detrás de esas palabras”.
Dos semanas después, al atardecer del 30 de junio, una patota de civil se instaló en la casa de Loyola. Lo esperaron hasta las cuatro de la madrugada, cuando terminó su trabajo en la rotativa. A medida que llegaban, familiares y allegados fueron maniatados y vendados. “Algunos usaban guantes y todos, por su manera de expresarse, denotaban cierta cultura”, declaró la mujer de Loyola en el sumario policial. Los vecinos vieron vehículos militares cortando la cuadra durante casi 7 horas. Cuando al fin cayó la presa, los 7 testigos del secuestro, incluida su mujer embarazada, fueron inyectados en sus brazos con una droga que los durmió en segundos, marca registrada de la Armada Argentina en sus célebres vuelos de la muerte.
Desde allí fueron a buscar a Heinrich, recién llegado del diario. Vivía con su esposa y cinco hijos en una casa de un dormitorio. Rompieron la puerta con un golpe seco y antes de que la familia alcanzara a moverse ya estaban en la habitación, encandilándolos con linternas. Heinrich atinó a pedir que se identificaran. Dijeron “somos de la Federal” y lo encañonaron. Mientras los chicos lloraban y la mujer intentaba detenerlos, Heinrich pidió que no le pegaran delante de sus hijos. Le ordenaron vestirse y se lo llevaron.
Monseñor Mayer: “En algo andarán”
Durante 4 días estuvieron desaparecidos. Molina, junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde también había estudiado Loyola, fueron a la Curia a pedirle ayuda al arzobispo bahiense, monseñor Jorge Mayer. La respuesta de Mayer fue la misma que escucharon todos los padres desesperados que lo consultaron por sus hijos secuestrados: “En algo andarán”. La noticia circulaba en los pasillos de La Nueva Provincia pero no apareció en sus páginas.
El domingo 4 de julio una familia que mateaba en la “Cueva de los Leones”, paraje a 17 kilómetros de Bahía Blanca, encontró los cadáveres maniatados por la espalda, con signos de torturas y destrozados a tiros. Alrededor había 52 vainas calibre 9 milímetros. Nunca se supo dónde transcurrieron sus cautiverios. Ningún directivo ni periodista de La Nueva Provincia fue al velorio ni se solidarizó con el dolor de las familias.
Dos días después, bajo el título “Son investigados dos homicidios”, algún plumífero obediente redactó la noticia en veinte líneas, perdidas en una hoja tamaño sábana. Como quien informa sobre muertes insignificantes en algún rincón remoto del mundo apuntó que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Fue la primera y la última referencia de La Nueva Provincia al asesinato de los obreros que más disgustos le habían provocado. Un día después de recibir el sumario policial el juez penal de turno Francisco Bentivegna se inhibió de actuar y remitió la causa a su colega Juan Alberto Graziani, que al mes siguiente la archivó para siempre.
En 1997 Jorge Molina consiguió que dos calles de la periferia bahiense recordaran a sus compañeros. Paradójicamente, están a pocas cuadras del barrio Federico Massot.
La amnesia bahiense
“Con su coherencia y honestidad Heinrich y Loyola se habían ganado el respeto de sus compañeros”, recuerda Carlos Iaquinandi, miembro del Sindicato de Prensa bahiense hasta su exilio en 1976 y actual director en España del Servicio de Prensa Alternativo, SERPAL. “A pesar del miedo y las amenazas consiguieron organizar sindicalmente el taller de La Nueva Provincia. Creían en lo que hacían. No usaron el sindicato para enriquecerse ni para colocarse en ningún cargo. Al contrario, eligieron el camino más difícil. El que significó muerte, cárcel, tortura o exilio. Y por eso murieron. Por ser honestos en un tiempo donde para muchos hacer sindicalismo era llenarse los bolsillos, sacar provecho o a lo sumo pasar inadvertidos y tener buenas relaciones con las patronales. Esos quedaron vivos y libres, disfrutando de lo robado, ocupando cargos públicos y privados. Bahía Blanca sigue siendo un feudo de la amnesia colectiva impuesta y aceptada. Sólo una fenomenal hipocresía explica que casi treinta años después de aquellos terribles crímenes no haya una reivindicación amplia y colectiva de Heinrich y Loyola como personas y como sindicalistas”.
Diego Martínez, para EcoDias - 25/03/2006
24 de marzo de 2006 en Bahía Blanca
Un acto para todos
A primera hora de la tarde, en la entrada al predio donde funcionaba el centro clandestino de detención La Escuelita -Camino de La Carrindanga- se realizó un acto del que participaron cerca de 300 personas, con amplia cobertura de los medios de comunicación. Eduardo Hidalgo, por la APDH, leyó un documento sentido, reivindicatorio, denunciante y reclamante de esa justicia y esa verdad que todos necesitamos. Se leyeron textos, entre ellos una poesía de Mónica Morán, la docente secuestrada y asesinada. Luego Rafael Amor con su canto nos acercó al sentimiento de las madres.
Después, cerca de dos mil personas participaron en la plaza Rivadavia del acto en recuerdo de los 30 años del Golpe militar de 1976. Las organizaciones participantes destacaron que este año se logró que exista un único acto al cual asistieron numerosas agrupaciones.
Luego de algunas expresiones artísticas, se leyó el documento y luego se dio comienzo a la marcha que pasó por la primera cuadra de calle Drago, donde estaba ubicado el mural de la memoria y finalizó en la Plaza del Sol, frente al mural de O’Higgins y Saavedra, con la lectura de los nombres de los casi 200 bahienses que fueron arrancados de esta vida, asesinados y desaparecidos en la ciudad o la zona.
Cada nombre, un recuerdo, y como respuesta el grito de la multitud: ¡Presente! En esa palabra confluye la real convicción de que los desaparecidos, los asesinados, nuestros muertos de ayer y hoy, están presentes, que no lograron ser borrados de la memoria colectiva: porque somos sus herederos en la búsqueda de otro mundo posible para todos.
Texto del documento
“Hace tres décadas sufrimos el golpe de estado más cruento de nuestra historia.
La dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 puso en marcha un proceso de represión brutal para imponer en la Argentina un modelo perverso de concentración y extranjerización de la economía, endeudamiento externo, exclusión social, pobreza y miseria.
Marchamos para exigir el castigo de los responsables y ejecutores del genocidio, para denunciar la impunidad y las nuevas formas de represión y continuar levantando las banderas y los ideales por lo que dieron la vida nuestros compañeros.
Resistimos al olvido, pretendemos justicia y no perdón, y afirmamos claramente que el largo y complejo proceso de intentar cerrar el auge abierto con el cordobazo, que las clases dominantes y las superpotencias instalaron con el accionar de bandas golpistas como la Triple A, que desataron el terror, la muerte, la represión, abriendo el camino para la instalación de la dictadura y formando parte de la misma.
Lugares de trabajo y universidades fueron la muestra cabal de ésta realidad, por eso hoy marchamos, en el nombre de Watu, Henrich, Loyola y cientos de compañeros bahienses asesinados, encarcelados, cesanteados y expulsados, que fueron la expresión del terror impuesto por el golpe.
El terrorismo de estado pretendió destruir la resistencia popular, romper los vínculos solidarios de la comunidad, desmoralizar a los luchadores e instalar la idea de que hay un solo camino: el de los que mandan, los grandes grupos trasnacionales y locales, que han regido absolutamente todos los parámetros de nuestra macro y microeconomía desde entonces, con la destrucción sistemática de las conquistas laborales, de nuestra industria nacional, las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y el campo, cooperativas, etc., cercenando las conquistas laborales, creando las condiciones para hacer un país consumidor final de manufacturas de importación, propiciando la instalación de megaempresas petroquímicas que generan riquezas impensadas que lejos estamos de disfrutar, y nos hacen respirar a diario su veneno.
La desaparición y asesinato de 30.000 compañeros tenía un objetivo claro: insertar a sangre y fuego a nuestro país en el modelo del endeudamiento externo, del libre mercado, profundizando la dependencia. No caben dudas: la desaparición forzada de personas, el crimen organizado desde el aparato estatal y el cercenamiento de las libertades públicas, estuvieron dirigidos principalmente contra la clase trabajadora, y también contra intelectuales críticos, capas medias de la ciudad y el campo, religiosos, estudiantes y luchadores animados por ideales de liberación y por un cambio profundo del sistema dominante.
Tenemos la obligación moral y cívica de denunciar que aquel proyecto político, económico y cultural instalado por la dictadura fue profundizado por los sucesivos gobiernos constitucionales, que pese a la resistencia popular que fue traicionada por la burocracia sindical, traicionaron la esperanza de millones de argentinos, avanzaron en el camino que les marcaron los sectores fascistas, los grandes grupos de poder nacionales e internacionales, el FMI y la banca internacional, y fueron capaces de instalar la obediencia debida, el punto final y el indulto.
La deuda externa, varias veces pagada, ha sido permanente argumento de chantaje y frustración del sueño de una nación independiente.
Hoy por hoy, con el gobierno de Kirchner, la brecha entre ricos y pobres crece día a día, y mientras el gobierno muestra números macros del milagro del crecimiento económico, la riqueza que generamos todos los argentinos se distribuye tanto o más inequitativamente que en la infame década del 90, basado en un salario reducido por la devaluación duhaldista, empleos en negro, impuestos al salario y planes Jefas y Jefes de hambre.
Estamos frente a un estado que opta por la destrucción deliberada de la educación y salud públicas, e instala por otros medios pero con los mismos métodos un estado terrorista, que cobró la vida de decenas de luchadores sociales, presos políticos e injusto procesamiento de compatriotas que han pretendido recuperar las calles por haber sido desalojados de las fábricas, como se expresa en Las Heras con la militarización de las áreas petroleras.
Cuentan con leyes, códigos de fondo y procedimiento, y hasta jueces de la dictadura, y un Poder Judicial que aplica un Código Civil para ricos, que garantice seguridad jurídica a inversionistas, y un Código Penal para pobres, que garantiza el aborto inmediato de toda resistencia popular. A esto se suma la complicidad de un estado que, a su vez, garantiza la impunidad de los genocidas con su doble discurso. Mientras por un lado se impulsa la derogación de las leyes del olvido, se bajan los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación y se recupera el edificio de la ESMA para la memoria, por otro lado no se desmantela el aparato represivo, se envían tropas para reprimir pueblos hermanos, como en Haití, y no se garantiza el presupuesto necesario para que se lleven adelante los juicios a los asesinos.
Por ello, en esta fecha nos convoca a reflexionar, a poner mucho más en alto la memoria por las mujeres y los hombres que dieron su vida cargada de sueños y esperanzas.
También nos invita a asumir más profundamente nuestras responsabilidades, y brindar los mejores esfuerzos en pos de ser capaces de lograr una verdadera unidad para concretar la definitiva independencia.
En esta lucha radica la vigencia del 24 de marzo. La seguridad que la vida de miles de compañeros no habrá sido arrancada en vano”.
Redacción EcoDias - 25/03/2006
Por Verdad y Justicia
Tres décadas nos separan del inicio de la última dictadura en Argentina.
Nuestra ciudad, Bahía Blanca, como tantas otras ciudades, fue golpeada duramente por el terrorismo de estado.
Secuestros, torturas, asesinatos, enfrentamientos fraguados, apropiación de bebés, crímenes y la continua acción psicológica tendiente a dejar a una sociedad inmersa en los barros del terror, el miedo, la mentira. Acción psicológica destinada también a romper con los lazos de solidaridad existentes en nuestra sociedad.
Genocidio es la palabra indicada para nombrar el crimen que se comete contra un pueblo o grupo nacional, étnico o religioso. La ONU califica al genocidio como la negación del derecho de existencia de grupos humanos enteros, agregando que tal negación de los derechos de existencia causa una gran pérdida a la humanidad toda.
Durante los años de la dictadura en Argentina se maniobró en pos de la destrucción de un grupo nacional. Un grupo que fueron formando a medida que incluían individuos que se manifestaban en contra del plan económico en ejecución, que ponía a nuestro país definitivamente de rodillas y cuyos resultados están hoy a la vista de todos. Cualquier persona que los dictadores consideraran sospechosos de entorpecer la realización de sus planes debía ser eliminado.
Decir que en Bahía Blanca pasaron cosas no es sencillo. Reconocemos que hemos sido educados para la no memoria.
Decir que en Bahía Blanca pasaron cosas es querer atravesar umbrales infranqueables hacia esa palabra callada atrozmente en un silencio demasiado enérgico en el que están sumidos tantos bahienses.
Decir que en Bahía Blanca pasaron cosas es querer recordar, querer sacar a la luz, querer poner a los ojos de todos lo que nos ocultaron. Es trabajar para que colectivamente recuperemos una historia que no nos quisieron contar o que nos contaron trucada. Es dejar de tener miedo y poder recordar y poder nombrar y poder contar…
Decir que en Bahía pasaron cosas es querer ponerle rostro y nombre y apellido a los secuestrados, a los asesinados, a los desaparecidos… y ponerles nombres también a los asesinos y delincuentes y a sus cómplices.
Los enfrentamientos inventados, fraguados, publicados como noticias verdaderas en el diario La Nueva Provincia de aquellos años son un claro ejemplo de cómo el terrorismo de estado quería afianzar en la sociedad la idea de que había una guerra. Un claro ejemplo de cómo con la complicidad de los medios de comunicación lograron que el engaño llegue a la población.
¿Cómo puede ser que una persona sea secuestrada a la vista de todos en un barrio de otra ciudad y que luego aparezca muerta en un enfrentamiento en las calles de Bahía Blanca? ¿Cómo es que antes de apresar a un supuesto subversivo ya sepan su nombre y apellido? Eran enfrentamientos fraguados, supuestos enfrentamientos que se armaban para causar pánico en la ciudadanía y formaba parte de la acción psicológica-ideológica sobre la población que perseguía obviamente el desmoronamiento de las relaciones sociales…
“Cualquiera podía ser el enemigo”. La propaganda, la insistente intimación a denunciar “a su vecino si ve actitudes sospechosas”… y la impunidad. ¿Cómo es posible que dos trabajadores gráficos del diario La Nueva Provincia aparecieran muertos con 52 tiros en un campo de Bahía Blanca y las fuerzas del orden no se inmutaran siquiera para dar con los autores materiales e intelectuales de ese secuestro y doble asesinato? ¿Cómo es posible la existencia de “La Escuelita”, un Centro Clandestino de Detención en Bahía Blanca? ¿Cómo es posible que tantos desaparezcan en una ciudad tan pequeña y las fuerzas del orden no se preocupen por descubrir nada? Mentira, impunidad y complicidad. Estas son las palabras indicadas para resumir algunos por qué.
A 30 años queremos recordar. Recordar a las víctimas de este terrorismo de estado y decir ¡Presente! por uno y cada uno de los que fueron desaparecidos, asesinados, arrancados de la vida.
Queremos saber la verdad sobre el destino de todos los desaparecidos y también de los niños nacidos en cautiverio.
Queremos reclamar justicia para que todos los genocidas sean juzgados y castigados.
Queremos unirnos a quienes dicen ¡Ni perdón ni olvido!
Queremos decir que reclamamos por verdad y por justicia sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca y el país todo.
Y sobre todo queremos unirnos al grito de ¡Nunca Más!
Redacción EcoDias - 19/03/2006
Asesinados y Desaparecidos
Los nombres
Vecinos de nuestra ciudad y las provincias de Río Negro y Neuquen asesinados y desaparecidos entre 1974 y 1978 por la triple A y el Terrorismo de Estado durante la dictadura militar.
